Ignacio Werner realizó sus estudios en Derecho en la Universidad de Buenos Aires y en la función pública se desempeñó como asesor del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires en la gestión de Francisco Cabrera.
A partir de 2015, continuó su trabajo en el Ministerio de Producción de la Nación y desde junio de 2017 era subsecretario de Comercio Interior. Finalmente, el 5 de septiembre del 2018 fue designado para reemplazar a Miguel Braun.
Werner desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el estudio Brons & Salas y tras el reciente anuncio de precios congelados, algunos ya lo llaman el “Guillermo Moreno” de Macri, según el diario Jornada.
CAMMESA le reclama a Chubut $3.500 millones, de los cuales un estudio jurídico porteño con sede en Puerto Madero se llevaría unos $600 millones, si es que finalmente el gobierno de Mariano Arcioni accede al pago.
Se trata de Brons & Salas, un bufete de abogados con más de 50 años en el rubro, reconocido por su especialización en Derecho Administrativo en actividades reguladas como la energía eléctrica, las telecomunicaciones, el transporte aéreo y el gas, entre otras.
Brons & Salas podría hacerse de esa multimillonaria suma porque se quedaría con al menos el 10% de la deuda que pagaría el Estado chubutense (según regula la Ley de Honorarios) y podría llegar al 18% si es que se realiza un acuerdo extrajudicial.
Cooperativas al horno
En las principales cooperativas de Chubut ya saben que si el acuerdo de pago se firma habrá que depositar el 2% de la deuda total de inmediato. Es decir, unos 75 millones de pesos para arrancar.
La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) es la empresa que maneja la venta de energía a las distribuidoras. El 80% de sus acciones está en manos de agentes privados del mercado de electricidad, mientras que el 20% restante pertenece a la Secretaría de Energía, que tiene una fuerte incidencia en el manejo político de la empresa.
El “lobby” de Cammesa para cobrar cuanto antes su acreencias en Chubut surtió efecto porque tras las cartas documento enviadas la semana pasada a las cooperativas de Trelew y Rawson para que salden en cinco días una deuda conjunta de 1.735 millones (algo imposible de cumplir), y el embargo dispuesto contra la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia por más de $ 600 millones, el Gobierno provincial se vio obligado a realizar una reunión con intendentes y directivos de las prestadoras para apurar el convenio para pagar toda la deuda. Sin embargo allí no estuvo Arcioni y el que coordinó fue el subsecretario de Coordinación Financiera, Luis Tarrío.
El apriete de Cammesa y su estudio jurídico para apurar el cobro de las deudas de las cooperativas chubutenses volvió a poner sobre el tapete la legitimidad de esas acreencias. No son pocos los que sostienen que a este volumen de deuda se llegó por los tarifazos que el Gobierno nacional le autorizó a Cammesa. Además, habría un profesional chubutense radicado en Puerto Madero haciendo lobby a través de un familiar para que el citado estudio jurídico se haga cuanto antes de esos fondos.
Este detalle habría trascendido el mismo martes en Rawson y no habría sido del agrado de los intendentes presentes, sobre todo el de Comodoro, Carlos Linares.
El Patagónico