Para la primera semana del próximo mes está previsto que el juez César Zaratiegui haga conocer a las partes y a los imputados, su sentencia contra los cinco imputados por usurpaciones en Playa Magagna, tras la denuncia realizada por la familia Galina, propietaria de los terrenos, y la investigación llevada adelante por la fiscal general Griselda Encina.
Este martes se escucharon los alegatos en una audiencia que contó con la presencia de los cinco imputados a la vez que se mantiene en carácter de prófugo una persona más por no presentarse al debate no obstante las citaciones formales de la Oficina Judicial de Rawson.
Hasta este martes uno de los imputados también se hallaba en esa condición, pero al hacerse presente en el edificio de Tribunales de Trelew en donde estaba previsto que aleguen fiscalía, querella y defensa, el juez Zaratiegui le levantó el pedido de captura.
Los imputados son Karen Neira, Paola Muñoz, Alejandro Tejada y Gumersindo Rodriguez, todos asistidos por el defensor oficial Omar López. Para ellos la fiscal general Griselda Encina y el abogado querellante que representa a la familia Gonzalo Torrejón pidieron la pena de siete meses de prisión de ejecución condicional, habida cuenta de lo que indica el Código Penal para el delito de “usurpación con clandestinidad y violencia”. Por su parte el defensor oficial que los asistió a lo largo de todo el proceso, pidió al juez Zaratiegui las respectivas absoluciones.
Cabe destacar que aún permanece prófugo Gustabo Bernardi y que del total de imputados llevados a juicio oral ocho de ellos aceptaron la figura de la “conciliación” que implica el reconocimiento de la acción ilegal y la promesa de destruir lo construido a cambio de ser absueltos. El último en aceptar esa posibilidad que ofrece el Código Procesal de Chubut, fue Fernando Mayo que se sumó a la similar actitud que adoptaron Guillermo Vaughan, Daniel Aguayo, Marta Lizama, Raúl Castillo, Luis Rodriguez, Carlos Alonso y Carlos Ojeda.
Con los alegatos se puso punto final a la ronda de testigos, entre los que se destacaron los propios damnificados por las usurpaciones, policías, funcionarios municipales, el ex presidente de la Cooperativa Eléctrica Benito Larrañaga y el actual presidente del complejo de vecinos, el abogado Luis Solivella.
Mientras que Solivella dio cuenta de acciones intimidatorias en su contra que supone la autoría a los usurpadores, Larrañaga dio detalles de las denuncias que realizó a través de abogados de la institución que presidía y escribanos públicos respecto de daños en el acueducto que lleva ese servicio, a fin de desviar agua de manera ilegal hacia los asentamientos. Las denuncias fueron realizadas ante la Fiscalía de Rawson.
Por su parte Solivella contó cómo aparecieron pinchadas las cuatro cubiertas de su vehículo estacionado frente a su casa en Playa Bonita, acciones que se desarrollaron a lo largo de una semana. También dio cuenta de amenazas telefónicas y a través de las redes sociales, en medio de expresiones públicas de su parte en contra de las usurpaciones. Dijo también que todas estas acciones fueron denunciadas.
Tras los alegatos de las partes, el juez Zaratiegui dará a conocer su resolución de manera personal a los imputados y las partes y en una audiencia a programar en el futuro por la Oficina Judicial de Rawson, explicará las razones de su de decisión.
