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Los encuentros entre funcionarios nacionales y chubutenses que se darán los días martes y miércoles, aparecen como la última gran oportunidad para salir del pozo. La necesidad de fondos frescos, sea a través de subsidios o nuevos endeudamientos, coordinando un paquete de medidas de sustentabilidad, serán las claves. En esta nota, anticipamos por dónde pasará la discusión que será política, más que económica.

“Atendélo al gobernador de Chubut, porque no creo que la Nación quiera tener una provincia explotada”. Así de alarmante fue el llamado que el último lunes le realizó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al ministro de Economía Martín Guzmán, y que logró una entrevista de una hora y media en la Quinta Presidencial de Olivos con Mariano Arcioni.

La gestión del tigrense volvió a ser fundamental y logró que el hombre que tiene la llave de la que dependen muchas medidas que necesita Chubut, pueda escuchar de primera mano un crudo diagnóstico de la realidad de la provincia. Allí se coordinó una reunión para este miércoles entre el equipo económico nacional y el provincial, una entrevista que significa una oportunidad que no puede ser desperdiciada, porque estará en juego el futuro inmediato de Chubut.

Se necesita una serie de autorizaciones que permitan el arribo de fondos frescos para lograr que la provincia se ponga al día con la deuda salarial con sus empleados públicos. Chubut aspira, como dijo Javier Touriñán la semana pasada a ADNSUR, a obtener una suma cercana a los 15 mil millones de pesos. Con esa cifra, el objetivo sería estar al día con los sueldos adeudados -incluyendo el medio aguinaldo-, y lograr un fondeo que permita asegurar todos los meses una fecha previsible de pago.

No es una tarea fácil, ni mucho menos: fuentes del gobierno nacional reconocen a esta columna que la gestión chubutense tiene un problema de credibilidad. “No hacen los deberes”, es la frase que se escucha en Buenos Aires, y que refiere a que hasta aquí no se da a conocer un plan para salir de la crisis, mientras se observa que el gasto público sigue subiendo con la incorporación todos los meses de la “cláusula gatillo” firmada en 2019. Si bien la provincia quiere mostrar que los sueldos en 2020 están congelados, porque no se dieron aumentos, por otro lado tiene que admitir que su masa salarial ya subió más de $ 1000 millones en lo que va del año.

En las reuniones previstas para esta semana, va a haber un reconocimiento del problema de los salarios que debe ser solucionado, así como también de jubilaciones, y de falta de recaudación. Pero un argumento será clave en la discusión: es cierto que Chubut tiene problemas y que necesita una ayuda especial, un auxilio que en general la provincia no ha reclamado al gobierno central, sino más bien todo lo contrario, porque los chubutenses históricamente han aportado más de lo que han recibido. Junto a otras cuatro provincias, es una de las que a través de sus recursos genera importantes ingresos al erario nacional, y sin embargo –en todas las gestiones de todos los colores políticos- está a la cola a la hora de recibir aportes que sí se entregan a otros estados.

EL PLANTEO POLITICO

Un altísimo funcionario provincial que estará el miércoles en la reunión, adelantó a esta columna uno de los ejes que llevará Chubut a la mesa de negociación con la Nación: “nosotros aportamos el 2% al PBI, pero luego sólo recibimos el 1,5% de los fondos que Nación transfiere a las provincias, perdiendo un 26 % de lo que aportamos”. Si bien reconoció que “en cualquier régimen de coparticipación no sólo se tienen en cuenta criterios devolutivos, sino también redistributivos, es por eso que nosotros juntos a otras cuatro provincias venimos aportando a la redistribución del ingreso para igualar el bienestar social en todo el país”.

El argumento será entonces el siguiente: en los últimos 15 años Chubut no hizo bien los deberes, aumentó su gasto público a niveles impagables y ahora debe hacer las reformas para acomodar sus números. Pero mientras tanto, necesita una mano de los fondos federales a los que siempre aportó por demás, siendo solidaria con el resto del país. Claramente, una discusión primero política, antes que económica.

Ahora bien, una vez hecho este planteo, queda la segunda parte, que es la más difícil: mostrar una serie de medidas que sean convincentes, y que muestren que Chubut tiene un plan para ir achicando su déficit de aquí al año que viene de manera paulatina, con el fin de sanear sus cuentas dentro de los próximos cuatro años. Es decir, por un lado pedir más dinero, y por el otro asegurar que esa plata va a ser bien invertida, y que hay un camino para devolverla a partir de la austeridad y la eficiencia. Algo que hasta aquí la provincia no ha sabido mostrar.

Si los funcionarios chubutenses que van a estar sentados a la mesa logran convencer a sus interlocutores, se abren distintas posibilidades: con el Ministerio del Interior, la llegada de más subsidios en forma de ATN. Con Economía, el arribo de más dinero del Fondo Fiduciario o también, la autorización para que los U$S 180 millones del programa de Letras hasta fin de año, puedan tomarse a través de “dólar linked” a devolver dentro de los próximos tres años.

EL PAQUETE

En el gabinete guardan con mucho celo las medidas que serán presentadas a Nación, que fueron denominadas “Plan de Sustentabilidad”. Quieren que sean presentadas a la ciudadanía chubutense una vez que tengan el aval del equipo de Alberto Fernández. Algunas de ellas se conocen, y otras que tienen que ver con lo salarial, están guardadas bajo siete llaves.

En el crudo diagnóstico que se llevará a la reunión, Chubut explicará que se busca que la masa salarial, que hoy tiene un peso del 120 % sobre los ingresos netos de las regalías cedidas para el pago de bonos, tenga en cuatro años un peso del 70 %, que sería un número que permitiría un normal desenvolvimiento. El informe escrito asegura que “la actual masa salarial no es sostenible con el actual nivel de ingresos, y el problema estructural es tan grande, que no sólo le impide funcionar normalmente sino incluso seguir endeudándose para pagar los salarios aun sin ajustar”.

Además de comprometer el congelamiento de salarios, se explicarán otras medidas en marcha para bajar el gasto, como las intimaciones para lograr unas 2 mil jubilaciones de manera inmediata a quienes estén en condiciones de hacerlo, y la ley impulsada para bajar la cantidad de activos, conocida como “baja del débito laboral”, a quienes tienen pocos años para jubilarse.

En ese sentido, uno de los compromisos del plan es que, cuando se jubilen empleados, solo se podrá reponer un agente cada 3 jubilados, para achicar el número total, al tiempo que se pretende cancelar vacantes por un lapso de cuatro años, salvo excepciones fundamentadas. Por otra parte, se hablará del “problema estructural del sistema jubilatorio” que demanda cada vez más recursos de la provincia, porque es deficitario y requiere algún tipo de modificación. Uno de los diagnósticos indica que “para mantener el equilibrio en la caja, el aporte de los activos debería ser al menos del 32 % del sueldo bruto”.

Además del impulso a los retiros voluntarios y congelamiento de vacantes, la provincia mostrará números de la reducción de horas cátedra y de horas de guardia, y uno de los ejemplos a mostrar será la última resolución del Ministerio de Educación, para dejar de pagar dos y hasta tres docentes por cargo.

Respecto a la recaudación, el equipo provincial presentará una reorganización del esquema de la Dirección General de Rentas orientado a aumentar la eficiencia con una meta del 50 % de crecimiento real en 4 años, con una mejora en el proceso de seguimiento de liquidación de regalías, actualizaciones en alícuotas de Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Rural, Pesca, Canon de Agua, Tasa Ambiental Ecológica, Transferencia de Bienes y Tasa Vial, así como una moratoria impositiva.

EXPECTATIVA

La pregunta es si todas estas medidas con la consecuente proyección de números a futuro, alcanzará para convencer a los funcionarios nacionales para que autoricen las medidas que Chubut necesita para conseguir la plata que hoy le falta. ¿Será suficiente o Nación pedirá un mayor ajuste? Hay quienes creen que es probable que el equipo nacional pida medidas de fondo, vinculadas al sistema de asignaciones, de jubilaciones, de mayor presión tributaria, de ampliación de la matriz productiva.

La provincia necesita una inyección de fondos de manera urgente, si pretende una relativa tranquilidad en su funcionamiento diario, que no dependa de amagues de renuncia de sus ministros para pelear por el orden del pago de salarios de dos meses atrás, como ocurrió en los últimos días con Federico Massoni en el caso de la policía y con Fabián Puratich en el caso de Salud.

La tarea para que esto suceda, la tendrán esta semana Mariano Arcioni junto a Oscar Antonena, José Grazzini, Javier y Diego Touriñán, y Javier Alvaredo. Lo que allí se comprometan, si tiene el aval del gobierno nacional en el aspecto político, deberá después ser respetado a rajatabla por todo el arco político y por la dirigencia sindical. Si el objetivo es que Chubut no estalle de una vez por todas.

El secretario general de Gobierno de Chubut, Javier Touriñán, manifestó en diálogo con ADNSUR que «hay que ver la manera del nuevo endeudamiento -adelantado por esta agencia de noticias el fin de semana- y buscar la forma que impacte lo menos posible dentro de las cuentas provinciales. Por un lado, se comienzan a cancelar los compromisos de deuda que tiene la provincia y se está negociando con los bonistas sobre los endeudamientos que no están contemplados en este año y –en el medio- aparecen las garantías como las regalías hidrocarburíferas están comprometidas con un precio del barril del petróleo y un dólar bajo».

«Hay que buscar alternativas para un mediano plazo porque tampoco se puede comprometer a gestiones futuras pero hay que rediseñar el esquema de ingresos de la provincia. Un fideicomiso o la toma de un bono de la deuda u otras herramientas financieras pueden ir tomándose pero requieren de las autorizaciones del Gobierno Nacional. No sirve de nada manejarse en un esquema de este tipo sino hay un Programa de desarrollo posterior que permite que sea sostenible en el tiempo», explicó.

«Hoy tenemos tres masas salariales comprometidas. Lo ideal serían 15.000 millones y eso es lo que se va a conversar con el Gobierno Nacional para ver cómo se puede cancelar –aunque sea por etapas- la deuda con el empleado público. No hay forma que el Estado funciones en ningún aspecto si está paralizado. El objetivo inmediato es todo esto», dijo Touriñán.

Reuniones 

Según explicó el secretario general de Gobierno, «básicamente, las acciones a seguir para mostrar al Gobierno Nacional -en las reuniones de la semana que viene- tienen que ver con un Programa de Recomposición de las Finanzas Públicas, a fin que el desarrollo del presupuesto para el año que viene queden dentro del plano de lo sustentable. Todos entendemos que quedan pendientes algunas acciones vinculadas con el desarrollo en la provincia y –en principio- con una asistencia financiera del Gobierno Nacional y también la autorización para tomar unas decisiones en el orden de las finanzas públicas para poder desarrollarlas en plenitud. Esto tiene que ver con tratar de recomponer la situación en la que se encuentra el empleado público y el sistema de proveedores que tiene la provincia. Con eso en marcha, podemos ingresar con un presupuesto para el año que viene mucho más optimista y un desarrollo más formal de la economía regional», evaluó.

Según explicó, «el programa estipula considerar una Ley Tributaria nueva que apunta a ingresar algunos aspectos que hoy no están siendo contemplados por distintas razones y que significan ingresos importantes para el Estado provincial. Algunas cuestiones se fueron exceptuando y otras quedaron desactualizadas por los procesos inflacionarios con cuotas insignificantes que no significa la actividad que se produce».

«También queremos achicar los gastos sin achicar el Estado ni la cantidad de gente que existe sino que hay que bajar el nivel del gasto público con algunas restricciones dentro del consumo que tiene el propio Estado», cerró Touriñán.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut (SITRAJUCH) Luis Ronconi, en conversación con Radio Nacional Esquel, cuestionó duramente la postura del Superior Tribunal de Justicia.

Se refirió al proyecto de ley con garantía coparticipable, pero que endeudaría a la provincia con un crédito del Banco del Chubut, para pagar sueldos atrasados sólo del poder judicial. También se refirió a situaciones de algunas magistradas que han presentado amparos para cobrar sus sueldos en particular.

Manifestó que «Desde el punto de vista de la agonía económica, seguramente el Superior está buscando una alternativa, pero bueno: es insuficiente, nos mete de nuevo en la lógica del endeudamiento, patea la cuestión para adelante, no resuelve la crisis total de la provincia, y sobretodo genera una diferenciación, que no es ni saludable ni deseada por nosotros como sindicato de trabajadores y trabajadoras judiciales de Chubut».

Luego de quedar afuera de la reunión que hubo con el gobernador de la provincia, desde el SitraJuch opinaron que “Hasta el día de la fecha el gobierno no ha dado respuestas concretas a los pedidos de todos los empleados del Estado”.

Esta mañana, la secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut Gabriela Huenchual sostuvo que “No estamos de acuerdo con el endeudamiento. El gobierno tiene que dejar de lado el pago de la deuda. Hemos llevado desde la Mesa de Unidad Sindical varias propuestas que nunca escucharon”.

En este sentido, la representante de los trabajadores judiciales sostuvo que “Hasta el día de la fecha el gobierno no ha dado respuestas concretas a los pedidos de todos los empleados del Estado, no hay certezas de cuándo se va a acomodar esta situación, no tiene previsibilidad por eso no esperábamos una respuesta favorable de parte del gobierno”.

Finalmente, Huenchual indicó: “No hay certeza de cómo se va a acomodar esta situación. No fuimos parte de la reunión con el Gobernador, no nos invitaron. Tenemos la misma sensación de siempre”.

Todavía no se sabe cuánto, ni cómo, ni cuándo, pero hay una única cosa clara: con un déficit mensual de $ 2.400 millones, la única alternativa para pagar los salarios atrasados y el medio aguinaldo pendiente, será volver a pedir autorización a la Legislatura para tomar un nuevo préstamo en el mercado. 

En materia político-económica, y más allá de la acuciante realidad que marca el incremento de casos positivos de COVID19, terminó una semana marcada por el incremento de movilizaciones de gremios estatales, con pedidos de reuniones urgentes por parte de la cúpula judicial, todo sumado a la paralización de la actividad legislativa, e incluso a la novedad de una medida cautelar que fija un plazo perentorio de depósito de haberes a una magistrada.

Ante este crítico panorama, el dato más caliente que está en condiciones de anticipar es que en la conducción del gobierno chubutense se trabaja contrarreloj en el armado de un nuevo proyecto de endeudamiento como la única solución inmediata para afrontar el pago de la deuda a los trabajadores, que asciende a dos meses y medio de salarios y que también incluye una deuda retroactiva en concepto de “cláusula gatillo”.

Los números de la provincia marcan que en materia salarial hacen falta 17 mil millones de pesos de manera inmediata para quedar al día con los 64.300 agentes públicos, sumando activos y pasivos.

Con déficit mensual de $ 2.400 millones, la única alternativa para pagar los salarios atrasados y el medio aguinaldo pendiente, esta cifra surge de sumar dos masas salariales de $ 5.000 millones, más un medio aguinaldo de $ 2.500 millones, más $ 4.500 millones que se deben por la cláusula gatillo pendiente de las paritarias de 2019. Este saldo retroactivo se debe a casi todos los estamentos del Ejecutivo (salud, policía, viales, administración central, etc.) con la única excepción de los docentes, por un acuerdo firmado en febrero pasado por el entonces ministro de Educación, Andrés Meiszner, con el objetivo nunca cumplido de destrabar el inicio de clases.

POR PABLO VERNAZZA

La Diputada Provincial trelewense por el Intebloque Chubut al Frente, Leila Lloyd Jones, indicó que rechaza la refinanciación de la deuda “porque debería pagarla el próximo Gobierno”. Dijo que no coincide con la fijación de topes salariales porque va contra los derechos adquiridos de los trabajadores.

En el marco de las decisiones políticas y económicas del Poder Ejecutivo de Chubut, la legisladora fue contundente: en primer término indicó que no comparte lo del tope salarial “porque creo que los convenios colectivos están avalados por los gremios, son derechos adquiridos”

“Lo que le diría al Gobernador es que en vez de poner topes salariales, deje de hacer ingresar gente el Gobierno. Desde la Legislatura estamos trabajando, no estamos parados. Tuvimos algún inconveniente por el tema del no pago a los trabajadores donde no pudimos sesionar pero de ahora en adelante, no vamos a tener más ese problema”, advirtió la Diputada Lloyd Jones.

De la renegociación de la deuda, en tanto, expresó que ya le dijeron al Ministro (de Economía de la provincia, Oscar Antonena) que están esperando el plan que él va a acercar de cómo lo van a llevar adelante, aunque estimó que eso aún no está y se debería comenzar a abonar en el año 2023.

“Eso no está, van a tirar la pelota para adelante para el Gobernador que venga. Queremos ver el plan, nosotros hicimos nuestras observaciones y estamos esperando que el Ministro nos devuelva esa respuesta pero aún no ha llegado”, sostuvo en rechazo a la instrumentación de la medida tal como está planteada en un primer término.

Finalmente, consideró que el pago de los aguinaldos que se terminaría de abonar en febrero del año que viene “es un tema tristísimo, esperemos que esto tenga una pronta solución porque la verdad que la crisis es muy grande y con la pandemia se agravó más la situación, es muy difícil. Creo que solamente todos unidos por la provincia podremos sacar esto adelante”.

Magalí Stoyanoff -docente, referente sindical de ATECH y miembro de la Multisectorial de Mujeres de Comodoro Rivadavia- integra diversos frentes de lucha por los derechos de los trabajadores, las mujeres y las disidencias.

En diálogo exclusivo con El Extremo Sur, describió la adaptación de los medios de lucha que debieron afrontar en una provincia atravesada por una fuerte crisis social y política, redefiniendo estrategias de visibilización en la escena virtual. Magalí Stoyanoff remarcó la necesidad de mantener en agenda las exigencias de los trabajadores y sostuvo que «el primer protocolo para la vuelta a clases tiene que incluir en primer término el pago en tiempo y forma de los salarios de todo lo adeudado».

«Estoy convencida de que si no hubiésemos hecho todo lo que hicimos en los años anteriores estaríamos realmente mucho peor, claro que en estas condiciones manifestarse públicamente es difícil», destacó Magalí Stoyanoff. «Lo grave es que la situación de la provincia y los objetivos que este proyecto político intenta llevar adelante nos competen a todos; no solo a los trabajadores estatales».

Magalí Stoyanoff describe cómo se revitalizó la lucha por los derechos de las mujeres, en medio de un contexto que «obligó a pensarnos accionando». Junto a sus compañeras, llevan a cabo un proyecto de voluntariado para acompañar a quienes transitan procesos de reparación de violencia de género, bajo la demanda constante de que el Estado tome responsabilidades y garantice la eficacia de los protocolos existentes. «Lo colectivo y la necesidad de pensar junto a otras y otros es lo que más afectado se ha visto en ese tiempo», aseguró, Magalí Stoyanoff.

¿Qué medidas de lucha logran seguir activando desde el sector docente en este contexto de crisis?

Justamente el jueves llevamos a cabo una actividad pública en este contexto provincial agravado por la situación de la pandemia. Continuamos manifestándonos públicamente, aunque realizar acciones tiene su grado de complejidad. Los docentes atravesamos una situación difícil en la que pesan muchas cosas, especialmente después de tres años de atravesar la misma situación. Estamos sosteniendo los puntos de reclamo que tienen que ver con todo lo que es el desfinanciamiento de la educación, de todas las áreas públicas del Estado; y en particular lo relativo a los salarios, a la inmensa cantidad de compañeros estatales a quienes se les deben los sueldos de mayo y junio además del aguinaldo; que apenas ha cobrado el segundo rango.

¿Cómo se manifiestan respecto del proyecto de reestructuración de la deuda?

Lo que nos propusimos es hacer conocer todos los argumentos que tenemos y seguir sosteniendo ese reclamo de modo público junto a otras organizaciones y organismos. Adherimos a una declaración de constitución de asamblea para que se investigue la deuda pública provincial, así como la deuda privada; que se la audite y se vea que es lo que hay que pagar o no. Sostenemos que es fraudulenta y que en gran medida está regida por leyes extranjeras. Ese es un frente de lucha, buscamos que no se avance con el proyecto de renegociación que tiene el ejecutivo provincial, que en este momento está frenado por la situación de la Legislatura. Buscamos que el reclamo no deje de estar en agenda, que no deje de saber la gente que si bien no somos los que estamos peor sí somos los que estamos en esta situación desde hace muchos años. Todos los trabajadores estatales sufrimos este atraso en nuestros pagos, no hemos tenido paritarias salariales ni recomposición de ningún tipo. Hay estudios nacionales que indican que nuestro sueldo ha quedado muy por debajo de la media. Siempre nos dijeron que nuestro sueldo es de los más altos de todo el país, pero ha quedado demostrado que no es así. La inflación ha estado socavando y comiéndose todo el poder adquisitivo que en algún momento, gracias a la lucha y las conquistas, llegamos a tener. Habló Magalí Stoyanoff.

También organizan acciones solidarias, ¿en qué consisten?

Asistimos con bolsones a compañeros desde el sindicato e intentamos organizar desde allí la solidaridad. No lo hacemos solo con los trabajadores docentes que la están pasando muy mal, sino con todos los otros sectores que lo necesitan. En estas circunstancias suele salir lo mejor del lado solidario de la gente. Hemos hecho colectas para merenderos e intentamos vincular a docentes de distintos lugares; que pese a estar realizando medidas de fuerza se vinculan con sus comunidades para saber cómo están los alumnos y sus familias.

¿Qué alcances tiene la lucha en el marco de la cuarentena? ¿Lo virtual es una ventaja o una desventaja?

Atravesar un tercer año consecutivo en estas condiciones, teniendo que manifestarnos públicamente, hace que sea complejo movilizar. Estoy convencida de que si no hubiésemos hecho todo lo que hicimos en los años anteriores hoy estaríamos realmente mucho peor. En estas condiciones manifestarse públicamente es difícil. Hemos apelado a otras formas, maximizando el uso y las ventajas de otros medios como las redes, difundiendo nuestras iniciativas. No es lo mismo; es una estrategia que permite que esta problemática no deje de estar en agenda.

¿El tema del conflicto estatal ha perdido la atención de la ciudadanía, que tiene el ojo puesto en la pandemia?

El tema de la pandemia vuelve a reorganizar las prioridades de la gente. Hay que recordar que no somos el sector que peor está. Hay gente que ha perdido el trabajo, que vive de la economía informal y la está pasando realmente mal porque tiene cercenada esa posibilidad de ingreso. El mismo sector productivo del petróleo ha sufrido bajas de equipo que afectaron muchísimo el movimiento. Hay gente que no tiene ni para comer; los docentes tenemos una situación de endeudamiento permanente. Genera mucha angustia, aunque el contexto general hace que el tema de los estatales sea un tema más. Lo grave es que la situación de la provincia -en concreto lo que este proyecto político intenta llevar adelante- nos compete a todos, no solo a los trabajadores estatales.

Al integrar simultáneamente espacios de lucha docente y espacios de lucha feminista ¿percibís prejuicios o actitudes machistas en ciertos sectores de la actividad sindical?

Es un sector sobre el que pesa históricamente una condición de reproducción de la forma de ideología dominante, y también la misma estructura escolar hace que el modo verticalista en que está organizada presente esos rasgos. Hemos dado grandes pasos, y muchas compañeras y compañeros avanzan en cuestionar cosas, en repensar muchas prácticas y en proponerse prácticas distintas. Hay mucho por hacer, pero se han dado pasos firmes y hay mucho camino por recorrer.

Respecto a la detención que sufriste durante el año pasado junto a Daniel Murphy, ¿creés que marcó un antes y un después en la lucha docente?

No sé si un antes y un después. Lo que solemos decir nosotros, en ocasiones en que hemos vivido situaciones semejantes contra nuestra comunidad, es que nuestro pueblo tiene profundas reservas democráticas. Está claro que este ajuste provincial solo pasa a costa de los salarios y de la salud de los trabajadores públicos. Cuando uno no está dispuesto a soportar estos recortes ni tolerar injusticias lo que le queda al poder de turno es meter palos. En eso Massoni ha sido un ejemplo. La gente ante estas circunstancias reacciona. Suele suceder que son situaciones extremas.

¿Cómo son estas reacciones públicas?

Aunque suceda en momentos culminantes, hay una reacción muy positiva del conjunto de la comunidad que es poner un freno y decir «basta». No quiere decir que estos hechos no vuelvan a suceder, pero esa reacción es muy buena. Así pasó esa vez, que hubo puebladas en toda la provincia, hubo cortes de ruta. También ocurrió cuando nos desalojó de las rutas 3 y 26 la patota parapolicial y parasindicial. Aunque hayan quedado impunes, la reacción de la gente fue esa maravillosa marcha que vivimos y que de algún modo dijo «hasta acá se puede, hasta acá no se puede». Estos hechos vuelven a repetirse, es necesario no confiar y no pensar que nunca más va a pasar. Tiene que ver con el proceso de lucha y de reacomodación de fuerzas.

En relación a estos incidentes, ¿se concretó alguna acción judicial contra los responsables?

No se avanzó en nada de eso, pero, ¿qué puede sorprendernos? Si venimos de una provincia que tiene pendiente todavía definir qué va a pasar con la causa Embrujo, con la causa de los Ñoquis, con todos los funcionarios de este gobierno que están implicados. Tiene que ver con lo que rige el destino público de la provincia, pero hubo una reacción en positivo que es importante valorar.

Fuiste miembro de la comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew (2018), ¿hubo definiciones sobre lo que va a suceder este año con el Encuentro?

Ha habido comunicaciones públicas para dar tranquilidad hacia quienes lograron constituirse como Comisión Organizadora y se está trabajando para avanzar. El Encuentro está suspendido, no tiene fecha y se verá cuando será posible hacer una convocatoria nacional. Lo veo muy difícil. Aseguró Magalí Stoyanoff.

¿De qué manera viven esta pandemia las mujeres y aquellos sectores que militan espacios de lucha feminista?

Este momento de pandemia ha significado una necesidad de reorganizarnos en nuestra forma de trabajo. Algo bueno que nos pasó es que afloraron las redes que hemos venido construyendo en estos años. Son instancias que han servido para capacitaciones, conversatorios, charlas, una cantidad de actividades que a veces son incompatibles con la vida diaria. En Comodoro junto a otro grupo de compañeras comenzamos a darle forma a un grupo de voluntarias en el marco de la Campaña Nacional por la Declaración de la Emergencia de Violencia contra las Mujeres. El objetivo es formarnos como acompañantes para mujeres que están en estas situaciones en el marco de la pandemia. Se trata de un acompañamiento telefónico, aunque estamos a disposición para todo lo que podamos hacer y en la medida de lo posible nos ofrecemos también para realizar acompañamiento a hacer las denuncias, realizar el recorrido por las distintas instituciones y exigir al Estado que es el responsable. Nos llevó a la acción y nos obligó a ver y a reorganizar la lucha de la ciudad y la provincia. Se trata de ver con quién se puede hablar, a quién se recurre, cómo se atienden las violencias, cómo hay que abordarlas.

Pensando en una decisión formal para el regreso a clases pero sin avances en el pago de salarios, ¿hay consenso en las regionales de ATECH para definir un plan de lucha?

No hablamos respecto a un plan de lucha, pero sí hay consenso en cuanto a que el primer protocolo para la vuelta a clases tiene que incluir en primer término el pago en tiempo y forma de los salarios de todo lo adeudado. Además, se deben garantizar todas las obras que hoy no están. En Comodoro hay apenas cuatro instituciones en las que las obras requeridas han sido terminadas. La mayoría de las obras están todavía en estado de licitación. Ni siquiera se sabe cuándo va a suceder. Las acciones las iremos construyendo en la medida que se pueda avanzar y tengamos más certeza de qué es lo que es posible poder hacer o no. Manifestó Magalí Stoyanoff.

¿Qué cuestiones particulares se han modificado a lo largo de esta cuarentena?

Creo que en todo este tiempo falto la posibilidad de pensar en lo colectivo, que ha sido cercenada. Costó mucho adaptarnos a esta situación de la restricción de acercamiento y reunión. Eso afecta muchísimo todo lo que uno puede articular. Por eso pensar lo de voluntarias nos sirvió para pensarnos accionando, para intentar ser útiles. Lo colectivo y la necesidad de pensar junto a otras y otros es lo que se ha visto más afectado en este tiempo. Tenemos que aprender a adaptarnos y ver cómo continuar en estas circunstancias, y eso se traslada a todos los aspectos de la lucha. No es imposible luchar en estas condiciones, pero es difícil y requiere de otras artes y otros tiempos.

Esta tarde desde las 18hs sesionará nuevamente el Concejo Deliberante pero no tratará el endeudamiento que el Intendente planea tomar con Provincia por 21 millones de pesos.

Si bien la expectativa del Intendente era que se tratara pronto, el propio Secretario de Coordinación de Gestión y Finanzas, Matías Taccetta, había hecho algunas observaciones al convenio de asistencia financiera firmado con el gobernador Mariano Arcioni. Lo cierto es que hasta hoy el proyecto no entró.

“Estamos pidiendo un informe a Taccetta para ver si es necesaria la toma de la deuda y si el día de mañana lo tenemos que trasladar a los impuestos de los vecinos”, expresó el Presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Wengier.

También se refirió al tema el concejal de Chubut al Frente, Hernán Alonso, “lo cierto es que hay más familias que necesitan ayuda por lo cual creemos que no hay que dejar de lado la herramienta”.

La diputada provincial rawsense (que vive en Comodoro Rivadavia) de Juntos Por el Cambio, la radical Andrea Aguilera, que lo que se hace es “tirar hacia adelante una deuda que quieren dibujarla como una ayuda del Gobierno nacional”.

“Es una vergüenza que no se nos haya permitido hablar a todos los diputados y que la Sesión se haya desarrollado de esta manera. Es una falta de respeto no solo a nosotros sino a todo el pueblo de esta provincia”, señaló una ofuscada Andrea Aguilera al término del encuentro parlamentario.

Y agregó que “coincidimos con nuestro Presidente de Bloque (Manuel Pagliaroni) en que esto no es más que un nuevo endeudamiento, es para tirar adelante una deuda que no es como se quiere dibujar, una ayuda del Gobierno nacional que viene en auxilio de la provincia. Aquí simplemente hay un préstamo, hay un nuevo en levantamiento que va a engrosar los 800 millones de dólares que la provincia debe”, enfatizó.

Aguilera sostuvo que en la Legislatura “nosotros acompañamos porque somos responsables y porque creemos que los empleados públicos están en una situación realmente acuciante. La pregunta que nos hacemos es dónde están esos U$S 800 millones. En obras creemos que no están”.

“Esa es la contestación que el Gobierno tiene que dar, porque esta es la continuación del Gobierno anterior; ha tomado endeudamientos y también ha sido participe de los endeudamientos anteriores, por lo tanto no solo tiene que presentar un plan de cómo va a salir hacia delante, sino también que tiene que dar explicaciones de dónde está el dinero de todos los chubutenses ya que no está en hospitales, en escuelas, ni en la policía”, enfatizó.

Y prosiguió: “dónde está ese dinero es la respuesta que tiene que dar el Gobierno de la Provincia. Consideramos que no solo se debe explicar por qué llegamos a esta situación y dónde está ese dinero, sino cómo vamos a salir de esta crisis, que es compleja”.

“La situación no es simplista. Estamos trabajando por todos los chubutenses. Acá hay que sentarse con un plan serio, que contemple no únicamente el sueldo del empleado público, sino también al sector privado que tiene 60 días de facturar cero. La situación de los empleados públicos es gravísima, viene de hace mucho tiempo y no la generó la pandemia. Es la situación de crisis de una provincia agónica que ya viene desde hace muchos años atrás y que el Gobierno tiene que sentarse a decidir cómo va a resolver”, concluyó.

Fuente: El Comodorense.

Diputados aprobaron el convenio de asistencia financiera en la Provincia del Chubut por 5 mil millones de pesos, en la sesión especial que se llevó a cabo este martes en la Legislatura.

En los próximos días se contará con el primer desembolso de dinero -2.500 mil millones de pesos, de un total de 5.000 M- que permitirá avanzar con el pago de los sueldos de los trabajadores estatales, señaló El Comodorense.