La cotización del agua de California en el mercado de futuros de Wall Street encendió las alarmas en la región, donde la lucha en defensa del recurso es un hito en contra de los excesos privatizadores del neoliberalismo de fin del siglo XX. Un repaso por las experiencias de Chile, Bolivia y la posición argentina, que entiende al agua como “un derecho humano, un bien público inajenable e imprescriptible».
El agua cotizando en bolsa, un escenario probable para la región a mediano plazo
La cotización del agua de California en el mercado de futuros de Wall Street, considerando al fluido esencial para la vida como un commodity más, es un nuevo hito en el camino de privatización de ese recurso natural, que expertos bursátiles no descartan que se pueda replicar en el mediano plazo en otros países de la región.
El proceso de privatización del agua comenzó hace más de 40 años en Chile, con Augusto Pinochet, quien lisa y llanamente privatizó el agua y plasmó esa decisión en la Constitución de 1980. Le siguió con la premier británica conservadora Margaret Thatcher, quien privatizó la distribución del fluido y plantó la semilla de los sistemas de concesiones que aplicaron los gobiernos neoliberales que, Consenso de Washington mediante, se hicieron fuertes en Latinoamérica en los ’90.
Con estos antecedentes, la noticia de que el agua de California comenzó a cotizar en el mercado futuro de materias primas de Wall Street encendió las alertas entre quienes defienden que el agua es un recurso de bien común, no privatizable ni transable.
El índice del agua en ese mercado, que comenzó a cotizar el 7 de diciembre pasado, se constituye con el promedio de cinco mercados de California y les permite fijar un precio para los próximos dos meses y una proyección para los próximos ocho trimestres, explicó a la cadena de noticias CNN el economista Alvaro Pereyra, CEO la operadora bursátil Passfolio.
«Por lo tanto, tenemos el precio indicativo de lo que va a valer el acre por pie de agua (1.233.581,8 litros) para fines de 2022, que rondará los 520 dólares», precisó Pereyra.
Héctor Rubini, investigador de la Universidad del Salvador, estimó en declaraciones a CNN Radio que «progresivamente el agua comenzará a cotizar en otros mercados mundiales, porque se trata de un recurso cada vez más escaso», y estimó que esta situación se dará «en las próximas tres o cuatro décadas».
En la misma línea, Federico Di Yenno, operador bursátil especializado en commodities, dijo a Télam que «es factible que dentro de algunos años, bastantes, en áreas donde haya escasez de agua veamos que se cotice en otro mercado de futuro».
«Así como se ha avanzado en un mercado futuro en un índice para la soja sudamericana, eso podría ocurrir con el agua en algún momento. Brasil y Chile, por ejemplo, lo podrían tener, sobre todo Chile, que tiene un mercado fuerte», agregó.
Pero la perspectiva económica que habilita la mercantilización de un recurso humano tiene otras lecturas y consecuencias. Para el español Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento de las Naciones Unidas, «no se puede poner un valor al agua, como se hace con otros productos básicos comercializados, porque el agua es un bien público y está vinculada a la salud».
«Además, el agua ya está fuertemente amenazada por la población mundial creciente y la contaminación grave de la agricultura y la industria minera, como para que ahora sea un ítem más del mercado», agregó.
Arrojo-Agudo prepara un informe sobre este tema para la próxima Asamblea General de la ONU, en octubre de este año, «porque un mercado de futuro de este tipo también podría atraer a especuladores como fondos de cobertura y bancos a apostar por estos precios, repitiendo la burbuja especulativa del mercado de alimentos de 2008».
Gustavo Villa Uria, ingeniero en recursos hídricos y subsecretario de Obras Hidráulicas de la Nación, señaló en diálogo con Télam que en América Latina «está bastante firme la posición de que el agua es un bien público y que no es sujeto de apropiación».
El funcionario admitió que «algunos sectores muy de derecha en Argentina creen que el agua es pasible de enajenación», pero destacó que el «marco normativo (del país) es muy claro, muy contundente, en el sentido de que el agua es un bien público, inajenable, imprescriptible y que no hay forma de que ese bien pase a ser privado sin modificar la Constitución y el Código Civil».
Pero esa apropiación del agua «se puede conseguir generando organismos hídricos sin capacidad de control, porque si no hay capacidad de control, aunque el bien sea público, se lo apropia el más fuerte». Es ahí donde el Estado tiene que estar presente «con capacidad de medir, regular, controlar y garantizar que el agua sea repartida en forma equitativa y razonable», agregó Villa Uria.
Los avances privatistas sobre el agua tuvieron una serie de hitos que se encadenaron en los últimos 30 años del Siglo XX.En la década de los ’70 el dictador chileno Augusto Pinochet dejó la economía en manos de economistas alineados con la Escuela de Chicago, que primero privatizaron las tierras y luego el agua, y consagraron esa decisión en la Constitución de 1980, que sigue vigente.
«En Chile la empresas que producen el aguacate (palta), en la provincia de Petoca, compran grandes cantidades de agua para sus cultivos y las poblaciones cercanas sufren un feroz racionamiento», señaló a Télam Rodrígo Mundaca, vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima).
La propiedad del agua y sus consecuencias para la población, agregó, «es uno de los tres o cuatro temas más controvertidos en las discusiones para la reforma de la Constitución» que está en marcha en Chile.
A principios de los 80s, la primera ministra británica Margaret Thatcher (1979-1990) dio un paso más e, impedida de privatizar el agua, lo hizo con las redes de distribución, dando paso a un nuevo modelo de aplicación de políticas liberales que luego se replicaron en varios países de América Latina.
El Consenso de Washington fue un acuerdo firmado en 1989 -durante la Presidencia de George Bush padre- para aplicar una paquete de reformas estandarizadas y tuteladas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en los países en desarrollo abrumados por sus crisis económicas.
Ese proceso en Argentina tuvo su cenit durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), pero tuvo expresiones de distinto tenor en toda la región, que en la mayoría de los casos siguen con modelos de concesiones instalados y vigentes.
La guerra del agua, un hito en las luchas sociales de Bolivia que llevaron a Morales al poder
La Guerra del Agua es un hito en contra de los excesos de las privatizaciones del neoliberalismo de fin del siglo XX en toda Latinoamérica. También es una bisagra en la historia contemporánea de Bolivia, donde las protestas le torcieron el brazo al exdictador Hugo Banzer y a las empresas transnacionales, a la vez que consolidaron a una dirigencia indígena antisistema que un lustro más tarde llegó a la Presidencia del país con Evo Morales.
Las protestas comenzaron en enero de 2000, un mes antes de la privatización del abastecimiento del agua potable municipal en Cochabamba, y alcanzaron tal magnitud que fueron llevadas al cine en formato documental en la película canadiense «La Corporación» (2003) y en ficción, en la película española «También la lluvia» (2010), una coproducción boliviana, española y francesa protagonizada por Luis Tosar y Gael García Bernal.
En febrero de 2000, con el auspicio del Banco Mundial, una de las tres patas del Consenso de Washington, la multinacional estadounidense Bechtel firmó con el exdictador y por entonces presidente constitucional de Bolivia un contrato para privatizar el suministro de agua a Cochabamba.
El contrato por el monopolio de los recursos hídricos fue adjudicado al consorcio Aguas del Tunari: Bechtel, con el 27,5%, el consorcio español Abengoca S.A., con el 25% y el resto se repartía entre Edison, Petrópolis S.A., A. Petricevich y SOBOCE S.A.
De inmediato, el consorcio incrementó las tarifas del agua potable en un 350% promedio y su principal ejecutivo Geroffrey Thorpe advirtió que si la gente no pagaba se le iba «a cortar el servicio».
Para dar un marco legal a la privatización, el Gobierno hizo aprobar la ley 2029, que verificó el contrato con Aguas del Tunari y le concedió el monopolio sobre todos los recursos hídricos. La interpretación de esa norma hizo que la privatización incluyera el agua usada por los campesinos para el riego, así como los recursos de la comunidad, que habían sido independientes antes de esa regulación.
La ley consideraba «permitir la venta de los recursos de agua» que nunca habían sido realmente parte del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa). Esto hizo pensar que los sistemas comunales independientes del agua, que todavía no estaban conectados con Semapa, serían expropiados por la nueva concesión.
Aguas de Tunari no solo podría haber instalado las conexiones necesarias para conectarse a los sistemas comunales independientes, sino que también habría podido cobrar a los residentes por la instalación de estas conexiones.
La ley indicaba además que la población requeriría una licencia para recoger el agua de lluvia, una política inaplicable. De allí el título de la película que se filmó en 2010, «También la lluvia», que giraba en torno a las presiones para expropiar a una comunidad el uso de un pozo de agua de lluvia que había comprado.El rechazo fue generalizado y sobrevino el estallido.
En el primer mes del nuevo siglo, ante el temor de que la anunciada privatización del recurso afectara las aguas de riego de los sectores campesinos, dirigentes de sectores sociales participaron de una reunión en la Prefectura (actual Gobernación), con el prefecto Hugo Galindo Saucedo; el alcalde cochabambino Manfred Reyes Villa; el arzobispo de Cochabamba, Tito Solari, y el dirigente de la Coordinadora del Agua Oscar Olivera, con representantes del Gobierno local, entre otros, que terminó con la detención, en medio de la reunión, de los dirigentes sociales.
La protesta escaló al día siguiente cuando las organizaciones sociales montaron una guardia frente al lugar de detención y luego tomaron la plaza de armas. La respuesta oficial fue una represión policial que se desmadró al punto que el prefecto Galindo Saucedo renunció al cargo y el Gobierno designó al coronel Eduardo Wayar como comandante Departamental de Policía.
Esa misma noche fueron detenidos otros seis dirigentes, que fueron enviados a la población de Puerto Rico, en el departamento de Pando, por lo que al día siguiente los manifestantes bloquearon las calles de Cochabamba y cortaron las rutas de acceso a la ciudad.
Tras meses en este clima de tensión y enfrentamientos, el 8 de abril el presidente Banzer decretó el estado de excepción local, una suerte de estado de sitio.
Con la intención de frenar las protestas Banzer declaró la Ley Marcial y la represión policial y militar se salió de quicio. La policía boliviana mató al menos a una persona, Víctor Hugo Daza, de 17 años, y se contabilizaron 121 heridos y 172 manifestantes detenidos.
Mientras tanto, la economía boliviana, que había cedido sus principales resortes a empresas privadas, se desbarrancaba a medida que crecían las protestas en todo el país, ya no sólo en Cochabamba.
Desde el altiplano, el dirigente Felipe Quispe, El Mallku, fallecido recientemente, lideró las protestas que terminaron de poner en jaque al Gobierno de Banzer que, ya en septiembre, tras nueve meses ininterrumpidos de conflicto, retrocedió y anuló el contrato de privatización con Bechtel.
De inmediato la multinacional estadounidense inició un juicio contra el Estado de Bolivia en reclamo de 25 millones de dólares en concepto de indemnizaciones por daños. El argumento fue que el contrato sólo le permitía administrar el deteriorado sistema de aguas y que había sido el gobierno de Cochabamba el que impulsó el tarifazo.
La demanda tuvo un efecto boomerang porque convocó la atención de los movimientos anticapitalistas y anticorrupción, que fustigaron no sólo a la empresa sino al modelo de privatización llevado al extremo en Bolivia pero vigente también en Chile, Perú y Argentina, entre otros países de la región que seguían los dictados del Consenso de Washington.
Este plan estandarizado de rescate de las economías en crisis de la región, tutelado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, impuso fuertes ajustes y privatizaciones de las empresas públicas, inspiradas en el modelo privatizador de la premier británica Margaret Thatcher (1979-1990).
En enero de 2006, con Evo Morales recién instalado en el Palacio Quemado como primer presidente indígena de Bolivia, Bechtel y sus socios internacionales finalmente retiraron la demanda contra el Estado boliviano.
La propiedad del agua será un duro debate en la Constituyente en Chile
El agua de Chile, privatizada desde hace 40 años por la dictadura de Augusto Pinochet y blindada en la Constitución de 1980, será uno de los ejes de la convención constituyente que está en marcha y el debate no será sencillo porque «la derecha va a hacer todo lo posible por mantener la propiedad privada del agua y las presiones corporativos van a ser feroces», anticipo Rodrigo Mundaca, activista chileno por los derechos humanos ambientales.
Mundaca es vocero del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima) y fue galardonado en 2018 con el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg.
El activista, que es ingeniero agrónomo, dijo a Télam que la cotización del agua de California en el mercado de futuros de Wall Street, a partir de diciembre pasado, «da cuenta de la presión internacional que existe sobre este bien natural común, por parte de la industria extractiva, fundamentalmente. Pero también a propósito de transformar al agua en un bien de capital, que genera plusvalía a sus tenedores».
Además, destacó que, desde la privatización del agua resuelta por Pinochet, Chile se convirtió en uno de los mercados «‘más exitosos’ en materia de comercialización, compra y arriendo de agua, con más de 123.000 transacciones de derecho de aprovechamiento de aguas».
Más cerca en el tiempo, «un informe del Banco Mundial de 2011, señaló que solo entre 2005 y 2008 se realizaron 20.000 transacciones de derechos de aprovechamiento de aguas por un equivalente a 4,8 billones de dólares», agregó.
• Télam: ¿Qué ha significado no tener acceso al agua para la población de Chile?
• Rodrigo Mundaca: En Chile, la base de la desigualdad está edificada desde la privatización de los bienes naturales comunes, particularmente de la privatización de la tierra y el agua. Las principales fortunas del país, Matte, Angelini, el propio (presidente Sebastián) Piñera se edifican desde la privatización de la tierra, en 1974, cuando les entregan dos millones de hectáreas de asentamientos mapuches, y desde la privatización del agua, que enriquece a los capitales internacionales, pero sin duda más a los nacionales.
• T: ¿Y en estos tiempos de coronavirus?
• RM: Estamos atravesando una pandemia feroz y todos plantean que una de las medidas más eficientes para impedir el avance del Covid es el lavado frecuente de nuestras manos. ¿Cómo se lavan las manos más de un millón y medio de personas que tienen serios problemas para poder acceder al agua todos los días? Porque el agua se encuentra capturada por la megaminería química a cielo abierto, por el agronegocio, por la hidroeléctrica y las forestales. Hay un millón y medio de personas que hoy no tienen acceso al agua potable. Yo vivo en la región de Valparaíso, donde hay más de 300.000 personas que dependen de camiones aljibe para poder acceder al agua todos los días. Y en los sectores perirurales y rurales la entrega de agua es de 50 litros de agua por persona. La OMS en materia de acceso al agua y de volumen, habla de 150 litros diarios en una situación de normalidad. Pero en una situación de anormalidad ese volumen se duplica. O sea que se están entregando 50 litros por persona, en un escenario de pandemia y donde no se prioriza el derecho humano al agua.
«El agua se encuentra capturada por la megaminería química a cielo abierto, por el agronegocio, por la hidroeléctrica y las forestales». Rodrigo Mundaca.
Mundaca destacó entonces la necesidad de sacar la privatización del agua de la letra constitucional. Explicó que «en Chile el régimen jurídico de aguas se encuentra anidado en la Constitución política del ’80» y sostuvo que muchos «sostienen que el agua está dentro de los cuatro temas que van a generar mayor controversia en la discusión de la nueva norma jurídica».
• T: ¿Que posibilidad hay de que en la discusión de la nueva Constitución se llegue a una solución asequible para todas las partes?
•RM: Está difícil porque las presiones corporativas que hay en torno del agua indican que este va a ser uno de los cuatro temas centrales de la disputa del proceso constituyente. Y, además, porque la oposición chilena no logró unirse y hay territorios donde los partidos opositores van en listas separadas. Así va a ser difícil copar los dos tercios del proceso constituyente para poder impulsar aquellas reformas que son sustanciales. Pero además la derecha va a poner también a sus constituyentes. Antonio Walker Prieto, que fue ministro de Agricultura hasta el 6 de enero, renunció para ser candidato. Él y su familia tenían un volumen de agua de 29.000 litros por segundo; eso equivale al suministro permanente y continuo de 14 millones de ciudadanos. Walker dice que le interesa el agua como bien común y para salvaguardar la vida de las comunidades, pero también para mantener la certeza jurídica de que la propiedad del agua no se va a tocar.
• T: Aparte del camino de la Constituyente, ¿están explorando otro camino?
• RM: El proceso constituyente es un punto de partida, no de llegada. Esto significa que si nos fuera bien y pudiéramos terminar con las leyes de amarre, recuperar los fondos de pensión, recuperar los derechos sociales a la educación, a la salud, a la vivienda, y también el derecho al agua, el proceso constituyente no concluye una vez formulada la norma. Después hay que hacerlo carne, hay que materializarlo en los territorios y en las comunidades. El debate está instalado, pero tenemos que construir musculatura política desde las comunidades y territorios para seguir ejerciendo presión para que la Constituyente no soslaye la importancia de hacer del agua un derecho humano.
En Chile no solo está privatizada la fuente del agua, sino también la gestión del recurso.
«En Chile no solamente está privatizada la fuente de agua sino que también está privatizada la gestión del agua. El 89,4% de los clientes totales que consumen agua potable en Chile están en manos de empresas transnacionales», explicó Mundaca,
«Aguas Andinas, que provee agua en Santiago, es del grupo Suez, de origen francés. El Plan de Pensión de Maestros de Ontario controla el 34,2% del mercado global del agua potable en el país. Esto tiene que ve no sólo con la privatización de las fuentes de agua durante la dictadura sino que también tiene que ver con la privatización de las sanitarias durante los regímenes de los gobiernos de la Concertación», agregó.
Mientras ubicó la privatización de la fuente del agua en la dictadura de Augusto Pinochet, explicó que la concesión de la gestión de ese recurso sucedió en democracia.»Desde 1998 en adelante, en particular durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, la red de distribución, como le dicen en Argentina, están en manos de empresas transnacionales. Chile además paga las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable, y el negocio de las sanitarias es, por decirlo elegantemente, un negocio extraordinariamente opaco», advirtió.
«Chile paga las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable». Rodrigo Mundaca.
«La privatización de Frei de los recursos sanitarios no es un fenómeno aislado porque coincide con las privatizaciones de (Gonzalo)Sánchez de Losada en Bolivia, con (Alberto) Fujimori en Perú y con (Carlos) Menem en Argentina. Fue un esfuerzo coordinado del neoliberalismo en América Latina para privatizar servicios básicos», concluyó.
«En países como el nuestro, el agua es un bien público, inajenable e imprescriptible».
El subsecretario de Obras Hidráulicas de la Nación, Gustavo Villa Uria, contó que en Argentina y la región «cada tanto el Banco Mundial y alguna ONG sustentada por empresas alimenticias importantes, como Nestlé, salen a hablar de un mercado a futuro del agua», pero ratificó que el Gobierno entiende al agua como “un derecho humano, un bien público inajenable e imprescriptible».
El ingreso del agua de California al mercado bursátil no es un tema ajeno a América Latina, destacó Villa Uria en diálogo con Télam. «Chile tiene las aguas privadas, que son motivo de mercado presente y futuro. Este modelo lo estableció Pinochet con los Chicago Boys en la década del ’70 y desde ese momento todas las aguas continentales chilenas son un bien de mercado», señaló Villa Uria, ingeniero en recursos hídricos.
«En países como el nuestro, el agua es un bien público, es inajenable e imprescriptible. Un bien que no puede ser privatizado sino que puede ser concesionado para prestar algún servicio», agregó.
• Télam: ¿Hay una confrontación ideológica en torno al uso del agua?
• Gustavo Villa Uria: Sí. Cada tanto tiempo el Banco Mundial y algunas ONGs sustentadas por algunas empresas alimenticias importantes, como Nestlé y otras, se dedican a hablar sobre la necesidad de que haya un mercado de futuro y un bien de uso del agua. Pero hay otra línea ideológica, que es el agua como un derecho humano y un recurso básico.
• T: El tema es que el agua es un recurso humano del cual depende la producción del agro, que sí cotiza en bolsa.
• GVU: Sabemos que la diferencia entre una buena y una mala producción de granos depende del agua disponible. Con poca agua se produce poco, con mucha, se produce bastante, con exceso se produce poco…y con una cantidad justa se puede producir una cosecha récord y una serie de condiciones. Estos capitales están operando en función de estas condiciones y de tener pronósticos mejores de los que disponemos la mayoría de los países: información propia sobre la circulación y las probabilidades de lluvia. Este es un recurso tecnológico que consiguen algunos a partir de convenios con universidades americanas que le dan información privilegiada.
«En países como el nuestro, el agua es un bien público, es inajenable e imprescriptible». Gustavo Villa Uria.
• T: ¿Información satelital, por ejemplo?
• GVU: Sí, satelital y de pronóstico futuro. La satelital es información en tiempo real y para los próximos 7 a 10 días, pero si queremos información a tres meses ya tenemos que hacer análisis estadísticos y estocásticos, o sea de series variantes en el tiempo, y eso cuesta muchos recursos, mucha gente y dinero, y son análisis con un grado de eficiencia relativamente bajo. Pero hay quienes están diciendo que esta bajante del río Paraná no es un suceso raro sino que es que el río está entrando en un ciclo de los próximos 20 o 30 años con condiciones similares a estas.
• T: ¿Y esto incide sobre los mercados?
• GVU: Como Argentina es un país relevante en el mercado de cereales, que haya sequía en la región litoral quiere decir que nuestra producción es menor y eso impacta sobre los precios de la soja. Algo similar pasa sobre la zona maicera de Estados Unidos o sobre la región de Europa. Todo eso es lo natural, después está lo antrópico, lo producido por el hombre: las deforestaciones, el cambio de uso de la tierra, las modificaciones y crecimiento de las zonas urbanas, que son puntos calientes a los que se dirigen las tormentas, y entonces ahora llueve más en las ciudades que en el campo. Son todas explicaciones que se van estudiando y son esenciales para nosotros, los gestores, y también para algunos inversores en el planeta.
• T: Pareciera que considerar el agua como un commodity es un camino sin muchas salidas. ¿Cómo se evita esto?
• GVU: Ese es un camino, el otro es que el agua es un bien público, que está para satisfacer las necesidades de cada usuario, algunos con pagos de canon, otros no, pero es el Estado el que recibe ese canon por el agua o el que paga los perjuicios que produce al agua. Esto ocurre en el 99% de los países, pero hay empresas que han armado este mercado de futuro de agua porque el agua dulce pasa a ser un bien más escaso, por varios motivos. Primero, por condiciones y ciclos naturales. Segundo, porque hay cada vez más demanda de uso a través de cultivos, porque hoy la mayor parte de la población mundial no produce sus alimentos. Entonces, para aquel que produce los alimentos, el agua es un insumo básico y, si no la tiene, la va a comprar y la va a recargar en el precio de los alimentos.
• T: En Argentina, mirando los años ’90, las privatizaciones se dieron en el marco de un modelo neoliberal que fue parte de una movida muy concertada por lo menos regionalmente.
• GVU: Así es. En los ’90 vinieron con un modelo de concesiones, al que se opuso muy fuertemente Evo Morales diciendo que el agua era un derecho humano. Por eso, cuando llegó al Gobierno de Bolivia, le canceló la concesión y empezó a dar agua a todo el mundo. En Argentina, en el Gobierno de Néstor Kirchner se le canceló la concesión por problemas de nitratos al grupo Suez y se fundó la empresa Aysa para dar el servicio y multiplicó las inversiones por mucho más. Porque a los concesionarios lo único que les interesaba era cobrar lo más alto posible la tarifa a los usuarios que tenía y no expandirse a áreas en donde no estaban seguros que las personas pudieran pagar.
• T: ¿Y hoy cómo estamos en este tema?
• GVU: En Latinoamérica está bastante firme la posición de que el agua es un bien público, que no es sujeto de apropiación. Algunos sectores muy de la derecha argentina creen que el agua es pasible de enajenación. Pero es muy difícil, nuestro marco normativo es muy claro, muy contundente en el sentido de que el agua es un bien público, inajenable, imprescriptible y para cambiar eso hace falta modificar la Constitución, el Código Civil… Pero eso se puede conseguir generando organismos hídricos sin capacidad de control, porque sin control, aunque el bien sea público, el que se la apropia es el más fuerte. Entonces, es importante que el Estado esté presente y que tenga la capacidad de medir, regular, controlar, registrar y garantizar que el agua sea distribuida en forma equitativa y razonable.
Daniel Casas.
Fuente: Télam
