Según informó el diario La Nación, el juez Bonadio ordenó que personal judicial les tocara el timbre a 74 empresas para pedirles documentación que acredite quiénes eran los ejecutivos entre 2003 y 2015. Todas accedieron.
La Justicia ya tiene en su poder gran cantidad de documentos secuestrados y en pocos días, más de 100 empresarios de la construcción de todo el país desfilarán por los Tribunales de Comodoro Py.
«Con esos movimientos del juez Bonadio y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, no sólo están preocupados los hombres de la construcción sino también gobernadores e intendentes que también se pusieron inquietos», escribió La Nación.
Muchas de las 74 empresas visitadas por la Justicia son grandes contratistas en la obra pública y, claro está, aportantes para las campañas, por lo que el impacto del llamado a indagatoria no solo tendrá efectos jurídicos sino también políticos, resalta el mismo artículo de los periodistas Diego Cabot y Candela Ini.
En Chubut, las dos empresas en las que la Justicia requirió información son CPC y Burgwardt, dos constructoras con domicilio en Comodoro Rivadavia.
El Chubut
