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Ya suman 120 en lo que va de 2019 cuando en 2017 habían sido 36. Ya el año pasado también habían llegado a 120.

La Comisaría de la Mujer celebra hoy su 16º Aniversario. Habrá un acto a partir de las 8,30 frente a la Unidad Regional y un reconocimiento a la institución en el Salón Histórico de la Municipalidad de Trelew, presidido por el intendente Adrián Maderna. “Llevo 3 años con mucho honor”, le dijo a Jornada la comisario Laura Mirantes, jefa de la institución. Destacó, agradeció y valoró el aporte de Jefatura de Policía, del Municipio, el Concejo, el personal que cada día trabaja junto a ella y a la comunidad en general: “A ellos nos debemos”.

Mirantes, emocionada por ver el crecimiento que tuvo la institución tanto en calidad personal, profesional como en la confianza de las víctimas que se acercan a radicar denuncias, señaló que “tenemos para festejar 16 años de servicio. Esta comisaría fue creada el 21 de noviembre de 2003. La verdad que recibir el reconocimiento es importante. A las 8,30 horas (por hoy) tenemos un acto oficial con Jefatura. Se llevará adelante frente a la Unidad Regional. El acompañamiento de Jefatura es fundamental. Serán agasajadas las 22 personas que integran la comisaría. Entre ellos tenemos la fortuna de contar con dos varones y queremos ver si podemos ir por más. Es importante la inclusión”.

La comisario indicó que “por otro lado seremos agasajadas en el municipio por parte del intendente, en el Salón Histórico, a las 11 horas. Se reconocerán a las juezas de Familia y el doctor Rubén Lindner de Policía. Gracias a él se pudieron esclarecer importantísimos hechos. Estamos hablando de hechos que fueron a juicio y recibieron condena. El personal de la Comisaría estará siendo distinguido. En 3 años que estoy yo en la conducción es la segunda vez que festejamos el Aniversario. Recibimos el acompañamiento de la comunidad que es a quien servimos y el apoyo directo del Concejo Deliberante que nos ayuda a sacar adelante las necesidades de las víctimas. Por ejemplo, con sacar pasajes”, apuntó.

Párrafo aparte dedicó al intendente de Trelew. “Quiero expresarle mi agradecimiento al intendente Adrián Maderna. Gracias a él contamos con la base de 3 años de registro. Queremos ver si podemos proyectar el mapa de violencia de Género a nivel provincial”.

La titular de la Comisaría de la Mujer agradece todo el tiempo a su equipo de trabajo. Es, para ella, un pilar fundamental en su función y se emociona cada vez que lo menciona. “Este es un trabajo que requiere de mucha humanidad, mucho corazón, mucho pulmón. Solos no trabajamos. El juzgado de Familia está las 24 horas gracias a las Acordadas, lo que nos permite tener un contacto directo con las juezas. La Asesoría de Familia (Pablo Rey e Ivana Baskovc) también son fundamentales porque tratan temas de Niñez, Niñas, Niños y Adolescentes. No puedo dejar pasar el agradecimiento a Fiscalía. Trabajamos en conjunto las 24 horas del día, con el SAVD también. Sumamos al equipo de profesionales y psicólogos por parte del licenciado Gabriel Letaif. Estamos muy escasos de profesionales. Están complementándose de manera gratuita”, manifestó.

Aumentan las denuncias

Apuntó además que gracias a la difusión e información sobre el trabajo que se realiza, son cada vez más las personas que se acercan a radicar su denuncia. “La difusión se la debemos a los medios de prensa. La prevención la hacemos entre todos. La Comisaría lamentablemente trabaja cuando ya es efectiva la comisión del hecho, cuando el delito está consumado. Tenemos que trabajar más en la prevención. Queremos abocarnos al mapa delictivo. Con el equipo de trabajo al día de la fecha cerramos con números mucho más altos que años anteriores. En 2017 cerramos el año con 36 abusos sexuales, en 2018 con 120 y en lo que va del año ya van 150 denuncias. La pregunta puede llegar a ser si es porque se animan a denunciar o hay más hechos. Las dos cosas van de la mano. Ya es el ideal de todo procedimiento”, resaltó.

Remarcó Mirantes que “el 2019 está cerrando por encima 1200 denuncias. 150 son de abusos sexuales. Es importante el trabajo de medidas cautelares. También tenemos que tener en cuenta el uso de las tobilleras electrónicas. Son monitoreadas por Policía y gestionadas con el equipo de Gobierno. Vienen a realizar la instalación. Se gestionaron 20 más. Trelew hace pie y cabeza en la cantidad, es por el incumplimiento de los jueces. Se están corrigiendo las falencias y estamos teniendo otro tipo de resultados”, manifestó.

Recordó además la comisario que en lo que va de su gestión, debió afrontar un hecho histórico en Trelew: el 33º Encuentro Nacional de Mujeres. “El evento de las mujeres marcó muchísimo. No solo los 4 días sino la responsabilidad que se tuvo. La oficial Angie Saieg. Ese evento fue importante porque contamos con el apoyo de Gobierno, con el ministro en su momento Federico Massoni. Los recursos fueron fundamentales. También, contamos con la colaboración de Adrián Maderna. Puso a disposición todo lo que tenía”, subrayó.

Para finalizar indicó que “llevo 3 años con mucho honor. Aprendí a trabajar. El agradecimiento es a todo el equipo de trabajo. Creo q la Jefatura de Policía podrá hacer análisis puntual de estos 3 años que fueron más que positivos. Fuimos evolucionando. Hay que hacer cumplir las leyes, queda mucho por hacer, la sociedad nos necesita y creo que hasta que no empecemos a trabajar en prevención no vamos a poder hacer el giro que necesitamos como sociedad”, concluyó, según información del Diario Jornada.

Entre enero y septiembre de 2019 el Programa, que pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, recibió 3.383 denuncias en tanto que en igual periodo de 2018 había recibido 2.210, lo que representa un incremento del 53,07%.

Esta estadística deja afuera diciembre de 2018, cuando la actriz Thelma Fardín hizo pública su denuncia por violación contra el actor Juan Darthés junto al colectivo de Actrices Argentinas: ese mes las llamadas llegaron a 710, mientras que el mes anterior habían sido 396.

«El pico de llamadas en diciembre podría estar relacionado con la denuncia de Fardin y la difusión posterior de las líneas telefónicas de ayuda en los medios de comunicación», analizaron desde el Programa e informaron que desde el inicio de la campaña «Hablar es empezar a prevenir» (noviembre de 2016) hasta septiembre de este año se atendieron 9.591 casos de abuso sexual de todo el país, que representan 9.990 víctimas.

El 62% de las víctimas (6.200) fueron niñas, niños o adolescentes, el resto fueron adultos que se contactaron por hechos sucedidos en su infancia o actuales.

Siete de cada 10 víctimas menores de 18 años fueron niñas y el 50% de ellas menores de 11 años; como en casi todas las pocas estadísticas que existen, siete de cada 10 agresores son personas del ámbito familiar y de éstas el 34% son padres (20%) o padrastros (14%).

La forma más frecuente de victimización sexual es el tocamiento seguido por violación, y se registran casos en que una víctima sufrió más de una agresión sexual.

Para Sebastián Cuattromo de Adultxs por los Derechos de la Infancia, un colectivo de sobrevivientes de ASI que recorre todo el país brindando sus testimonios, en el caso de Fardin confluyeron positivamente dos factores esenciales: el acompañamiento colectivo y un tratamiento correcto por parte de los medios.

«Es un antes y después cuando estas historias se cuentan con un acompañamiento colectivo, con una conciencia y una sensibilidad crítica a nivel social en favor de las víctimas y de sus luchas en búsqueda de reparación y justicia y cuando esto tiene su correlato en el tratamiento de la prensa», sostuvo Cuattromo.

Y continuó: «Lo que pasó con Thelma fue exactamente lo opuesto a lo que sucedió con Héctor Bambino Veira, que fue denunciado y condenado por violación a un niño, y que cuando el caso se conoció públicamente no hubo ningún cuidado hacia la víctima y la prensa lo trató desde un lugar más bien amarillista».

Cuattromo, que por entonces había sufrido los abusos por parte de un religioso del colegio Marianista de Caballito, recordó que «el modo en que la sociedad y la prensa abordaron la historia operaba silenciando a quienes éramos víctimas, en mi caso un varón formado en un contexto absolutamente machista que además era futbolero, por lo que mi convicción era que me iban a destruir si lo decía».

Sobre la creación de contextos de posibilidades, Fernando Singman -especialista de Salud de Unicef- sostuvo que «se trata de un delito muy prevalente y muy invisibilizado; hay que dejar de naturalizarlo, y los adultos que trabajan con niños en lugares clave como el ámbito educativo o la salud deben comprometerse y denunciar, pero para eso deben sentirse también acompañados por sus instituciones y por la sociedad».

En ese sentido, Unicef trabaja junto a organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil en, por ejemplo, «rutas de atención» cuando ingresa a un centro de salud una menor de 15 años embarazada en distintos lugares del país.

«Otro tema pendiente -advirtió Singman y también coincide Cuattromo- es trabajar sobre una implementación adecuada de la Ley de Educación Sexual Integral, lo que «generaría posibilidades de prevención y detección temprana».

Horacio Souza fue imputado por 58 hechos en los que vendió la construcción de viviendas pero no cumplió. La fiscalía argumentó un modus operandi similar en todos los casos.

Horacio Luis Souza, un empresario que ofrecía en Bariloche la construcción de viviendas en seco, fue imputado hoy por el doble de hechos de los que fue acusado en abril pasado y suman 58 casos por el delito de estafa.

Souza es el propietario de HS Negocios SRL, una empresa radicada en Bariloche que ofrecía la construcción de viviendas en seco por la cual decenas de familias pagaron en su totalidad o de manera parcial pero no obtuvieron la propiedad.

Las estafas suman un perjuicio de decenas de millones de pesos, según enumeraron hoy los fiscales Inti Isla y Gerardo Miranda, quienes solicitaron la ampliación de los hechos y modificación de la circunstancia fáctica.

Ante el pedido de los fiscales, el juez de Garantías Martín Arroyo concedió el plazo de un año de investigación por considerar que se trata de una causa compleja por la multiplicidad de hechos y de víctimas, que además requerirá de una pericia contable oficial por parte del equipo de Ministerio Público.

El juez Arroyo consideró que el plazo pedido por la fiscalía para investigar durante un año era “por demás razonable” por la complejidad de la causa y descartó una reducción a la mitad de ese tiempo que solicitaba la defensa de Souza encabezada por el abogado Hugo Cancino.

El magistrado recordó que en la formulación de cargos inicial, en abril de este año, se concedió un año de investigación para 29 hechos y ante la duplicación de los casos, ahora merecía extender ese plazo y contabilizarlo a partir de esta audiencia celebrada hoy.

El abogado defensor negó conductas delictivas del empresario y dijo que el caso podría encuadrarse como un «incumplimiento de contrato» por la situación financiera que atravesaba la firma.

Souza, quien estuvo presente ante la mirada atenta de algunos damnificados que participaron de la audiencia, no quiso hablar ni defenderse ante el juez que además ratificó la medida cautelar de que cada 15 días se presente en la fiscalía de El Bolsón.

El empresario cuando se inició la investigación judicial estuvo prófugo de la Justicia y una vez detenido recuperó la libertad en la primera audiencia de formulación de cargos.

Los fiscales enumeraron cada uno de los hechos de estafa desde el primer contrato que se incumplió, firmado el 28 de septiembre de 2015 hasta el último denunciado que se firmó en noviembre del año pasado.

Notas relacionadas:

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Derecho a réplica: «HS Desarrollos Urbanos, la verdadera historia»

El fiscal Martín Cárcamo ordenó el archivo de una causa en la que se había formulado una serie de acusaciones, por parte del dirigente gremial José Luis Ronconi, contra el juez de Ejecución Gustavo Toquier.

El fiscal Martín Cárcamo ordenó el archivo de una causa en la que se había formulado una serie de acusaciones, por parte del dirigente gremial José Luis Ronconi, contra el juez de Ejecución Gustavo Toquier, al concluir que tales apreciaciones no encontraron elementos probatorios suficientes para fundar las presuntas conductas irregulares que eran atribuidas al magistrado. Para la fiscalía, luego de una serie de averiguaciones preliminares, corresponde la desestimación y archivo de las actuaciones.

Las denuncias habían sido derivadas a partir de acusaciones formuladas por Ronconi, en su carácter de dirigente del gremio judicial, contra el juez Toquier. Tales cuestionamientos apuntaban a diversos hechos, que iban desde una supuesta participación del juez en una negociación espuria con el Ejecutivo provincial, hasta comentarios de abogados que atribuían al juez pedidos de coimas para resolver casos judiciales.

Cárcamo abordó cada una de las acusaciones, para concluir que no hay elementos para fundar las irregularidades atribuidas a la conducta del juez, en referencia al acuerdo suscripto por la Asociación de Magistrados con la Fiscalía de Estado, en el año 2012. Señala incluso que no se verifica participación del magistrado en esa instancia de negociación.

Similar conclusión, respecto de la falta de evidencias, asume frente a su vínculo matrimonial con una de las accionistas que integran la sociedad financiera Arwen, una empresa financiera, que tuvo tramitaciones en el juzgado de Toquier sin que éste se eximiera de actuar.

Sobre esa vinculación en particular, el fiscal Cárcamo expresa en su resolución: “Los hechos denunciados no encuentran suficiente constatación en relación al favorecimiento explícito o velado del titular del Juzgado de Ejecución N° 1 de ésta ciudad con la firma ARWEN S.A. a consecuencia de la participación accionaria puesta en cabeza de la señora Diana Margot Dimopulos”.

Sobre los comentarios atribuidos a abogados por parte de Ronconi, sobre el supuesto pedido de coimas, el fiscal requirió informes al Colegio de Abogados de la ciudad, por lo que señala en su resolución: “conforme fuera informado por el presidente de la institución, durante el periodo comprendido entre el año 2014 y 2016 no se han formulado quejas, reclamos y/o denuncias vinculadas con el funcionamiento del Juzgado de Ejecución N° 1 a cargo del señor Juez Gustavo Toquier”. Y añade la resolución:

“Al respecto es dable destacar que, atento a la función institucional que representa el Colegio de Abogados y la proximidad que ostenta con los profesionales que agrupa por funcionar dentro del edificio de tribunales una sede de la institución, la asiduidad en el desempeño profesional cotidiano, entre otras potentes razones que la lógica y  experiencia me imponen, la información aportada por el colegio profesional constituye un categórico indicio que desacredita de plano los hechos denunciados e impiden la profundización de la investigación en relación a hechos particularizados”.

Sumario en el Consejo de la Magistratura

Vale recordar que los mismos hechos evaluados en sede penal, por los que la fiscalía resolvió esta semana su desestimación y archivo, fueron objeto de un sumario en el Consejo de la Magistratura del Chubut. Dicha instancia se encuentra suspendida, a partir de un recurso de amparo por presentado por la defensa del juez, lo que impide por ahora dar tratamiento a las conclusiones elaboradas por la sumariante.

Por otra parte, el juez Toquier deberá afrontar el año próximo un juicio oral y público por su actuación en el marco del concurso preventivo de la firma Oil Combustibles. En ese caso, la fiscalía planteó la acusación por “prevaricato y retardo de justicia”.

El 26 de septiembre se registró una toma del edificio de la Escuela N° 1 de la ciudad, por parte de alumnos del Instituto de formación Docente N° 802 que funciona en el mismo lugar. Desde la Comisaría Primera se confirmó la recepción de varias denuncias.  Tal como informó ADNSUR más temprano, padres de alumnos de la Escuela número 1 presentaron un recurso de amparo para que se desaloje a quienes ocupan ilegalmente el edificio.

Marcelo Ponce, comisario de la Seccional confirmó que se han recibido diferentes denuncias de padres de alumnos de Escuela N° 1, y directivos de la N° 1 y 802, que fueron giradas al Ministerio Publico Fiscal, donde ya intervino el fiscal de turno. “Son denuncias por la ocupación. Son los fiscales los que llevan a cabo los trámites y nosotros colaboramos con la justicia, se han recepcionado alrededor de cuatro denuncias” por el delito de usurpación, confirmó el comisario.

Y respecto  a las declaraciones de padres que aseguran ya identificaron a una docente que estaría al frente de la toma del edificio, aclaró que  no se ha recepcionado ningún escrito, al menos en la seccional.

“El 26 de septiembre se tomó conocimiento que al menos un grupo de 50 personas había ingresado a hacer una ocupación del edificio, se dio intervención al MPF y a Asesoría de Familia porque había menores de edad”, dijo Ponce; y aclaró que “Iniciamos causa de oficio por presunto delito de usurpación y de inmediato tomó intervención la justicia”.

Las denuncias realizadas por los padres y directivos también son por el delito de usurpación del edificio.

LEVANTARON ACAMPE

Por otro lado,  los padres de alumnos de la Escuela N° 209 decidieron este jueves, luego de 21 días, levantar el acampe. “Todo esto  es por una simple razón, por el hecho de que hay que respetar  el derecho de nuestros hijos. Hicimos esto por nuestros hijos”, indicaron.

Y además confirmaron que “Logramos saber que en las próximas horas hacen reparaciones en la escuela”,  reclamo que llevaban adelante por problemas de pérdidas de agua y  cañerías rotas.

El príncipe Andrés, uno de los hijos de la reina Isabel II de Reino Unido, se declaró hoy «horrorizado» por las denuncias periodísticas que sugieren que participó de alguna manera de la red de tráfico sexual que manejaba el magnate Jeffrey Epstein, quien se suicidó este mes en su celda de prisión en Nueva York.

«El duque de York se ha quedado horrorizado por las recientes publicaciones sobre los supuestos delitos de Jeffrey Epstein», explicó el comunicado, citado por la agencia de noticias EFE.

«Su alteza real deplora la explotación de cualquier ser humano y sugerir que él condonaría, participaría o alentaría cualquier conducta de este tipo es horroroso», agregó el texto.

La semana pasada, la casa real británica emitió el primer comunicado desmintiendo cualquier vínculo entre el príncipe Andrés y la red de tráfico de personas que manejaba Epstein.
No fueron los únicos.

El multimillonario, que se suicidó a los 66 años a la espera de un juicio por abusos sexuales y trata de personas, solía mostrarse con famosos y políticos de todo el mundo, entre ellos el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton o el actual mandatario de ese país, Donald Trump.

Epstein y el príncipe Andrés se conocieron en la década de los 90 a través de una amiga en común llamada Ghislaine Maxwell, hija de Robert Maxwell, un exitoso empresario de la prensa.

A lo largo de más de dos décadas, se los pudo ver de vacaciones en los mismos lugares e, incluso, el príncipe invitó a Epstein a la casa de campo de la familia real británica en Sandringham y al castillo de Windsor, así lo informó Télam.

Después de que el magnate fuera juzgado por primera vez en 2008 y saliera de prisión en 2010, ambos fueron fotografiados juntos en Nueva York, lo que obligó al príncipe a pedir disculpas, a declarar que había roto su relación con el multimillonario estadounidense y a dimitir de su cargo de representante del Reino Unido para el Comercio Exterior.

La Justicia ordenó una inspección ocular en la vivienda del nochero. Ante el descubrimiento dieron intervención a la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.

La policía realizó esta mañana una inspección ocular en la casa de Mario Teruel, integrante de Los Nocheros, como parte de la causa que investiga las denuncias por abuso sexual en contra de su hijo Lautaro, quien se encuentra detenido hace dos semanas.

Hasta el momento, el resultado del procedimiento fueron unas plantas de marihuana que encontró el fiscal penal de Delitos contra la Integridad Sexual N°1, Sergio Federico Obeid, en una de las habitaciones de la vivienda, publicó La Gaceta. El hallazgo derivó en la intervención de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, a cargo de Santiago López Soto.

La medida en el domicilio del músico surgió dos semanas después de que su hijo, Marcos Lautaro Teruel, fuera detenido acusado de abusar reiteradas veces de una nena cuando tenía 7 años. Su situación se agravó con la difusión de un audio en el que se lo escucha reconocer el delito y le pedía perdón a la víctima.

En las grabaciones que realizó la joven, que ahora tiene 16 años, Teruel intenta suavizar lo que ocurrió y lo minimiza. «Fue una boludez», afirma. Sin embargo, ella lo sorprendió con una pregunta inesperada y lo descolocó: le consultó por qué lo hizo.

«No sé, era muy pendejo, no sé cuál es la respuesta de por qué lo hice. Sí sé que cuando lo hice en un momento no te gustó nada, porque me di cuenta. Eras re pendeja, habrá sido hace 10 años”, fue la respuesta del detenido.

Cuando sucedieron los hechos ella tenía entre 7 y 9 años y él, no más de 17. Fue la madre de la víctima la que presentó la denuncia y aseguró que Teruel había violado en más de una oportunidad a su hija cuando apenas era una nena. El joven fue imputado por los delitos de exhibiciones obscenas agravadas y abuso sexual con acceso carnal.

 

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Los concejales se reunieron en plenario y recibieron al Dr. Miguel Montoya, consejero suplente de la SCPL, luego de las denuncias penales emitidas por él hacia la entidad prestataria de los servicios públicos.

En el plenario estuvieron presentes los concejales Maximiliano Sampaoli, Nicolás Caridi, Ricardo Gaitán, Adriana Casanovas, Pablo Martínez, Cristina Cejas, Sirley García, Guillermo Almirón, José Gaspar, Mario Soto y Beatriz Neira.

Respecto a lo aportado por el dr. Miguel Montoya, el concejal Sampaoli reconoció que “la intención era escucharlo a él porque todos hemos tomado conocimiento por los medios de las denuncias realizadas, y nos transmitió su preocupación por varios temas, entre ellos “un contrato que se estaba gestionando para que Transacue S.A pueda operar la línea de 132 en Comodoro y por decisión del Consejo de Administración esto quedó sin efecto. A criterio de él esto es perjudicial para la SCPL”. Otra de las quejas presentadas es que “no lo dejan asumir como consejero titular, siendo él el primer suplente en este momento y un consejero titular se fue a vivir a otra ciudad”.

Tras escuchar los argumentos, los concejales resolvieron nuevas convocatorias para la semana que viene: “La intención es reunirnos con el consejero municipal que participa de las reuniones del Consejo de Administración y seguramente en el corto plazo podremos generar alguna reunión con todo el Consejo de Administración de la SCPL”.

Las denuncias

Por su parte, el consejero suplente de la SCPL, Miguel Montoya, comentó que “he presentado denuncias penales. Les he explicado los motivos que tienen esas denuncias y  otras situaciones que se dan en el marco de la Cooperativa. También les he entregado la documentación a los fines que ellos consideren si le darán curso a su asesor legal”.

Respecto a las denuncias, señaló que “son dos y una tercera que tiene que ver con la licencia técnica de transporte de energía de la empresa Transacue, que es una empresa controlada por la SCPL. El ilícito sería haber renunciado a una licencia remunerada cuando faltaba poco para que se habilitara la obra y le correspondía ser transportista a Transacue S.A., con una renta de 330 mil pesos por mes. El que se beneficia cuando renuncia a la licencia es otro transportista, que en este caso es Transpa S.A.”.

Montoya también se refirió a una supuesta falsificación de documentación: “Esto está probado porque en el libro de asistencia del Consejo Administrativo, el renglón donde decía “ausente” fue borrado y ahí suscribió la firma el presidente, dos días después que transcurrió la reunión. Aunque parezca algo muy sencillo, esto constituye un delito de falsificación de un instrumento privado, en este caso el libro de asistencia de reuniones”.

Por último, el consejero suplente se refirió a la continuidad del proceso penal iniciado: “Esto tiene dos caminos, la intervención que pueda tomar el poder concedente, tanto el Ejecutivo, como el Ente de Control, como el Concejo Deliberante, y veremos lo que hace el fiscal si le da curso a las causas. Si abre las causas me presentaré como querellante, lo que significa apoyar al fiscal en el impulso de las causas”.

Reuniones con el Ente de Control

Más allá de las denuncias penales, las diferencias internas en el seno de la SCPL y con el Municipio, desde el Concejo aclararon que lo más importante es avanzar en una solución definitiva a la problemática de los servicios públicos. “Sabemos que el problema de la Cooperativa pasa por la tarifa y el pedido que ellos vienen realizando desde hace un tiempo. Se está trabajando al respecto con el tema de la auditoría y poder dilucidad cuál es la verdadera estructura de costos de la Cooperativa. Tenemos una reunión el lunes con el Ente de Control por este tema”, expresó el concejal Sampaoli.

“Creo que la discusión hoy se fue personalizando y en eso hay que hacer un mea culpa de todos los sectores y poder sentarnos en una mesa para llegar a una solución. Sabemos que el precio mayorista de la electricidad se define desde Nación y eso impacta en el presupuesto mensual de la SCPL, pero insisto en que hay que hacer un análisis mucho más integral de la situación. Creo que el aumento de tarifas que solicitan puede ser una solución coyuntural pero no la solución definitiva a los problemas de la SCPL”, finalizó Sampaoli.

El Sindicato de Vialidad presentó en la justicia federal una denuncia por sobreprecios que apunta a la gestión Cambiemos y que particularmente se mete con una de las empresas emblema del entorno presidencial, la siempre sospechada de corrupción: IECSA.

En el escrito judicial se especifica que el tramo más importante de la construcción de la ruta 8, entre Pilar y Pergamino, que fue licitado por el kirchnerismo, en 2015, por 285 millones de pesos, pero ahora se pretende pagar nada menos que 2.500 millones de pesos. Se trata de un nuevo monto nueve veces mayor del valor original.

La beneficiaria de la maniobra denunciada por la organización que comanda Graciela Aleñá es la empresa que fuera del primo de Mauricio Macri y el sorteo judicial determinó que la causa recaiga en manos del juez Julián Ercolini, el mismo que instruyó la causa de la obra pública contra el kirchnerismo por la obra vial de Santa Cruz, que esta semana tuvo a CFK en el banquillo de acusados.

La obra de Pilar a Pergamino está dividida en nueve tramos: a los dos tramos contiguos al de Iecsa se les autorizó un aumento del 35 y el 45 por ciento, mientras que el de IECSA recibió un incremento del 120 por ciento y en total, con la actualización por inflación y costos más altos, el aumento es del 877 por ciento.

El argumento para el nuevo monto es una modificación del trazado. Sin embargo no se licitó nuevamente y el proyecto incluye menos recorrido, menos puentes, e inexplicablemente un valor sensiblemente mayor.

En la denuncia del sindicato de Vialidad se consigna que los precios promedio de las proyectos, comparados con las obras que se están haciendo, son un 37 por ciento más altos. La conclusión de la Oficina de Costos es lo que convierte a la presentación en una denuncia de sobreprecios.

 

 

InfoGremiales

En el transcurso de esta semana, la fiscalía recepciono tres  denuncias, por estafas telefónicas  en Sarmiento. En esta ocasión, los estafadores, se comunicaron  vía telefónica, desde un numero telefónico que comienza con 011,  haciéndose pasar por funcionarios de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

En este contexto, los sujetos brindan una presunta identidad, numero de matrícula y un domicilio en el barrio de Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A)

Luego mediante engaños, logran que la victima brinde los datos de su número de cuenta y la Clave Bancaria Uniforme (C.B.U),  para que finalmente  transfiera determinados montos.

En uno de los casos, el damnificado transfirió 35.000 pesos. Asimismo, una mujer fue estafada en 18.600 pesos. Finalmente, otra víctima indico que le sustrajeron 31.000 pesos de su cuenta bancaria.

Recaudos y prevenciones para evitar estafas

Ante los reiterados casos de «estafas» a personas de avanzada edad y en situación de vulnerabilidad, desde el Ministerio Público Fiscal, se reitera la advertencia sobre los recaudos y prevenciones para evitar ataques a los adultos mayores.

El modus operandi que se caracteriza por ser siempre de la misma forma. Un hombre  llama al teléfono fijo de diferentes domicilios, hasta poder dar con personas que generalmente son muy mayores. Luego  se inicia una conversación, haciéndose pasar por “nietos o nietas”,  funcionarios de un organismo nacional o una entidad bancaria. Si aciertan con el nombre de algún integrante de la familia, comienza la operación.

A la “abuela” le recomiendan que junte el dinero, porque desde el banco informaron que van a cambiar los billetes. Asimismo, agregan que  deben entregarlos rápido a la entidad bancaria para obtener la nueva moneda.

Más tarde, los sujetos llegan a las casas de las víctimas y se presentan como «empleados» de un banco que vienen a retirar el dinero, a los fines de que la «abuela» no tenga que trasladarse hasta una sucursal.

Es necesario alertar a los ciudadanos de Sarmiento, Rio Mayo, Facundo, Alto Rio Senguer, Lago Blanco, Buen Pasto, Aldea Beleiro, Aldea Apeleg y Ricardo Rojas,  dado que esta modalidad delictiva ha puesto en vilo a un sector muy vulnerable como lo son los adultos mayores.

PREVENCIONES

Para ello se debe tener en cuenta algunos puntos que son claves, para intentar contrarrestar el futuro delito:

  1. a) Los llamados se producen por la mañana, entre las 8 y las 14 horas. Ese es el  horario en que los bancos desarrollan sus actividades.
  2. b) Siempre captan a las víctimas llamando a teléfonos fijos.
  3. c) En principio solo se van a hacer pasar por “nieto”. Por esta razón, la persona que recibe el llamado NO debe nombrar a ningún familiar directo.
  4. d) Los bancos NO han dispuesto algún tipo de cambio de moneda, por lo que es falso el llamado para realizar determinada operación. Además, las entidades bancarias NO cuentan con personal que acuda a los domicilios para buscar dinero y realizar algún tipo de cambio.
  5. e) Es imprescindible que el dinero familiar, lo tenga en sitio resguardado y no bajo la tutela de un adulto mayor. Una persona de avanzada edad, es más vulnerable al engaño por parte de aquellos que cometen los ilícitos.
  6. f) Si la persona que realiza el llamado insiste en hacerse pasar por un familiar, el adulto mayor debería cortar la comunicación, llamar al familiar más directo y cercano para que se presente en el domicilio.
  7. g) Tratar de observar y/o detectar la presencia de vehículos que puedan estar haciendo inteligencia en el domicilio donde pretenden ingresar para llevarse los elementos.
  8. h) Llamar inmediatamente a la policía marcando el 101 o teléfono fijo: 4893005 (Sarmiento)  y dar conocimiento al personal de la división policial de investigaciones. También pueden llamar a las oficinas del Ministerio Publico Fiscal,  4898090-4898067.