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El intendente Juan Pablo Luque confirmó que se ratificará la denuncia contra la jueza por mal desempeño luego de conocerse el polémico video besándose con un preso. “Entendemos que trató de sacar una ventaja lucrativa porque manifiesta que visita al preso porque está escribiendo un libro”, dijo.

A fines de diciembre se conoció un video de la jueza penal de Comodoro Rivadavia Mariel Suárez, donde se la ve besándose con Cristian «Mai» Bustos luego de que fuera condenado a perpetua por la muerte de un policía. Hubo presentaciones para pedir su destitución desde distintos sectores, entre ellos, desde la municipalidad de Comodoro Rivadavia.

El intendente Juan Pablo Luque, confirmó que la denuncia contra magistrada por mal desempeño y donde se pide además su destitución, será ratificada próximamente por la Asesoría Letrada a cargo de Guillermo Hugues.

Y explicó que “más allá de la situación romántica o no de la jueza con una persona que está presa por hechos aberrantes”, desde el municipio “entendemos que la jueza trató de sacar una ventaja lucrativa porque manifiesta que visita al preso porque está escribiendo un libro”, dijo y agregó que su visita fue “en su rol de magistrada”.

Luque aseguró además de esta situación que hay un agravante que se suma y es que Mariel Suárez “ ha actuado en la causa formando opinión sobre una sentencia donde intenta una situación más benévola para el preso”, por lo ques señala «es una situación de gravedad y que justamente es el tipo de magistrados que no queremos en la provincia”.

Finalmente, reiteró – en diálogo con FM del Viento – que “obviamente que va a ser ratificada” la denuncia en contra de la magistrada de Comodoro Rivadavia, ni bien retornen los funcionarios de dicha área tras su receso del periodo de vacaciones.

Puerto Madryn es uno de los destinos elegidos de las vacaciones de verano, y con un 90% de ocupación, también crecen las estafas. “Hay varios casos de personas que alquilan online un alojamiento inexistente y se enteran cuando ya han pagado”, alertaron desde la Fiscalía.

Los estafadores se multiplican en redes sociales aprovechando la necesidad de los turistas de alquilar para vacacionar en la ciudad o de los interesados en conseguir un alquiler permanente. Para conseguir su objetivo piden señas del 50% y, cuando los inquilinos llegan al supuesto lugar a alquilar, no existe o vive otra persona; también roban fotos e información de los departamentos de otras personas y los ofrecen como propios.

En Facebook es habitual ver escraches a presuntos estafadores o leer testimonios de las víctimas. Belén Jiménez contó a EL CHUBUT que buscando alquiler hizo una publicación y recibió mensajes de un hombre que le mandó fotos y que la trataba de convencer para que pague el total, pero ella le envió solo la seña. “Le pagué por trasferencia y cuando fui a Madryn la casa no existía”, se lamentó.

Otra mujer, Ángeles Sevillano, publicó un escrache afirmando que estaban usando fotos de su propiedad, un departamento a alquilar para cuatro personas. Como estos, todos los días se leen advertencias de personas que cayeron o estuvieron a punto de caer en las redes de un estafador.

En diálogo con EL CHUBUT, el fiscal jefe, Alex Williams, explicó que “pasa todos los años y en todos los lugares, pero esta temporada aún más porque aumentó el turismo interno producto de la pandemia. Y muchas veces las personas caen en estafas producto de la tentación de reservar lugares por valores por debajo del mercado sin chequear correctamente la información”.

En caso de ser víctima de un estafador, la denuncia formal se debe hacer en el Ministerio Público Fiscal. Para realizarla es necesario conservar comprobantes de pago, depósito y/o transferencia bancaria, junto con las capturas de pantalla del anuncio y de toda conversación que acredite la reserva, los servicios contratados y los pagos (mensajes de texto, WhatsApps, correos electrónicos, entre otros.

RECOMENDACIONES

“Hay varias recomendaciones para evitar caer en este tipo de estafas. Principalmente, buscar referencias de los alojamientos en páginas oficiales o en portales especializados, y tratar de optar por aquellas propiedades que están inscriptas en registros oficiales, como el de la Secretaría de Turismo”, indicó Williams.

Asimismo, aconsejó recurrir a la página oficial los alojamientos habilitados, buscar en las plataformas reconocidas (Booking o Despegar, por ejemplo) y siempre validar en las webs oficiales cualquier teléfono de contacto que se encuentre en las redes sociales en relación a un alquiler disponible.

El senador Ignacio “Nacho” Torres del bloque “Integración y Desarrollo Chubutense” participó de la firma de la denuncia por «mal desempeño» de la jueza Mariel Alejandra Suárez quien fue vista junto al preso «Mai» Bustos.

El comunicado fue enviado al Consejo de Magistratura de la provincia del Chubut y participó en la firma la senadora Edith Elizabeth Terenzi, Mercedes Jara, Telma Roberts, Fabiana Roberts, Claudia Roberts, y Leopoldo Roberts.

La denuncia se labró luego de hacerse público un video de la magistrada supuestamente besándose con el preso condenado a perpetua, Cristian «Mai» Bustos en el Instituto Penitenciario Provincial (IPPV), ubicado al norte de Trelew.

Torres recordó que la jueza ya hace unos años atrás había sido destituida porque «expuso a una menor (que fue abusada) sexualmente con un trabajo práctico con la identificación de la chica. Ayer veía una nota en medios nacionales en la que la jueza se reía y decía que toda esta situación le iba a servir para la difusión de su libro», dijo.

El escándalo por la visita de Mariel Suárez a Cristian ‘Mai’ Bustos en el Instituto Penitenciario chubutense explotó tras la denuncia de un oficial del penal.

La jueza comodorense sigue en el ojo de la tormenta tras el escándalo que se generó en torno a su visita al doble homicida ‘Mai’ Bustos. Se aguardan las posibles sanciones que podrían caberle por comportamiento fuera de los límites de su función.

Luego se dieron a conocer las imágenes donde la jueza comodorense compartía mates y charla con el reo, y presuntamente se unían en un beso.

Tras ello la magistrada argumentó que su visita había sido con fines académicos, dado que pensaba escribir un libro con el preso oriundo de Corcovado como uno de los protagonistas principales.

La noticia tomó inmediata repercusión nacional e internacional, al mismo tiempo que llegaron las declaraciones de funcionarios y legisladores pidiendo que sea sumariada y apartada del cargo.

Finalmente, en las últimas horas se presentó en el Consejo de la Magistratura una denuncia contra la jueza Mariel Suárez. El escrito al que tuvo acceso El Comodorense hace hincapié en cuatro puntos centrales para sostener la acusación, entre ellos que la magistrada incurrió en una infracción al relacionarse con el reo del que ella misma participó en su enjuiciamiento, con fines de escribir un libro del que luego sacaría provecho económico vendiéndolo a terceros.

A partir de ello se iniciará una investigación que buscará comprobar las infracciones de la jueza en función y establecer las sanciones que le correspondan a la magistrada.

El juez penal de Sarmiento, Alejandro Rosales, analiza el pedido de elevación a juicio oral y público de la causa penal impulsada contra el oficial de policía Gabriel Segundo Cayupul (38) y la agente Patricia Elizabeth Gajardo (37). Los empleados policiales fueron acusados por el Ministerio Público Fiscal, como presuntos autores de los delitos de privación ilegítima de la libertad, vejaciones y abuso de autoridad. Asimismo, el Ministerio Público de la Defensa, se constituyó como querellante y denunció la práctica de violencia institucional por parte de la policía de Chubut. En tanto, el abogado particular Carlos Cerbino, requirió el sobreseimiento de sus asistidos.

Los hechos

En la ocasión, la Procuradora Fiscal Marisol Sandoval, relató los hechos que figuran en la pieza de acusación pública.
En este sentido, la Procuradora señaló que el hecho investigado ocurrió el 30 de abril de 2020, en la comisaría de Ricardo Rojas. En esa ocasión, la víctima se presentó en la dependencia con la intención de dialogar con el personal policial.

En tanto, al llegar al lugar, detrás de ella arribó el móvil policial. De ese vehículo, descendió el jefe de la comisaría Gabriel Cayupul.

Luego de discutir con la denunciante, el oficial la tomó de su brazo derecho y por la fuerza, la ingresó a la dependencia policial. Finalmente, la arrojó en el baño de la comisaría. Asimismo, se informó que unos minutos más tarde, ingresó la agente Gajardo. La mujer policía, le indicó a la víctima que por órdenes del jefe de la comisaría debía desnudarse por completo. Según manifestó la empleada policial, el fundamento de su exigencia a los fines de poder constatar si la mujer llevaba entre sus prendas algún arma de fuego o cuchillo.

Más tarde, la acusada le ordenó a la víctima que se vistiera. Luego la trasladó a la oficina del responsable de la dependencia policial de Ricardo Rojas. Allí, el oficial Cayupul, volvió a insultar a la mujer detenida.

A ello, se agregó que las autoridades policiales, en ningún momento, le informaron los motivos de su detención. Por último, se indicó que la mujer permaneció retenida -de manera ilegal- por el plazo de dos horas aproximadamente.

En este contexto, Sandoval enumeró y fundamentó los medios de prueba testimoniales y documentales que la parte acusadora presentará en las audiencias de debate.

Violencia Institucional

A su turno, el abogado Gustavo Oyarzun -constituido como querellante- sostuvo que también formularon acusación de manera autonóma. Asimismo, refirió las normativas vinculadas al rol del Ministerio de la Defensa Pública, para constituirse como querellante en casos de violencia institucional.

En este sentido, explicó que toman una definición de violencia institucional como un conjunto de prácticas estructurales, arraigadas y crónicas, cometidas por la policía de la provincial de Chubut, en violación de los derechos elementales de los ciudadanos.También agregó que en la causa se evidencian situaciones de violencia de género y simbólica, que podrían agravar la pena de los acusados.

Por último, adelantó que solicitaría la aplicación de una pena de cinco años de prisión y diez años de inhabilitación, para el oficial Cayupul. En tanto, pedirá al tribunal la pena de dos años de prisión en suspenso, y cinco años de inhabilitación para desempeñarse en comisarías, para la agente Gajardo.

La defensa pide absoluciones

Luego, el abogado particular Cerbino, solicitó el sobreseimiento de los dos empleados policiales. Sus fundamentos, se basaron en que los acusadores no lograron determinar con precisión y claridad, una pieza acusatoria que permita someter a sus defendidos a un juicio oral y público. Por otra parte, el abogado defensor, ofreció prueba testimonial y documental, para las eventuales audiencias de debate.

Luego de escuchar los pedidos de las partes, el magistrado, dispuso un cuarto intermedio e indicó que la próxima semana dará a conocer su resolución.

El acto judicial se desarrolló en la sala de audiencia de la oficina judicial y fue presidido por el juez Alejandro Rosales. La fiscalía estuvo representada por la Procuradora Fiscal, Marisol Sandoval. En tanto los imputados, participaron mediante conexión telemática desde Alto Río Senguer y Ricardo Rojas, respectivamente. Los procesados recibieron la asistencia técnico legal del abogado particular Carlos Alberto Cerbino. El abogado de la Defensa Pública, Gustavo Oyarzun, actuó como parte querellante

El Consejo de la Magistratura definió por mayoría, ya que la decisión fue dividida, de archivar la denuncia contra el fiscal Daniel Báez, vinculada con su desempeño en una investigación de un caso de abuso sexual infantil. La decisión es importante porque se trata de uno de los postulantes -propuesto por el gobernador Mariano Arcioni- a integrar el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

Báez fue cuestionado por no haber impulsado el juicio y por haber requerido el archivo de la causa, que luego fue reimpulsada por la apelación del abogado del padre de la víctima.

En la sesión de este miércoles en Esquel, el pleno del Consejo de la Magistratura debió definir entre dos dictámenes: si el caso era archivado o si se abría un sumario en su contra. Finalmente, optó por la primera opción, llevando tranquilidad ante el pliego que espera tratamiento en la Legislatura.

Tal como informó ADNSUR, la denuncia de la Asociación Civil de Madres de Víctimas de Trata de Personas fue presentada en marzo ante el consejo, cuestionando la actuación del fiscal en una causa que involucraba a un niño cómo víctima de abuso sexual infantil.

El cuestionamiento hacia la actuación del fiscal es por haber pedido en su momento el archivo de la investigación (por entender que no había pruebas para impulsar la acusación), pero la querella se opuso y logró llevar el caso a juicio, con sentencia condenatoria para la madre y la pareja del niño.

El fiscal denunciado es Fernando Rivarola; el del caso de la “violación en manada” de playa Unión que a comienzos de este año tuvo que afrontar serias críticas y hasta pedidos de renuncia desde distintos sectores de la sociedad argentina, al trascender a nivel nacional e internacional por considerar que los imputados habían tenido “un desahogo sexual”.

La denunciante de Rivarola es la doctora Florencia Gómez –fiscal de Rawson–, quien habló por Radio 3 AM 780 en los siguientes términos: “Soy una persona educada que jamás le falto el respeto a nadie, y exijo entonces que se me trate como corresponde”

“Pienso que estamos en una época en la que hubo un cambio para que las mujeres tengamos la posibilidad de hacer los reclamos que corresponden, exigiendo que se nos trate como se debe”, opinó y consignó: “Primero y principal con el respeto que se le debe tener a cualquier persona y darnos el lugar que corresponde también como mujer”.

“Una de las cuestiones en las que hago hincapié en la denuncia –contó— es que tome como última opción el ir hasta el Consejo de la Magistratura, porque previamente ya había hecho las presentaciones correspondientes institucionalmente y no recibí respuestas. Entonces me vi obligada en hacer la denuncia en el Consejo”

¿Qué es lo que se denuncia concretamente ahí? Se le consultó. “Maltrato institucional y violencia de género”, respondió Gómez y luego explicó que su jefe (Rivarola) “constantemente desmerecía mi trabajo, lo desprestigiaba y no me trataba como un par. Más allá que una sea mujer se merece respeto, como cualquier persona, colega o compañero de trabajo (…) Yo viví situaciones violentas y dudo que se hubiese manejado así si hubiese sido un fiscal hombre. Esto que estoy diciendo lo puse mejor aclarado en la denuncia”, agregó.

–Y estos maltratos, esta situación de violencia de género ¿Cuándo comienza, hace poco? Se le preguntó. “Empecé a compartir con él la oficina, cuando el doctor (Fernando) Rivarola llega a Rawson en enero de 2019. Siempre trabajé con el doctor Heiber (el fiscal que renunció hace tres meses, denunciando presiones de sus superiores); fui su funcionaria y después tres años fiscal a la par de él:  éramos tres fiscales, Rivarola, Heiber y yo, y nunca tuve ningún tipo de inconveniente con el doctor Heiber con quien venía trabajando desde hacía cinco años, ni con el (recordado) doctor (Sergio) Ferrín con el que tampoco tuve ningún problema, inclusive, fui tratada muy educadamente, como corresponde al cargo, a la función y a la persona”, insistió. “Siempre me trataron con total educación y respeto”, subrayó.

“No fue así cuando me tocó trabajar sola con el doctor Rivarola, que fue hace poco después que renunciara el doctor Heiber. Ya había habido situaciones que puse en conocimiento pero no se tomó ningún tipo de medida, entonces esto género –al no tomarse ninguna medida—que cada vez se incrementara más el destrato”, indicó.

–Claro, porque él conoció o se enteró de que usted lo había denunciado. Se le apuntó. “Sí, fui haciendo como corresponde institucionalmente las denuncias internas, poniendo en conocimiento a mis superiores situaciones violentas que más allá de ser mujer creo que ninguna persona debe sufrirlas en un ámbito de trabajo o donde fuere”.

“Siempre digo que la violencia jamás se la debe justificar, nada la justifica. Nada, absolutamente nada. Nadie merece ser violentado y todo el mundo debe ser respetado”, agregó.

—Estos maltratos que usted denuncia, ¿comenzaron por algo en particular? Se le consultó. “No, no hubo nada en particular. Simplemente empezaron a surgir y fueron delante de compañeros. Hay gente que en la denuncia aparece como testigos de estas situaciones que me tocó vivir”, contó.

Se le preguntó luego cómo se sentía el día después que trascendiera públicamente su denuncia, como un hecho que no tiene precedentes en la Procuración Fiscal y en el Poder Judicial de Chubut.

“Lamento tener que haber llegado a esta situación, de tener que denunciarlo, porque hubiese sido mucho más próspero para nuestro trabajo el que esta persona hubiera cambiado su actitud conmigo. Pero evidentemente tuve que llegar hasta esta instancia porque lejos de desistir en sus actitudes hacia mí las fue incrementando: se incrementó el desprecio, las situaciones de violencia y aumentó también el interés de desprestigiar mi trabajo”, denunció.

–¿Su jefe superior el procurador General Jorge Miquelarena la llamó? Se le consultó. “No. Aún no (…) Me llamaron de todos lados, mujeres que se solidarizaron conmigo (sobre todo) y que ahora se van a empezar a animar a hacer las respectivas denuncias. Yo siempre digo con respeto uno consigue mejores resultados en cualquier trabajo: yo soy una persona educada, que jamás le falto el respeto a nadie, y entonces estoy exigiendo que se me trate como corresponde, nada más. No estoy exigiendo que se me trate diferente, quiero que se me trate como persona y como mujer. Que se me respete”, concluyó Florencia Gómez.

Fuente: Radio 3 Cadena Patagonia

La fiscal general de Rawson, Florencia Gómez, denunció ante el Consejo de la Magistratura a su jefe, el fiscal Fernando Rivarola. Le imputó maltrato, violencia laboral y de género, abuso de poder, arbitrariedad y la “búsqueda deliberada” de perjudicar su carrera profesional.

La fiscal describió “una relación problemática y por demás compleja” con Rivarola que “a esta altura es de carácter personal y ajena a lo estrictamente laboral”.

El fiscal llegó a Rawson en enero de 2019 y desde entonces “mantuvo el peor trato conmigo tanto desde lo personal como desde su cargo”, precisa la denuncia. Primero organizaba reuniones sólo con el exfiscal Osvaldo Heiber, sin convocar a Gómez. “O criticando abiertamente mi trabajo, desacreditándolo delante del personal y mis pares”. La funcionaria aseguró que Rivarola “critica incluso cuestiones de mi personalidad, como mi tono de voz”.

La relación “empeoró y su maltrato y animosidad aumentaron al notar que yo no permitía que me falte el respeto y exigía que respete mi trabajo y cargo”.

Gómez denunció que Rivarola “siempre se encargó de modificar mi equipo de trabajo, siempre conté con menos personas a cargo, e incluso intentó alterar o cuestionar desde mis vacaciones hasta cuando debí tomar breves licencia por enfermedad”. Cuando la fiscal fue contacto estrecho de Covid, Rivarola llamó al Hospital de Rawson para exigir información sobre su caso.

“Jamás escuchó mis pedidos de la necesidad de más personal, al cual maneja en forma totalmente arbitraria, para su conveniencia”.

También lo acusó de manipular los turnos: “En la actualidad cumplo con 15 día de guardia pasiva, y 5 de guardia activa, mientras él no cumple con guardias activas e incluso determinó que la Dra. (Eugencia) Domínguez (procuradora fiscal a su cargo) tampoco cumplirá con guardias”.

“Utiliza su cargo para perjudicarme y para hacer valer respecto al resto del personal su poder y conseguir que se acerquen a él y se alejen o se pongan en contra mío –reclamó Gómez-. Rivarola no ocultaba su desprecio hacia mí y busca sin lugar a dudas que no aguante su presión y renuncie o directamente intentar atacarme por intermedio de ustedes (por el Consejo)”.

La fiscal reveló que su jefe “se jactaba y reiteraba en las pocas reuniones entre las tres fiscales generales que existían en ese momento. Aseguraba que iba a hacer el peor informe para que no me confirmen”.

“La situación jamás mejoró y Rivarola siguió y aumentó su conducta arbitraria buscando incluso poner al personal en mi contra y desautorizándome en forma permanente”.

“Llegó al límite”

La denuncia presentada ante la Magistratura describe que “lo que ya era impertinente y fuera de sus deberes llegó a un límite el día que entró a una oficina donde estaba con Alejandro Soulages (empleado) y empezó a gritarme violentamente, al límite que Soulages intervino exigiéndole que se calme y se controle. Esta forma de intentar imponerse a los gritos se reiteró”.

Un hecho más grave ocurrió el 1º de julio. “Intentó imponer nuevamente su voluntad a los gritos y con maltrato pero con un nivel de virulencia extremo, dentro del ámbito laboral, en oficinas públicas y en horario de atención al público. No mantuvo los parámetros mínimos de respeto que puede exigirse más aún a un funcionario público y más aún cuando se está dirigiendo a una mujer, siendo esta la razón por la que se permite utilizar estos excesos violentos contra mí”.

Fue una discusión por una fecha de vacaciones. “Explotó en ira gritándome en la oficina de choferes del MPF en forma totalmente violenta y golpeando un almanaque de la pared con una lapicera. Más allá que no le asistía razón alguna en su reclamo, lo grave fue su maltrato y su conducta desajustada”. Gómez se fue urgente del trabajo “ante la angustia, nerviosismo y llanto que me generó”. Lo vieron los empleados y hasta vecinos citados. Canceló entrevistas por no estar en condiciones.

La primera denuncia fue al día siguiente, ante el procurador general Jorge Miquelarena. “En todos los casos que Rivarola recurrió a los gritos, buscó avasallarme con ese tipo de violencia aprovechando que soy mujer, dado que jamás lo vi maltratar de esa forma a un hombre”.

Aunque tras la queja con el procurador el fiscal jefe no volvió a gritarle, “el destrato sigue ocurriendo a diario, buscando en forma silenciosa dañar mi trabajo y que el resto del personal desconozca mi autoridad y mi cargo”.

Gómez mencionó a Patricia Cárcamo, funcionaria del equipo de Rivarola. “Se dirigió en forma alterada en mi contra porque en el único caso que tiene conmigo le asigné una audiencia, siendo estas conductas producto del destrato y desacreditación de Rivarola en mi contra”.

“Odio personal

Según la denuncia, Rivarola tiene “animosidad, desprecio y destrato dado que como lo ha manifestado en voz alta, hará todo lo posible para dañar mi carrera”.

La fiscal interpretó que “existe un odio y desprecio personal y alejado de cualquier fundamento Iaboral hacia mí”. Y consideró: “No resulta justo ni correcto que por un desprecio personal de Rivarola se empañe mi carrera”.

La fiscal describió que sólo cuenta con un procurador fiscal y una o dos administrativos. “Jamás conté con más personal a pesar de mis pedidos, cuando lo normal es contar al menos con dos funcionarios y personal administrativo a cargo”.

Llegó a tener más de 500 causas activas “soportando sola presiones de todo tipo sumado a la falta total de apoyo e incluso al ataque permanente de Rivarola, que prioriza su odio personal sobre su tarea”.

“Sé de las presiones que debo soportar propias de mi cargo y demostré aplomo y carácter, pero no tengo que soportar al maltrato y machismo de Rivarola y menos aún permitir que dañe mi carrera en aras de lastimarme personalmente y sin importarle el daño que genere al sistema”, advirtió.

Explicó que primero reclamó internamente ante la Procuración para evitar un escándalo. “Pero ante la escalada de Rivarola y los ataques en mi contra considero pertinente la denuncia formal”.

Gómez también reveló en su denuncia un presunto acuerdo del fiscal jefe con Cárcamo, la procuradora fiscal Eugenia Domínguez y una mediadora de Fiscalía de apellido Cancilleri -“amiga íntima de Rivarola, siendo él quien le consiguió la designación en su trabajo”-.

Este grupo se habría reunido y “se glorificaron de haber armado una operación `brillante´ para atacarme y evitar que sea confirmada por el Consejo, cuestión que daban por segura”. Describió este acuerdo como un “ataque deliberado y con intenciones concretas lejanas al bien común”.

La denunciante también pide investigar a Diego Cruceño, secretario del Consejo que estuvo un tiempo adscripto en Fiscalía “a pedido de Rivarola, siendo él como su esposa sus íntimos amigos”. Gómez relató que Cruceño estuvo en Fiscalía este mes para reunirse con Cárcamo. “Fue una señal de alarma por lo extraño del encuentro y por la búsqueda de esquivarme de Cruceño. Juntando todos los indicios se volvió claro que realmente intentarían generarme un daño en forma organizada y deliberada”.

Desde este lunes el Consejo de la Magistratura desarrolla una intensa agenda en Comodoro Rivadavia, y ya avanzó en varios puntos, como la aprobación del presupuesto para funcionar a lo largo de 2022, así como el llamado para la realización de nuevos concursos destinados a cubrir cargos vacantes en el Poder Judicial.

El presidente del cuerpo, Enrique Maglione, recibió el saludo del intendente anfitrión, Juan Pablo Luque, durante un parate de la sesión que se desarrolla en el Hotel Lucania de la ciudad petrolera.

En uno de los puntos tratados, el pleno aprobó por unanimidad el archivo de la denuncia que había presentado el periodista Luis Dupuy pidiendo la destitución del fiscal Marcos Nápoli, por las causales de presunto mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho, por su actuación en la causa “Revelación”.

Dupuy reprochaba a Nápoli la decisión de haber avanzado en la suspensión de juicio a prueba con más de 25 empresarios y el haber accedido a un acuerdo con los abogados de los ex funcionarios Pablo Oca y Gonzalo Carpintero, quienes estaban dispuestos a asumir su culpabilidad a cambio de no ir a un juicio oral y de que les sea bajada la pena.

Hay que recordar que el Consejo de la Magistratura lleva adelante hasta el viernes el tratamiento de un Orden del Día compuesto de 10 puntos: 1) Informe de Presidencia; 2) Tratamiento de los Informes de Admisibilidad, que se encuentren pendientes y finalizados; 3) Tratamiento de Dictámenes de Comisión de Evaluación que estuvieren concluidos.

El punto 4) será la Celebración de los Concursos Públicos de antecedentes y oposición, para cubrir los cinco cargos de Jueces de Cámara de Apelaciones Civil y Comercial para las ciudades de Trelew (un cargo), Puerto Madryn (un cargo), y Comodoro Rivadavia (tres cargos).

También se abordará: 5) Tratamiento de las Designaciones de los Magistrados/as, que hayan obtenido Acuerdo Legislativo, a la fecha; 6) Reunión de Comisión de Presupuesto y Reglamento; 7) Tratamiento del Proyecto de Ley de presupuesto general para el Ejercicio del año 2022.

Los últimos puntos serán: 8) Declarar de Interés Institucional el «Simulacro Federal de Juicio por Jurado», a realizarse el día 29 de septiembre del 2021, en la ciudad de Rada Tilly; 9) Realizar el llamado a Concursos Públicos de antecedentes y oposición de los cargos que se encuentran vacantes a la fecha; 10) Tratamiento del Informe Final del Sumario N° 142/21, en la denuncia del gobernador Mariano Arcioni contra el Juez Penal de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Miguel Ángel Caviglia.

Es por la “detención ilegal” de un periodista y dueño de un portal de noticias. El irregular procedimiento se hizo sin orden de un juez y a punta de pistola delante de los pequeños hijos de la víctima. Fue el año pasado en la ruta 25 entre Trelew y Gaiman.

Un exfiscal de Chubut, el subjefe de Policía, el director de Seguridad de la plana mayor, un comisario, un subcomisario y dos suboficiales; fueron denunciados penalmente por distintas participaciones en una sucesión de graves delitos cometidos al efectuar una detención ilegal, que podrían llevarlos a todos a la cárcel.

En tribunales, los que conocen el caso desde el otro lado del mostrador aseguran que hay suficientes pruebas para que eso ocurra y si sucediese sería un hecho sin precedentes en la historia de la policía del Chubut. Más allá del tembladeral que produciría en la estructura superior de la fuerza y el impacto que tendría en el Gobierno provincial.

La víctima y denunciante que quiere llevar al exfiscal y a los policías a la Justicia, y lograr que sean condenados, es el periodista Darío Fernández; el dueño del portal de noticias “Cholila Online” al que le quisieron “armar” una causa judicial el año pasado, usando una denuncia mentirosa de su exmujer, con la finalidad de llevarlo a prisión y destruirlo social y moralmente.

Él y muchos creen que todo está relacionado a una feroz persecución de la que viene siendo víctima por poner al descubierto casos de corrupción en el Gobierno, a través de su portal de noticias.

De hecho, el sitio web ha sido objeto de ataques cibernéticos que lo han dejado fuera de internet en varias ocasiones, justo cuando Darío Fernández escribía y exhibía documentación sobre algún supuesto negociado o maniobra espuria del mismo gobierno o de alguien de su cercano entorno, por ejemplo.

Dentro de unos días se va a cumplir un año de aquel momento en el que el periodista fue detenido entre Trelew y Gaiman, en procedimiento hecho a espaldas de la Justicia encabezado por el subjefe de policía Néstor Ángel “El Tero” Gómez Ocampo y el director de Seguridad de la fuerza, Paulino Gómez.

Ese día había estado en playa Unión con su exmujer y cuando caía la tarde emprendía el regreso a Cholila junto a dos pequeños hijos, cuando en medio de “un operativo cerrojo” lo interceptaron en la ruta 25 y a punta de pistola lo sacaron prácticamente a la rastra de la camioneta para tirarlo al suelo y esposarlo, mientras los nenes, llorando, suplicaban que no le hicieran nada a su padre.

Esos chicos quedaron traumados de por vida, y el procedimiento que presenciaron fue declarado “ilegal” al otro día por la jueza Mirtha del Valle Moreno, cuando dispuso la inmediata libertad de Darío Fernández después que durmiera una noche en la Alcaidía Policial de Trelew por orden del subjefe de Policía, “El Tero” Gómez Ocampo.

Esta es solo una parte de lo que próximamente deberá ser dirimido en tribunales y llegado el momento en un juicio oral y público con varios imputados de graves delitos.

Algunos abogados con trayectoria en el fuero penal del Valle consultados por este diario respecto de los cargos que podrían pesar sobre los denunciados y eventuales acusados en un proceso penal, hablaron de “un concurso de delitos” que no son excarcelables y que tienen severas sanciones con varios años de cárcel en el Código Penal, y detallaban, por ejemplo; “privación ilegítima de la libertad agravada, como uno de los ilícitos más complicados. Abuso de autoridad, vejaciones o apremios ilegales, amenazas con arma, agravadas y hasta la posible comisión de un delito de “estafa procesal”, que es intentar engañar a un juez para que con su fallo perjudique a alguien que es inocente.

La semana pasada el abogado de Darío Fernández presentó la denuncia penal en la fiscalía de turno pidiendo que se promueva la correspondiente investigación penal contra: “el doctor Osvaldo Heiber, exfiscal general de la provincia, hoy, de profesión abogado. Néstor Gómez Ocampo, subjefe de la policía de Chubut. Paulino Gómez, director de Seguridad de la policía de Chubut.

Subcomisario Gabriel Casalnuovo, de la Brigada de Investigaciones. César Bartels, comisario inspector. Segundo jefe del Área de Investigaciones. Abel Cañupán, sargento y el chofer Gonzalo Landero, sargento. Todos funcionarios de la policía de Chubut al momento del hecho de la detención del señor Luis Darío Fernández”, aclara.
“Todo esto en orden a la posible comisión del delito de apremios ilegales y demás tipificaciones jurídicas que se sugerirán en el apartado pertinente”, agrega en el escrito.

En la denuncia se pide la “urgente” realización de una sucesión de diligencias y medidas de prueba, que por el momento y hasta tanto la fiscalía decida concretarlas, se mantienen en secreto.