Eduardo Casal respaldó el pedido del fiscal Mario Villar para que la expresidenta sea condenada como jefa de una asociación ilícita; ahora, el máximo tribunal tiene la palabra.
El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, emitió un dictamen en el que respalda la solicitud del fiscal general Mario Villar de condenar a Cristina Fernández de Kirchner a 12 años de prisión en el marco del caso Vialidad. Casal considera que, además del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, debe atribuírsele el de asociación ilícita en carácter de jefa.
Con este dictamen, la Corte Suprema de Justicia queda en condiciones de estudiar el expediente y resolver si confirma o no la sentencia acusatoria. La condena tendría dos efectos inmediatos: la privación de la libertad y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
El recurso de queja de Cristina Kirchner, presentado a finales de febrero, ya tiene su primera respuesta con el dictamen de Casal. La Corte deberá ahora analizar los recursos presentados y decidir sobre la validez de la condena.
El caso Vialidad se centra en la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, período en el que, según la sentencia de primera instancia, se habría perpetrado una «notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional».
La decisión de la Corte Suprema será clave para el futuro político y judicial de Cristina Fernández de Kirchner, quien ya fue condenada en primera instancia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta.