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Comunicado

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Lo hicieron a través de un comunicado que firmó la secretaria general de la seccional Comodoro Rivadavia de la Asociación Trabajadores del Estado, Verónica Rosales.

En el mismo, señalan que “por los hechos que son de público conocimiento y en virtud del sensible precedente que generan los 15 allanamientos a los trabajadores de la salud pública pertenecientes al Hospital Regional Comodoro Rivadavia, enmarcado esto en la investigación por la desaparición de 30 dosis de la vacuna Sputnik V de ese nosocomio; desde ATE Seccional Comodoro Rivadavia nos solidarizamos con los compañeros trabajadores damnificados”.

“Repudiamos el proceder parcial sobre los compañeros y solicitamos se determine las responsabilidades sobre el personal jerárquico”, agregaron.

Asimismo, exigen “al señor Ministro de Salud de la provincia, Fabián Puratich, el esclarecimiento del hecho acaecido y que se tomen las medidas pertinentes para definir las responsabilidades de ambas direcciones Hospital Regional y Área Programática Sur”. “Repudiamos, además, el hecho de violencia ejercido sobre los compañeros de salud en lo referido a salarios atrasados y recargos horarios”, continúa el documento.

Finalmente, señala: “solicitamos que se tomen todos los resguardos con el fin de dar la contención psicológica al personal damnificado”.

El comodorense

La conducción del CCT CONICET-CENPAT se pronunció respecto a las rondas de trabajo impulsadas por el Gobierno para analizar el proyecto de zonificación minera.

El comunicado:

Desde la institución científica declararon que “luego de haber analizado técnica y científicamente, en una perspectiva global e interdisciplinaria el proyecto de ley denominado “Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia del Chubut”, hemos desistido de participar en esta convocatoria. Lo hacemos en concordancia con otras instituciones científicas y técnicas, universidades, organizaciones sociales, partidos políticos, autoridades y referentes religiosos, pueblos originarios, y un gran número de ciudadanos y ciudadanas de la Provincia; en virtud de la celeridad que se le busca imprimir a un debate que, por su relevancia, requiere mayores plazos de tiempo y una convocatoria amplia a otros sectores de la comunidad”.

“La invitación al sector científico se da en un proceso avanzado del tratamiento legislativo, y no en sus fases iniciales. En este sentido, nuestra institución recomienda debates abiertos, donde la exposición de los resultados de estudios e investigaciones que aportan al desarrollo productivo de la Provincia sean parte de un proceso participativo. La convocatoria del Gobierno provincial, por el contrario, es informativa, con una modalidad que solamente permite la realización de preguntas sobre aspectos de una decisión que, a nuestro entender, ya ha sido tomada”.

En el texto remitido al Gobernador también pueden leerse propuestas realizadas por científicas y científicos del CENPAT: “No obstante esta declinación, la iniciativa en discusión ha sido evaluada por nuestros equipos técnicos, quienes hacen hincapié en los siguientes aspectos:

1) No hay debate sin espacios de reflexión, aporte técnico y comunitario para la diversificación productiva. En un marco en el que el objetivo principal es sólo habilitar la minería metalífera, nuestras contribuciones en torno a la diversidad de actividades productivas, que podrían potenciar a la Meseta, parecen estar excluidas de la discusión.

2) En materia de licencia social, y basándonos en experiencias llevadas adelante en otros contextos, nuestra sugerencia es que se contemplen mecanismos formales y participativos para establecer si existe o no, en tanto el proyecto de zonificación ha movilizado a porciones muy significativas de la ciudadanía chubutense en su contra. En este sentido, recomendamos igualdad de tratamiento para la Iniciativa Popular presentada formalmente a la Legislatura Chubutense. También, percibimos que actores intervinientes como las asambleas ciudadanas no han sido convocados a este debate.

3) Por otro lado, recomendamos avanzar en una Ley de Ordenamiento Territorial integral que contemple el bienestar de las poblaciones, el uso planificado del agua y la protección de la biodiversidad en un contexto de cambio climático y creciente desertificación. Recién en una instancia posterior se debería legislar sobre las actividades específicas (en especial tratándose de proyectos extractivistas con potenciales impactos en otros recursos naturales y esenciales para la población como el agua y el suelo).

4) El proyecto de minería metalífera en cuestión se sustenta sobre análisis climáticos e hidrológicos que están basados en escasos datos, que resultan insuficientes para la planificación estratégica del agua y el territorio. Además, la disminución de la disponibilidad de agua y el aumento de eventos extremos (sequías e inundaciones) debidos al cambio climático, sumado al avance de la desertificación, generan un escenario de alta vulnerabilidad que no es tenido en cuenta, y para lo cual recomendamos avanzar en una gestión integral del agua y los suelos provinciales”.

“Desde el inicio de la pandemia COVID-19 quedó demostrado una vez más, que el CCT-CONICET CENPAT con histórica presencia en la Provincia, tiene un férreo compromiso con el cuidado socioambiental, el desarrollo económico, el bienestar, la salud y la calidad de vida de las personas, responsabilidad que continuará con las distintas iniciativas que están orientadas a la producción de conocimiento y soluciones científicas”, cierra el documento.

Fuente: La Portada

El Partido Justicialista del Chubut exige que el Proyecto de Ley denominado “Desarrollo Industrial Minero Metalífero sustentable de la Provincia de Chubut” tenga otro tipo de debate y por ello solicitamos al Poder Ejecutivo Provincial su retiro de la Legislatura para comenzar una discusión seria, responsable, científica, que ofrezca las garantías ambientales, sociales y económicas que hoy no existen.

Un proyecto de esta características debe incluir a todos los actores involucrados, es decir, a las propias asambleas ambientalistas, las organizaciones de la vida civil, el sector científico y académico, el Estado en sus distintos niveles y agencias, municipal, provincial y nacional, así como a otras instancias de participación ciudadana.

En el contexto de asimetrías de poder económico y mediático entre las empresas mineras y los actores de la sociedad civil, es el Estado quien debe oficiar como árbitro de las desigualdades y ser garante del desarrollo integral de la población.

Lo que la ciudadanía reclama en su justo derecho es un debate profundo y entre múltiples actores sobre qué modelos de desarrollo son socialmente deseables, y de qué manera se usarán los recursos. Ese debate no puede limitarse a tres horas por zoom con la participación de 27 diputados que analizan la postura unilateral del Gobierno Provincial.

No negamos ninguna posibilidad de desarrollo de la Provincia, pero consideramos que la falta de credibilidad del Gobierno Provincial y los efectos de la pandemia, exigen otros tiempos y otra metodología.

Estamos convencidos de que este tipo de leyes no pueden tener un “tratamiento exprés” sobre todo planteando una proyección de la matriz productiva de la provincia no menor a 30 años y manifestamos nuestra coincidencia general con lo planteado por la Diócesis de Comodoro Rivadavia, el Centro Nacional Patagónico, la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Chubut, el Instituto de Tecnología Agropecuaria y la Universidad Nacional de la Patagonia – San Juan Bosco, quienes consideran que no están dadas las condiciones para la aprobación de esta Ley.

Carlos Linares – Presidente Partido Justicialista
Adriana Casanovas – Vicepresidenta Partido Justicialista
Florencia Papaiani – Vicepresidenta Partido Justicialista
Nancy González – Vicepresidenta Partido Justicialista
Ana Amato – Vicepresidenta Partido Justicialista
Dante Bowen – Secretario Partido Justicialista
Érica Pineda – Secretaria Partido Justicialista

La imagen puede contener: texto que dice "CHUBUT NO PUEDEN SACAR LEYES SIN CONSENSO del Chubut exige Proyecto tenga comenzar Partido Metalifero Provincial retiro Legislatura ofrezca garantías ambientales, sociales debe incluir organizaciones agencias, "Desarrollo Industrial Minero debate solicitamos discusion seria, cientifica, existen. distintos niveles todos civil, decir, provincial simetrías las propias Estado contexto sociedad civil, desarrollo del poder cientifico academico, como otras entre oficiar como 1e empresas mineras desarrollo modelos limitarse justo derecho un actores garante del profundo entre múltiples postura consideramos Provincia, exigen tener Rivadavia, exprés" Patagónico, Agropecuaria Presidente Facultad Regional Nacional Patagonia- probación Justicialista Partido Justicialista Ana Justicialista Bowen Érica Partido Partido Partido Tele-Fax:"

Los y las trabajadores de la salud pública que desempeñamos funciones en el Hospital “Dr. Andrés Isola” y en los Centros de Salud de Puerto Madryn, hicieron pública su posición de rechazo al proyecto de zonificación provincial que propicia el gobierno.

El personal sanitario expresó, a través de un comunicado de prensa leído en las puertas del hospital Isola, “nuestro total rechazo, preocupación, angustia y desesperación ante la inminente habilitación de una actividad no productiva, sino extractiva, cuyos daños e impactos a la salud de la población, en especial infantil, son graves, irreversibles y con consecuencias nefastas que a esta altura ya son de público conocimiento”.

Asimismo, indicaron que “el proyecto de zonificación minera que habilita la actividad en más del 70% del territorio de la provincia, es gravísimo” acotando “por estas horas, nada nos desvela más que este tema. Ni siquiera la pandemia de COVID-19 a la que venimos poniendo el cuerpo desde hace más de 9 meses, asistiendo a la salud de nuestra gente, enfrentando las complicaciones que se presentan a diario y asistiendo a vecinos y vecinas de Madryn en el tratamiento de enfermedades provocadas por este virus. Como así también, en la atención de todas aquellas situaciones de salud que no son por COVID”.

El comunicado agrega que “nos aplaudieron, nos pidieron que redoblemos esfuerzos y respondimos, aun sin nuestros sueldos depositados en tiempo y forma, aún con el cansancio, desconcierto y en el medio de una crisis socioeconómica inusitada en nuestra provincia. Siempre respondimos”.

Junto a ello, las mujeres y hombres del hospital Isola afirmaron que “hoy necesitamos más que nunca que nos escuchen. Pedimos a la comunidad de Madryn que nos acompañe en este pedido desesperado al Gobierno a nuestros representantes, para que frenen esta locura. La megaminería significa contaminación directa al agua, el suelo y el aire; con la correspondiente afectación a la salud de quienes elegimos este lugar para habitar en paz y en un ambiente sano”.

Además, “instamos a las autoridades de Salud, especialmente al Ministro Fabián Puratich, máximo referente y autoridad provincial en la materia, a que se pronuncie sobre este tema, defienda los intereses del pueblo y acompañe este pedido de los y las trabajadores de la Salud tanto de Puerto Madryn, como del resto de Hospitales de la Provincia que desde hace tiempo venimos advirtiendo y manifestando sobre este tema”. Junto a ello, advirtieron que “sentimos la responsabilidad de alertar sobre los peligros que implica la megaminería, actividad que avasalla y vulnera el derecho a la salud integral de las personas y la posibilidad de decidir sobre sus vidas”.

En este sentido, remarcaron que “la llegada de proyectos megamineros que el gobierno pretende autorizar será de un impacto nunca visto en la salud de los y las chubutenses. Los efectos devastadores no sólo serán para los pobladores de la meseta (Gastre, Telsen, Gan Gan y otras comunas aledañas, ellos a quienes se los pretende ayudar, justamente van a ser los más perjudicados) sino que también se verán afectados en forma directa quienes residan a cientos de kilómetros de los lugares de explotación (Puerto Madryn, Trelew, Rawson y toda la zona del valle, costa y cordillera)”.

Por último, el personal de Salud del Hospital “Dr. Andrés Isola” y Centros de Salud indicaron que “en el país, y en el mundo, hay antecedentes de esto y en ninguno de esos casos la actividad megaminera resultó beneficiosa para la población, por el contrario, luego de su paso quedan pueblos devastados. Hay también, suficiente información para alertar sobre los daños de la minería a cielo abierto por contaminación del aire, los suelos y el agua, con metales pesados y uso de substancias químicas contaminantes; generando un daño irreversible a la salud de las personas, con la aparición de enfermedades de todo tipo, algunas muy graves, hasta mortales”.

Trabajadores del Viejo Expreso Patagónico ” La Trochita” emitieron este viernes un comunicado a través del cual repasaron la situación actual de uno de los atractivos turísticos e históricos más importantes de la ciudad.

El comunicado:

Mediante la presente los trabajadores de La Trochita queremos dar a conocer la situación en la que nos encontramos, próximos a la apertura turística

En la paritaria firmada en mayo 2019, siendo retroactiva a marzo del mismo año, se acuerda con el Gobierno de la Provincia un incremento en los items antigüedad y zona, además de tres incrementos a lo largo del año.

Sobre lo antedicho, recién en Julio del corriente año, se empieza a liquidar en los haberes, los incrementos acordados oportunamente. Ante el incumplimiento en tiempo y forma, se generó una deuda retroactiva y al día de la fecha se nos debe abonar los retroactivos de zona y antigüedad desde marzo 2019 a junio 2020, y además la cláusula gatillo correspondiente al mes de enero 2020.

A esto se suma el estado de crisis económica de la provincia, en el que a todos los empleados provinciales se les adeuda dos salarios y el aguinaldo correspondiente a junio.

Cabe destacar que a lo largo del año 2019, en medio de conflictos gremiales y promesas inclumplidas por parte de los funcionarios, los trabajadores nunca dejamos de prestar servicio, realizando incluso un viaje charter con el ingreso de divisas que esto significa para la provincia.

Somos conscientes de que trabajamos en uno de los principales atractivos de la zona, declarado Patrimonio Histórico Nacional. No solo trabajamos en La Trochita prestando un servicio turístico, sino que resguardamos parte de la historia y la transmitimos en cada viaje para que esta se conserve a lo largo del tiempo. La Trochita, no solo es nuestra fuente de trabajo, es parte de nuestra vida y de nuestra ciudad, tenemos sentido de pertenencia y solo queremos que esto funcione para que el mundo entero pueda conocer este patrimonio.

A causa de la pandemia, desde aproximadamente el mes de abril, el personal no está asistiendo a trabajar, es por eso que, al momento de pensar en reactivar el servicio turístico se debe realizar un plan de trabajo para tener todo en optimas condiciones, sumado a los protocolos exigidos por las autoridades sanitarias correspondientes.

Como trabajadores, esperábamos que en este tiempo de inactividad se pueda regularizar la situación, al igual que en otros organismos. Sobre todo porque las autoridades se comprometieron a cancelar parte del pago con fondos propios del Ministerio al que pertenecemos.

Hoy no pedimos nuevos aumentos, hoy exigimos el cumplimiento de la paritaria que fue acordada hace mas de un año y medio, sabiendo que ante la inflacion en la que vivimos, ya este ingreso se ve devaluado. Consideramos que nuestro reclamo es justo y dimos bastas muestras de buena voluntad y paciencia frente a los incumplimientos del Gobierno

Estamos tan ansiosos como ustedes, de volver a trabajar, de ver rodar nuevamente nuestro amado tren, de recibir visitantes que disfruten de nuestra ciudad, pero necesitamos ser escuchados y que el Gobierno cumpla con el compromiso asumido y nos pague lo adeudado.

Fuente: La Portada

La Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) presentó este martes en conferencia de prensa en Esquel un comunicado alertando sobre la crítica situación en la provincia. Se sumaron invitaciones a movilización y distintas acciones, una denuncia pública al ministro de Salud y una declaración de becarios del Conicet.

En el documento de la UACCh las distintas asambleas denuncian los avances -clandestinos hasta hace unos días- del gobierno de Mariano Arcioni en pos de la habilitación de la actividad megaminera, las operaciones de PanAmerican Silver sobre las comunidades de la Meseta, los tres años de maltrato, violencia y despojo al pueblo y a los trabajadores, y el protocolo de uso de armas de fuego recientemente publicado en el boletín oficial.

En la misma conferencia de prensa se dio lectura a una denuncia pública sobre declaraciones recientes del ministro de Salud de la provincia, Fabián Puratich, se realizó la invitación a la marcha de antorchas de esta noche, y por último jóvenes investigadores universitarios dieron a conocer un pronunciamiento de la Red de Becarixs de Ciencia y Técnica de Esquel (CONICET – Agencia – INTA y Provincia de Chubut)

Compartimos aquí el texto del comunicado de la UACCh, y te invitamos a ver el video completo de la conferencia de prensa completa.

Chubut, 17 de Noviembre de 2020

COMUNICADO UACCH

A partir de los gravísimos sucesos que vienen produciéndose en los últimos días en la provincia de Chubut, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCH) se declara en estado de ALERTA MÁXIMA, ASAMBLEA Y MOVILIZACIÓN PERMANENTES y DENUNCIA que:

1- El gobierno de Mariano Arcioni, desde hace tres años, violenta de múltiples formas al pueblo de Chubut, atentando contra la paz social en una escalada que parece no tener límites. El gobernador Arcioni ha mentido y no ha cumplido sus promesas de campaña electoral vinculadas con el cuidado del agua y del ambiente. El gobierno de Arcioni ha sumido en la pobreza y en el endeudamiento a gran parte de la población, mientras destina los fondos provinciales al pago de una deuda gigantesca que su gobierno y los que lo precedieron contrajeron irresponsablemente. El gobierno de Arcioni incumple sistemáticamente con sus obligaciones en lo referido a la garantía de derechos básicos para la población como son el pago en tiempo y forma de los salarios, el acceso a la salud, a la educación, a la justicia y a todos los servicios públicos indispensables para las comunidades.

Así, la excepcionalidad por la pandemia se instala en Chubut después de años de violencia sistemática, de degradación de la infraestructura estatal –edificios en pésimas condiciones y nula provisión de insumos- y de reclamos y medidas gremiales por incumplimiento en el pago de salarios. Arcioni no ha desplegado ni una sola medida de cuidado hacia población que desde hace años sufre el quiebre de su organización cotidiana, el acrecentamiento del riesgo en el futuro de niñxs y jóvenes y la desatención de los sectores menos favorecidos.

El gobierno de Arcioni, en el peor momento de la crisis y de la pandemia en nuestra provincia y a pocos días de la presentación de la segunda iniciativa popular para impulsar un proyecto de ley para prohibir la explotación de la minería metalífera y radioactiva a gran escala, que cuenta con el aval de 30.916 firmas, anuncia un proyecto de zonificación para imponer la megaminería en el territorio chubutense, yendo en contra de la mayoritaria voluntad popular. Y por si fuera poco, el gobierno de Arcioni, a través del Ministro de Seguridad Federico Massoni endurece sus políticas de criminalización y persecución de asambleístas poniendo en riesgo el estado de derecho y el respeto por los derechos humanos de todxs lxs chubutenses. Cabe recordar que aún permanecen judicializados dos compañeros integrantes de la UACCH desde el 6/12/2019.

2- Se encuentra en vigencia un nuevo protocolo de uso de armas de fuego para los agentes de la Policía del Chubut, que puede leerse en el Anexo 1 de la Resolución 145 del Ministerio de Seguridad, con fecha 22 de octubre y publicada en el Boletín Oficial el día 12 de noviembre. Dicha resolución habilita el uso de armas de fuego en situaciones difusas y dudosas, generando un riesgo para la población en su conjunto, especialmente en un escenario de alta conflictividad social y movilización. Resulta sumamente preocupante que un Ministro con los antecedentes de Federico Massoni ponga en vigencia este protocolo que recuerda la nefasta Doctrina Chocobar, al mismo tiempo que el gobierno pretende instalar la megaminería en la provincia y se dispone a perseguir a lxs vecinxs que se manifiestan en contra.

3- Se han realizado allanamientos en casas de asambleístas y vecinxs de Rawson que participan de las movilizaciones, con un despliegue de fuerzas de seguridad desmesurado y en los que el Ministro Massoni ha estado presente. En uno de los operativos los agentes tiraron al suelo a dos adolescentes de 14 y 18 años que se encontraban solos en su casa y a quienes trataron como si fueran delincuentes. Nos solidarizamos con lxs vecinxs que están sufriendo estos atropellos y repudiamos enérgicamente este accionar que pretende atemorizar, disciplinar y criminalizar a la población movilizada, recordando los capítulos más oscuros de la historia dictatorial de nuestro país.

4- En estos operativos vergonzosos ha actuado el fiscal Fernando Rivarola, y no podemos evitar el recuerdo de otras actuaciones lamentables de este fiscal, como cuando se vinculó con un agente de la AFI que realizó espionaje ilegal de vecinas y vecinos del movimiento NO A LA MINA en el año 2015.

5- Las sesiones legislativas virtuales presentan múltiples irregularidades en los procedimientos legales que deben cumplirse para definir las votaciones: a veces surgen problemas tecnológicos de conectividad, cámara o sonido y no se escucha o no queda claro qué votan. Tampoco se están registrando las sesiones taquigráficamente, por ende, no se puede dar fe de lo que sucede. Y finalmente, no se garantiza la participación y control popular en las sesiones, lo cual resulta sumamente preocupante en este escenario en el que tememos que se trate y apruebe algún proyecto para habilitar la megaminería.

6- En diferentes lugares de la provincia, se han realizado manifestaciones de vecinxs en los domicilios de diputados provinciales y nacionales para tratar de mostrar la postura de rechazo a la habilitación de la megaminería y el malestar popular. Y, en varios casos, lxs vecinxs han sufrido amenazas o han sido víctimas de las campañas de difamación de los medios de comunicación afines al poder político.

7- También se ha observado en varias marchas de diferentes lugares de la provincia la presencia de policías filmando o fotografiando a las personas que participan de movilizaciones pacíficas, hecho que preocupa porque desconocemos quién y para qué ordena ese accionar o para qué utilizan ese material.

8- En el marco de excepcionalidad que impone la pandemia se ha restringido la circulación en gran parte del territorio provincial; sin embargo, llama mucho la atención que si bien las ciudades de Rawson ,Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia se encuentran en la misma situación sanitaria (distanciamiento social preventivo obligatorio) que permite la “circulación comunitaria restringida”, por decreto se haya excluído específicamente a la localidad de Rawson hasta el 30 de noviembre de 2020. Esta discrecionalidad para sostener el aislamiento pareciera responder más a necesidades políticas que sanitarias: ¿acaso el gobierno provincial restringe la circulación en Rawson porque teme que se produzcan masivas movilizaciones justamente en el período de sesiones legislativas en el que podría tratarse un proyecto que habilite la megaminería?

9- Lxs pobladores y pueblos originarios de la meseta chubutense sufren el asedio y el hostigamiento de las empresas mineras y del gobierno provincial que pretenden imponer sus proyectos extractivos y devastadores y no se está teniendo en cuenta su derecho a ser consultados y a decidir sobre su territorio, tal como estipula el Convenio 169 de la OIT.

10- El gobierno nacional se está transformando en cómplice de esta desidia y del atropello a la voluntad popular que vivimos en Chubut: no solo han admitido a viva voz el deseo de avanzar con la megaminería (en diciembre del año pasado el mismo presidente sostuvo que “hemos logrado que en la meseta de Chubut se explote oro y plata”), sino que aumentaron los beneficios económicos para las mineras con una baja del 12% al 8% a la adecuación de los derechos de exportación de metales. Además, han realizado un guiño importante para el lobby minero concediendo que el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martin Cerda, esté al frente del frente del Consejo Federal de Minería. Pareciera que el gobierno nacional ha olvidado que estamos en un estado de derecho y no de facto y que la prohibición a la megaminería en Chubut aún está vigente.

Por todo lo expuesto, consideramos que LA VIOLENCIA ECONÓMICA Y POLÍTICA DEL GOBIERNO DE MARIANO ARCIONI YA NO PUEDE TOLERARSE MÁS: debe ponerse límite a su accionar antidemocrático para evitar consecuencias más graves y lamentables para el pueblo de Chubut.

La alteración de la PAZ SOCIAL en la provincia fue y sigue siendo responsabilidad absoluta del gobierno de Arcioni que, en ese contexto, ejerce sobre la población una tortura propia de un Estado policial para cambiar su decisión soberana.

Necesitamos que se reestablezca el ESTADO DE DERECHO y deje de tensionarse la relación con el pueblo que está sufriendo la peor crisis de la historia provincial y ha manifestado de incontables maneras a lo largo de 18 años de pacífico, amplio y democrático debate social que NO QUIERE LA MEGAMINERÍA EN CHUBUT.

Finalmente, CONVOCAMOS a todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales, de defensa de los derechos humanos de nuestra provincia y de todo el país para:

– acompañar las acciones de resistencia y lucha que las asambleas chubutenses vamos a realizar mientras exista el peligro de la habilitación de la megaminería en Chubut

– expresar su repudio público al accionar violento y antidemocrático del gobierno de Mariano Arcioni y a la resolución de uso de armas de fuego del Ministro Massoni

¡NO A LA MEGAMINERIA EN CHUBUT! ¡LA MESETA NO ES ZONA DE SACRIFICIO! ¡BASTA DE AUTORITARISMO Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL! ¡BASTA DE CRIMINALIZAR LA LEGÍTIMA PROTESTA SOCIAL! ¡RESPETEN LA VOLUNTAD DEL PUEBLO!

¡NO PASARÁN! ¡NO PASARÁN! ¡NO PASARÁN!

Fuente: noalamina.org

Un equipo interdisciplinario publicó un documento en el que refuta los principales argumentos de quienes defienden la megaminería. Llamaron al resto de la comunidad científica a sentar su posición para “fortalecer” el debate público

 

River publicó un fuerte comunicado sobre la notificación que recibió este sábado al mediodía y le pide a la AFA que resuelva el problema.

La novela que se generó entre River y la Liga Profesional de Fútbol suma un nuevo capítulo. Este sábado, las autoridades del campeonato local le enviaron un comunicado al conjunto «Millonario» informándoles que el River Camp no estaba autorizado para utilizarse en el partido de este domingo ante Banfield.

Además, le explicaron los motivos en diferentes puntos y le solicitaban informar donde harían de local antes de las 20, del mismo día. Esto descolocó no solo a los medios de comunicación, que no podían creer lo que estaba ocurriendo a tan solo horas de disputar el encuentro, sino que todos los fanáticos se volcaron a las redes sociales para expresar su malestar.

Desde River se decía que no iban a moverse de su postura, ya que querían seguir siendo locales en Ezeiza, debido a que ya habían recibido los permisos correspondientes y habían invertido una gran cantidad de dinero en todo el operativo policial. Es por eso, que el club de Núñez emitió un fuerte comunicado donde responde a cada argumento del ente organizador del campeonato.

«River Plate cuenta con todas las autorizaciones requeridas para disputar el encuentro en River Camp. Tanto de los organismos de seguridad, como del propio Municipio de Ezeiza, que han cursado por los canales formales las autorizaciones correspondientes», explica uno de los ítems.

Y luego, agregan: «Dar una respuesta a esta resolución recibida el día 31/10/2020 a las 13 horas en el plazo de 7 horas otorgado por la LPF, resulta materialmente imposible». Además, desde River dicen: «En virtud de los fundamentos aquí expuestos, solicitamos que sea la Asociación del Fútbol Argentino quien resuelva el diferendo en cuestión».

 

A través de un comunicado, Aerolíneas Argentinas pidió “la máxima colaboración” y apeló “a la buena voluntad de los viajeros”. La nueva medida llegó después de que un paciente con coronavirus abordara un avión que viajó desde Buenos Aires a Misiones.

Aerolíneas Argentinas anunció este lunes que denunciará penalmente a aquellos pasajeros que intenten evadir los controles sanitarios exigidos por las autoridades nacionales y provinciales en el marco de la pandemia, fraguar documentación o que se presenten a volar siendo positivos de covid-19. También impondrá sanciones de hasta 5 años para volar en vuelos de la compañía, indicó Página 12.

Los anuncios llegaron este lunes, luego de que se difundiera el caso de un pasajero con coronavirus que aterrizó en Misiones en un vuelo de Austral desde Ezeiza e intentó mentir sobre su condición de salud.

“Hace menos de una semana retomamos la operación regular de Aerolíneas y, aunque parezca difícil de creer, hemos tenido dos casos de pasajeros que se presentaron para volar con certificado de covid-19 positivo”, informó en su cuenta de Twitter el presidente de la compañía, Pablo Ceriani.

Ante esta situación, la compañía estableció que “todo pasajero que se presente para volar con un certificado covid-19 positivo o con documentación adulterada para evadir los controles, será denunciado penalmente y no podrá abordar ninguno de los vuelo de Aerolíneas por 5 años”.

La prohibición de “abordar a algunos de nuestros vuelos por 5 años”, también se le aplicará “a aquel pasajero que no cuente con el certificado PCR negativo para ingresar a aquellas provincias que así lo exigen y se niegue a realizar el análisis en el aeropuerto de destino”, detalló Ceriani.

A través de un comunicado, la empresa pidió “la máxima colaboración” y apeló “a la buena voluntad de los viajeros”, aunque, aclaró, “no por ello dejará de actuar con firmeza con aquellos que comprometan la seguridad del resto de los pasajeros o de su propio personal”.

Los pasajeros, finalizó el escrito, deberán “presentar la documentación prevista por el artículo 11 decreto 792/2020 para trabajadores esenciales o que deban realizar tratamientos médicos”. Asimismo, deberán “chequear los requerimientos específicos de cada destino debiendo cumplimentar con dicha normativa como condición de embarque”.

El Servicio de Pediatría del Hospital Zonal de Trelew dio a conocer un comunicado- «a la comunidad» – a difícil situación que están atravesando desde hace un tiempo ante la falta de personal.

«Nos dirigimos a ustedes para manifestar nuestra gran preocupación por la falta de recurso humano en el Servicio de Pediatría del Hospital Zonal de Trelew e inminente vaciamiento del mismo. Actualmente somos solo 10 pediatras trabajando activamente. Hemos manifestado durante años nuestra precaria situación a los directivos y a cada uno de los responsables del Ministerio de Salud pero no hemos obtenido respuestas», comienza el comunicado difundido por los trabajadores de salud de dicho servicio.

«Nuestro servicio se encarga de la internación ( única en la ciudad de Trelew y Área Programática) con posibilidad de hasta 24 camas, guardia externa, unidad de emergencias, consultorios especiales y controles de niño sano según protocolo de pandemia en caps, además de la atención, diagnostico, tratamiento y hasta seguimiento de los pacientes con obra social que no reciben respuestas en medios privados.

Nos encontramos al límite realizando más horas de las que corresponden por convenio, sin descanso compensatorio, además de la falta de pago de público conocimiento, encontrándonos en una situación totalmente desfavorable.

Sin contar que estamos en la primera linea de atención, en constante riesgo, con escasos recursos e infraestructura inadecuada», relataron sobre la difícil situación. Y aseguraron que a raíz de la falta de personal «nos vemos incapacitados de cubrir las guardias mínimas de octubre, ya que no podemos garantizar la atención integral de la población pediátrica».

Y por eso, «recurrimos a ustedes para que nos acompañen en el reclamo a los responsables de que el acceso a la salud debe ser un derecho de todos. Sepan que sus hijos se encuentran en riesgo y que no nos encontramos en condiciones de brindar un correcto funcionamiento del servicio. Necesitamos de su ayuda para obtener una respuesta y solución inmediata, solicitando la imperiosa necesidad del ingreso urgente de al menos 3 profesionales. Nuestro compromiso y responsabilidad ya no son suficientes», concluyeron la crítica situación del servicio.