El país tiene plazo hasta el martes 22 para responder ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, en medio de una disputa por US$16.100 millones por la expropiación de la petrolera.
El juicio por la expropiación de YPF entra en una semana decisiva: la Argentina tiene tiempo hasta el martes 22 de julio para presentar sus argumentos ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York, con el objetivo de evitar la entrega de acciones de la petrolera estatal como parte de pago de la sentencia por US$16.100 millones ordenada por la jueza Loretta Preska. De acuerdo con Radio 3.
El gobierno argentino busca que la Corte mantenga suspendida la ejecución del fallo, es decir, la transferencia del 51% de las acciones que el Estado posee en YPF, mientras se analiza la apelación de fondo que podría revertir la decisión judicial. Esta instancia se torna aún más compleja tras un giro inesperado por parte del fondo Burford Capital, beneficiario del millonario fallo.
Tal como informó TN, Burford comunicó que no tiene interés en quedarse con acciones de YPF, sino que solicita que la Argentina deposite una garantía financiera mientras avanza el proceso. Este cambio de estrategia sorprendió, ya que fue el propio fondo el que reclamó en su momento la transferencia de esos activos ante el juzgado de Preska.
Argentina espera decisión clave en el juicio por YPF
El nuevo cruce de presentaciones entre las partes será clave para definir si el tribunal habilita la ejecución inmediata del fallo o espera a resolver la apelación. En caso de que la Corte acepte el pedido argentino, se suspendería por el momento cualquier acción judicial que implique la entrega de las acciones. De lo contrario, Argentina podría verse expuesta a riesgos de desacato con impacto en su posición internacional.
El caso tiene su origen en la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012 por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que adquirió la participación de Repsol. El fondo Burford y Eton Park compraron por €15 millones los derechos del Grupo Petersen, que entonces controlaba el 25% de la compañía, y acusaron al Estado argentino de violar el estatuto de YPF al no ofrecerles la misma compensación que a Repsol.
Desde la sentencia de septiembre de 2023, Argentina ha intentado revertir el fallo, pero las demoras en el pago o en ofrecer garantías llevaron a los demandantes a intensificar la presión judicial. En medio de la batalla legal, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, se presentó como amicus curiae en apoyo de la postura argentina, intentando evitar una decisión que afecte a una empresa con participación estatal.
En los próximos días se definirá si Argentina logra frenar temporalmente la ejecución del fallo o si se reactiva la orden judicial. La Corte de Apelaciones no tiene un plazo específico para resolver, aunque se espera una decisión antes de fin de mes.