Una de las primeras medidas de emergencia empezó a generar conflicto. Se trata del aumento salarial ordenado por el Gobierno que prevé el pago de $3.000 en enero y $1.000 adicionales en febrero. El decreto 14/20 estableció que la suma fija es de carácter remunerativo y a cuenta de «futuras negociaciones paritarias».
La idea era que fuera un adelanto de la negociación 2020, pero varios sectores ya anunciaron que lo descontarán de las revisiones pendientes del año pasado, eludiendo el destino previsto por autoridades, lo que sumó más tensión a las paritarias.
Se trata de paritarias que incluían cláusulas de revisión por inflación y que deben ajustar los salarios para compensar la pérdida de poder adquisitivo ocurrida por la aceleración inflacionaria del segundo semestre del año pasado. De manera que, en muchos gremios, la pulseada ya no pasa por la capacidad o no de pagar el aumento de suma fija, sino si corresponde que se la considere parte del ajuste salarial pendiente de 2019.
Las discrepancias quedaron expuestas en comercio, el rubro más importante en materia de empleo con 1,2 millón de empleados registrados. Allí, la Cámara de Comercio (CACyS) y el gremio encabezado por Armando Cavalieri acordaron la semana pasada incorporar el monto fijo a la paritaria irresuelta del 2019.
De esa manera, en lugar de aplicarlo a la discusión venidera, la suma fija por decreto servirá para saldar un 12,5% de la brecha de 22 puntos que dejó el acuerdo en 2019 de una suba del 30% frente a una inflación en el período mayo-abril estimada en 52%.
«Debemos señalar que la suma dispuesta por el Gobierno en concepto del ajuste inflacionario modifica la lógica del porcentaje del 22% reclamado. Es decir, que al incorporarse al salario la suma de $4.000 habría satisfecho aproximadamente un 12,5 de los 22% reclamados», concluyó el sindicato en un comunicado publicado la semana pasada.
Mientras que desde la CACyS hicieron la misma interpretación de la normativa al señalar a este medio que el decreto «no necesariamente implica la paritaria 2020, si no bien la revisión de la paritaria de 2019.
En la actividad química, en tanto, el decreto suscitó lecturas contrapuestas que amenazan con complicar las ya de por sí recalentadas paritarias. En concreto, las empresas plantean que los pagos ordenados por el Ejecutivo son a cuenta de la revisión pendiente del acuerdo pasado y la entidad sindical, por el contrario, sostiene que se debe acordar la revisión del acuerdo del año pasado, aún pendiente, y que los incrementos previstos en la medida de emergencia son un adelanto de la futura negociación del 2020.
La situación se tensó en los últimos días con la liquidación del ajuste en los haberes de enero, que debe ser consignado como «incremento solidario».
«Hay muchos casos donde se intenta sostener en la mesa de negociación que se debe aplicar a la revisión de un acuerdo pasado y no a la paritaria futura y ciertamente el decreto alude a ‘futuras negociaciones’, con lo cual será un tema de intensa discusión en las próximas semanas, mientras tanto se deberá liquidar el aumento«, explicó Héctor García, asesor de empresas del estudio homónimo.
El decreto provocó, además, tironeos con sectores que se manifestaron imposibilitados de efectuar el incremento debido a sus contextos de estrés financiero. Entre los más firmes al respecto destacan las clínicas privadas y las estaciones de servicio, que se quejaron por la «situación crítica» de cada sector y salieron a reclamar medidas compensatorias para afrontar la suba salarial.
En el caso de las clínicas, el pedido apuntó a un aumento de los aranceles que se les paga a los prestadores. En tanto, las expendedoras de naftas, luego de alegar su imposibilidad de efectuar dicho pago, intentaron negociar una exención de las cargas sociales o bien el descongelamiento del valor del combustible, sin mayores resultados. De todas maneras, se comprometieron a pagar la suma fija a cuenta de la próxima paritaria.
El Gobierno, en medio del fuego cruzado
La intención de algunas cámaras de absorber el pago con las revisiones abiertas representa un desafío para las autoridades. Fuentes del Ministerio de Trabajo ratificaron a iProfesionalque «el decreto es claro» y que «la suma fija es a cuenta de paritaria 2020».
En simultaneo, la cartera encabezada por el ministro Claudio Moroni busca desactivar las versiones que circularon en las últimas horas sobre una eventual extensión de las sumas fijas y el consecuente condicionamiento de las negociaciones salariales. «La suma fija no limita ni suspende la paritaria como se está diciendo por ahí», señalaron en Trabajo.
El tema fue analizado este jueves por la mesa chica de la CGT, cuya dirigencia se mostró dividida ante el rumor sobre un decreto que podría fijar una nueva suma fija en marzo o un nuevo formato de negociación con montos fijos, como lo hizo el gremio bancario.
Si bien la medida representa un alivio para los sindicatos más chicos o en crisis, las organizaciones con mayor poder de fuego creen que la continuidad de las sumas fijas, más allá del primer trimestre, achatan los salarios y entorpecen las paritarias. En efecto, salvo excepciones, la mayoría de las revisiones están estancadas desde diciembre. Ese es el caso de metalúrgicos, comercio y alimentación.
Las primeras reacciones de los dirigentes sindicales fueron contrarias a la posibilidad de que las sumas fijas se impongan como una política salarial permanente y reclaman la «libertad» de que cada gremio pueda negociar los incrementos en las paritarias.
«La CGT no avala seguir con el sistema de sumas fijas. Queremos discutir de la pérdida de poder adquisitivo. Ningún gremio va a pedir lo que no se puede pagar», sostuvo Carlos Acuña, uno de los secretarios de la central sindical.
Los dirigentes admiten su malestar por el hecho de que el sistema de sumas fijas implica un achatamiento de la pirámide salarial. Es decir que proponde un alivio de las franjas de menores ingresos pero en detrimento de los trabajadores que perciben remuneraciones medias y altas.
Y esto afecta a sindicatos poderosos que están en plena negociación con las cámaras empresariales y que temen que los aumentos por decreto puedan convertirse en una intromisión política para el normal desarrollo de las paritarias.
Por lo pronto, tampoco hubo demasiados avances en las negociaciones de aceiteros y la de camioneros, dos sectores cuyos pedidos desafían la expectativa oficial de moderar los reclamos.
Ayer, durante una audiencia en Trabajo, el gremio liderado por Hugo Moyano pidió un 28% por seis meses (en lugar del 33% que había planteado originalmente), pero las empresas ofrecieron un 22%.
«Creemos que más allá de las sumas fijas que dio el Gobierno, que es importantísima, cada gremio debería tener la libertad de pedir hasta lo que su actividad pueda dar», sostuvo Pablo Moyano, señaló IProfesional.