—Habló más como hijo de un juez y como abogado que como Presidente.
Desde Olivos, un colaborador de Alberto Fernández sintetiza con esa frase la crisis por las prisiones domiciliarias a presos que derivó en un cacerolazo el jueves que el Presidente escuchó, casi en soledad, desde la residencia oficial.
Un rato antes de las 20, la hora en que empezó el repiqueteo de cacerolas, Fernández había despedido a Julio Vitobello, secretario general de la presidencia, y al vocero Juan Pablo Biondi, habitantes inevitables del micromundo presidencial.
Más temprano se había retirado de Olivos el canciller Felipe Solá, tras una larga charla que sirvió para archivar tropiezos en el frente externo, varios generados en otra usina: la de Marco Enríquez Ominami, el chileno que arrastra a Fernández al Grupo Puebla, marquesina que tanto el canciller como Gustavo Beliz, el otro gestor externo, consideran inoportuna en este contexto.
El miércoles a media mañana, Fernández había escuchado pedidos de sus funcionarios cercanos para que hiciera una declaración pública, directa y simple sobre la polémica por las prisiones domiciliarias. Lo hizo a su modo: tuiteó una explicación pero se enfocó en el costado jurídico más que en el tono político de la declaración.
El episodio, que alteró el micromundo albertista, se produjo en medio de una transición: el Presidente quiere cambiar el «chip sanitarista» que desarrolló durante la pandemia y mudar a un «modo productivo y económico».
El viernes, Día del Trabajador, visitó una fábrica de autopartes en Villa Bosch y planificó para este sábado, aunque luego lo envió a «Wado» De Pedro, el que sería su primer viaje al interior desde que estalló el coronavirus: tenía pautado volar a Córdoba a recorrer las empresas que producen respiradores. Quizá vaya la semana próxima, aunque sus médicos le desaconsejan salir.
Fernández enumera factores de naturaleza económica, social y sanitaria. Su decisión de permitir salidas recreativas, rechazada luego por los gobernadores, fue el primer indicio del giro.
«La gente cumplió bien, se bancó el encierro 40 días, hay que dejarla salir un poco», suele decir el Presidente, y esa idea tiene un anexo sanitario: «El virus debe empezar a circular, porque si no, vamos a estar encerrados dos años».
El Presidente empezó, con esa idea, a preparar el escenario para una mayor flexibilización de la cuarentena a partir del 11 de mayo, a pesar de los diagnósticos que sostienen que el pico de contagios es inminente.
Fernández empieza a hablar del «día después» y a apuntar, sin suspender los planes de asistencia como el Ingreso Familiar de Emergencia, a reactivar la economía.
«A diferencia de otros países, tenemos la ventaja de que el mercado interno consume el 80% de lo que produce nuestra industria. Eso nos va a ayudar a recuperarnos», evangeliza a los suyos
Pero en Olivos saben que la temporada brava será larga. La llegada de Fernanda Raverta a la ANSeS anticipada esa dificultad. En diciembre, Fernández la había convocado para un cargo nacional pero Axel Kicillof la pidió para que fuera su ministra.
En la ANSeS, al igual que en el Ministerio de Justicia, el modelo de gabinetes mestizos de Fernández —juntar funcionarios de distintos espacios del oficialismo— mostró su flaqueza: Alejandro Vanoli chocó con la línea de La Cámpora y Marcela Losardo con Juan Martín Mena, a quien el «albertismo» conoce desde que arrancó en 2003 en Justicia como funcionario de Beliz.
El Presidente había puesto el ojo en el tema carcelario porque los registros internacionales advierten que son focos críticos. «En Italia, la mayoría de los muertos fueron por contagios en geriátricos y prisiones», detalla un funcionario.
Más allá de su mirada de «hombre de derecho», el Presidente tomó postura pública sobre las prisiones domiciliarias cuando escuchó desde el grupo de infectólogos que lo asesoran un alerta sobre el riesgo potencial en las cárceles.
Asomaron, en ese momento, sospechas y tensiones internas. Hubo fuego subterráneo contra Emiliano Blanco, un funcionario que en Olivos califican como cercano a Aníbal Fernández, pero que tiene enlaces con Losardo. En la bruma, una teoría que circula en el Gobierno acusa a Blanco de haber sembrado la chispa en Devoto porque Mena le anticipó que sería removido de su cargo.
Sin embargo, lo que ocurre en el Servicio Penitenciario Federal es menos denso que lo que ocurre en Buenos Aires, donde en 63 cárceles con 24 mil plazas hay 44 mil detenidos.
La previsión oficial es que el 15% de los presos se infectarán.
Por ese diagnóstico, el 16 de marzo, Julio Conte Grand, Procurador bonaerense —designado por María Eugenia Vidal— firmó la resolución 158/20, que instruyó a los defensores públicos a pedir que los jueces otorguen prisión domiciliaria a los presos de grupos de riesgo de COVID-19.
En Buenos Aires, el 95% de los detenidos son asistidos por defensores públicos, a diferencia de las prisiones nacionales, donde, por el tipo de delito es más habitual el patrocinio privado.
En un primer paneo bonaerense se detectaron 4552 presos dentro de los grupos de riesgo, pero el número último, tras el filtro de que solo sean contemplados los imputados por delitos leves, la cifra de candidatos a recibir algún beneficio se redujo a 645. Hasta el viernes, por un habeas corpus masivo, se habían liberado 161 reclusos, menos del 20% del total de 549 a los que se les otorgó prisión domiciliaria.
El resto, casi 400, obtuvieron ese beneficio por pedido de los defensores públicos, tras la recomendación de Conte Grand, y por disposiciones de los jueces.
