En un gesto inusual, el gobierno de Nicolás Maduro liberó este jueves a 99 personas detenidas por su participación en las protestas posteriores a su cuestionada reelección en julio de 2024.
Las excarcelaciones se producen en un contexto de máxima tensión con Estados Unidos, cuya administración ha reforzado su presencia militar en el Caribe. Según la publicación del medio DW.
Según informó el propio Ministerio de Servicio Penitenciario a través de un comunicado, la decisión de liberar a estos ciudadanos responde a una evaluación caso por caso y se presenta como una “expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia”. El anuncio coincide con las celebraciones navideñas y ocurre mientras avanza una escalada diplomática y militar entre Caracas y Washington, donde la administración del presidente Donald Trump ha desplegado una flota naval en la región.
Entre los liberados se encuentra un caso emblemático: la médica Marggie Orozco, de 65 años, quien en noviembre de este año fue condenada a la pena máxima de 30 años de cárcel por los delitos de «traición a la patria, incitación al odio y conspiración». Su condena estuvo relacionada con un mensaje de voz en un grupo de WhatsApp donde criticaba al gobierno de Maduro y llamaba a votar en su contra durante las elecciones.
La liberación: un acto celebrado pero considerado parcial e insuficiente
Las excarcelaciones comenzaron en la madrugada del jueves 25 de diciembre. Las ONG defensoras de derechos humanos, que durante todo el día confirmaron la salida de grupos de personas, fueron las primeras en dar detalles sobre el proceso.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) informó que al menos 60 personas salieron de la cárcel de máxima seguridad de Tocorón, ubicada a 134 kilómetros de Caracas. Este penal, que fue por años base de la temida banda criminal Tren de Aragua, fue recuperado por el Estado en 2023 y posteriormente habilitado para albergar a detenidos políticos. Otros liberados provinieron de otros centros penitenciarios como Las Crisálidas (Miranda) y La Guaira.
Aunque las organizaciones celebraron cada liberación, fueron enfáticas en señalar que el gesto es insuficiente y parcial. “Aunque no son totalmente libres, seguiremos trabajando por la libertad plena de ellos y de todos los presos políticos”, declaró Andreína Baduel, del Clippve, en referencia a que los excarcelados quedaron en un régimen de libertad condicional, con la obligación de presentarse regularmente ante los tribunales.
Un iceberg de más de mil detenciones políticas
El gesto de Maduro es significativo, pero no soluciona el verdadero problema. Para las ONG, lo que existe es una persecución política masiva y estructural a través de los tribunales.
Los números son contundentes y definen el contexto real.
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La organización Justicia, Encuentro y Perdón mantiene un registro de 1.085 personas en prisión por motivos políticos.
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El Foro Penal contabiliza al menos 902 casos de detenidos políticos.
El propio gobierno de Venezuela ofrece otras cifras. Reconoció detener a unos 2.400 manifestantes tras las protestas de 2024. Según sus datos, ya liberó a más de 2.000.
Estas organizaciones tienen un argumento claro: los arrestos y liberaciones selectivas solo demuestran cómo el Estado usa el sistema judicial para perseguir opositores. “El carácter selectivo de estas excarcelaciones confirma que la privación de libertad ha sido un instrumento de persecución política”, afirmó la organización Justicia, Encuentro y Perdón.
En conclusión, la liberación de 99 personas en Navidad alivia a sus familias, pero no resuelve la crisis de derechos humanos en Venezuela. Las ONG exigirán una amnistía general para más de mil personas que, según ellas, siguen detenidas injustamente. Mientras, el gobierno de Maduro presenta este gesto como voluntad política, precisamente ahora que la presión internacional liderada por Estados Unidos se intensifica contra el régimen.