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Causa Revelación

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Se desarrolló en la Oficina Judicial de Rawson, un nueva audiencia de juicio abreviado, por la causa conocida como “Revelación”, en la que el fiscal Marcos Nápoli representó al Ministerio Público Fiscal, y solicitó la condena de tres años de efectivo cumplimiento para Pablo Oca y Gonzalo Carpintero, ambos funcionarios públicos, además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En el caso particular de Gonzalo Carpintero se peticionó la devolución en carácter de multa sobre dos inmuebles y de una camioneta Toyota SW4 por un valor aproximado de 70 millones de pesos, teniendo en cuenta la pericia contable realizada por la contadora Karlem del MPF, lo cual permitió poder llegar a establecer la pena, que si bien en expectativa de pena en la acusación era de mayor tiempo, lo cierto es que se privilegió tener hoy la posibilidad de tener una pena cierta y no arriesgar en un juicio y que los imputados sean absueltos.

En este sentido, es importante resaltar que en relación al juicio abreviado, existen varios antecedentes dentro de casi todas las circunscripciones judiciales de la Provincia del Chubut, donde han avalado el juicio abreviado con funcionarios públicos. Además aún no está reglamentado el juicio por jurado ni el juicio mixto por tal motivo no se puede utilizar el artículo 173 de la constitución provincial.

Varios jueces tanto de Esquel, Puerto Madryn y Trelew, se han manifestado en esta línea, por lo que existe amplia jurisprudencia que ratifica que la aplicación del juicio abreviado con funcionarios públicos es viable, también es viable la pena y la multa que deberá pagar Gonzalo Carpintero. Por lo que es totalmente legal el acuerdo alcanzado concluyo el Fiscal Marcos Nápoli.

Rechazo de la Oficina Anticorrupción

En la audiencia fiscal Adjunto de la Oficina Anticorrupción, Mario Romeo se opuso a la petición del Ministerio Público Fiscal.

Cabe recordar que Pablo Oca fue considerado miembro de una asociación ilícita -no organizador-, en concurso real con cohecho activo, toda vez que privilegiaba a algunas empresas constructoras en desmedro de otras. Gonzalo Carpintero por su parte, al igual que Oca, no registra antecedentes penales, según se indica desde el Ministerio Público Fiscal.

La imputación final fue la de enriquecimiento ilícito de acuerdo al artículo 268 del código penal, esto queda evidenciado por la cantidad de bienes que adquirió sin tener otro ingreso que no fuera el de su salario en la administración pública.

Lo sostuvo el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas, al aire de FM EL CHUBUT: «No hay garantías de que el personal de Oficina Judicial de Rawson vaya a trabajar», especificó.

«La mitad de la gente no cobró», manifestó esta mañana en FM EL CHUBUT el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas

Por motivo del reclamo salarial que engloba a las distintas áreas de la administración público, y situándonos específicamente en el sector judicial, «podría afectar los plazos en caso Revelación», dijo Vivas

La causa “Revelación” es una de las más grandes de corrupción en la Provincia del Chubut, en la que se encuentran imputados ex funcionarios y empresarios de la construcción.

«No hay garantías de que el personal de Oficina Judicial de Rawson vaya a trabajar», explicó Vivas. Debido a este reclamo que «se profundizó», las plazos para el desarrollo de esta importante causa podrían modificarse.

Se discutieron las situaciones de Martín Bortagaray y Gonzalo Carpintero. Al extitular del IPV lo definieron como “un soldado de Das Neves necesario para el mecanismo”. En cuanto al segundo, su defensor dijo buena parte de los cargos están prescriptos. Pero Fiscalía quiere que “se discuta en juicio”.

Acá se juegan muchos intereses y todos los conocemos. Es una causa sensible en lo político y económico”. Lo subrayó el juez Sergio Piñeda al cerrar la extensa audiencia preliminar de la Causa Revelación, que discute los presuntos retornos de la obra pública. En seis días hábiles se sabrá quiénes van a juicio oral y público y bajo qué imputaciónes. En la Oficina Judicial de Rawson se discutieron las situaciones de Martín Bortagaray y Gonzalo Carpintero, los acusados que quedaban.

La Unidad Anticorrupción considera que el exintendente de Dolavon integró la asociación ilícita como presidente del Instituto Provincial de la Vivienda. Pese a que es un ente autárquico, emitía órdenes de pago “discrecionalmente” por orden del exsecretario privado Diego Correa.

La “banda” se habría gestado con un memorándum de enero de 2016 que ordenaba autorizar cualquier contratación sí o sí con la firma de la Secretaría Privada. Según el fiscal Alejandro Franco, esa circular “concentró el poder de pago del Estado para elegir a quién y cuándo beneficiar en función de que pagaran retornos”.

El fiscal Marcos Nápoli recordó que luego de que en su declaración Diego Lüters involucrara a Bortagaray, se tomaron cinco declaraciones “elocuentes” en el IPV para corroborar el testimonio.

Alejandro Bertorini, antecesor de Bortagaray en el cargo, “nos contó que nunca se habían mandado planillas a dos secretarios privados del gobernador y que eso no era regular porque es un ente con Tesorería y emisión de certificados propios”. Cuando le preguntaron a Bertorini por su renuncia “fue totalmente franco: en ese lugar y ante el avance con las negociaciones con las empresas, Mario Das Neves necesitaba un soldado”.

“El propio Bortagaray se definió como un soldado de Das Neves -dijo el fiscal-. Necesitaban alguien funcional, que aceite el mecanismo, una rueda más para que el engranaje caminara. Bertorini no les servía, era probo, ni se animaron a pedirle que le mandara las planillas a Correa”.

A Sandra Torres, contadora del IPV, Bortagaray le pidió agregar el mail de Correa y que “le hiciera caso”. El contacto siguió en WhatsApp. “Fue la primera vez que les indicaban que un secretario del gobernador debía autorizar el pago; antes las consultas siempre eran al presidente”. Gracias a Bortagaray, Correa contó con la información reservada que necesitaba para presionar a las empresas. El expresidente cobraba un sobresueldo de $ 25 mil. “Correa sabía que Bertorini tenía los días contados y empezó a apretar empresas. El delito lo completó Bortagaray como presidente”.

El defensor Jorge Rubiolo, en cambio, explicó que el exintendente se limitó a cumplir con el memorándum, orden superior que no podía ignorar. La acusación dice que la asociación ilícita se generó en 2016. “Pero él entró al IPV en enero de 2017”. Apuntó que Bortagaray sólo libró una orden de pago. “Era su obligación y la empresa había cumplido los requisitos”.

Rubiolo se preguntó: “¿En qué momento se reunió para conformar esta banda para saquear al Estado? Nada de eso dicen y lo que hicieron sus superiores no es problema de él”.

“Nadie puede decir que se enriqueció: vive en una casa en construcción en un barrio de Dolavon sin muebles ni autos de lujo. Siempre fue empleado público. Ni su mujer ni sus hijos trabajan en el Estado. Si me preguntaran si quiero integrar una banda criminal para no obtener beneficios, diría que no”.

Rubiolo cuestionó la declaración de Lüters por ser un “imputado condenado”. El defensor insistió: “Le erraron al vizcachazo porque llevar a debate a Bortagaray para que lo absuelvan no tiene sentido; los elementos para sobreseerlo ahora están. A las circulares hay que cumplirlas sino al otro día lo echaban. Informaba a quien debía informar. La única realidad es que las órdenes superiores se cumplen y que al presidente del IPV no lo pone una luz divina sino el gobernador”.

En cuanto a Carpintero, su defensor Federico Ruffa dijo que las evidencias que presentó Fiscalía “no lo vinculan con una recaudación ilícita, más allá de deducciones abstractas”.

“No hay un solo empresario que lo haya mencionado como partícipe de la reunión donde se trasmitieron las tarifas ilegales ni de ninguna maniobra”, insistió. El único elemento “es que manejó la agenda del gobernador y tuvo lógico contacto con intendentes y dirigentes importes”. También cuestionó que se le impute figurar en las planillas de Lüters: “Hay muchas personas que figuran, no las trajeron a proceso, ocupaban despachos de mucha importancia en Casa de Gobierno, son políticamente muy influyentes pero nadie creyó que fueran parte de asociación”. Carpintero cumplió funciones del Gobierno. “Está acá porque tuvo estrechísima confianza de un importante dirigente político, eso no puede ser una imputación”.

Según el testimonio de Alexis Gabra, empleado de la Privada, Carpintero “no participaba en expedientes ni le pedían autorización”. En su celular secuestrado no había contacto con empresarios ni maniobras de recaudación. Sí distribuyó fondos reservados por montos mínimos. “Lüters también declaró que Carpintero no participaba de la situación”.

En cuanto al cargo por enriquecimiento ilícito, Ruffa no pidió el sobreseimiento completo pero sí recortar la acusación ya que buena parte de los episodios están prescriptos. “Fiscalía pretende traer a juicio hechos de fines de 2011 pero todo lo anterior al 16 de abril de 2013 debe descartarse. En diciembre de 2011 cesó en la función pública y desde allí corre la prescripción”.

Entre abril de 2014 y diciembre de 2015 Carpintero no fue funcionario provincial sino asesor de Mario Das Neves como diputado nacional. La justicia provincial no podría investigarlo.

Según la acusación, no declaró una moto tasada en $ 200 mil. “Cuesta mucho entender cómo alguien esconde una moto con malicia por un monto tan nimio cuando su supuesto enriquecimiento ronda los $ 45 millones”.

Ruffa se opuso a que declare el exjefe de G abinete Alberto Gilardino. “No está en condiciones porque por su vinculación evidente con los hechos podría autoincriminarse. Cuando nos toque interrogarlo o no podrá hablar o sale esposado”, advirtió el defensor.

En su respuesta al defensor, Nápoli afirmó que “hay abundantes y fuertes testimonios que dan cuenta de su rol dentro de la sociedad criminal, con manejo de fondos”. En esas entrevistas el acusado “no aparece con participación activa pidiendo plata espuria o como ideólogo, pero no implica descartarlo y queremos probarlo en el juicio”, dijo el fiscal.

Insistió con el testimonio de Gilardino. “Decir que un testigo se puede ir esposado de esta sala es un mensaje temerario, un tiro por elevación a quienes deben venir a testimoniar y una amenaza solapada para quienes cumplen con ética ciudadana”, advirtió Nápoli. “No hace falta decir eso a viva voz, nadie se va esposado por declarar en un juicio”.

El fiscal subrayó que los delitos contra la administración pública, como el enriquecimiento, son imprescriptibles. “Si nos equivocamos solamente en una moto, da cuenta de la magnitud de la acusación soportada por una evidencia importante”, informó Diario Jornada.

En la tercera jornada de la extensa audiencia preliminar al juicio oral y público por la causa “Revelación”, declaró el empresario de Trelew e imputado Martín Castillo. A instancias de su abogado defensor Abdo Manyauik se apoyó en un gráfico para que –a su criterio- se comprenda los aspectos temporales de todo el proceso de la maniobra presuntamente ilegal en la que se haya involucrado. Concretamente se refirió a la obra que su empresa realizó en remodelaciones del muelle pesquero del Puerto de Rawson.

La audiencia es dirigida por el juez de garantías Sergio Piñeda y se trata de la audiencia en la que las partes acuerdan las pruebas y las imputaciones que deberán ser tenidas en cuenta en caso de que al finalizar la misma, el magistrado resuelva la elevación a juicio oral y público. La causa mantiene 11 imputados entre ex funcionarios públicos provinciales y empresarios de la construcción del Chubut.

Las sesiones se iniciaron el pasado miércoles en jornadas muy extensas, llenas de planteos y observaciones al trabajo del Ministerio Público Fiscal que realizan los defensores de los imputados. Desde el inicio, dos empresarios fueron sobreseídos por acuerdo entre el defensor de ambos y el fiscal general Marcos Nápoli. Otros dos se sometieron a la probation y otros dos a la aplicación de la figura de la “reparación”, para así evitar ser sometidos a juicio oral.

Sobreseimientos

Los 11 imputados que quedan en la causa, a través de sus abogados defensores, uno a uno están pidiendo ante el juez Sergio Piñeda ser sobreseídos. En otros casos además objetaron algunas de las pruebas que ha reunido el fiscal general Marcos Nápoli durante la investigación.

También algunos de los imputados que desde el inicio de la investigación han preferido el silencio, en esta audiencia preliminar han preferido contar su versión de los hechos ante el juez Piñeda a manera de refuerzo de los argumentos de sus respectivos abogados defensores.

El primero de ellos fue el empresario de Comodoro Rivadavia Federico Piccione, que apuntó contra el fiscal general Héctor Iturrioz y el abogado Guillermo Iglesias, defensor de otro de los imputados, Esteban Torraca, al que también se le aplicó la “probation”. Habló de “intimidaciones y presiones” por fuera de la Ley.

Relaciones

“Yo necesito el sobreseimiento señor Juez. Fundé la empresa hace 23 años y no la empecé con la obra pública. Es vergonzoso que no pueda tener relaciones con proveedores de Estados Unidos y Europa porque estoy imputado en una causa de corrupción”, dijo Castillo, entre otros argumentos.

Luego respondió preguntas no solo de su abogado defensor, sino también de los fiscales y de los defensores de otros imputados.

Afirmó no conocer ni haber visto nunca a Diego Luters (otro de los imputados), y que con el ex gobernador Mario Das Neves, tenía una relación “normal”. El fiscal Nápoli le recordó cuando en oportunidad de un acto público, el extinto mandatario provincial dijo en un discurso “mi amigo Martín Castillo”.

Además Nápoli le recordó cartas documentos que su empresa enviaba con el remitente del estudio jurídico de Diego Martínez Zapata. También Nápoli apuntó a la relación que tenía una de las empleadas de Castillo, Bianca Di Martino, con otros dos de los imputados, Diego Luters y Diego Correa. “Ella me decía que eran sus informantes”, dijo el imputado.

Su defensor Manyauik reforzó la línea argumental de su cliente con más detalles relacionados con las exigencias que deben tener las acusaciones para ser llevado a juicio oral. Además puso en duda la llamada “lista de Luters”, en alusión al listado encontrado en un allanamiento en donde el secretario de Diego Correa llevaba la contabilidad, ingresos y salidas de los pagos que realizaban los empresarios para poder cobrar las obras que ejecutaban para la Provincia.

Concluyó en pedir el sobreseimiento de Castillo. La audiencia proseguirá a las 16 hs. de este viernes con más pedidos de sobreseimientos.

La causa investiga a 15 acusados por presuntos retornos de la obra pública para conformar una caja negra de la política destinada al pago de sobresueldos a funcionarios provinciales. El juez Sergio Piñeda resolverá todos los pedidos de las defensas en un plazo de 10 días.

La segunda jornada de audiencia preliminar por la Causa Revelación continuó este martes en la Oficina Judicial de Rawson, donde los empresarios y exfuncionarios acusados de obtener presuntos retornos de la obra pública para conformar una caja negra de la política destinada al pago de sobresueldos a funcionarios provinciales ofrecen compensaciones para evitar ir al juicio oral y público.

Los titulares de la constructora Capman, Mauricio Capandeguy y Patricio Manzanel fueron sobreseídos ayer; los empresarios Sandín y Rossi solicitaron la suspensión del juicio a prueba, en tanto que Cordón Ferrando y Riquelme ofrecieron reparaciones para evitar el juicio. Según informó El Chubut.

 

 

El fiscal Marcos Nápoli avaló el sobreseimiento que pidió el defensor de los empresarios de Esquel Mauricio Capandeguy y Patricio Manzanell por lo que ahora solo se aguarda la resolución del juez Sergio Piñeda para que en la continuidad de la audiencia, convalide el acuerdo. El resto de los defensores no se opusieron al sobreseimiento pero generaron un arduo debate acerca de si las pruebas tenidas en cuenta pueden o no tenerse en cuenta para el resto de los imputados.

Se trata de la causa “Revelación” que investiga a altos funcionarios provinciales de la anterior gestión de Mario Das Neves al frente de la gobernación, por un lado, y a empresarios de la construcción, por el otro.

Javier Kadomoto defensor de los empresarios de Esquel, Mauricio Capandeguy y Patricio Manzanell, pidió el sobreseimiento de ambos afirmando que fueron víctimas de un “plan criminal” diseñado por la gestión del gobernador Mario Das Neves “para aterrarlos y presionarlos a pagar las coimas”. Además agrego, que “existen cuatro testigos de la forma amenazante con las que (Diego) Correa –otro de los imputados- les pidió el 5 % de coima para que puedan cobrar lo que les debía la provincia por las obras que habían ejecutado. El defensor mostró la filmación de un acto de aniversario en la ciudad de Esquel, en donde luego de media hora de terminado, en una reunión Correa les pidió la coima a cambio de poder cobrar lo que la provincia les adeudaba por las obras públicas que habían realizado.

El fiscal Marcos Napoli, valoró la investigación que realizó la defensa de Capandeguy y Manzanell, pidió que esas pruebas sean incorporadas al juicio y concluyó en coincidir en el sobreseimiento para ambos imputados.

Delatores premiados

Gabalachis, defensor de Diego Correa, cuestiono al defensor Kadomoto diciendo que los clientes de este fueron “delatores premiados”. Por su parte, Carlos Villada adhirió a los dichos de Gabalachis y además cuestionó las pruebas aportadas por Kadomoto. Los defensores Emilio Galende, Abdo Mayauik, Jorge Rubiolo y Federico Ruffa coincidieron en cuestionar para el resto del juicio a las pruebas aportadas por Kadomoto.

El fiscal Napoli, acompañado por Alejandro Franco, hicieron una encendida defensa de las pruebas de Kadomoto y fueron acompañados por el resto de los querellantes.

La audiencia preliminar continuará este jueves a las 9 y se espera que el resto de los defensores pidan el sobreseimiento de sus respectivos clientes.

El fiscal Marcos Nápoli explicó que cuatro empresarios de la construcción pidieron este miércoles a la mañana acceder a la Probation (suspensión de juicio a prueba) y ofrecieron obras para “reparar” el perjuicio. Ahora falta que lo ratifique el juez Sergio Piñeda. Se trata de la causa que investiga pago y cobro de retornos por la obra pública.

Este miércoles a las nueve de la mañana comenzó la audiencia preliminar sobre la Causa Revelación, la cual investiga a ex funcionarios de Chubut y empresarios de la construcción por el supuesto pago y cobro de retornos por la obra pública.

El fiscal Marcos Nápoli se refirió a los resultados de la primera parte de la audiencia, donde cuatro empresarios pidieron acceder a la probation. «El juez (Sergio Piñeda) tiene que dar una resolución final. En este caso los ofrecimientos fueron acordados con el Ministerio Público Fiscal. La postura es a favor de las probation», aseguró.

En las próximas horas, este pedido de los defensores y la fiscalía sería ratificado por el juez Sergio Piñeda.

Asimismo, Nápoli, aseguró que «en esta audiencia intentamos separar quiénes vamos a intentar que vayan a juicio oral y quiénes no es necesario que la fiscalía tenga esta postura para con ellos. Las reparaciones que ofrecieron son todas dentro de las posibilidades de ellos mismos».

¿Qué ofrecieron los empresarios?

En este sentido, dijo que Oscar Sandin, de la empresa Sandín Construcciones S.R.L de la ciudad de Trelew, solicitó acogerse a suspensión de juicio a prueba y ofreció remodelar las celdas externas y oficinas de la comisaría de Rawson con un presupuesto de 630 mil pesos.

Por su parte, Gustavo Cordón Ferrando, de la firma Transredes, ofreció comprar dos grupos electrógenos para dotar de electricidad a las localidades de Buen Pasto y Aldea Apeleg por un monto aproximado de 1,6 millones de pesos.

En tanto, Juan Riquelme de la empresa R-V LonasSH pidió abonar 50 mil pesos en cinco cuotas y 200 horas de trabajo comunitario. Por último, Juan Rossi, de IPE, ofertó devolver 500 mil pesos para equipar a la Policía Científica, informó Diario ADNSUR.

A las 9 es la audiencia preliminar en la Oficina Judicial de Rawson.

Tres empresarios imputados acudirán a la figura de la reparación y otros dos serían sobreseídos en el marco del Caso Revelación, cuya audiencia preliminar al juicio oral y público será hoy a las 9 en la Oficina Judicial de Rawson.

Gustavo Cordón Ferrando, de la firma Transredes, propuso comprar dos grupos electrógenos para paliar el colapso energético en las comunas rurales más complicadas. Juan Rossi, de IPE, ofertó por su parte aportar una fuerte suma de dinero para equipar a la Policía Científica. Y Juan Riquelme, de la empresa R-V LonasSH y más escaso de recursos, ofrecería algún tipo de trabajo comunitario.

El fiscal Marcos Nápoli considera que el rol de los tres fue marginal en el expediente, a diferencia de otros pesos pesados. Cabe recordar que se investiga el presunto cobro de retornos de parte de un grupo de exfuncionarios de la gestión del gobernador Mario Das Neves, que habrían sido pagadas por empresarios de la construcción.

En el caso de los empresarios Mauricio Capandeguy y Patricio Manzanel, ambos de Esquel y propietarios de la empresa Capman SRL, se sabe que impulsaron una pesquisa propia junto con su defensor, incluyendo recolección de documentación y hasta de testimonios. De este modo demostrarían que no fueron cómplices sino víctimas del accionar del exsecretario privado Diego Correa. Y que para no quebrar no les quedó más salida que abonar una dádiva de poco más de 212.000 pesos para que el Ministerio de Economía les liberara $ 3.268.478.

Hasta ahora hay 15 imputados de los cuales 7 ocuparon la función pública en altos cargos; el resto son referentes de constructoras.

Extensa

No se descarta que la audiencia dure más de un día ya que se espera que las defensas presenten varias incidencias que generen debates largos. Varios acusados y abogados participarán por videoconferencia. El juez será Sergio Piñeda.

Por lo voluminoso del expediente, el fiscal Alejandro Franco colaborará con Nápoli. Es que su par Héctor Iturrioz en esta ocasión no será de la partida. Desde que se supo que será sometido a dos jurys de enjuiciamiento, el fiscal de Comodoro Rivadavia decidió apartarse del proceso para que su situación no sea usada por las defensas para trabar el proceso. Resta aguardar las incidencias

Lo aseveró el doctor Marcos Nápoli, uno de los fiscales de la Causa Revelación al admitir que, la investigación que derivará en el juicio oral y público y en una eventual condena a ex funcionarios provinciales y empresarios por integrar una asociación ilícita que cobraba coimas de la obra pública, abarca sólo a una mínima parte de la administración estatal. «Somos conscientes que esto era mucho más grande», sostuvo el fiscal sobre el fraude estimado en unos 50 millones de pesos. El juicio comenzaría recién a principios del 2020 y las audiencias se harían por la tarde.

La Causa Revelación ya tiene formalizada la acusación para su elevación a juicio oral y público, después de 14 meses de ardua investigación, una tarea que encabezaron los fiscales Marco Nápoli y Héctor Iturrioz.

Son unas 400 páginas que sustancian el emblemático expediente: “ha sido un trabajo largo y concienzudo que termina de una manera lógica, con la acusación formal, con un escrito en el que se volcó no sólo el material testimonial, sino también los indicios de carácter pericial, documental e informático”, señaló Nápoli a Radio 3.

«La causa se basa en la constitución de una asociación criminal, ilícita, que tenía como fines recaudar dinero de manera espuria, de conformar una caja dineraria proveniente de la obra pública, de pagos de coimas que hacían empresarios para tener el derecho de cobrar antes que otros acreedores del Estado», explicó.

Hizo un análisis llamativo: «hay que hacer la salvedad que no se perjudicaban directamente las arcas del Estado, sino también el patrimonio de las empresas que tenían que pagar para acceder a cobrar los certificados de obra».

«Lo que pune el derecho penal es la conducta de los funcionarios, de aquellos que no se comportan como indican las normas de ética y como corresponde en el manejo de la cosa pública», argumentó.

«Uno siempre tiene la sospecha que los grandes empresarios rara vez pierden desde el punto de vista patrimonial, y probablemente este impuesto anómalo que se les cobraba estaba cargado previamente en la licitación propia o en la redeterminación de precios», aclaró.

«Estos certificados, producto de la inflación, se van indexando a medida que los precios aumentan en su generalidad, lo que permite algún tipo de defasaje. Esto permite dibujar números, por decirlo así», remarcó.

La Causa Revelación ya tiene formalizada la acusación para su elevación a juicio oral y público, después de 14 meses de ardua investigación, una tarea que encabezaron los fiscales Marco Nápoli y Héctor Iturrioz.

Son unas 400 páginas que sustancian el emblemático expediente: “ha sido un trabajo largo y concienzudo que termina de una manera lógica, con la acusación formal, con un escrito en el que se volcó no sólo el material testimonial, sino también los indicios de carácter pericial, documental e informático”, señaló Nápoli a Radio 3.

«La causa se basa en la constitución de una asociación criminal, ilícita, que tenía como fines recaudar dinero de manera espuria, de conformar una caja dineraria proveniente de la obra pública, de pagos de coimas que hacían empresarios para tener el derecho de cobrar antes que otros acreedores del Estado», explicó.

Hizo un análisis llamativo: «hay que hacer la salvedad que no se perjudicaban directamente las arcas del Estado, sino también el patrimonio de las empresas que tenían que pagar para acceder a cobrar los certificados de obra».

«Lo que pune el derecho penal es la conducta de los funcionarios, de aquellos que no se comportan como indican las normas de ética y como corresponde en el manejo de la cosa pública», argumentó.

«Uno siempre tiene la sospecha que los grandes empresarios rara vez pierden desde el punto de vista patrimonial, y probablemente este impuesto anómalo que se les cobraba estaba cargado previamente en la licitación propia o en la redeterminación de precios», aclaró.

«Estos certificados, producto de la inflación, se van indexando a medida que los precios aumentan en su generalidad, lo que permite algún tipo de defasaje. Esto permite dibujar números, por decirlo así», remarcó.

“La situación resulta compleja para determinar que empresarios pagaron coimas para cobrar certificados porque estaban ahogados financieramente, en un estado de extorsión, o que empresarios lo hacían de una manera continua y hasta lo incentivaban”, admitió,

“La coima está en este caso comprobada y documentada, porque por ejemplo en la Causa de los Cuadernos de Bonadio tiene fotocopias y anotaciones que se cuestionan. En cambio acá tenemos la documentación del control que llevaba Diego Luthers, pero también los cheques originales, lo que nos permitió trazar un camino, un seguimiento, sobre el emisor, el dosante y en qué cuenta terminó ese cheque”, destacó Nápoli.

“Hay hilos conductores que son comunes como las empresas de Diego Correa, Cepat o Dual Core, o en la financiera de Comodoro Rivadavia en la que se pagaban acciones para la compra de Canal 9, de la sociedad Protel. Todos estos cheques eran emitidos por empresarios de la construcción, no parecían otros prestadores del Estado, todos eran de la obra pública”, argumentó.

CONDENAS SEGÚN LAS RESPONSABILIDADES

Sobre la diferencia en los pedidos de condena; ocho años de prisión para Diego Correa, Víctor Cisterna y Gonzalo Carpintero; siete para Alejandro Pagani, Pablo Oca y Martín Bortagaray y seis para Diego Luthers, Nápoli puntualizó: “la diferencia tiene que ver con la responsabilidad que le imputamos a cada uno de ellos en la asociación criminal. No sólo con la intensidad con la que maniobraban dentro de la organización, sino que grado de responsabilidad tenían».

«Nosotros le achacamos a Cisterna que era uno de los fundadores y el ideólogo de cómo generar este tipo de fraudes y como continuadores de ellos a Correa y Carpintero», aseveró Nápoli.

«Y los demás ingresaron posteriormente a la asociación ilícita como el caso de Bortagaray, o tuvieron una menor injerencia dentro de la organización, como el caso de Luthers, que mostró una conducta muy reprochable, era muy activa su participación, pero en la línea jerárquica de mando y obediencia, no tenía a su cargo la responsabilidad de tomar decisiones, por el contrario, las obedecía, aunque lógicamente era funcional a la asociación», profundizó el fiscal.

«Como el impacto de la pena es bastante conflictivo, en este caso en particular es interesante es transmitir la garantía de que estas personas no vuelvan a ejercer cargos públicos. Y esto es una forma de responder a quienes se preocupaban con un sano interés, como los doctores Pérez Galimberti o Eduardo Hualpa, que no haya posibilidad de repeticiones. Y no la habrá al menos con estas personas, porque si la condena se confirma, no podrán ser reelectos o nombrados a dedo para ejercer cargos públicos», aseguró..

LA IMPLICANCIA DE LOS EMPRESARIOS

Nápoli aclaró respecto de los empresarios imputados que “hay distintas situaciones: hay quienes no accedieron al beneficio de la suspensión del juicio a prueba porque saben que aún tienen tiempo de pedirlo hasta que se inicie el debate oral y público. Otros que consideran que es injusto reparar una suma millonaria o hacer una obra cuando se sintieron extorsionados por el Estado y quieren demostrar esta situación. De llegar a comprobarse en el debate, van a resultar absueltos”.

“También hay empresarios que se consideran totalmente inocentes y descreen que nosotros podamos probar que formaron parte de este tipo de maniobras”, agregó.

OTROS ROLES

En el caso de quienes oficiaron de valijeros, Nápoli explicó que “en este entramado siempre hay personas que cumplen esa función porque son dineros que no provienen de licitaciones públicas o partidas presupuestarias, y no pueden transferirse a través del sistema o entidades financieras, y llevan el dinero de un lugar a otro o de un interesado a otro”.

La Causa Revelación ya tiene formalizada la acusación para su elevación a juicio oral y público, después de 14 meses de ardua investigación, una tarea que encabezaron los fiscales Marco Nápoli y Héctor Iturrioz.

Son unas 400 páginas que sustancian el emblemático expediente: “ha sido un trabajo largo y concienzudo que termina de una manera lógica, con la acusación formal, con un escrito en el que se volcó no sólo el material testimonial, sino también los indicios de carácter pericial, documental e informático”, señaló Nápoli a Radio 3.

«La causa se basa en la constitución de una asociación criminal, ilícita, que tenía como fines recaudar dinero de manera espuria, de conformar una caja dineraria proveniente de la obra pública, de pagos de coimas que hacían empresarios para tener el derecho de cobrar antes que otros acreedores del Estado», explicó.

Hizo un análisis llamativo: «hay que hacer la salvedad que no se perjudicaban directamente las arcas del Estado, sino también el patrimonio de las empresas que tenían que pagar para acceder a cobrar los certificados de obra».

«Lo que pune el derecho penal es la conducta de los funcionarios, de aquellos que no se comportan como indican las normas de ética y como corresponde en el manejo de la cosa pública», argumentó.

«Uno siempre tiene la sospecha que los grandes empresarios rara vez pierden desde el punto de vista patrimonial, y probablemente este impuesto anómalo que se les cobraba estaba cargado previamente en la licitación propia o en la redeterminación de precios», aclaró.

«Estos certificados, producto de la inflación, se van indexando a medida que los precios aumentan en su generalidad, lo que permite algún tipo de defasaje. Esto permite dibujar números, por decirlo así», remarcó.

“La situación resulta compleja para determinar que empresarios pagaron coimas para cobrar certificados porque estaban ahogados financieramente, en un estado de extorsión, o que empresarios lo hacían de una manera continua y hasta lo incentivaban”, admitió,

“La coima está en este caso comprobada y documentada, porque por ejemplo en la Causa de los Cuadernos de Bonadio tiene fotocopias y anotaciones que se cuestionan. En cambio acá tenemos la documentación del control que llevaba Diego Luthers, pero también los cheques originales, lo que nos permitió trazar un camino, un seguimiento, sobre el emisor, el dosante y en qué cuenta terminó ese cheque”, destacó Nápoli.

“Hay hilos conductores que son comunes como las empresas de Diego Correa, Cepat o Dual Core, o en la financiera de Comodoro Rivadavia en la que se pagaban acciones para la compra de Canal 9, de la sociedad Protel. Todos estos cheques eran emitidos por empresarios de la construcción, no parecían otros prestadores del Estado, todos eran de la obra pública”, argumentó.

CONDENAS SEGÚN LAS RESPONSABILIDADES

Sobre la diferencia en los pedidos de condena; ocho años de prisión para Diego Correa, Víctor Cisterna y Gonzalo Carpintero; siete para Alejandro Pagani, Pablo Oca y Martín Bortagaray y seis para Diego Luthers, Nápoli puntualizó: “la diferencia tiene que ver con la responsabilidad que le imputamos a cada uno de ellos en la asociación criminal. No sólo con la intensidad con la que maniobraban dentro de la organización, sino que grado de responsabilidad tenían».

«Nosotros le achacamos a Cisterna que era uno de los fundadores y el ideólogo de cómo generar este tipo de fraudes y como continuadores de ellos a Correa y Carpintero», aseveró Nápoli.

«Y los demás ingresaron posteriormente a la asociación ilícita como el caso de Bortagaray, o tuvieron una menor injerencia dentro de la organización, como el caso de Luthers, que mostró una conducta muy reprochable, era muy activa su participación, pero en la línea jerárquica de mando y obediencia, no tenía a su cargo la responsabilidad de tomar decisiones, por el contrario, las obedecía, aunque lógicamente era funcional a la asociación», profundizó el fiscal.

«Como el impacto de la pena es bastante conflictivo, en este caso en particular es interesante es transmitir la garantía de que estas personas no vuelvan a ejercer cargos públicos. Y esto es una forma de responder a quienes se preocupaban con un sano interés, como los doctores Pérez Galimberti o Eduardo Hualpa, que no haya posibilidad de repeticiones. Y no la habrá al menos con estas personas, porque si la condena se confirma, no podrán ser reelectos o nombrados a dedo para ejercer cargos públicos», aseguró..

LA IMPLICANCIA DE LOS EMPRESARIOS

Nápoli aclaró respecto de los empresarios imputados que “hay distintas situaciones: hay quienes no accedieron al beneficio de la suspensión del juicio a prueba porque saben que aún tienen tiempo de pedirlo hasta que se inicie el debate oral y público. Otros que consideran que es injusto reparar una suma millonaria o hacer una obra cuando se sintieron extorsionados por el Estado y quieren demostrar esta situación. De llegar a comprobarse en el debate, van a resultar absueltos”.

“También hay empresarios que se consideran totalmente inocentes y descreen que nosotros podamos probar que formaron parte de este tipo de maniobras”, agregó.

OTROS ROLES

En el caso de quienes oficiaron de valijeros, Nápoli explicó que “en este entramado siempre hay personas que cumplen esa función porque son dineros que no provienen de licitaciones públicas o partidas presupuestarias, y no pueden transferirse a través del sistema o entidades financieras, y llevan el dinero de un lugar a otro o de un interesado a otro”.

“Tenemos a tres personas, o básicamente a dos, porque Andrés Minín forma parte de la asociación ilícita por intervenir en la compra de Canal 9. Las otras dos personas son Pablo Bastida y Federico Piccione, a quienes se les achaca el rol de movilizar los dineros mal habidos”, apuntó.

SÓLO UNA PARTE DEL UNIVERSO DE COIMAS

En cuanto a una recaudación total estimada, Napoli dejó otra frase para llamar la atención: “de acuerdo a las maniobras que hemos probado, son alrededor de 50 millones de pesos. Suena fuerte desde el punto de vista numérico, pero no es relevante desde el punto de vista del entramado de esta asociación”.

«Tenga en cuenta que vamos a poder probar aquellos hechos donde contamos con cheques, donde ha confesado algún que otro empresario o los que estaban anotados en las planillas que Luthers prolijamente llevaba. Pero todo el universo de pago de coimas que estaba circunscripto a la administración pública central no está inserto en esta investigación”, reconoció Napóli.

“No somos sonsos y somos conscientes que esto era mucho más grande y que probablemente este sea uno de los kioskos dentro de un supermercado. No podemos dimensionar exactamente hasta qué punto se llegaba con todos”.

“Los viejos comentarios de pasillos decían que en cada escritorio de la administración pública había que dejar algo. Nosotros tomamos solamente un ministerio, una parte de otro y las vinculaciones con el Instituto Provincial de la Vivienda. Lejos estamos de cubrir todo el espectro”, enfatizó Nápoli.

Enseguida confirmó que la recaudación permitía financiar el aparato político: «estos pagos de sobresueldos que lucen veraz en las planillas solventaba ese mecanismo”.

CONVENCIONES PROBATORIAS

Respecto de si algún funcionario podría romper el silencio en el juicio, analizo que “tenemos expectativas de hacer convenciones probatorias, aunque con los funcionarios públicos no podemos hacer juicios abreviados. Como también hubo una ardua discusión con los fueros de Bortagaray, hemos declinado esa alternativa. El juicio abreviado tiene la ventaja que el imputado reconoce la responsabilidad y se acuerda la pena».

“Pero sí podemos hacer convenciones probatorias, en las que los funcionarios se pongan de acuerdo con los fiscales en reconocer los hechos, lo que permitiría no dilatar discusiones como el camino de los cheques”, adelantó.

“Los pactos de silencios en estos casos en los que las maniobras han sido tan públicas son difíciles de pergeñar, aunque consideramos que los funcionarios saben cosas que nosotros desconocemos», advirtió.

«Creo que hemos podido desentrañar el manejo que han tenido y ellos saben que nosotros tenemos esa información y que a través de la acusación quedará sobre la mesa», confió Nápoli.

«Las escuchas telefónicas existen, pero no son el fuerte de la Causa Revelación. Las vamos a usar sólo si fuera necesario», aclaró.

CASI 300 TESTIGOS

«Son casi 300 testigos, muchos de ellos personal policial, que se dedicó a la investigación y recopilación de datos, y otros son civiles que han vivido en carne propia situaciones interesantes para el caso; como quienes han visto pasar dinero, o funcionarios pergeñando maniobras en determinados lugares, los choferes de la Unidad Gobernador que iban a cambiar los cheques constantemente, personal del Instituto Provincial del a Vivienda, del Ministerio de Economía o de Infraestructura, trabajadores de carrera que cayeron en la cuenta que esto ocurría a partir de lo que nosotros le mostrábamos del caso», detallo Nápoli.

Respecto de la reparación de las probation, admitió que “no es una cuestión directamente proporcional, pero la cantidad de dinero ronda el mismo monto, de entre 50 y 60 millones de pesos, aunque hay un defasaje por la inflación”.

AUDIENCIAS POR LA TARDE

“No creemos que vamos a llegar al inicio del juicio este año, porque todavía hay audiencias largas, y después se elevará la causa a juicio, que podría comenzar a principios del año próximo. Conversando con la Oficina Judicial y teniendo en cuenta que algunos imputados forman parte de más de una causa, ya hemos acordado hacer las audiencias de tarde para no superponerlas con las de las otras causas”, reveló Nápoli sobre el final del extenso diálogo.

 

Radio 3

 

La acusación formal contiene 438 páginas, de las cuales 106 son las pruebas ofrecidas por los fiscales. En total son 20 imputados: siete exfuncionarios y 14 empresarios. Los fiscales ofrecieron 292 testigos. Es la causa más grande de corrupción en la historia del Chubut que llegará a juicio.

EL CHUBUT accedió a la presentación de la acusación de los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz en la causa que investiga el presunto pago de retornos de empresas constructoras al Gobierno provincial para conformar una caja negra de la política destinada a pagar sobresueldos a gran parte de los funcionarios del Estado.

Después de un trabajo exhaustivo, meticuloso y que demandó 13 meses de investigación y análisis de pruebas, los fiscales presentaron la documentación que cuenta con 438 páginas, donde detallan el rol de cada uno de los acusados, cómo se pergeñó el plan, las reuniones entre los empresarios y los funcionarios y los recaudadores de esta presunta maniobra.

LAS CONDENAS PEDIDAS
PARA EX FUNCIONARIOS
Gonzalo Carpintero Patterson: 8 años de prisión por ser organizador de la asociación ilícita en concurso real con cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de dos hechos. Multa del 50% de los bienes incrementados ilegítimamente y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Pedirán el decomiso de los bienes producto del delito.

Diego Correa: 8 años de prisión por ser organizador de la asociación ilícita en concurso real con cohecho pasivo, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Solicitarán el decomiso de los bienes producto del delito.

Víctor Cisterna: 8 años de prisión por ser organizador de la asociación ilícita, en concurso real con cohecho pasivo, bajo la modalidad de delito continuado. Inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y exigirán el decomiso de los bienes producto del delito.

Pablo Oca: 7 años de prisión por ser organizador de la asociación ilícita, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y pedirán el decomiso de los bienes producto del delito.

Alejandro Pagani 7 años de prisión por ser organizador de la asociación ilícita, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los bienes producto del delito.

Martín Bortagaray: 6 años de prisión por ser organizador de la asociación ilícita, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los bienes producto del delito.

Diego Luthers: 6 años de prisión por ser miembro de la asociación ilícita, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los bienes producto del delito.

LAS CONDENAS PEDIDAS
PARA LOS EMPRESARIOS
Federico Piccione: 6 años de prisión por ser miembro de la asociación ilícita y el decomiso de los bienes producto del delito.
Pablo Bastida: 5 años de prisión por ser miembro de la asociación ilícita, con más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los bienes producto del delito.

Andrés Ninín: 4 años de prisión por ser miembro de la asociación ilícita, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los bienes producto del delito.

Mauricio Capandeguy: 2 años de prisión, el decomiso de bienes producto del delito y la expresa condenación por costas del proceso.

Patricino Manzanel: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.

Jorge Rossi: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.

Juan Riquelme: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.

Massoud Ighani: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.

Miguel Freile: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.

Pablo Menedin: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.

Martín Castillo: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.

Gonzalo Cordón Ferrando: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.

Oscar Sandín: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.