La Federación de Cooperativas de Electricidad (FACE) de todo el país solicitó por nota al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, ser consideradas al momento de definir el plan de financiación de deudas prevista en el presupuesto nacional 2021, por el que se debe afrontar un monto superior a los 100.000 millones de pesos. En el caso de las prestadoras de Chubut, la deuda asciende a casi 11.000 millones de pesos, a raíz de la diferencia entre lo recaudado y el costo pagado por la energía mayorista.
El artículo 87 del presupuesto nacional prevé establecer un régimen especial de regularización de deudas para las distribuidoras, además de un sistema de crédito especial para aquellas entidades “con deuda razonable”, con tasas equivalentes a la mitad de las aplicadas habitualmente por el mercado eléctrico.
“Debemos destacar que todas las cooperativas, tanto aquellas que tienen deudas con el mercado eléctrico mayorista o con el proveedor de su energía como las que no lo tienen –advierte la nota de FACE-, han sufrido un deterioro económico producto de los ingresos no percibidos, ya sea por el congelamiento tarifario o por los aumentos de morosidad ante la prohibición de cortes de energía y por el aumento de costos que no se pueden controlar, como han sido los incrementos salariales acordados y el incremento de materiales e insumos imprescindibles para la prestación del servicio.
La situación por la pandemia de coronavirus tuvo un gran impacto en los colegios de gestión privada durante el 2020. No obstante, el panorama no tiene mejores expectativas para el ciclo lectivo 2021.
Desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), Miguel Calvate, indicó que a partir de un relevamiento se pudo observar una mora promedio de las cuotas mensuales que rondó el 61,3 por ciento. Y explicó que solo «el 75 por ciento de los padres informó no haber podido cumplir con los pagos en términos por haber percibido menos ingresos durante la cuarentena, mientras que el 13 por ciento afirmó que no abonó por haber perdido su empleado durante la pandemia , y el 12 por ciento restante dijo que se negó a abonar por considerar que la enseñanza virtual no está a la altura de los costos que insume la educación bajo la modalidad presencial».
Asimismo, del mismo informe surge – según las áreas administrativas consultadas – que «este año habrá una merma confirmada del 12, 4 por ciento promedio en la nomina de alumnos matriculados en los tres niveles».
Y los datos aún no son más alentadores es que hasta el momento «todavía resta un 21 por ciento promedio de padres que aún no confirmaron si sus hijos seguirán cursando este año en el ámbito privado y un 11 por ciento que ni siquiera se comunicaron para regularizar su situación».
El organismo detalló que «las deudas promedio que tienen los padres con los colegios están entre los 25 mil y los 120 mil pesos», sin embargo, se aclara que » familias que con tres o cuatro hijos, sus deudas superan los 200 mil pesos».
El relevamiento se llevó a cabo en 184 instituciones educativas privadas entre el 1 de noviembre y 15 de diciembre en el ámbito geografíco de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Mendoza , La Pampa, Neuquén y Río Negro.
El Senado Nacional debatirá esta semana, en sesión ordinaria, el proyecto de Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional, que contempla la refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
El expediente fue dictaminado el viernes 16 de octubre y la intención del oficialismo era debatirlo a la semana siguiente.
Sin embargo, por el horario en que se pasó a la firma el documento, y porque la oposición de Juntos por el Cambio se negó a otorgar los dos tercios para tratarlo sobre tablas, el proyecto debió esperar doce días para llegar al recinto.
La intención es aprobarlo sin modificaciones, y así convertirlo en ley, este miércoles o jueves, dependiendo de cuándo se llevará a cabo la sesión cuya fecha será decidida en una reunión de Labor Parlamentaria que organizarán los presidentes de las principales bancadas de la Cámara alta.
Ley de Defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema integrado Previsional Argentino:
El proyecto contempla la refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la ANSES.
Uno de los principales ejes del proyecto establece que 21 de las 24 jurisdicciones (las que no firmaron el acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri fueron Santa Fe, Córdoba y San Luis) podrán renegociar los préstamos otorgados con el respaldo del FGS con un bono a mediano y largo plazo, y mientras se desarrolle la negociación no se le descontarán fondos de la coparticipación.
Otro punto clave es que se cambia el sistema de financiamiento de la ley de Reparación Histórica para evitar que para pagar el retroactivo se utilicen los activos del FGS, y se fija que deberá ser cubierto con recursos del Tesoro Nacional.
El dictamen establece que habrá un plazo de ocho meses para negociar los préstamos entre las provincias y la Anses, que se cancelarán con un bono donde se definirán los vencimientos y en el que se tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación.
Se determinó que la deuda en concepto de capital se cancele íntegramente al vencimiento mientras que los intereses se pagarán con una tasa de interés de 1 por ciento anual y se calcularán sobre el capital, que será ajustado con la tasa que rige para los plazos fijos, en lugar del CER como se había establecido en el proyecto original del Gobierno.
También introduce cambios en el mecanismo de financiamiento del pago de la Reparación Histórica a jubilados sancionado durante el gobierno de Cambiemos, para evitar la venta de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
En ese sentido, el dictamen de mayoría fija que no se podrán vender activos del FGS para financiar el pago de los retroactivos de jubilaciones prevista en la ley de Reparación Histórica aprobada en la administración de Mauricio Macri, que ahora deberán ser abonados con fondos propios de Anses y del Tesoro nacional.
Además, se establece que el FGS deberá priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real, promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional.
Respecto de los créditos otorgados a jubilados, el proyecto determina que la Anses no podrá realizar una capitalización de intereses en los préstamos vigentes cuyos cobros hayan sido suspendidos a partir del 1 de enero de 2020.
También establece que la reanudación del cobro de las cuotas se hará desde la cuota siguiente que correspondía abonar al tomador del crédito cuando quedó suspendido el pago, respetando las condiciones financieras originales en las que el crédito fue otorgado, con las modificaciones acordadas que hubieran favorecido al deudor.
Por otro lado, se crea el Fondo Fiduciario Público » Programa de Inversiones Estratégicas», que tendrá como meta invertir en sectores estratégicos del Estado para generar empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real.
El comité ad hoc de bancos acreedores internacionales de Vicentin solicitó constituirse como querellante en una causa por presuntas estafas iniciada por proveedores de cereales en la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, en la cual un juez dictó una medida de no innovar que impide la venta de activos, informaron hoy fuentes judiciales.
Los bancos extranjeros, que reclaman acreencias por alrededor de U$S 500 millones en el concurso preventivo de la cerealera, quieren saber si Vicentin presentó “información financiera falsa para obtener créditos por cientos de millones de dólares”.
También plantean que se investigue si la firma incurrió en fraude con al menos uno de los miembros del comité ad hoc, “a través de la asignación de derechos de cobro de contratos de exportación inexistentes o asignados en forma duplicada a más de un acreedor”, según un comunicado de los bancos.
La presentación en la Unidad de Delitos Económicos de Rosario fue realizada en nombre del comité ad hoc de bancos extranjeros de Vicentin por el abogado Guillermo Jorge, del estudio Brouchou, Fernández Madero & Lombardi.
“La presentación se realizó ayer para ser considerado querellante en la causa y se resolverá en los próximos días”, dijeron a Télam voceros judiciales.
La investigación se inició en julio pasado ante la presentación de Juan José Trucco, vicepresidente de La Clementina SA, quien solicitó al fiscal Miguel Moreno que investigue una presunta estafa.
Según la denuncia, La Clementina firmó un contrato con Vicentin en noviembre de 2019 para la entrega de 500 toneladas de soja a razón de $14.815 la tonelada, que la agroexportadora debía pagar “contra la entrega de la totalidad de la mercadería”.
El último envío de La Clementina se realizó el 4 de diciembre de 2019, fecha en la que Vicentin debía realizar el pago, pero un día después anunció su cesación de pago por “estrés financiero”, por lo que el proveedor se consideró estafado.
En esa causa, el juez Nicolás Foppiani dictó el 18 de septiembre una medida de no innovar para impedir la venta de activos de Vicentin, luego de que el Grupo se desprendiera del frigorífico Friar, que no forma parte del concurso de acreedores que tramita desde marzo pasado.
Según el comunicado difundido hoy por el comité de bancos acreedores internacionales, “el análisis de la información financiera de Vicentin SAIC, incluyendo el balance a octubre de 2019 presentado recientemente, nos convenció de la necesidad de investigar si la empresa habría obtenido créditos de los miembros del Comité Ad Hoc ocultando una multimillonaria deuda con los productores agropecuarios. La finalidad de los créditos que obtuvo era, precisamente, la compra de granos”.
De acuerdo a la presentación, presumen que en “lugar de utilizar el financiamiento para comprar granos, Vicentin habría utilizado el dinero para financiar otros negocios familiares que no forman parte del balance de Vicentin SAIC”.
Por su parte, la asamblea de accionistas de la empresa se reunirá el próximo 15 de este mes para tratar la renuncia de todo el directorio –elevada a mediados de septiembre- y la designación de nuevos directivos, en procura de generar confianza en el mercado para enfrentar el concurso de acreedores, en el que acumula deudas por unos U$S1.400 millones.
La compañía anunció días atrás que contrató al banco de inversión estadounidense Maxim Group para que la “asesore en el proceso de reestructuración” y en la búsqueda de nuevos inversores, así como en el diseño de un plan de negocios para “recuperar la senda de desarrollo”.
El exintendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, apuntó contra el Gobierno Provincial por la crisis económica-financiera que atraviesa Chubut. “Estamos en una Provincia sin un plan económico, sin un plan de rescate de las necesidades que tiene la gente. Chubut está bajo una mentira permanente, de ganarle tiempo al tiempo y no se encuentra ningún tipo de solución”, sostuvo.
En este sentido, señaló que “nosotros no tenemos nada que ver con Chubut Al Frente ni con el ChuSoTo. Las políticas del Gobierno Provincial a mí no me representan para nada. Yo no podría estar conviviendo en un espacio político con gente que hace un pensamiento por fuera de las políticas partidarias que nosotros sentimos”.
“La Provincia está bajo una mentira permanente, de ganarle tiempo al tiempo y no se encuentra ningún tipo de solución. Si hay algo que Chubut no tiene son políticas públicas”, dijo.
Asimismo, aclaró que “estamos en plena pandemia y Chubut tiene un problema estructural. Los sectores más castigados siguen siendo la Salud, Educación y Seguridad”.
Finalmente, Linares concluyó que “estamos en una Provincia sin un plan económico, sin un plan de rescate de las necesidades que tiene la gente. No hace ni dos meses que Arcioni recibió 5 mil millones para pagar salarios y hoy está de vuelta en deuda con dos masas salariales más el medio aguinaldo. Dijeron que iban a encontrar soluciones y nada de eso sucede”.
Ingresados en el mes de agosto, el gobierno de Mariano Arcioni está próximo a deber toda la masa salarial de julio y de junio solo ha cancelado las jubilaciones correspondientes al primer rango. Además, no hay novedades respecto al pago del medio aguinaldo que ya debía haberse cancelado. Crece el malestar y la incertidumbre entre los empleados públicos ante la imprevisión del Ejecutivo.
Desde el Poder Ejecutivo, e incluso el propio Mariano Arcioni, habían adelantado que el mismo se va a cancelar entre cuatro y seis cuotas, pero todavía no se brindaron detalles respecto a cuándo se comenzará a pagar. Al respecto, el ministro de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena, dijo que esto iba a ser anunciado por el Gobernador hace varios días y aún no se ha manifestado al respecto. Otra de las cosas que se había adelantado pero que tampoco se cristalizó en hechos concretos, es que quienes están incluidos en los primeros rangos de la Administración Pública percibirán su medio aguinaldo en dos cuotas, a diferencia del resto de los trabajadores estatales.
No obstante, no se puede dejar de lado en el análisis que el Poder Ejecutivo debe casi todos los salarios de junio, ya que, como se mencionó anteriormente, solo se cancelaron las jubilaciones del primer rango. A esto, en los próximos días hay que sumarle la masa salarial entera de julio. Si se suman todos los haberes de julio, el medio aguinaldo y lo que resta de los haberes de junio, al finalizar la semana en curso la deuda de la administración de Mariano Arcioni para con los empleados de la Administración Pública superará los 10.000 millones de pesos.
El Gobierno ratificó este sábado que la última propuesta presentada a los acreedores para reestructurar la deuda es la «definitiva» y llamó a aceptarla, aunque aclaró que va a contribuir «a la elaboración de instrumentos contractuales que mejoren el éxito de las iniciativas».
«La Argentina tiene la plena intención de llegar a un acuerdo sostenible que no someta a su pueblo a más sufrimientos y angustias», indicó un comunicado oficial.
En ese sentido, subrayó que «sobre la base de esas premisas, el Gobierno argentino manifestó que la propuesta del 6 de julio es la oferta definitiva de la República a sus acreedores y representa el máximo y último esfuerzo que el país puede sostener».
«Con esa convicción, nuestro país alienta a la comunidad de acreedores a aceptarla, sabiendo que de no ser así toda negociación futura será más compleja porque más difícil será la situación que enfrente Argentina», apuntó.
Además, destacó: «La Argentina desea contribuir y contribuirá a la elaboración de instrumentos contractuales que mejoren el éxito de las iniciativas de reestructuración de deuda soberana cuando los deudores tengan apoyo significativo de los acreedores».
«Los ajustes a los modelos de contrato elaborados por el International Capital Markets Association (ICMA), que fueron adoptados por Argentina en 2016, en la medida en que gocen de un apoyo generalizado, también serán apoyados por Argentina», resaltó y consideró que el último rechazo de los acreedores fue un «lamentable paso hacia atrás».
El Gobierno puntualizó: «Aquellos aspectos de la contrapropuesta que buscan imponer cargas adicionales a una economía que se está ahogando en plena crisis del COVID-19, en donde se ha hecho un esfuerzo enorme por preservar la vida humana a costa del bienestar inmediato de la población, deben saber que sus reclamos no pueden ser acomodados».
«No sólo sería irresponsable, sino que también sería injusto», apuntó y argumentó: «Con más del 50 por ciento de las niñas y los niños argentinos viviendo en la pobreza, no podemos mejorar las ganancias de corto plazo de nuestros acreedores».
El apoyo a la propuesta Argentina
En los últimas semanas la Argentina logró el apoyo de diversos sectores para la negociación de la deuda y el viernes James Dimon, el CEO del JP Morgan, uno de los bancos norteamericanos más grandes del mundo, elogió al Gobierno por la negociación de la deuda y consideró que el país tiene «un gran Presidente, que sabe lo que hace».
A su vez, empresarios de la industria, el comercio, la banca y el campo enrolados en el Grupo de los 6 salieron a pedir a los acreedores un «esfuerzo final», en un contexto en el que la CGT también solicitó que los bonistas «comprendan» que la propuesta contempla el «máximo esfuerzo» posible.
El jueves, Hans Humes, CEO de uno de los fondos de inversión que negocia una reestructuración de deuda con la Argentina, evaluó en declaraciones a Radio Rivadavia que la oferta «es razonable».
Por su parte, la presidenta del Consejo de las Américas, Susan Segal, recomendó a los acreedores de la Argentina que «tomen en serio» la última oferta de canje de deuda a la que calificó de «balanceada y justa».
En ese escenario y tras aceptar la oferta argentina, el fondo Greylock Capital alertó que algunos inversores «no están negociando de buena fe» con el país.
En los últimos tiempos se ha afirmado demasiado livianamente que la Matrix de todos los problemas económicos y financieros de Chubut radica en la cantidad de empleados públicos y en los salarios que el Estado debe abonarle. En verdad, el principal problema de las finanzas provinciales no reside en los salarios, sino en los pagos constantes de la deuda tomada en dólares que generaron los gobiernos desde 2010 hasta la actualidad. Mientras los sueldos representaron un incremento del gasto en un 1.800%, los pagos de la deuda registraron una suba del 6.200% en la última década.
En los últimos días el gobernador Mariano Arcioni confirmó que implementará una política de ajuste sobre el gasto público chubutense. En esta oportunidad, luego de otras anteriores fallidas, buscará congelar los salarios de los empleados públicos hasta los 243 mil pesos mensuales; la cifra que el propio mandatario provincial cobra mensualmente.
Desde hace varios meses se impulsan ajustes sobre los empleados públicos y sus salarios como único mecanismo de solución para los ahogos financieros que sufre mensualmente Chubut. Así fue como se instrumentaron desde principios de año las jubilaciones forzadas y los retiros voluntarios, a lo que ahora se le suman los congelamientos de los salarios más elevados de la provincia.
En paralelo se sigue desarrollando un ajuste por la vía de los hechos, que se traduce en el pago escalonado de los sueldos de los empleados públicos, los que se deprecian notablemente frente a la inflación. Han llegado a sufrir más de dos meses de atraso, con la complementación de que el medio aguinaldo se pagará en cuotas a lo largo del segundo semestre.
Todos los análisis del gobierno apuntan a instalar la idea de que el mayor problema de las finanzas chubutenses está generado por los salarios de los trabajadores estatales, y hacia ellos se dirigen las principales políticas de recortes de la administración de Arcioni.
Salarios corriendo a la inflación
Una de las grandes falacias a desmontar en materia financiera consiste en dejar en evidencia la falta de sustento de los discursos que machacan una y otra vez sobre la cabeza de la población diciendo que «todos los problemas radican en la cantidad de empleados públicos» y «lo que implica pagar los sueldos en Chubut».
Cuando se analiza lo sucedido con los sueldos del sector estatal durante los últimos cinco años se observa que las variaciones salariales estuvieron peleándole a la inflación y que en varios períodos perdieron frente a la suba de precios.
Tal es así que en 2016 la masa salarial total de los empleados públicos provinciales fue de 18 mil millones de pesos anuales frente a los 13 mil millones que se habían pagado en 2015. Eso significó un aumento general de 27,8% pero la inflación interanual en ese mismo período fue de 40,3%. Es decir que los sueldos estatales en Chubut perdieron en 2016 un 12,5% frente a la inflación.
En 2017 la masa salarial llegó a casi 23 mil millones de pesos anuales y la suba representó el 27,5%, mientras que la inflación interanual fue del 23,5%. Ese año los sueldos le ganaron a la suba de precios en un 4%.
Para 2018 las cosas cambiaron radicalmente. El gobierno inicial de Arcioni, quien asumió como primer mandatario tras el fallecimiento de Mario Das Neves, llevó adelante una política de ajuste brutal sobre los sueldos estatales.
La masa salarial de 2018 fue de solamente 23,7 mil millones de pesos contra los casi 23 mil millones del año anterior, traduciéndose en un incremento de apenas 3,3%. Ese mismo año la inflación se disparó al 50,6% por lo que los sueldos de los empleados públicos chubutenses perdieron un 47,3% en promedio.
El mazazo sobre los sueldos estatales fue impactante y desató una oleada de conflictividad que se recuerda, con tomas de edificios públicos, cortes de ruta y movilizaciones multitudinarias permanentes.
Ese brutal ajuste sobre los sueldos estatales fracasó y los trabajadores consiguieron recomponer los porcentajes perdidos en 2018 e instrumentar las cláusulas gatillo que rigen hasta la actualidad. Fue así como la masa salarial general de 2019 creció a los casi 50 mil millones de pesos, reflejando un incremento del 110%. Eso significó la recuperación de los 47 puntos porcentuales perdidos en 2018 y la equiparación con los niveles inflacionarios de 2019, que rondaron el 54%.
Cualquiera podría suponer que esa variación de la masa salarial de 2019, en la que también jugaron un rol principal las promesas de campaña del electo gobernador, podrían ser la madre de todos los problemas. Sin embargo, no muestran más que el acompañamiento inflacionario de 2018 y la recuperación de los puntos perdidos.
Si se hurga más al interior de los datos oficiales recientemente publicados por Chubut, se observa que dicha recuperación salarial no ha sido equitativa para todos los sectores por igual, mientras que en conjunto la masa salarial total estuvo 8,9% de promedio por encima de la pérdida de 2018.
El sector Judicial cerró 2019 con 12 puntos porcentuales de retracción frente al ajuste de 2018. El personal policial quedó 16 puntos por encima del desfasaje mencionado. El sector de la salud apenas consiguió superar en un 2% la depreciación anterior; la educación elemental (primaria) ganó el 8,9% y la educación media el 15,5%; mientras que el sector legislativo solamente recuperó lo perdido en 2018.
¿El problema son los sueldos o la deuda?
Mucho se pontifica en el sentido de que el principal problema de las finanzas chubutenses son los incrementos salariales. Ese argumento se machaca de de manera constante para generar una oleada de pensamiento que lleve a los trabajadores estatales a aceptar por convicción o presión las políticas de ajuste. Sin embargo, muy poco se menciona el descalabro que genera en la economía provincial la deuda tomada en dólares desde 2010.
Chubut inició un gigante endeudamiento en dólares durante 2010 durante la segunda gestión de Mario Das Neves, y desde ese momento no paró de endeudarse hasta tomar prestado un total de 1.159 millones de dólares.
Durante toda la década en cuestión, la provincia tuvo resultados deficitarios en sus cuentas públicas a pesar de haber obtenido tamaña cantidad de préstamos en dólares (ver el artículo https://www.elextremosur.com/nota/24898). Solamente salió del déficit en 2018, gracias al ajuste en los salarios públicos.
Desde 2010 y hasta 2019 los pagos de la deuda asumida por la provincia se incrementaron 6.238%; debido a que en 2010 se pagaron apenas 136 millones de pesos y en 2019 las cancelaciones de amortizaciones e intereses de los distintos bonos trepó a los 8.569 millones de pesos.
Para cotejar lo que pasó con la masa salarial anual de la provincia, vale considerar que en 2010 ascendía a los 2.618 millones de pesos y pasó a representar en 2019 un total de 49.948 millones de pesos. El incremento fue de 1.807%.
Indudablemente, la desproporción de crecimiento entre gastos salariales y cancelaciones de deuda son más que significativos, dejando al descubierto que el problema más acuciante de las finanzas públicos son los pagos de una deuda que no se tradujo en mejores condiciones de vida ni de servicios para los chubutenses.
En 2010, por cada peso que se destinaba al pago de la deuda se utilizaban 19.165 pesos para pagar salarios en Chubut. En 2016 esa proporción de desmadró a 4.954 pesos para salarios por cada peso pagado por la deuda; mientras que en 2018 se alcanzó el desfasaje más marcado con 2.578 pesos.
En 2019 ese desequilibrio descendió producto de la finalización de los vencimientos de algunos de los bonos emitidos y por cada peso pagado de deuda se destinaron 5.768 pesos para salarios.
Lo que viene
En este 2020 los desequilibrios se volverán a disparar marcadamente porque comienzan a vencer las cancelaciones trimestrales del bono denominado BOCADE que desde octubre absorberá 27 millones de dólares por el pago de capital.
Esa relación podría modificarse si se renegocian los plazos de pago de la deuda, aminorando el peso de los vencimientos hasta el 2023 pero extendiendo en el tiempo los problemas en las cuentas públicas de Chubut.
Cada vez se destinan más pesos al pago de la deuda y como no avanzaron los ajustes contra los salarios estatales, las arcas del Estado provincial crujen por los cuatro costados.
Una visión neoliberal tradicional encontrará las soluciones en el achicamiento estatal, la eficiencia y la reducción de los salarios para que cierren los números; hasta quizás pueda proponer un reendeudamiento.
Las respuestas también pueden hallarse en la dudosa legitimidad de la deuda, sin investigación a la vista, y en la dificultad para incrementar los ingresos de una provincia rica en recursos naturales y capacidades productivas, que vive en crisis cíclicas desde hace diez años.
El intendente de Rawson, Damián Biss, recibió a miembros de la Comisión del Círculo Policial y Mutual de Chubut, con quienes abordó la posibilidad de refinanciar la deuda que la anterior conducción de la entidad no saldó con el municipio por los terrenos que le fueron adjudicados en el Área 23.
Se trata de un macizo que la anterior gestión municipal le había ofrecido al Círculo Policial, cuando era dirigido por otra comisión. En su momento los adjudicatarios le abonaron a la entidad el valor de sus terrenos, aunque los fondos no fueron girados al municipio. La nueva conducción se encontró con esta irregularidad, que hoy, junto a Biss, pretenden subsanar.
Al término del encuentro, el presidente del Círculo Policial y Mutual, Carlos Agüero, manifestó que “la intención fue continuar tratando el tema de la venta de terrenos que había realizado el municipio a nuestra entidad durante la gestión anterior”.
“En su momento se había producido una cesación de pagos, nunca se terminó de abonar, cuando nosotros nos hicimos cargo de la Mutual, en marzo del año pasado, nos encontramos con ésta y muchas otras deudas, estaba todo devastado”, especificó Agüero.
Junto al intendente Biss -dijo Agüero-, «estamos tratando de regularizar esta situación. La idea es saldar la deuda de la mejor forma posible para poder avanzar en el loteo del 3 de Abril, donde tenemos socios que ya fueron adjudicatarios”. A tal fin “nos ofrecieron una re-financiación y “la semana que viene estaremos reuniendo con el Departamento Contable para poder concretar esta operatoria”.
El Círculo Policial “tiene la intención de saldar sus deudas e ir avanzando para beneficiar a nuestros socios”, dijo.
Durante la semana que ha transcurrido, los trabajadores de salud del Hospital de Puerto Madryn realizaron diferentes manifestaciones en la vía pública para expresar su reclamo y malestar ante la situación actual y el atraso en el pago de los haberes
En este sentido, entregaron notas al Concejo Deliberante, recibieron el apoyo de los vecinos y este viernes, resolvieron en asamblea montar una carpa para mantener visible el reclamo.
En este sentido, señalaron que la intención no es realizar un acampe sino mantener visible el reclamo y que los trabajadores. La carpa fue montada en el ingreso de la guardia del nosocomio.
Por otra parte, se anunció que el próximo jueves habrá un paro provincial de Salud.
