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Causa Revelación

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Con la declaración de los testigos aportados por las defensas de los imputados, de los que se destaca la ex ministra Gabriela Dufour concluyó la etapa de producción de pruebas en el juicio oral y público por la denominada Causa Revelación.

Tras varias semanas finalizó la etapa de producción de pruebas del juicio oral y público por la Causa “Revelación”, una investigación penal sobre presuntas maniobras de corrupción que involucran a exfuncionarios provinciales y empresarios del rubro de la construcción.

La causa llegó a debate tras una extensa investigación en la cual una veintena de empresarios imputados originalmente en el caso accedieron a la suspensión del juicio a prueba (probation) para evitar ir a juicio, a cambio de hacerse cargo de la construcción de instalaciones o compra de equipamiento para uso de la ciudadanía en distintos puntos de la provincia.

LOS TESTIMONIOS

El comienzo de los relatos testimoniales aportados por las defensas lo marcó Marta Evans, quien se desempañaba como gerenta de la sucursal del Banco del Chubut SA ubicada sobre calle Belgrano -Trelew- en el período investigado y fue aportada por el abogado defensor del imputado Martín Castillo.

Evans informó las funciones que desempañaba la dependiente Bianca Di Martino, oficial de cuenta asignada a la empresa Industrias Bass propiedad de Castillo. Explicó que las gestiones con funcionarios provinciales sobretodo del IPV eran habituales con el fin de cerciorarse que se dispondrían de fondos para pagos de certificaciones de obras realizadas por esta empresa y de esa manera poder girar o adelantar pagos desde el banco antes de los plazos de cierre de las cámaras compensadoras.

Acto seguido y convocada también por el abogado Abdón Manllauix, prestó declaración Gabriela Dufour. Su relato a tenor de las preguntas, se basó en explicar que mientras fue Ministra de Desarrollo Territorial del gobierno del ex gobernador Martín Buzzi se realizó la reparación del muelle Murray Thomas. Informó que en el marco de una emergencia económica, de oportunidad productiva (gran posibilidad de cantidad de capturas de pesca) pero también de la delicada situación edilicia de la estructura del muelle y el riesgo de vida que podría acarrear, se elevó a la autoridad de administración de puertos esta circunstancia para que se autorice la contratación directa de la obra.

La empresa de Castillo se hizo cargo de este trabajo y las alternativas de esta obra las llevaba adelante el Ing. Juan Granada encargado del organismo administrador de puertos que a su vez informaba a la ex Ministra Dufour.

Con posterioridad fue citado como testigo el Dr. Emiliano Chialva, propuesto por la defensa del contador Víctor Cisterna. El abogado particular Emilio Galende le acercó para su lectura dos circulares de comienzos del año 2016 en las cuales les hicieron llegar a todo el gabinete un memorando por el que se ordenaba a todos los ministros, secretarios y presidentes de entes autárquicos que debían informar todo contrato de locación de obra, de bienes y de servicios para que estos sean visados por el secretario privado de entonces. Dichas circulares las firmaba Diego Correa, que era quien debía visar los mismos. A instancias del Dr. Galende, el testigo informó que dichos visados no tenían que ver con pagos, sino que eran actos previos al contrato y con ello a la preparación del expediente de compra o contrato.

Explicó Chialva que estas circulares fueron ordenes internas y que ante el no cumplimiento podrían existir sanciones si no se cumplían. Y en atención a la pregunta del Dr. Mario Romeo de la Oficina Anticorrupción, dijo que “No queda plasmada en ningún lado la voluntad del gobernador, se confía en lo que afirma en el escrito su secretario privado” y aseveró que, si bien no tenía el Secretario Privado más jerarquía que los Ministros, en otras oportunidades vio circulares parecidas firmadas por el propio Gobernador.

Este viernes, con la declaración de los testigos aportados por las defensas de los imputados en la Causa Revelación, concluyó la etapa de producción de pruebas en el juicio oral y público por la causa que investiga delitos corrupción cometidos presuntamente por exfuncionarios públicos y empresarios durante la última gestión de gobierno de Mario Das Neves.

La causa «Revelación» llegó a debate tras una extensa investigación en la cual una veintena de empresarios imputados originalmente en el caso accedieron a la suspensión del juicio a prueba (probation) para evitar ir a juicio, a cambio de hacerse cargo de la construcción de instalaciones o compra de equipamiento para uso de la ciudadanía en distintos puntos de la provincia.

En este marco, el tribunal a cargo del juicio está integrado por los jueces Mariano Nicosia, Ivana María González y Alejandro Rosales. En total, la causa tiene ocho imputados, entre los que se cuentan los exfuncionarios provinciales Víctor Hugo Cisterna, Diego Miguel Correa, Gonzalo Carpintero Paterson, Pablo Alejandro Oca, Diego Correa, Juan Martín Bortagaray, Alejandro Pagani y Diego Lüters; además del empresario Martín Castillo.

El comienzo de los relatos testimoniales aportados por las defensas lo marcó Marta Evans, quien se desempañó como gerenta de la sucursal del Banco del Chubut SA ubicada sobre calle Belgrano, en Trelew, durante el período investigado y fue aportada por el abogado defensor del imputado Martín Castillo.

La testigo informó las funciones que desempañaba la dependiente Bianca Di Martino, oficial de cuenta asignada a la empresa Industrias Bass propiedad de Castillo. Explicó que las gestiones con funcionarios provinciales sobretodo del IPV eran habituales con el fin de cerciorarse que se dispondrían de fondos para pagos de certificaciones de obras realizadas por esta empresa y de esa manera poder girar o adelantar pagos desde el banco antes de los plazos de cierre de las cámaras compensadoras.

Posteriormente, convocada también por el abogado Abdón Manllauix, prestó declaración Gabriela Dufour. Su relato a tenor de las preguntas, se basó en explicar que mientras fue Ministra de Desarrollo Territorial del gobierno del ex gobernador Martín Buzzi se realizó la reparación del muelle Murray Thomas. Informó que en el marco de una emergencia económica, de oportunidad productiva (gran posibilidad de cantidad de capturas de pesca) pero también de la delicada situación edilicia de la estructura del muelle y el riesgo de vida que podría acarrear, se elevó a la autoridad de administración de puertos esta circunstancia para que se autorice la contratación directa de la obra.

La empresa de Castillo se hizo cargo de este trabajo y las alternativas de esta obra las llevaba adelante el Ing. Juan Granada encargado del organismo administrador de puertos que a su vez informaba a la ex Ministra Dufour.

Luego fue citado como testigo el Dr. Emiliano Chialva, propuesto por la defensa del contador Víctor Cisterna. El abogado particular Emilio Galende le acercó para su lectura dos circulares de comienzos del año 2016 en las cuales les hicieron llegar a todo el gabinete un memorando por el que se ordenaba a todos los ministros, secretarios y presidentes de entes autárquicos que debían informar todo contrato de locación de obra, de bienes y de servicios para que estos sean visados por el secretario privado de entonces.

Dichas circulares las firmaba Diego Correa, que era quien debía visar los mismos. A instancias del Dr. Galende, el testigo informó que dichos visados no tenían que ver con pagos, sino que eran actos previos al contrato y con ello a la preparación del expediente de compra o contrato.

Explicó Chialva que estas circulares fueron ordenes internas y que ante el no cumplimiento podrían existir sanciones si no se cumplían. Y en atención a la pregunta del Dr. Mario Romeo de la Oficina Anticorrupción, dijo que «no queda plasmada en ningún lado la voluntad del gobernador, se confía en lo que afirma en el escrito su secretario privado» y aseveró que, si bien no tenía el Secretario Privado más jerarquía que los Ministros, en otras oportunidades vio circulares parecidas firmadas por el propio Gobernador.

El último testigo propuesto por la defensa de Víctor Cisterna fue Gustavo Uad quien, al igual que Chialava, se desempeñó en la Asesoría General de Gobierno en el período investigado. Uad fue consultado para que explique sobre los memorandums que le fueron mostrados al anterior testigo. Explicó de manera extensa y detallada todo el procedimiento administrativo que implica una circular del gobernador.

Dejó en claro a solicitud del defensor la diferencia entre contratos de locación de obra y los de obra pública, indicando que los primeros se refieren en general a la contratación de una persona para la realización de un trabajo y que, en definitiva, se usaban para contratar empleados en la administración pública mientras que los contratos de obra pública tienen una legislación específica como así también el procedimiento para los pagos correspondientes. Consultado también por el defensor, Uad explicó que las circulares, algunas firmadas por el exministro coordinador Cisterna, no imponen obligaciones de pago alguno por ningún concepto.

Fuente: JusNoticias Chubut

A primera hora del día miércoles 17 de marzo, en la Oficina judicial de la ciudad de Rawson, en el marco de la audiencia de debate por la causa Revelación, declaro en primer lugar Blanca Di Martino, quien hizo hincapié en comunicaciones telefónicas que surgieron de las pericias que realizó, Guillermo Figueredo, perito informático de la Procuración General.

Dichas comunicaciones serían entre Blanca Di Martino, cuando era agente de cuentas del banco del Chubut y Diego Luters. Estas comunicaciones permitieron conocer cuando la empresa constructora Industrias Bass, perteneciente al empresario Martin Castillo, tenía disponible fondos para afrontar los pagos lo cual era bastante extraño en tanto y en cuanto se llamaba a un secretario privado de la unidad gobernador para obtener ese tipo de información.

Seguidamente declaro Daniel Faciglioni, a cargo de la firma Protel Patagonia, refirió a cuál era la situación financiera que atravesaba canal 9 de Comodoro Rivadavia durante el inicio del entonces gobierno de Mario Das Neves, es decir desde diciembre de 2015, especificó la situación al respecto pos concursal, indicando que parte de la deuda se hizo cargo un grupo de inversores y reconoció específicamente a Jorge Andrés Ninin.

Respecto de este último, cabe recordar que el mismo ha sido condenado en el marco de la causa Revelación por haber integrado una asociación ilícita encabezada por Diego Correa que también tuvo como finalidad apropiarse de la firma Protel Patagónica. Asimismo y como eslabón fundamental en su declaración dio cuenta y reconoció de los diversos cheques que le hacían endosar y refirió que los mismo venían de empresas constructoras que nada tenían que ver con el objeto de la sociedad Protel Patagónica. Esto último sitúo a claras como era la maniobra que estaba encabeza por Diego Correa indudablemente estos cheques provenían del pago de retornos de empresarios vinculados a la construcción públicas y eran volcados al pago de la deuda concursal que tenía Canal 9 de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

A continuación declaro Fernando Zuñeda, socio de la firma INVERFER S.R.L. de la ciudad de Comodoro Rivadavia, reconoció diversos cartulares que fueron enviados desde empresas constructoras que pagaban retornos, sobre todo eran utilizados para hacer frente al pago de la deuda de Canal 9. Estos cheques eran llevados y presentados por el Señor Federico Piccione quien fue imputado en la presente causa y se encuentra sujeto a la suspensión de juicio a prueba previsto en el artículo 76 bis de nuestro código penal.

Continuó la contadora de los Equipos Técnicos Multidisciplinarios de la Procuración General, Viviana Karlen, quien cumplió tareas específicas en la Unidad Fiscal Especializada en delitos contra la administración pública, la profesional, estuvo abocada a investigar el enriquecimiento ilícito del entonces funcionario Gonzalo Carpintero, en razón de ello, dio cuenta de las diversas tareas indicadas por los fiscales Marcos Napoli y Héctor Iturrioz, concluyendo en que hubo un desfasaje patrimonial del mismo entre los años 2011 y 2107, asimismo dio cuenta de los detalles de la construcción de la Propiedad del Barrio Bonorino, de la ciudad de Trelew, la cual presentó cuantiosas reformas y es una propiedad de dimensiones considerables, y se sumó un terreno situado en la ciudad de Trelew, lindante al taller Recticar como así asimismo la adquisición de un vehículo Toyota SW 4 modelo 2017.

La contadora fue contundente a la hora de indicar las distintas operaciones contables que fue realizando a los fines de ir analizando los ingresos y egresos del patrimonio de Gonzalo Carpintero.

La tarea desarrollada por la profesional fue de dimensiones considerables, teniendo en cuenta que tuvo que investigar al grupo familiar del ex funcionario lo cual implicó una tarea “grandiosa”, labor que no fue ejecutada de un día para otro sino que fue en el marco de la investigación de la causa “revelación” la cual tuvo el carácter de caso complejo, y así contar con un mayor plazo de investigación.

Para concluir la contadora pudo demostrar que el desfasaje patrimonial investigado no coincidía con los ingresos que tenía Carpintero al momento de ejercer la función pública durante el periodo del entonces gobernador Mario Das Neves.

El último de los testigos, Walter Kobac, dio cuenta de diversas propiedades que tenía Gonzalo Carpintero, como así también la valuación de las mismas, peritaje que realizó a pedido de la unidad fiscal especializada en delitos contra la administración pública en el presente caso.

En la causa Revelación el testimonio de Andrea Verónica González, dio cuenta que desde el ministerio de economía a cargo de Pablo Oca se realizaba la orden presupuestaria de pago y él decía que pagar y que no, por supuesto siempre luego de que ello sea digitado por Diego Correa quien controlaba que empresarios habían realizado el retorno correspondiente.

González, empleada del Ministerio de Infraestructura, declaro en audiencia de debate por la causa Revelación, dio un detallado panorama de cómo funcionaba la maniobra ilícita, que empresas cobraban primero y cuáles no cobraban. Todo dependía del aporte de las empresas, para sus propios beneficios. Dijo conocer a Alejandro Pagani, Pablo Oca,  Víctor Cisterna y  Gonzalo Carpintero. También indicó que el gobernador Arcioni modifico la estructura de Obras Públicas. Durante los años 2016 y 2017, ingresó a la planta de Obras Públicas, fue convocada para trabajar por el Ingeniero Alejandro Pagani. Posteriormente, detallo que en los certificados de obra, constaba el avance de la obra, además contó cómo se pagaba el certificado de Obra y agregó “que la orden salía de Economía”.

“La orden de pago sale directamente del Ministerio de Economía”, para ello, se debe tener el certificado de obra, que es la constancia que habilita a la orden de pago concluyó.

La empresa SUDELCO tenía los certificados más rápidos.

La testigo Silvana Bogarin, la cual cumplió funciones en el Ministerio de Infraestructura durante los años 2016 y 2017, a preguntas del Ministerio Público Fiscal, fue categórica al referir  que “dentro del Ministerio de Infraestructura, las planillas que contenían el listado de empresa, como el certificado de obra a pagar, eran modificados por los superiores”, es decir por Alejandro Pagani, en razón de ello esta modificación  claramente coincide con la maniobra ilícita investigada, toda vez que esta selección que se hacía de las empresas era teniendo en cuenta quienes habían hecho el aporte exigido por Diego Correa. Ese aporte recordemos que era entre un 3 y 5 por ciento. Bogarin, también hizo referencia a que “habían empresas en que se aceleraba este sistema en cuanto a la gestión de los certificados de obra y las correspondientes órdenes de pago”, también refirió que “algunas empresas grandes hacían que se acelere todo en el ministerio de infraestructura”. Y concluyó diciendo que “algunos certificados corrían más rápido que otros, indicando “los de Sudelco eran los más rápidos”.

Otro testigo fue Luciano Gati, dijo conocer solo a Alejandro Pagani, detallo que trabajó realizó dentro del Ministerio de Infraestructura, en el sector de Inversiones durante el año 2016, se desempeñó a cargo de Franco Ferrari. Su labor era imprimir planillas y descargar órdenes de pago del sistema SIAFyC, “nos daban las planillas y nos decían esto sí o esto no y nada más”. Los empresarios hablaban con Franco Ferrari, y también indicó que las planillas de Excel no se reflejaban en el sistema de control.

El testigo Franco Ferrari, refirió a que llegó a ese organismo, convocado por Alejandro Pagani, trabajo junto al ingerido durante ocho años. Explicó muy detalladamente las diferencias entre un certificado de obra y las órdenes de pago. También expreso, que le pedía de Gati, quien ingresaba al SIAFyC  que le imprima órdenes de pago, y además información bajo las ordenes de Pagani.

La función principal de su sector era realizar informes varios todos relacionados a su área. Ferrari reconoció «haberle llevado en una oportunidad a Diego Luters una planilla donde figuraban las empresas a las cuales se les iba a pagar y además dio cuenta del contacto con la unidad Gobernador» . Asimismo, indicó que tenía contacto permanente con empresarios de la construcción, “la situación no era la mejor, hablaba con los empresarios, me manifestaban su malestar por la falta de cobro, pero no por los retornos”

Preguntado por el fiscal Napoli para refrescar su memoria por una entrevista que había realizado Ferrari, dijo al recordar “parte de los reclamos eran porque algunos pagos no salían y lo que yo les indicaba era que no me vengan con esas cuestiones, eso les decía a los empresarios”.

Fuente: Canal 12 web

 

Durante la jornada de este jueves declararon como testigos de la Fiscalía Luis Tarrío, Giogina Roberts y Anita Picón, cuyos testimonios permitieron conocer metodología de los pagos en Economía.

El tercero de los testigos de la jornada del día jueves, fue la contadora Giorgina Roberts, quien contó que fue tesorera general de la Provincia del Chubut, durante el periodo en que el contador Pablo Oca cumplía funciones de Ministro de Economía. Roberts, jubilada, trabajo durante 34 años, y fue interrogada para que diga sobre el periodo de los años 2015, 2016 y 2017, refirió a que en esos años la Provincia ya tenía dificultades económicas para pagar sus obligaciones. También indico que “el que define a quien pagar y que pagar es el Ministro de Economía”. Asimismo dio detalle de cómo era el circuito de la obra pública. Se genera una orden de pago, se forma el expediente, pasa a contaduría general, donde revisan el expediente y si todo está bien, aprueba el pago contaduría y por ultimo pasa a tesorería general. Todos los pasos desde que ingresa el trámite hasta que concluye, quedaban registrado en el sistema SIAFyC, quiere decir sistema integral de administración financiera y control. A su vez, se refirió a las planillas las cuales pudo reconocer, y decir que venían de infraestructura de la Provincia para pagar las obras públicas, las cuales no estaban dentro del sistema.

Hablo de las carencias económicas durante el periodo que fue funcionaria, “no se podía pagar todo”, si hubiera fondos las planillas se debían pagar completas. Desde infraestructura llegaba la orden, se recibía en la mesa de entradas, luego se archivaba y cuando se habilitaba el pago, se desarchivaba y posteriormente se ejecutaba el pago, “Oca me citaba para decirme que pagar o que no pagar”. El Banco le prestaba dinero a la Provincia a través del FUCO, fondos que no tienen costo, Estos fondos muchas veces se utilizaron para pagar subsidios que eran de carácter urgente como por ejemplo el TEC transporte escolar y así destrabar el conflicto. Oca fue quien la convocó para trabajar junto a él, dio cuenta que el contador tenía un cartear fuerte. También relató que continuo en su cargo trabajando junto a los Ministros Alejandro Garzonio, Luis Tarrio y el licenciado Oscar Antonena, todo siguió funcionando de igual manera finalizó.

Llego el turno de Carina Morania, secretaria del contador Pablo Oca, dijo conocerlo de rentas y posteriormente fue a trabajar como secretaria, se encargaba de toda la parte administrativa, su lugar de trabajo, era la antesala del despacho del Ministro de Economía. También se refirió a la persona de Correa, indicando que solo lo vio un par de veces y a Luters nunca, y en relación al carácter de Oca dijo “es serio”. Asimismo detallo, que venía gente de Infraestructura para ver a Pablo Oca, y mencionó a Franco Ferrari quien llevaba las planillas para agilizar el trámite, que ese momento dependía de infraestructura que a su vez, su titular era el Ingeniero Pagani.

Anita Picón testigo por parte de la fiscalía, detallo su paso por el estado, dijo estar jubilada a partir de 2012, se desempeñó como directora general de administración y crédito público, preguntada por el tribunal, indico que trabajo con Alejandro Pagani, Víctor Cisterna y Pablo Oca. Fue la responsable de hacer un compilado a nivel provincial de todos los pagos a empresas constructoras, transferencias a municipios, en referencia a ese trabajo, indico que fue “un arduo trabajo” pedido por el entonces Ministro de Economía Pablo Oca, y que debía estar confeccionado todos los días viernes.

El contador Luis E Tarrio, también dio su testimonio en la audiencia de debate, dijo conocer a todos porque fueron compañeros de trabajo en distintos momentos. Ocupo el cargo Ministro de Economía y subsecretario de Coordinación económica y financiera de la Provincia del Chubut. Preguntado por quien decide los pagos, indicó que llevan sus propios controles, también depende en que época y afirmo que la presión la recibe el Gobernador. Asimismo dio detalles de cómo funciona el sistema de controles que debe realizarse y que hoy en día se llevan a cabo.

Los testimonios de Anita Picón y Luis Tarrio clarificaron el mecanismo que se utilizó dentro de los organismos de la administración pública, Ministerio de Economía, de Infraestructura, el certificado de obra, la orden de pago, sobre todo para despejar todo tipo de duda de cómo era la maniobra que utilizaron estas personas que integraban la asociación ilícita. La misma, indudablemente hizo requerir que intervengan varios actores en diferentes organismo como el ministerio de infraestructura, como la secretaria privada de la unidad del Gobernador, y el propio Ministerio de Economía, para que se facilite esta maniobra que indudablemente fue dirigida a los empresarios que fueron las víctimas y los cuales debían pagar los retornos para poder acceder al pago de sus acreencias.

El día viernes va a declarar personal del Ministerio de Infraestructura, que trabajó durante el periodo 2016 y 2017, años en los que estuvo a cargo del organismo el ingeniero Alejandro Pagani.

Es una causa de corrupción, por el delito de asociación y enriquecimiento ilícito, concusión y cohecho, tiene en el banquillo de los acusados a ex funcionarios provinciales y un empresario de la construcción, el estado Provincial es el damnificado.

Los responsables son Gonzalo Carpintero, Víctor Cisterna, Pablo Oca, Diego Correa, Martín Bortagaray, Alejandro Pagani y Diego Lüters; y el empresario Martín Castillo.

Las imputaciones contra cada uno de ellos surgen por el presunto pago de retornos de empresas de la obra pública a funcionarios de la tercera gobernación de Mario Das Neves

El Ministerio Público Fiscal está representado por los fiscales Marcos Napoli y Gustavo Nuñez junto a su equipo de trabajo.

Fuente: Comunicación de la Procuración General. Sede Rawson

La audiencia de debate que comenzó esta mañana y que tuvo un cuarto intermedio hasta las tres de la tarde, se llevó a cabo en la oficina judicial de Rawson. En la segunda parte de la audiencia, los testigos declararon por videoconferencia por encontrarse dentro de la población de riesgo en el marco de la pandemia por el Covid-19.

Una de los testigos fue Anita Picón, ex directora general de Administración, Crédito Público de Chubut, el otro el contador Luis E. Tarrío.

A las 16:40 horas finalizó audiencia de debate que continuará mañana por la mañana con más testigos por la fiscalía.

Fuente: Canal12

En su declaración de este lunes, un informático del equipo de investigadores de la causa “Revelación” mostró al tribunal del juicio oral y público el entrecruzamiento de mensajes entre Víctor Cisterna, Pablo Oca y Diego Correa para ejecutar el pago de retornos para que los empresario de la construcción cobren las obras ejecutadas.

Se trata de Guillermo Figueredo, técnico en informática del Equipo Técnico Multidisciplinario (ETMs) dependiente de la Procuración General del Chubut. Fue el técnico que coordinó todo el entrecruzamiento de datos de los numerosos secuestros de soportes informáticos fruto de los allanamientos realizados antes de que esta causa “Revelación” se desprendiera de la causa “Embrujo”.

Figueredo dio cuenta de los mensajes hallados en el celular de Diego Luters, en un disco duro, y en el celular de Pablo Oca.

En el mismo sentido, en el disco duro de la computadora de Diego Luters surgió todo el entrecruzamiento de mensajes entre Diego Correa y Oca, en donde se indicaba qué certificados pagar y cuáles no. Esos mensajes dan cuenta de la relación constante que había entre Correa y Oca. Correa mantenía informado a Oca y viceversa sobre las órdenes presupuestarias de pago. Asimismo en el celular de Pablo Oca aparecieron varios mensajes con Víctor Cisterna confirmando la teoría de que Cisterna le indicaba a Pablo Oca que órdenes de pago sacar y cuáles no. También se puedo conocer una orden paradigmática entre ellos que decían “bolilla negra para tal empresa”, indicando que no se había portado bien.

Cabe destacar (tribunal) fue integrado por los jueces, Mariano Nicosia, Ivana González y Alejandro Rosales.

En el banquillo de los acusados se encuentran Gonzalo Carpintero, Víctor Cisterna, Pablo Oca, Diego Correa, Martín Bortagaray, Alejandro Pagani y Diego Lüters; y el empresario Martín Castillo.

El juicio oral y público por la denominada Causa Revelación pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes 1 de marzo, después de haberse desarrollado este viernes la tercera jornada de debate con la declaración de testigos ofrecidos por el Ministerio Público Fiscal.

La causa investiga supuestos hechos de corrupción en la adjudicación y pago de obras públicas, en la cual están imputados siete exfuncionarios provinciales y un empresario del rubro de la construcción.

En el inicio de la audiencia de este viernes continuó brindando declaración testimonial el excomisario Juan Carlos Núñez, uno de los investigadores que tuvo a su cargo las diligencias de allanamiento en el marco de la investigaciones realizadas por la fiscalía, tanto en la denominada Causa Embrujo, como también en el expediente judicial que ahora ha sido llevada a juicio.

Núñez completó este viernes su testimonio, luego de que la audiencia del jueves debiera interrumpirse de manera anticipada por problemas técnicos.

El investigador brindó al tribunal un amplio panorama sobre las distintas pesquisas que se concretaron en el marco de esta causa, principalmente las referidas al producido de los allanamientos concretados en distintas oficinas y dependencias del gobierno provincial, como así también en empresas y propiedades privadas de la zona.

Declaran empresarios

Si bien se esperaba que tras el testimonio de Núñez depusiera el informático Guillermo Figueredo, su declaración se reprogramó y se presentaron ante los jueces y las partes los empresarios de la construcción Carlos Papaiani y Fernando Palacios.

El ingeniero Papaiani detalló su historial como empresario del rubro de la construcción y brindó información sobre la situación financiera que atravesaba en el año 2015 y 2016 la empresa de su familia, denominada Inverfin S.A.

En ese marco se refirió a las consecuencias económicas y financieras que tuvo para el sector el permanente retraso en el pago de los certificados de aquellas obras que el estado provincial había contratado tanto con su empresa como con otras similares en toda la provincia.

Papaiani contó al tribunal las gestiones que hizo a título propio y también en su rol de presidente de la Cámara de la Construcción para cobrar esa deuda, y la respuesta que obtuvieron tanto de los funcionarios de la administración del exgobernador Martín Buzzi como del gobierno de Mario Das Neves, asumido a fines del año 2015.

El empresario fue consultado por la fiscalía sobre aspectos relacionados con la investigación, en particular lo atinente a supuestos pedidos de retornos para agilizar el trámite de pago de las deudas contraídas por el gobierno y respecto al rol de algunos exfuncionarios en ese entramado. El propio Papaiani relató además las consecuencias económicas y financieras que tuvo que afrontar su firma a lo largo del último lustro a partir de su posicionamiento en la Cámara de la Construcción y también respecto al pago de los montos solicitados.

Una relación complicada

El ingeniero Fernando Palacios, quien al momento de los hechos que se investigan era titular de la firma PALCO S.A., inició su testimonio dando cuenta de cómo era la relación de las empresas constructoras hasta el año 2015 y lo ocurrido después.

En ese sentido amplió los conceptos vertidos por Papaiani respecto a la deuda del Estado con las constructoras, el mecanismo de financiamiento establecido por el gobierno a través del banco provincial mediante la adquisición de los certificados de obra y el impacto financiero cada vez más fuerte que ello tuvo en las empresas.

Ante las consultas de la fiscalía el testigo se refirió al presunto pago de retornos para agilizar los pagos de los certificados de obra y también sobre los funcionarios con los que en su caso, gestionó esos pagos.

Fuente: ADNSUR

El tribunal rechazó planteos de nulidades y escuchó las teorías del caso que esbozaron los defensores de los imputados. La fiscalía presentó a sus primeros testigos.

El segundo día del juicio oral y público de la denominada causa Revelación se cerró con los primeros testimonios ofrecidos por el Ministerio Público Fiscal, luego de un día en el cual los jueces que integran el Tribunal rechazaron planteos de nulidad y escucharon las teorías del caso que plantearon los abogados defensores de los ocho imputados.

La causa investiga supuestos hechos de corrupción en la adjudicación y pago de obras públicas, en la cual están vinculados exfuncionarios provinciales y empresarios del rubro de la construcción. El tribunal a cargo del juicio está integrado por los jueces Mariano Nicosia, Ivana María González y Alejandro Rosales, siendo el primero de ellos quien presida las audiencias a realizarse en la sede de la Oficina Judicial de Rawson.

Pedidos de nulidad

La jornada de debate se inició con el planteo de nulidad efectuado por el abogado Jorge Rubiolo, quien representa al imputado Juan Martín Bortagaray. El letrado aseguró que de la acusación efectuada por el Ministerio Público Fiscal se desprende que algunos de los hechos atribuidos al exfuncionario se produjeron con anterioridad a su designación como titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Por otra parte, recordó que en el marco de esta misma investigación Bortagaray fue detenido siendo Ministro de Familia, a la par de haberse realizado allanamientos en su domicilio y en su oficina de Casa de Gobierno. Rubiolo ilustró a los jueces sobre las consecuencias que trajo aparejado ese procedimiento a raíz de tener el imputado inmunidad por su condición de ministro del gobierno provincial. En ese contexto sostuvo que eran nulas todas aquellas pruebas llevadas a juicio que estuvieran relacionadas con ese procedimiento y en ese plano citó una pericia sobre un teléfono celular y declaraciones de testigos, entre otros elementos.

El fiscal Nápoli informó a los jueces su decisión de desistir de todas aquellas pruebas que pudieran estar viciadas por haber sido obtenidas a partir del mencionado procedimiento, pero descartó el planteó de Rubiolo respecto al resto de los testimonios vinculados a Bortagaray, ya que los mismos están vinculados a una línea de investigación independiente; en parte por el trabajo de campo de los investigadores y en parte por la declaración de imputado que en su momento brindara uno de los imputados de este mismo caso, como es Diego Lüters.

Las querellas adhirieron al planteo del fiscal y finalmente el tribunal tomó nota de las pruebas desistidas y no hizo lugar al planteo del abogado defensor sobre el resto.

Nulidades parciales

El abogado Carlos María Villada, quien representa al imputado Alejandro Pagani, planteó la nulidad de las acusaciones, tanto públicas como privadas, contra su defendido. El abogado informó al tribunal que el planteo ya fue realizado en otras etapas de la causa y sostuvo que las “pseudoacusaciones” de la fiscalía no plantean una descripción clara y precisa de los hechos que se adjudican a Pagani, pues “carecen de características de tiempo, lugar, circunstancias” y se preguntó “¿qué es lo que se le imputa a mi asistido?”.

El planteo de Villada, al cual también había adherido el abogado Emilio Galende – representante de Víctor Hugo Cisterna- fue rechazado por los jueces, por entender que la defensa de Pagani conoce desde la apertura de investigación cuales son los hechos que se le imputan e incluso ha delineado su propia estrategia de defensa.

Teorías del caso

Tras haberse escuchado los alegatos de apertura del Ministerio Público Fiscal y haberse resuelto las nulidades, los abogados de los ocho imputados esbozaron ante el tribunal sus teorías del caso.
El Dr. Fabián Gabalachis, abogado de los imputados Pablo Alejandro Oca y Diego Miguel Correa explicó que su teoría se centrará en cuatro o cinco puntos. En primer lugar sostuvo su convencimiento que la figura de la asociación ilícita es inconstitucional, reservando su fundamentación para el caso de que la fiscalía sostenga la acusación en sus alegatos finales.

También expresó que según entiende, los hechos imputados a sus asistidos y que tienen vinculación con Bortagaray se terminarán desechando por ser el IPV un organismo del estado provincial que se maneja con fondos propios y la prueba que pudiera existir respecto a posibles delitos en ese lugar no están vinculados con la función que cumplía Pablo Oca como Ministro de Economía. Asimismo aseguró que respecto a Correa, que su rol funcional en el gobierno era de tercera o cuarta línea, con lo cual “es bastante difícil que pudiera ser el organizador de una asociación ilícita e ir por sobre la voluntad de los ministros, que eran funcionarios de mayor rango” expresó Gabalachis.

Gabalachis pidió también incorporar al expediente en carácter de prueba la condena que pesa sobre Correa por asociación ilícita, lavado de activos y administración fraudulenta en el marco de la denominada Causa Embrujo. El abogado sostuvo que en caso de sostenerse la acusación por la primera de esas figuras, “no puede pensarse que mi asistido anda por la vida formando asociaciones ilícitas en cada causa”.

Ataque a los hechos imputados

El Dr. Rubiolo por su parte dijo que su objetivo es demostrar en el juicio que durante su paso por el IPV, Bortagaray cumplió con las normas establecidas por el propio organismo; mientras que el Dr. Abdón Manyauik, a cargo de la defensa técnica del empresario Martín Castillo indicó que la finalidad de su tarea será demostrar “que los hechos de esta acusación no han sucedido y al finalizar el juicio pediré la absolución de mi asistido”.

El Dr. Federico Ruffa, defensor de Gonzalo Carpintero Paterson, sostuvo que de la propia prueba que presentará la fiscalía quedará acreditado que su defendido “no participó en ninguno de los hechos que lo vinculan con la asociación ilícita” y afirmó que el exfuncionario provincial “no participó de ninguno de los cohechos imputados”, como así también que no es organizador ni partícipe del delito imputado.

Villada reiteró en su teoría del caso la base del pedido de nulidad y aseguró que Pagani “no fue ni siquiera participe” de una asociación ilícita, al tiempo que adhirió al planteo de inconstitucionalidad planteado por Gabalachis. El abogado Galende expresó a los jueces que durante el juicio va a cercenar la intención de condena hacia su asistido, cuestionando que no se han cumplido las exigencias de ley en cuanto a una acusación clara y precisa, avalada con pruebas, respecto a la imputación contra Cisterna.

Por último, el defensor público Lisandro Benítez –abogado de Diego Lüters- sostuvo que su defendido solo está imputado como miembro de una asociación ilícita, figura que consideró también inconstitucional. Más allá de eso, sostuvo que tal como lo ha expresado desde el principio de la acusación, su defendido trabajaba a tiempo completo en Casa de Gobierno y cumplía orden que iban desde “hacer un asado, pagar impuesto y hasta comprar diferentes cosas vinculadas con la vida cotidiana”. En ese sentido afirmó que Lüters “no ha cometido ningún delito, quedará probado que es un dislate la participación que se le endilga”.

Los primeros testigos

Tras un cuarto intermedio, el Tribunal rechazó el pedido de Gabalachis para incorporar como prueba la sentencia condenatoria contra Correa en el marco de la causa Embrujo y a continuación se dio inicio a la etapa de testimoniales del juicio.

Los dos primeros en prestar declaración fueron los testigos de la fiscalía Juan Carlos Núñez y Guillermo Figueredo. El primero de ellos –excomisario e integrante de la Policía Judicial – dio detalles sobre el trabajo de pesquisas realizado en el marco de esta causa, en especial relacionados con los procedimientos y detenciones efectuadas durante la investigación.

Figueredo en tanto es un informático del Ministerio Público Fiscal y brindó detalles sobre las pericias efectuadas en distintos equipos secuestrados en el marco de la investigación penal efectuada por la fiscalía en esta causa.

El juicio tendrá continuidad mañana con una extensa lista de testigos, todos ellos ofrecidos por la fiscalía.

Fuente: FM Tropical

El 17 de febrero comenzará en la Oficina Judicial de Rawson el juicio oral y público de la causa “Revelación”, donde la fiscalía intentará probar el pago de coimas por parte de empresarios de la construcción a funcionarios del gobierno de Mario Das Neves.

Este miércoles por la mañana se realizó una audiencia de carácter organizativa del juicio oral a la que asistieron la Directora de la oficia Karina Breckle, acusadores, abogados defensores y querellantes.

La causa “Revelación” se ventilará en jornadas de una semana completa de trabajo por una de descanso para que los jueces que integran el tribunal de juicio puedan cumplir también con sus tareas habituales en sus ciudades de residencia.

El tribunal de juicio estará integrado por la jueza penal de Trelew, Ivana Gonzales, su par de Comodoro Rivadavia, Mariano Nicosia, y el juez de Sarmiento, Alejandro Rosales.

Según indicó la Directora de la Oficina Judicial serán aproximadamente 14 jornadas completas de audiencia y no se descarta que puedan realizarse incluso los días sábados.

El fiscal de la causa “Revelación”, Marcos Nápoli, recordó que los ex funcionarios llevados a juicio serán los ex ministros Víctor Cisterna, Pablo Oca, y Alejandro Pagani; el ex presidente del Instituto Provincial de la Vivienda Martin Bortagarai y los ex integrantes de la privada Gonzalo Carpintero, Diego Correa y Diego Luthers.