Por sospecha de sobreprecios, el fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez, se llevó del Ministerio de Salud documentación vinculada con la contratación directa de la empresa Conexia, en mayo de 2017.
Esta firma debía informatizar varios trámites de la salud pública provincial, como el sistema de turnos, la digitalización de historias clínicas, el control del stock de medicamentos, entre otros. No hubo licitación ni otras competidoras. El procedimiento del investigador se concretó antes de las medidas de restricción por el coronavirus.
“Hay muchos puntos en el contrato que la empresa se comprometió a llevar adelante”, explicó Rodríguez. “Son herramientas que daban la posibilidad al Ministerio de manejar información a nivel unificado, como estadísticas o detalle de enfermedades”.
Al contrato con la firma de Buenos Aires lo denunció el pediatra y exdiputado Fernando Urbano ante la Oficina Anticorrupción. “Estamos verificando y comprobando si estamos en presencia de un delito; es el primer paso de la investigación preliminar”. Las hipótesis van desde una negociación incompatible con la función pública hasta una defraudación al Estado.
Por el contrato, la Provincia debe pagar $ 111 millones en 60 cuotas actualizables. “En su momento hubo dictamen de Asesoría Legal que decía que en función del monto, la regla es que debió ser una licitación pública, pero la ley de contrataciones específica de salud pública establece la conveniencia de contratar de manera directa”. Lo que se investiga es si realmente el contrato directo con Conexia era conveniente “o si hubo algo más, como un direccionamiento en favor de la empresa”.
La firma tenía antecedentes de trabajo con el Instituto de Seguridad Social y Seguros. “Pero no tenía antecedentes en Salud, es la primera vez que interviene ahí y somos una suerte de conejillos de Indias, están haciendo sus primeros pasos porque no tenían experiencia”.
La última cuota que se pagó fue en enero, por cerca de $ 2.500.000 de meses atrasados, porque el contrato no está al día. El total del vínculo equivale a 7 millones de dólares.
“Tenemos que ver el origen de la contratación –dijo el fiscal- para verificar si hubo algún interés más allá del bien común y de administrar bienes ajenos en beneficio de todos. Lo cierto es que no hubo concurso de precios para comparar; si no se comparó, ¿cómo sabemos si conviene económicamente?, ¿por qué no se llamó a otros y se contrató directamente a ellos? Eso tenemos que desandar”.
Según Rodríguez, “debemos ver si la conveniencia está explicada de manera acabada o, por ejemplo, está dibujada”. Además de llevarse documentación de Rawson, el fiscal charló con una de las subsecretarías de Salud que intervino en el contrato, informó Diario Jornada.