Gobierno servicios públicos. El Gobierno de Javier Milei implementó en 2024 un ajuste de shock para alcanzar el equilibrio fiscal y “sincerar” los precios relativos que habían quedado rezagados durante la gestión anterior. De cara a 2025, con las elecciones en el horizonte, la idea que predomina entre los funcionarios es que será tiempo de un enfoque más gradual.
En el caso de las tarifas de electricidad y gas natural, si bien subirán todos los meses, la decisión es que los aumentos acumulados a lo largo de este año se mantendrán en línea con la inflación, según confirmó a Infobae una fuente oficial con conocimiento de la gestión. El impacto en las facturas finales de los usuarios, producto de la quita de subsidios y de los incrementos habilitados en las remuneraciones de las empresas prestadoras de servicios públicos, seguirá esa premisa.
Esa es la directriz que el ministro de Economía, Luis Caputo, transmitió al secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González. La encargada de ejecutar este esquema es la secretaria de Energía, María Tettamanti, junto a sus equipos técnicos. Esta orientación quedó evidenciada con la marcha atrás en el fuerte aumento que, por un error, según la explicación del propio ministro, iba a aplicarse en las tarifas eléctricas desde febrero y que ahora será prorrateado.
En el proyecto de Presupuesto 2025 –que nunca llegó a tratarse en el Congreso–, Caputo estimó que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec será del 18,3% en todo el año, lo que equivale a un promedio mensual del 1,4 por ciento. En sintonía con esa proyección, el área de energía del Gobierno prevé que las tarifas aumenten mensualmente: algunos ajustes estarán por encima del IPC y otros por debajo, pero en el acumulado anual deberían moverse en magnitudes similares.
Desde el Ministerio de Economía sostienen que el grueso del ajuste se realizó en 2024. Las boletas de gas residencial aumentaron un 400% en ese período, mientras que la electricidad subió en promedio un 300%, según datos del sector.
Esa recomposición se dio por la reducción de subsidios, sumada a los incrementos en las tarifas de transportistas y distribuidoras, los tres componentes principales de las facturas finales (además de los impuestos).
El Gobierno tiene que definir también los aumentos en los conceptos de distribución y transporte que habilitará a las empresas durante los próximos cinco años a cambio de planes de inversión para mejorar la calidad de los servicios. Surgirán del proceso de revisión tarifaria que inicia este mes y que será trasladado a las boletas finales a partir de abril, o al menos esa es la idea oficial. El ministro de Economía bajó una premisa: el traslado a las facturas finales no deberá superar el 10% en todo el año y, al igual que la baja de subsidios, será prorrateado a lo largo del año.
Luego, la idea es aplicar un sistema de actualización mensual automático para las tarifas y, en consecuencia, los ingresos de las empresas se mantengan constantes en términos reales.
Se trata de un cambio sustancial respecto a los aumentos discrecionales que se aplicaron a partir de 2024, después de años de congelamiento, y con los que en gestiones pasadas se buscó apuntalar, sin éxito, la desaceleración de la inflación.
