El gobierno de Perú decretó estado de emergencia por 60 días y anunció la militarización de su frontera con Chile, en previsión de una oleada migratoria de personas que buscan salir de territorio chileno.
La medida, que rige en los distritos fronterizos de Tacna, busca frenar el ingreso de migrantes indocumentados y hacer frente a la criminalidad en la zona.
Según informó la agencia internacional Deutsche Welle, la Cancillería peruana ya había alertado sobre «la crisis migratoria que se está gestando» en el límite sur del país. La decisión se tomó tras reportes de que decenas de migrantes en situación irregular en Chile intentaron ingresar a Perú, generando bloqueos en la Panamericana Sur y el paso fronterizo.
El detonante de la crisis en la frontera
La medida del presidente de transición, José Jerí, responde directamente al escenario generado por el discurso del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, quien ha prometido expulsar a migrantes indocumentados si resulta electo. Este anuncio ha motivado que muchas personas intenten abandonar Chile de forma anticipada.
La situación llevó a que migrantes, en su mayoría a pie, bloquearan la principal vía de conexión entre ambos países luego de que agentes policiales peruanos les impidieran el ingreso. Los manifestantes explicaron a medios locales que buscan retornar a sus países de origen ante el eventual endurecimiento de las políticas migratorias en Chile.
La respuesta del gobierno peruano
Con el decreto de estado de emergencia, las Fuerzas Armadas peruanas podrán intervenir directamente en el control y la vigilancia de los más de 169 kilómetros de frontera con Chile. Para justificar esta decisión, el presidente Jerí argumentó que la inseguridad que vive Perú se debe, «en gran medida, a haber desatendido las fronteras».
En consecuencia, la militarización de la zona fronteriza no solo representa un punto de inflexión en el manejo de la crisis migratoria regional, sino que también inaugura un nuevo capítulo en las relaciones entre Perú y Chile. En definitiva, ambos países enfrentan ahora un desafío dual, humanitario y de seguridad, por lo que requerirá de una coordinación bilateral urgente.