El decreto 566 fijó unos 90 días que, en rigor, exceden ese lapso con su incertidumbre.
Es como un cierre de año anticipado, en algún punto. Faltan tres meses, pero hay una especie de tiempo muerto en el que puede pasar de todo, pero en el que en materia económica nada puede ser mucho mejor. Quizás sea posible despejar los espesos nubarrones que se ciernen sobre la industria y los interrogantes acerca de la puerta de salida para el contexto actual.
En paralelo, llega ese momento del año en el que las compañías, sus casas matrices, comienzan a subir o bajar el pulgar de sus planes para los próximos meses, aquello de establecer el presupuesto para las operaciones que encararán el próximo año.
Por más buena voluntad que le pongan, el contexto les juega extremadamente en contra. Vienen de un punto inicial en el que querían un marco jurídico que les garantizara más exportaciones, y pasaron a uno en el que tienen que parar la producción para no perder más por la intervención estatal en el tipo de cambio y el valor del Brent.
Se sabe: les duele más a las compañías no integradas, que no pueden distribuir sus pérdidas y rebuscárselas en la refinación, acotando el margen en contra.
Tampoco es que lo poco del futuro que se puede avizorar contribuya a la calma: Alberto Fernández quedó envuelto esta semana en una condena a las multinacionales que se llevan el crudo del país, que desmintió para luego enfatizar todo lo deseable que es el desarrollo de Vaca Muerta, algo que dijo apenas arribó al país desde España.
El decreto 566 fijó unos 90 días que, en rigor, exceden ese lapso con su incertidumbre. Sobre los tres meses de vigencia de la normativa, hoy, un tanto socarronamente, referentes de pymes y de alguna que otra petrolera señalan hacia las góndolas y la remarcación de precios, y lo contrastan con el argumento central de contener una disparada inflacionaria que había esgrimido Nación como motivo para controlar el precio del crudo, aquello de frenar la nafta para evitar que el salario siguiera perdiendo con la devaluación.
Con todo, en esta suerte de compás de espera cruento, por sus efectos en toda la cadena de valor, a las petroleras lo que más les preocupa es el dilema del futuro.
“Están en evaluación”. Así se refería por lo bajo una fuente de la industria, ante la consulta de proyectos de desarrollo masivo en marcha pendientes de cuantiosos desembolsos. Los observadores de esos proyectos, claro, están fuera del país y son los que hacen los números.
Desde afuera, más precisamente desde Estados Unidos, llegaron noticias: los 300 millones de dólares que la OPIC autorizará para el desarrollo de Bajada del Palo, de Vista Oil & Gas, llegan a las manos de un jugador nuevo y emergente. Había sido la única empresa en alzar la voz por las medidas oficiales. También fue una de las más perjudicadas. Apenas si había comenzado a cotizar con acciones en la Bolsa de Nueva York cuando recibió, junto con las otras empresas, el baldazo de agua helada del decreto de urgencia que, al decir de Lopetegui, fue una medida “extrema” tomada en un día en el que la moneda se había devaluado un 20%.
La petrolera recibe aire fresco y sube la apuesta tomando a 100 empleados, desde ese lugar en el que quedó con un puñado de petroleras, todas ubicadas al frente de PAE e YPF, dos de las grandes que no aceptaron las medidas que las “chicas” proponían al Gobierno como salida. Tampoco la empresa nacionalizada se la lleva de arriba. Tiene una espalda más grande: Pero, ¿hasta cuándo? Tiene que pagar deuda por u$s 300 millones en el corto plazo y el 80% de sus ingresos están atados a la venta de combustibles, hoy con el precio frenado.