El análisis forense al celular del diputado nacional Gerardo Milman, realizado por especialistas de la Gendarmería Nacional, concluyó que no se encontraron elementos que lo comprometan en la causa que investiga el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.
Según el documento revelado por Infobae, los peritos no hallaron información incriminatoria y determinaron que el legislador no se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires en los momentos previos al ataque.
Sin embargo, el resultado reavivó las tensiones políticas. Desde el kirchnerismo sostienen que la prueba carece de validez porque el dispositivo entregado no sería el original, sino un aparato nuevo adquirido después del hecho. La propia ex presidente compartió en sus redes sociales un duro posteo del funcionario bonaerense Juan Martín Mena, en el que se califica al peritaje como un “montaje” y se acusa a Milman de borrar evidencias.
Los resultados del informe
De acuerdo con ADNSUR. El documento pericial precisa que el teléfono examinado había sido comprado tras el intento de magnicidio de septiembre de 2022, lo que implica que no contenía datos relevantes de los días en que se produjo el ataque. Además, la geolocalización del dispositivo descartó que Milman estuviera en la Capital Federal durante las horas más sensibles de la investigación.
El informe señala, sin embargo, un vacío temporal llamativo: no existen mensajes registrados entre el 1 de agosto y el 4 de octubre de 2022, período que coincide con las semanas anteriores y posteriores al atentado. Ese detalle fue resaltado por los dirigentes kirchneristas como una evidencia de manipulación.
La acusación del kirchnerismo
El reposteado de Cristina Fernández retomó la declaración de una ex secretaria de Milman, quien en sede judicial aseguró que en las oficinas de la fundación de Patricia Bullrich se contrató a un técnico para “borrar los teléfonos de los tres”, en referencia al diputado y a sus colaboradoras. Para el oficialismo, esa confesión demuestra que se produjo un borrado deliberado de información sensible.
Juan Martín Mena, ex viceministro de Justicia, afirmó que el legislador entregó un aparato nuevo para simular una colaboración con la Justicia. “Salió a comprarlo desesperado porque el suyo estaba muy sucio”, ironizó en redes sociales, acusando además a la jueza federal María Eugenia Capuchetti de “garantizar impunidad” al mantener cerradas las líneas de investigación sobre el rol de Milman.
La reacción política
El episodio vuelve a colocar al dirigente del PRO en el centro de la polémica. En 2022, un testigo declaró haberlo escuchado en un bar porteño anticipando que la vicepresidenta “se iba a morir”, un testimonio que dio origen a su imputación. Si bien nunca se encontraron pruebas materiales que lo vinculen directamente con el atentado, la oposición acusa al kirchnerismo de sostener una persecución política sin fundamentos, mientras que el oficialismo insiste en que hubo un encubrimiento planificado.
Cristina Fernández de Kirchner, a tres años del ataque, volvió a plantear la pregunta que atraviesa toda la causa: “¿Quién mandó a matar a Cristina?”. Su intervención busca mantener en agenda el tema, que sigue generando fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición en el Congreso y en la opinión pública.
Una investigación abierta
La causa judicial por el atentado continúa bajo secreto de sumario y con múltiples líneas pendientes. Si bien la Gendarmería cerró su peritaje sobre el teléfono de Milman sin hallazgos incriminatorios, aún restan definir medidas sobre otros dispositivos, comunicaciones y eventuales vínculos financieros.