Con pandemia o sin ella, la depredación salvaje de la Amazonía no se detiene y los números deberían espeluznar hasta al más escéptico: entre 2015 y 2020 se deforestaron más de 552 mil hectáreas de bosque primario, de las cuales 76 mil se perdieron tan solo en los primeros seis meses del año pasado. Una hecatombe ambiental en donde la prensa también tiene su mea culpa.
“Los medios han sido hasta ahora muy tímidos en llevarle a todo el país y al mundo lo que está sucediendo en este momento, las implicaciones que ello tiene y darle el papel, no solamente como una nota trivial respecto a unos árboles que se están cayendo, sino realmente a una incapacidad de nuestro país y del mundo en general de adaptarse a unas condiciones críticas cada vez mayores respecto al cambio climático”, explica Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible.
De acuerdo con sus mediciones, unas 300 mil hectáreas han sido borradas en los municipios que custodian el Chiribiquete al tiempo que se contabilizaron 650 mil nuevas cabezas de ganado en la Amazonía y se construyeron 1.500 kilómetros de vías en plena selva para consolidar estos territorios potrerizados.
“Tenemos dos sectores que nos llaman mucho la atención, uno de ellos es ganadero en donde efectivamente es el mayor motor hoy de la consolidación de la apropiación de tierras y por ende de la deforestación, en el arco de la deforestación amazónica, y, por el otro lado, la aparición de algunas iniciativas agroindustriales de gran tamaño que empiezan a generar expectativas sobre la tierra”, señala Botero.
“La selva no se valora como tal, la selva solo está vista como algo que es un estorbo, las empresas prefieren un espacio limpio, abierto, potrerizado, y como esta selva no tiene derechos, las empresas, los inversionistas entran en la selva para talarla”, manifiesta Michel Boutsen, ciudadano belga.
Boutsen es un cirujano que se enamoró de la Amazonía, pero aún más, de la idea de rescatarla. En 2014 creó el Jardín Botánico de La Macarena para proteger lo que queda de la biodiversidad amenazada por la vorágine del consumismo y las mafias al acecho.
“Nosotros conocemos el problema de la migración de la gente de Venezuela o de Colombia por el problema de violencia, pero nunca se piensa en los animales que están desplazados después de talar decenas de miles de hectáreas, los micos, las dantas, los jaguares” dice.
Con esa convicción instauró una acción popular para obligar al Estado colombiano a intervenir de una buena vez este desastre. Aunque hace casi tres años, a través de una tutela, la Corte Suprema le otorgó derechos a la Amazonía y conminó al gobierno y a los entes territoriales para crear una política de protección de nuestros bosques, el zarpazo ambiental de los acaparadores de tierras prosigue sin tregua. Una paradoja, se diría, en tiempos en los cuales el agua cotiza en las bolsas internacionales.
“Nuestra gran biodiversidad, que ha sido la envidia de tantos otros países en el mundo, no ha sido vista como una fuente de vida sino como una fuente de exiguas ganancias monetarias, no se ha entendido, por ejemplo, que el valor de la Amazonía no se mide en dinero, que su exuberancia no está ahí para ser explotada y vendida al mejor postor, sino que está ahí para un fin mucho más importante, para garantizar nuestra supervivencia y de las generaciones venideras”, señala César Mauricio Vallejo, abogado del demandante.
Acogiendo estas preocupaciones planteadas por Vallejo, el abogado que representa al ciudadano belga, el Tribunal de Cundinamarca, el 10 de diciembre pasado, le otorgó medidas cautelares a la Amazonía al reiterar las órdenes impartidas por la Corte Suprema de Justicia en 2018, y fue así de contundente:
Se ordena al Ministerio de Ambiente que, dentro del mes siguiente a la notificación, informe sobre la formulación del pacto intergeneracional por la vida del Amazonas en el que se deben adoptar las medidas encaminadas a reducir a cero la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero.
“Esta acción popular en particular tiene la virtud de abordar el problema de una forma integral, pues no solo denuncia la deforestación, sino que también ataca otras de sus causas estructurales, causas como la contaminación de las fuentes hídricas, como el exterminio de los pueblos indígenas y la destrucción del patrimonio histórico cultural, patrimonio que podemos encontrar en los más de 70 mil pictogramas que están en el Chiribiquete”, añade Vallejo.
El tribunal le exigió cuentas también a las corporaciones autónomas de la Amazonía, pero el problema es que allá escasean los recursos. El procurador delegado para asuntos ambientales lo explica así de crudamente:
“La legislación colombiana cuenta con las Corporaciones Autónomas Regionales como máxima autoridad ambiental en los territorios. En la Amazonía tenemos varias que son completamente inermes, débiles, no tienen recursos, los recursos de las CAR salen del pago de impuesto predial, al no estar municipalizada la Amazonía no hay quién cobre impuesto predial. Entonces estos departamentos de la Amazonía y sus pocos municipios que son prácticamente las capitales, son municipios que no tienen músculo financiero ni capacidad técnica para tener control territorial”, indica Diego Fernando Trujillo, procurador delegado para asuntos ambientales.
Mientras las autoridades no logren contener la multiplicación de las economías ilegales ni se estructure una política nacional con incidencia en el territorio para proteger los bosques, el Estado seguirá llegando tarde.
“La información que ha recibido la Procuraduría por parte del Ministerio de Defensa respecto de la operación Artemisa no arroja los mejores resultados, primero está llegando después de que la devastación y la deforestación ya ha hecho lo suyo, y llegar a recuperar, entre comillas zonas, que ya están devastadas no es lo que busca la legislación ambiental, que busca es actuaciones preventivas que eviten la degradación y la deforestación”, puntualiza Trujillo.
Consultado por Noticias Caracol, el ministro de Ambiente, Carlos Correa, sostuvo que está trabajando para cumplir estas órdenes judiciales, que en 2021 se desarrollarán proyectos con cooperantes internacionales para conservar este patrimonio de la humanidad de la mano de las comunidades indígenas y que a Colombia le urge una cátedra escolar para salvaguardar nuestra naturaleza.
“En suma, sentencias y actos judiciales ponen a alcaldes, al Gobierno Nacional y a la sociedad a trabajar de manera mancomunada y son ingredientes en la solución, pero no son la solución. Parar la deforestación no se hace por decreto sino fortaleciendo la institucionalidad, brindando alternativas, pero sobre todo consolidando un modelo forestal en el que el centro y fin de todo sea la protección del bosque”, asegura el funcionario.
Falta todo para darle la vuelta a esta tragedia sin antecedentes. Más allá de lo que pueda hacer el Estado o los jueces para frenar este cataclismo, también se trata de ver cómo esta realidad apabullante toca a los colombianos.
“En Alemania se juntaron para evitar la tala de 400 hectáreas, se juntaron en 2018, 50 mil personas. Quiero en eso subrayar la desmesura: 50 mil personas se juntan para evitar la tala de 400 hectáreas, mientras que en Colombia cada día se pierden más de 700 hectáreas”, expresa Bousten.
Ya va siendo hora, dicen los expertos, de que dejemos de echarle la culpa a la furia de la naturaleza de los estragos del cambio climático. Eso no existe. Lo que sí existe, y está más que constatado, es la furia del hombre con la naturaleza.