El Congreso nacional culmina el año parlamentario con el debate del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), una de las promesas de campaña del presidente Alberto Fernández, quien se convirtió así en el primer mandatario desde la restauración democrática en impulsar la iniciativa que divide aguas de manera transversal tanto al interior de todos los sectores políticos, como en las calles.
El envío de la IVE para su discusión parlamentaria, fue ratificado por el Presidente, el 1 de marzo de este año, al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, cuando anticipó que impulsaría un proyecto propio de interrupción legal del embarazo «que permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar».
Pero a poco de asumir, la pandemia obligó al Gobierno del Frente de Todos a reorientar sus prioridades y abocarse a diseñar políticas destinadas a evitar la propagación de la Covid-19 y a atender sus efectos sobre la economía y los sectores sociales más castigados.
La decisión de la administración de Alberto Fernández estaba tomada pero debió postergar el envío del proyecto al Congreso, a pesar de que la iniciativa ya estaba casi lista varias semanas antes.
Para el diseño del proyecto se designó a un equipo liderado por Ginés González García y Vilma Ibarra.
Para avanzar en el diseño del proyecto, se designó a un equipo de funcionarios y especialistas en el tema, encabezados por el ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.
A diferencia de 2018, cuando el expresidente Mauricio Macri sólo habilitó el debate en el Congreso -aunque se manifestó en contra del proyecto- esta vez fue el propio mandatario quien, en cumplimiento de su promesa electoral, envió al Parlamento el proyecto reclamado por movimientos feministas desde hace décadas.
Entre otros movimientos, la legalización del aborto es, además, una iniciativa que la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó por novena vez al Congreso a principios de este año.
Una vez que la curva de contagios por la pandemia de la Covid-19 comenzó a bajar, el Gobierno nacional envió el 17 de noviembre pasado, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo a partir de la semana 14 de gestación.
Lo hizo junto con el Plan de los 1000 Días, que busca acompañar, proteger y apoyar la maternidad y los tres primeros años de vida del recién nacido.
«He enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento, dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida», dijo el mandatario en un video al formular el anuncio.
El proyecto comenzó a debatirse en el marco de tres plenarios de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Salud y Mujeres y Diversidad, el 1 de diciembre pasado, con la presencia de expositores a favor y en contra, y recibió dictamen poco más de una semana después, el 9 de diciembre.
La propuesta regula que las mujeres y «otras identidades con capacidad de gestar» puedan interrumpir su embarazo hasta la semana 14.
Para lograr mayores respaldos, el proyecto recibió modificaciones de último momento como la flexibilización de la objeción de conciencia.
De acuerdo al proyecto, desde que se solicita el aborto hasta que se realiza no pueden pasar más de diez días, lo que pretende evitar calvarios como el que atravesó Lucía, una niña de once años violada por su abuelastro a la que tuvieron casi un mes internada hasta que una orden judicial obligó al hospital a cumplir con su voluntad de abortar.
La Cámara baja aprobó la iniciativa por 131 votos a favor, 117 en contra.
La Cámara baja aprobó la iniciativa el 10 de diciembre a las 7:23 de la mañana por 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones, en una maratónica sesión que se extendió por 22 horas, la primera que se realizó en el recinto de manera presencial, desde el inicio de la pandemia.
Los aplausos y la emoción de los diputados y diputadas que acompañaron la iniciativa, así como de los funcionarios nacionales que siguieron desde los palcos el debate del proyecto, resonaron fuerte en el recinto y el color verde, el símbolo de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, quedó retratado en las tapas de los principales diarios internacionales, que reflejaron la noticia.
Tras su media sanción en Diputados, el proyecto pasó al Senado, donde ayer obtuvo dictamen de mayoría en plenario de comisiones, y el 29 de diciembre tendrá tratamiento en el recinto.
Así, el reclamo histórico de los movimientos de mujeres argentinos de «será ley», está cada vez más cerca de convertirse en realidad si consigue los votos necesarios en el Senado, a diferencia de lo que sucedió en el 2018, cuando el proyecto se frenó en la Cámara alta, señaló Télam.