Luciano Benetton es el propietario de tierras más grande del sur argentino. ¿Como construyó su imperio económico?, ¿por qué el Estado argentino y la Gendarmería lo defienden?
La Patagonia es la región más extensa del país y también es la que mayor concentración de tierras tiene en pocas manos. Formada por enormes campos planos y bellos paisajes trasandinos fue repartida sin ningún tipo de control entre excéntricos millonarios extranjeros y corporaciones multinacionales con el aval del Estado y de la Justicia.
El magnate Joe Lewis, dueño y señor de todas las tierras que rodean el Lago Escondido y anfitrión de la visita al sur que hicieron juntos Obama y Macri el año pasado, es uno de ellos. También forman parte de este selecto grupo el creador de la CNN Ted Turner, los Suchard (dueños de Nestlé), el inversionista húngaro George Soros, el actor Sylvester Stallone y, hasta hace pocos años, el hijo de uno de los fundadores de Pepsico, Ward Lay. Pero quien se lleva todos los premios al terrateniente del siglo es Luciano Benetton que entre 1991 y 1997 acumuló 900.000 hectáreas. Lo que equivale casi cuarenta veces a la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
La feroz cacería de la Gendarmería sobre la comunidad Pu Lof en el departamento de Cushamen en la frontera noroeste de Chubut que terminó con el secuestro y desaparición de Santiago Maldonado hace más de tres semanas sin ningún tipo de respuesta estatal, se produjo dentro de las tierras que están hoy bajo el dominio de Benetton.
Aunque en su mayoría hayan sido compradas durante los 90, la entrega y el saqueo de las tierras patagónicas y de sus recursos nacionales por parte de empresas extranjeras viene de larga data, al igual que los reclamos y la lucha del pueblo mapuche por recuperarlas.
La historia de una ocupación
Benetton es el final de una larga cadena de negocios y expoliación de recursos nacionales que comienza en el último cuarto del siglo XIX.
Por aquellos años a pesar de lo que diga el candidato a senador por Cambiemos, Esteban Bullrich, en la Patagonia no hubo una «Conquista al desierto». Lo que se produjo fue un genocidio a partir de la ocupación militar del territorio más austral del continente con el fin de extender las fronteras del Estado Nacional argentino (y de su mercado de materias primas en el mundo) que estaba en pleno proceso de conformación. A su paso aniquilaron a los habitantes preexistentes o los tomaron prisioneros para convertirlos en mano de obra barata destinados tanto para trabajar en los campos conquistados como en las zonas urbanas en tareas domésticas. Los pocos sobrevivientes fueron desarraigados y dispersos hacia la frontera cordillerana. Entre los pueblos masacrados estaban los mapuches, asentados en una extensa porción del noroeste de la Patagonia. No eran ni chilenos ni argentinos simplemente porque ambos Estados son construcciones históricas posteriores a la vida y desarrollo de estos pueblos.
Finalizada la campaña en 1885 (luego de la derrota definitiva del cacique Sayhueque), se inició el proceso de reparto y explotación de las tierras que hoy forman parte de las provincias de Buenos Aires, el sur de Córdoba, San Luis y Mendoza (las más antiguas) y las creadas a partir de la conquista: Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
El Estado argentino regaló gran parte de estas tierras a más de cincuenta compañías inglesas que comenzaban a operar dentro del país para que las colonizaran. Tan sólo en Chubut eran dueños de 2.300.000 hectáreas.
Gran parte de ellas fueron administradas por un fondo de inversión común llamado Compañía de tierras del Sud Argentino. En Ese ajeno Sur, Ramón Minieri cuenta que la «La Compañía» -como solía ser conocida- «explotó esas tierras durante casi un siglo en condiciones excepcionalmente favorables: pudo producir, importar, exportar y obtener utilidades, sin tener que pagar durante años derechos aduaneros ni otra clase de tasas, o beneficiándose con tipos de cambio preferenciales y aranceles reducidos» (pág 7). Pasaron más de 130 años y ningún gobierno tocó las bases estructurales de este modelo económico de rapiña.
En 1975 la firma «Great Western», perteneciente a terratenientes de la burguesía argentina, compró el paquete accionario de «La Compañía» hasta 1991 cuando bajo el gobierno de Menem, Luciano Benetton se hace de esas tierras hasta la actualidad. A través del holding internacional del grupo Benetton, Edizione, el magnate italiano compró por 50 millones de dólares las casi 900.000 hectáreas ubicadas en un 98% en las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires donde se dedica a la producción de lana principalmente aunque ahora aparece un mercado nuevo para explotar y es el petrolero que se expresa en un yacimiento que también se encuentra en disputa territorial: Vaca Muerta.
Look informal, la innovación en jersey de lana con fuertes colores y una industria textil de alcance mundial fueron la impronta del grupo Benetton desde sus orígenes. La empresa familiar formada por Luciano, Giuliana, Gilberto y Carlo se conformó en 1965. Cuatro años después inauguraba su primer local en París.
Tiene sede en una suntuosa mansión de Villa Minelli en la ciudad de Treviso (Italia). Con 20 años Luciano se convirtió en el presidente de la compañía. En los años siguientes se expandieron a las principales avenidas del mundo, las ganancias crecieron y sumaron nuevas marcas: Sisley, Playlife y Killer Loop. Hoy tiene tiendas en más de 120 países. Años más tarde invirtió en una escudería de la Formula I que compitió entre 1986 y 2001 y tuvo su momento de gloria cuando corrió Michael Schumacher. La familia también es dueña de 21 Investimenti un banco de inversiones inmobiliarias y es accionista del grupo Pirelli.
En pleno auge empresarial, Luciano también incursionó en el mundo de la política. Entre 1992 y 1994 fue senador de Italia por el Partido Republicano Italiano (PRI), el partido de Silvio Berlusconi. En 1993 la Justicia de ese país aprobó que se lo investigue y juzgue por corrupción, motivo que lo llevó a no presentar su reelección.
La industria textil es una de las más explotadoras del mercado y la que peores salarios tiene. Para reducir costos los Benetton, que facturan 11.000 millones de dólares al año, tercerizaron la producción en países donde la mano de obra es barata y abundante como por ejemplo en Turquía donde fueron denunciados por explotación infantil de niños de entre 9 y 13 años que fabricaban sus prendas. Otro caso que lo tuvo en el centro de la escena fue en 2013 cuando una fábrica textil en Bangladesh que producía tejidos para Benetton se derrumbó provocando la muerte de 1.132 trabajadores y dejó 2.500 heridos. Se negó a pagar cualquier tipo de indemnización pero producto del desprestigio que había generado su indiferencia, se vio obligado a hacerlo. Hoy el imperio familiar cuenta, según la revista Forbes, con aproximadamente 3,4 miles de millones de dólares.
Solamente en las tierras que posee en Argentina Luciano Benetton cuenta con 280.000 ovejas que producen 1.300.000 kilos de lana por año. A la explotación de las tierras de la Compañía de tierras del Sud Argentino se incorporó la explotación minera a través de Min Sud (Minera Sud Argentina S.A.) con sede central en Canadá, de yacimientos ubicados en la provincia de San Juan. Por muchos años expoliaron los recursos nacionales sin pagar cargas impositivas, no registrando las lujosas edificaciones que realizaban en sus tierras. Irónicamente los Benetton tienen un museo con piezas arqueológicas de culturas «autóctonas», algunas de ellas con 13.000 años de antigüedad, ubicado en Leleque (Cushamen). Seguramente saqueadas del territorio de la comunidad mapuche, Tehuelches, entre otras.
¿Por qué el Estado y la Gendarmería defienden a Benetton?
Hace ya algunos años Carlos Marx terminaba con el mito de que el Estado defiende los «intereses comunes» de toda la población. Decía en el Manifiesto Comunista que el gobierno moderno era un comité que administraba los negocios de la clase burguesa, y no se equivocaba. El Estado es el guardián del orden y de la propiedad privada, pero no de cualquier tipo de propiedad privada sino la de los capitalistas que viven a costa del trabajo de una mayoría trabajadora. Ese «derecho que tenemos todos» de acceder a la tierra es una pantalla que esconde la concentración de la riqueza en pocas manos. Y para lograrlo intentan buscar algún tipo de consenso con la población o utilizan a las fuerzas armadas para garantizar que esas relaciones de desigualdad se sostengan y reproduzcan.
El caso de la defensa de los intereses de Benetton por parte del Estado argentino es apenas un ejemplo de una relación histórica que es propia del sistema capitalista. La actuación de la gendarmería, en las tierras que el italiano reivindica para sí, reprimiendo desde hace meses a la comunidad Pu Lof (entre ellos mujeres y niños) y desapareciendo a Santiago Maldonado con la directa responsabilidad de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, su jefe de gabinete Pablo Noceti y del Estado, son la muestra más clara del carácter de clase que ejercieron las fuerzas armadas desde su creación. El gobernador de Chubut del PJ Mario Dan Neves también es cómplice del accionar represivo avalando el ingreso de la gendarmería al predio y demonizando a los mapuches a través de una campaña mediática que comenzó el año pasado mientras apretada al Juez Otranto para que encarcele a los dirigentes considerados sin ninguna prueba como «terroristas».
Queda claro que todos los gobiernos legalizaron y legitimaron el avance latifundista a costa de la sangre de los pueblos originarios. Incluso el kirchnerismo que en 2011 impulsó la Ley de Tierras que limitaba la posesión extranjera de tierras a 1.000 hectáreas por propietario no era retroactiva, por lo tanto todos los magnates extranjeros que en los 90 se apropiaron de gran parte del territorio nacional podían quedarse tranquilos. Macri flexibilizó la ley dejando en claro cuáles son los intereses que defiende a ultranza el gobierno de los Ceo, pero en uno y otro gobierno la naturaleza del Estado es la misma. Seguramente en una de las cuatro visitas al año que hace Luciano Benetton al país vendrá a agradecerle en persona al presidente y los suyos por la efectividad en los servicios brindados.
*Por Claudia Ferri para La Izquierda Diario.
