La medida del presidente de Brasil beneficia, en su mayoría, a agentes condenados por homicidio. También sancionó con vetos la ley que endurece el Código Penal.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó la noche del martes su primer indulto navideño y los beneficiados fueron, en su mayoría, policías condenados por homicidio. La decisión del mandatario refuerza su discurso de mano dura, que fue acompañado por la sanción -con algunos vetos- de la ley que endurece el Código Penal para combatir el crimen.
“El decreto innova al conceder indulto a aquellos que dedican sus vidas a la salvaguarda de la sociedad”, entre los que figuran agentes de la Policía Federal, Civil, Militarizada y del cuerpo de bomberos, afirmó la Presidencia de Brasil en un comunicado. El indulto navideño es un beneficio previsto en la Constitución que concede la supresión de las penas por esta época del año siempre y cuando se cumplan determinados requisitos. La medida también beneficiará a aquellos agentes de los cuerpos de seguridad del Estado que “hayan sido condenados por actos practicados” en sus días libres y cuya intención fue “eliminar un riesgo existente” para sí mismo o para un tercero.
Bolsonaro, líder de la extrema derecha en Brasil, capitán del Ejército y defensor de las dictaduras que se impusieron en Latinoamérica en 1970 y 1980, concedió también el indulto a los militares de las Fuerzas Armadas, que “en operaciones de Garantía de la Ley y el Orden (GLO)”, hayan “cometido crímenes no intencionados en determinadas hipótesis”. Las misiones de GLO son autorizadas por el presidente y conceden a los militares la facultad de asumir las labores de seguridad pública en graves situaciones de perturbación del orden.
El mandatario, que el próximo 1° de enero cumplirá un año en el poder, defiende la “mano dura” contra el crimen, acostumbra a decir que “bandido bueno es bandido muerto” y afirma que si un policía “mata a 10 ó 15 bandidos” en ejercicio de sus funciones no debe ser investigado y mucho menos condenado, sino “condecorado” por el Estado.
Todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos alertaron sobre ese endurecimiento de las políticas de seguridad durante la gestión del presidente Bolsonaro, a quien acusaron de alentar la violencia contra los más pobres, los pueblos indígenas y los homosexuales con su agresiva retórica.
Por otro lado, la sanción con vetos a la ley que endurece el Código Penal incluye algunas propuestas del ministro de Justicia, Sergio Moro, y fue aprobada por el Senado hace unas dos semanas. El texto sancionado contiene parte de las medidas del llamado “paquete anticrimen” presentado por Moro, quien lideró en su momento como juez las investigaciones de la Operación anticorrupción Lava Jato, así como parte de un proyecto elaborado por una comisión de juristas coordinada por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes. La ley sancionada, que modifica el Código Penal y otras leyes de seguridad pública, pretende reforzar el combate al crimen.
Entre los artículos vetados por Bolsonaro figuran el que estipulaba la triplicación de la pena de delitos cometidos o divulgados en internet y la extracción de ADN de acusados solamente en algunos casos. Igualmente fue vetado el dispositivo que aumentaba la pena del crimen de homicidio cometido con armas de fuego de uso restringido o prohibido, al ser considerado que la propuesta podría generar “inseguridad jurídica”.
El indulto y la sanción del Código Penal se producen en un contexto de creciente violencia policial, según denunciaron diversas organizaciones, como Human Rights Watch. La organización que hace poco más de un mes recopiló información en casi todo Brasil, aseguró que el inflamado discurso de Bolsonaro puede incentivar delitos como la tortura en el que muchas veces se ven implicados agentes de las fuerzas de seguridad.
“Esa luz verde para el uso excesivo de fuerza letal es un desastre para la seguridad pública y para los propios policías”, aseguró la entidad.
Kenneth Roth, presidente de la organización humanitaria, declaró al presentar el informe que Bolsonaro “subestimó los derechos humanos” en casi todos los frentes y, entre ellos, en el área de seguridad pública.
La Presidencia de Brasil destacó que se excluyen del indulto “una serie de crímenes considerados graves”, como robo tras muerte, violación, tortura, aquellos relacionados con el crimen organizado, terrorismo, tráfico de drogas, pedofilia y corrupción, señaló El Clarín.
