Cada día que pasa se descubren cosas distintas en la gestión de Miguel Castro al frente del Ministerio de Seguridad. Dejarían en evidencian una serie de tramoyas entre los hombres de su máxima confianza en la Policía, que aventuran la hipótesis de un mercado de autopartes robadas dentro de la fuerza, donde se involucran autos secuestrados y hasta patrulleros.
Hace unos días te informábamos sobre la denunciaba que formulaba el comisario Fernando Chavero contra el subcomisario Barría, porque había autorizado el retiro de dos vehículos secuestrados del puesto de control 824 y luego fueron devueltos completamente desguazados.
Después, te contamos que en HUARTE se había descubierto el faltante de siete vehículos con actas de entrega y una resolución del tribunal de faltas presumiblemente falsificadas. Un hecho donde también habrían varios policías implicados.
Ahora, otro policía presentó una denuncia administrativa en el área de Asuntos Internos, que compromete gravemente a cinco comisarios y que de prosperar, podría llegar al ámbito judicial. A continuación, al mejor estilo de Cholila Onlive, vamos a identificarlos con nombres y apellidos.
Comisarios presuntamente implicados en el negocio de las autopartes robadas:
La denuncia
El denunciante, cuya identidad vamos a preservar por el momento, expone una conjetural organización criminal dentro de la Policía, compuesta por estos comisarios que participarían de un negocio ilegal de autopartes.
El relato del policía nos lleva como punto de partida a la aparición de las piezas vehiculares que tuvo lugar el 17 de abril al costado de la ruta N° 1, a unos 10 kilómetros de Trelew. Información que fue difundida por este portal, donde comunicábamos que se trataba de un coche del ministerio de Gobierno, pero desconocíamos hasta ese momento a qué dependencia pertenecía; más tarde haríamos trascender que se trataba de las partes de un patrullero.
El denunciante comenta que el sargento Néstor Jara fue quién encontró estas piezas mientras circulaba por la zona en bicicleta, y que recibió de él una foto por WhatsApp, donde le informaba sobre este hallazgo. Manifiesta que ese dato se lo transmitió al jefe de la comisaría cuarta de Trelew, el comisario Sergio Salamín. Y que éste le habría dicho que no iba a secuestrarlo porque el asunto “traía cola”. Por supuesto, que las expresiones de Salamín son muy sugestivas y llaman la atención, sobre todo su negativa a intervenir, teniendo en cuenta que es su deber como funcionario policial solicitar el secuestro de una autoparte que es descubierta en un aparente estado de ilegalidad y darle inmediata participación a la fiscalía, más aún si se trata de algo que proviene de un vehículo del gobierno.
El denunciante, una vez que cuelga con Salamín, comenta que vuelve a comunicarse con Jara para informarle de la respuesta del jefe policial, y el sargento Jara a su vez, se lo comunica a otro Jara: el comisario Mayor Juan Carlos Jara, director de Recursos Materiales de la Policía.
A los días siguientes, la noticia difundida por este medio donde confirmábamos que se trataban de partes del patrullero R.I. 923 causaba bastante revuelo en Jefatura; es en ese contexto, que Salamín se pone en contacto con el denunciante para decirle que lo había llamado el director de Recursos Materiales (Juan Carlos Jara) para ordenarle que secuestre las partes, pero que no iba a hacerlo y que iba a solicitar la intervención de la Planta Verificadora Policial, debido a que no quería involucrarse.
Hasta aquí, tendríamos a un Sergio Salamín insistente en desobedecer una orden de un superior y que además habría incurrido en un delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, bajo la firme premisa de “no involucrarse”. ¿Por qué Salamín se negaba a investigar esas autopartes?
Lo que sigue es insólito, porque según los dichos del policía, en esa comunicación telefónica Salamín se abre y confiesa una serie de irregularidades en torno a ese móvil donde involucra abiertamente a otros comisarios.
Salamín le comenta que el director de la Policía Judicial comisario Mayor Julián Vilches, el actual jefe de la comisaría primera de Trelew comisario Horacio Martin y el jefe del área de Sustracción de Automotores sub – comisario Sebastián Bevilacqua, ya sabían de antemano que esas autopartes le pertenecían al móvil policial R.I. 923, pero que no habían realizado ninguna actuación y por lo tanto, la fiscalía tampoco estaba enterada.
El denunciante declara que en el 2021 el patrullero R.I. 923 fue llevado por órdenes del comisario Gabriel Araujo (actual jefe de la Regional de Trelew) al taller de uno de los proveedores de servicio de la Policía, el mecánico Sixto Soto.
Contó que el patrullero de allí no volvió nunca más, pero que sin embargo, en el Sistema Interno de la Policía (S.I.R.H.) seguía figurando como que se encontraba en servicio en las dependencias junto a otros ocho móviles desaparecidos.
También denunció que el comisario Salamín tiene el legajo completo del móvil, donde constan todos los movimientos que se hicieron con él, incluyendo la prueba de que fue trasladado al taller de Sixto Soto por órdenes de Araujo, pero que no lo aportó a la justicia debido a que (en los dichos del denunciante) “está encubriendo a los actuales jefes de la regional de Trelew” (Crio. Gabriel Araujo y Crio. Horacio Martin).
De comprobarse esta grave denuncia y su conexión con los otros casos difundidos por este medio, estaríamos ante una gigantesca mafia policial que comercializaría autopartes de vehículos secuestrados por la justicia, patrulleros y otros móviles oficiales.
El relato del policía tendría cierta concordancia con los datos que nos ha aportado una fuente de información altamente calificada, sobre una presunta red de corrupción policial conformada por altos mandos y cuya base de operaciones sería una chacra en las afueras de la ciudad de Trelew, con el pleno conocimiento del ministro de Seguridad Miguel Castro, información que vamos a reservarnos para una nota próxima.
Las preguntas del millón: ¿Quién tendría que investigar estas supuestas maniobras delictivas? ¿La misma Policía del Chubut? ¿O una fuerza federal? ¿Está bien que el ministro Castro se desvincule públicamente de estas sospechas diciendo que “la Policía se auto-depura”? ¿No debería ponerse él al frente de la investigación minuciosa de estos hechos?
De ser verdadero el relato de este policía, del cual se deduce la hipotética existencia de una verdadera mafia integrada por comisarios, todos los chubutenses estaríamos en verdadero peligro porque ¿quiénes nos protegerían de los delincuentes?
El ministro Castro estaría desvelado abusando de las tazas de café mientras es asesorado por un equipo de abogados que el mismo reunió, supuestamente con la finalidad de conocer como silenciar a este medio y saber cuáles son sus alternativas legales una vez que esta información sea difundida.
N.R: todo lo redactado en este artículo ha sido fielmente extractado de la denuncia realizada por un empleado policial y relacionado mediante condicionantes con otros hechos que, bajo un criterio racional, guardan semejanzas.
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