«Si un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia, es porque el gobierno es más peligroso que el virus».
Así rezaba una de las miles de pancartas que se vieron en las masivas protestas de este miércoles en las principales ciudades de Colombia y que se repitieron este jueves.
El principal reclamo detrás de las movilizaciones es un documento de 110 páginas que el gobierno colombiano llamó Ley de Solidaridad Sostenible, pero que distintos expertos señalan es en realidad un rótulo para evitar llamarla por lo que es: una reforma tributaria con todos sus bemoles.
Sin embargo, la polémica propuesta de ley no es la única razón de las manifestaciones, en las que el miércoles se registraron varios ataques contra edificios de gobierno y el sistema de transporte y que obligaron a los gobiernos locales a declarar el toque de queda para evitar mayores desmanes en distintas localidades.
En este clima de protesta se agrega el creciente descontento interno por los efectos sociales que ha tenido la pandemia del covid-19 en el país, que se ha cobrado la vida de unas 72.000 personas y ha llevado al aumento en los niveles de desempleo y pobreza.
De hecho, el llamado «paro nacional» de este miércoles ha sido convocado cuando se registra el mayor número de contagios desde que se declaró la pandemia, en marzo de 2020.
Algunos sectores también anotan que la salida a las calles también tiene mucho que ver con el retraso de las campañas de vacunación masiva que había prometido el gobierno nacional.
Hasta la fecha, cerca de cuatro millones de colombianos, menos del 10% de la población, han recibido la primera dosis.
«La reforma tributaria aprieta a los sectores de la población que más han sufrido durante la pandemia en el país. Y eso no ha pasado inadvertido», explica el corresponsal de BBC Mundo en Colombia, Daniel Pardo.
En BBC Mundo analizamos los tres principales motores de las protestas que se registran por estos días en Colombia.
1. Impuestos a la clase media en el marco de la reforma tributaria
En el papel, la llamada Ley de Solidaridad Sostenible, presentada al Congreso la semana pasada, tiene como objetivos principales los siguientes cuatro puntos: ampliar la base de recaudación tributaria, evitar que la deuda colombiana genere la pérdida de más puntos en las calificaciones de riesgo internacionales, institucionalizar la renta básica y crear un fondo para la conservación ambiental.
La idea, de acuerdo al gobierno, es recaudar cerca de 23 billones de pesos colombianos adicionales (unos US$6.300 millones).
Pero el asunto, según han señalado los críticos desde temprano, es de dónde se sacará ese dinero. Y la respuesta del propio ministro de Hacienda colombiano, Alberto Carrasquilla, parece aclararlo todo: «El recaudo vendrá en un 73% de las personas naturales y el resto, de las empresas».
Tal vez el punto más polémico sea el cobro de impuesto a la renta a personas que ganen un sueldo mensual de más de US$663, en un país donde el salario mínimo es de US$234.
Además, la ley propone imponer el cobro del Impuesto del Valor Agregado (IVA), que en Colombia llega a un 19%, a productos de consumo básico como los servicios públicos (agua, luz y gas), servicios funerarios, objetos electrónicos como computadores, y otros servicios hasta ahora exentos.
También se proyecta un aumento en los impuestos al patrimonio de las personas que más ganan.
El proyecto de ley contempla, entre otras medidas, que quienes tengan un patrimonio superior a los US$1,35 millones deberán cumplir con otro impuesto -diferente al que pagan de renta- del 1%, mientras que para quienes tengan un patrimonio de más de US$4 millones la cifra a pagar sería del 2%.
El gobierno colombiano sostiene la necesidad de la reforma tributaria por causa del enorme gasto que ha debido afrontar el país para sostener los programas sociales que se introdujeron durante la pandemia de covid-19.
«Para Colombia es urgente mantener la protección a los más vulnerables y estabilizar las finanzas públicas. No hacerlo en este momento puede crear una bomba de tiempo que afecte la confianza de inversión en el país y golpee a toda la nación», dijo el presidente Duque en una entrevista con el diario El Tiempo.
Y agregó que está «abierto al diálogo» para mejorar la propuesta.
Pero para los críticos, la respuesta a ese incremento no debe buscarse con más impuestos sobre la clase media colombiana.
«En vez de agobiar a la clase media y a los pobres con más IVA, se deberían eliminar las exenciones que permiten que el sector financiero haya pagado en 2020, por ejemplo, solo el 1,9 % de sus utilidades de 121 billones de pesos (US$32.000 millones)», opina el economista Salomón Kalmanovitz.
«De ahí parte el gran malestar que estamos viendo en las calles de Colombia», agrega.
2. El descontento social continúa (y se acrecentó con la pandemia)
Varios sectores señalaron que parte del descontento del país tiene que ver también con los problemas que ha ocasionado la pandemia del covid-19 y la falta de reacción de los organismos públicos para solucionarlos.
Esto acrecentó, así mismo, el descontento que ya se había manifestado en las movilizaciones de noviembre de 2019.
«Estas protestas recogen la indignación, que se dirige al presidente a Duque, pero que son directamente hacia el modelo capitalista impuesto en el país. En estas movilizaciones se repiten las demandas de las marchas de 2019: implementación del Proceso de Paz, evitar que se comentan más masacres, cambio del modelo económico», señala Pardo.
Y ha sido la economía uno de los factores que más ha sufrido en Colombia. Según el diario La República, la economía colombiana tuvo un desplome del 6,8% y el aspecto donde más se notó fue en el desempleo, que llegó a una cifra de 4,1 millones de colombianos sin trabajo.
Todo esto sumado al cierre de más de 500.000 negocios en el último año.
Además, de acuerdo a datos de la propia Dirección Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), se sabe que 2,3 millones de hogares solo ingieren dos comidas al día y que el 19% de las familias no cuenta con ahorros para sobrellevar esta situación.
Aunque el gobierno nacional ha gastado cerca del 4,1% de su Producto Interno Bruto en la atención de la pandemia, analistas han señalado que esto no ha sido suficiente para evitar el descontento social frente al manejo de la crisis.
De hecho, un estudio hecho por el Colegio de México, anotó que Colombia era el tercer país que peor había manejado la pandemia en la región, detrás de EE.UU. y Brasil.
3. Retrasos en las vacunas
La jornada de protesta de este miércoles se realizó en medio de un alarmante aumento de contagios de covid-19 en el país.
De hecho, este 28 de abril se reportaron 19.745 casos, la más alta desde que se declaró aquí la emergencia sanitaria.
Hasta el momento, en Colombia se han aplicado cerca de cinco millones de dosis, lo que pone al país por detrás de Chile, Brasil y Uruguay en número de vacunados por habitantes.
Sin embargo, los reparos han comenzado a surgir por dos aspectos. Uno, el retraso en el acceso a la segunda dosis en las poblaciones de riesgo y dos, el desabastecimiento de vacunas para ampliar la campaña a los otros rangos de edad que quedan pendientes.
A esto se suma las críticas de algunos sectores que han señalado una supuesta falta de transparencia en la entrega de datos por parte de los órganos oficiales.
«Si hubo cambios en las entregas, está bien, pero cuéntenos. ¿Nos toca esperar más? No pasa nada, pero queremos transparencia. Sabemos que hay serios problemas de suministro en todo el mundo, pero no ser transparentes afecta la vacunación», le dijo al diario El Espectador Claudia Vaca, química farmacéutica y directora del Centro de Pensamiento Medicamentos Información y Poder de la U. Nacional.
Este mismo miércoles, el gobierno colombiano anunció la llegada de un millón de dosis desde China y también el anuncio de compra de por lo menos 66 millones de dosis con el laboratorio chino Sinovac para garantizar la vacunación masiva en el país.
«La idea es que en mayo 8 millones de colombianos hayan recibido al menos la primera dosis», declaró Fernando Ruiz, ministro de Salud de Colombia.