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Fernández se refirió al informe criticado por la OEA que sostiene que Evo Morales no hizo fraude

El análisis de los comicios en Bolivia lo realizaron investigadores del MIT destaca que “las conclusiones de la OEA parecen profundamente defectuosas”.

El presidente Alberto Fernández se refirió este sábado al informe realizado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) publicado en un foro del diario The Washington Post, duramente criticado por la OEA, en el que se destaca que el ahora ex presidente boliviano Evo Morales​ ganó las elecciones sin fraude.

Fernández destacó desde su cuenta en Twitter que el «informe difundido critica con singular dureza, por su inconsistencia, la auditoría realizada en esa oportunidad por la OEA, que concluyera en afirmar la existencia de irregularidades en la elección que ahora se reivindica».

«Como siempre señalé, en Bolivia se violentó el Estado de Derecho con el accionar de las Fuerzas Armadas y sectores de la oposición al entonces presidente y con la explícita complicidad de la OEA que estaba llamada a velar por la plena vigencia de la democracia», insistió Fernández.

El presidente lanzó a su vez críticas a Mauricio Macri, a quien cuestionó porque, según destacó, «guardó un silencio cómplice ante semejante atropello, desoyendo las voces que entonces se levantaron para preservar la institucionalidad boliviana».

Reclamó Fernández «la pronta democratización de Bolivia, con la plena participación del pueblo boliviano y sin proscripciones de ningún tipo».

Según se detalló en ese foro del medio estadounidense, los investigadores estudiaron la tendencia del escrutinio antes y después de que se interrumpiera el conteo rápido al 84 %, punto en el que los opositores a Morales denunciaron el inicio del supuesto fraude, que acreditó después la Organización de Estados Americanos (OEA).

El informe ─publicado originalmente por el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) que tiene entre sus integrantes a un ex Canciller de Rafael Correa─ marca que «el análisis estadístico y las conclusiones de la OEA parecen profundamente defectuosas».

El primero que reveló el estudio similar sobre Bolivia, en noviembre pasado, fue el propio Correa, también citando al CEPR.

Agrega el informe que es «altamente probable que Morales superase el margen de 10 puntos porcentuales», al defender que la tendencia alcista que impulsaba al entonces mandatario era anterior a la interrupción del conteo rápido.

Evo Morales vive exiliado en Argentina y pretendía presentarse al Senado en los nuevos comicios programados para mayo, pero su candidatura fue inhabilitada por los nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral nombrados por Jeanine Áñez, informó El Clarín.

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Estados Unidos advierte a Bolivia que habrá «serias consecuencias» si descubren fraude electoral

La advertencia vino luego que el presidente, Evo Morales, denunciara un intento de golpe de Estado en marcha en el país suramericano.

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, advirtió a Bolivia que habrá «serias consecuencias en sus relaciones con la región» si observan irregularidades en los resultados de las elecciones del pasado domingo en el país suramericano.

Kozak, en una audiencia ante la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU., informó que Washington pidió a La Paz que «respete los votos emitidos por el pueblo».

En su cuenta en Twitter, Kozak también hizo referencia al tema: «EE.UU. se alinea con nuestras democracias socias para insistir en el respeto a los votos emitidos por el pueblo boliviano de acuerdo con la Constitución boliviana y la Carta Democrática Interamericana», escribió.

El lunes pasado, el mismo funcionario estadounidense ya había señalado que estaban «observando de cerca» la primera ronda electoral en Bolivia, e hizo referencia a la «repentina interrupción de la tabulación electrónica de votos».

La oposición boliviana ha denunciado que hay «fraude» electoral, luego que los resultados del conteo rápido le darían una victoria al mandatario sin necesidad de ir a balotaje. Sin embargo, el principal contendiente de Morales, Carlos Mesa, aún no ha presentado ni una prueba que sustente ese señalamiento.

Los opositores han iniciado una serie de manifestaciones en varias ciudades del país, que han incluido actos de vandalismo contra sedes de tribunales electorales departamentales.

«Golpe de Estado en marcha»

Por su parte, el presidente Morales ha denunciado que está en proceso un golpe de Estado en su país.

«Denuncio ante el pueblo boliviano y el mundo que está en proceso un golpe de estado que ha sido preparado por la derecha con apoyo internacional. Hago un llamado a organismos internacionales a defender la democracia», dijo en conferencia de prensa.

Bolivia invitó a los observadores de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) a verificar «una a una las actas de todo el país» para garantizar la transparencia de los comicios.

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Continúan las marchas y aumentan los enfrentamientos en Bolivia

Mientras se espera que difundan los resultados, manifestantes opositores mantienen su vigilia frente a las sedes de los tribunales electorales. En algunos lugares se desató violencia.

En medio de la incertidumbre, sin resultados definitivos de las elecciones 48 horas después de cerradas las mesas de votación, este martes a la noche surgieron nuevas protestas en Bolivia , para denunciar el supuesto fraude cometido por el gobierno para asegurar la reelección de Evo Morales.

En el final de un día tenso, con mucha presencia policial y convocatorias a marchas tanto por parte de la oposición como de militantes del oficialista Movimiento al Socialismo,las marchas se hicieron más masivas y se registraron incidentes en algunas ciudades, como en Santa Cruz de la Sierra, donde un grupo de seguidores del candidato opositor Carlos Mesa se enfrentó con la policía cuando intentaban llegar hasta la sede del Tribunal Electoral local. La policía reprimió con gases lacrimógenos.

También en Oruro, en el sur del país, donde el lunes a la noche hubo serios enfrentamientos entre manifestantes y la policía, la escena se repetía el martes. Las protestas, en las distintas ciudades, se dan frente a las sedes de los tribunales electorales, en respuesta al llamado que hizo Carlos Mesa.

En otras ciudades también hubo protestas masivas. En Cochabamba, en el centro del país, uno de los departamentos donde Evo tuvo un apoyo más grande, grupos opositores y de la sociedad civil convocaron a un Cabildo -una asamblea popular- en pleno centro de la ciudad. Una multitud con banderas reclamó allí que se respete el voto y alertó contra el intento de fraude. La marcha fue pacífica y los organizadores llamaron a un “paro cívico” hasta que se difundan los resultados y se confirme que habrá una segunda vuelta entre Morales y Mesa.

En La Paz también se manifestaron los seguidores de Mesa frente al hotel de la zona de Sopocachi donde se instaló el centro de cómputos. La zona estuvo custodiada por un férreo operativo policial durante todo el día, para evitar episodios de violencia como los del lunes, cuando la policía tuvo que usar gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes, tanto oficialistas como opositores, que se enfrentaron con violencia, informó El Clarín.

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Bolivia se debate entre triunfo de Evo Morales y segunda vuelta electoral

Los resultados del conteo rápido oficial de los comicios del pasado domingo en Bolivia indican que Evo Morales ganaría las elecciones en primera vuelta. Con el 95,63 % de las actas verificadas, el actual presidente alcanza el 46,85 % de los votos, mientras que su principal oponente, Carlos Mesa, obtiene el 36,74 % de los sufragios.

Ese resultado significa que Morales evitaría enfrentar a Mesa en una segunda vuelta electoral. La ley establece que, para definir una victoria sin balotaje, el candidato puntero debe tener más del 50 % de los votos, o al menos el 40 % con una diferencia de 10 % sobre el rival más cercano.

Sin embargo, a las 10:31 (hora local) de este martes, el cómputo definitivo oficial, con 78,03 % de las actas escrutadas, ofrece un resultado más ajustado: 40,71 % de los votos a favor de Mesa, de Comunidad Ciudadana, y 43,37 % de los votos al candidato del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).

Denuncias de «fraude» e incidentes

Previamente, con el 95,23 % de las mesas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) dio a conocer la victoria de Morales. Tras publicarse estos resultados preliminares, Mesa tildó de «un fraude escandaloso» y una «vergüenza» el papel de este organismo durante el conteo y la difusión del escrutinio rápido.

«Confiamos en que la ciudadanía no va a aceptar esta votación, no va aceptar este resultado, que está totalmente tergiversado y amañado», declaró Mesa.

En la mañana de este lunes, el Tribunal Supremo Electoral suspendió la transmisión de los Resultados Electorales Preliminares, cuando el conteo había alcanzado un 83,7 % del total. Tras reanudarse en horas de la tarde, se difundió el resultado preliminar que dio como ganador a Morales en primera vuelta.

Ante este panorama, el candidato opositor llamó a desconocer la victoria del actual mandatario, y llamó a una «movilización democrática» a los simpatizantes de su espacio político.

En horas de la noche, tras haberse difundido el resultado provisorio, manifestantes opositores denunciaron «fraude», y protagonizaron protestas en las calles de La Paz, donde se registraron serios incidentes y choques con la Policía.

Por su parte, el Ministro de Gobierno boliviano, Carlos Romero, recordó que quien llame a la violencia ante los resultados, deberá afrontar consecuencias jurídicas y políticas.

«No corresponde convocar a la violencia y a la confrontación, esa no es una actitud democrática. Y reitero, en mi condición de Ministro de Gobierno: no voy a ser [en tanto que] la autoridad a cargo de la seguridad, [quien] se haga cargo de las consecuencias de la violencia si alguien la genera», declaró.

Por su parte, el sociólogo y analista Fernando Rodríguez aseguró en entrevista con RT que el montaje acerca de un posible fraude en las elecciones se venía orquestando desde hace meses, precisamente para afrontar la posibilidad de que Morales fuese reelecto.

«Lo que estamos viendo en los hechos no es nada más que la ratificación de aquello que se vino preparando durante meses, y que hoy día expresa el triunfo de Evo Morales por un lado y el descontento de la oposición», dijo el analista.

OEA llama a respetar la voluntad ciudadana
Tras las denuncias de supuesto «fraude», la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió respetar «la voluntad de la ciudadanía».

A través de un comunicado de prensa, la Misión de la OEA manifestó su «profunda preocupación y sorpresa» por el «cambio drástico» de los resultados preliminares, conocidos tras el cierre de las urnas.

«Instamos a la autoridad electoral a que defienda decididamente la voluntad de la ciudadanía boliviana con estricto apego a la Constitución y sus leyes complementarias de manera ágil y transparente», pidió el organismo.

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La Justicia interviene el Correo de Macri por presentar información falsa

Mientras la campaña avanza, también lo hace la Justicia. En el marco de la causa penal que se inició en 2017 por la denuncia de la fiscal Gabriela Boquín contra funcionarios del Gobierno de Cambiemos por el intento de acuerdo entre el Estado y Correo Argentino SA para condonar (perdonar) una deuda de la empresa, la jueza en lo comercial Marta Cirulli ordenó la intervención de Correo Argentino SA (de la familia Macri). La magistrada cree que la compañía presentó información falsa sobre el estado de sus cuentas para obstaculizar la investigación por vaciamiento de la empresa.

Desde la Justicia se encontraron con que Correo Argentino SA impide el acceso a sus estados contables y provee datos parciales y contradictorios sobre su vínculo con las empresas Socma (Sociedad Macri) y Sideco Americana (también de los Macri).

Cirulli lo definió como “el reprochable ocultamiento de un pasivo postconcursal impensable”. Por lo tanto, decidió designar a un coadministrador en la empresa, que deberá colaborar con la sindicatura y presentar informes cada 30 días, ante lo que calificó como “renuencia informativa” de los responsables de la empresa. “Enfatizo especialmente que el proceder evidenciado por la concursada [en alusión a Correo Argentino SA] luego de los requerimientos [de la Justicia] el que me impone decidir del modo preanunciado”, remarcó.

La resolución de intervención fue firmada el viernes pasado y define que el interventor/coadministrador trabajará en la empresa durante al menos 30 días. Luego de ese plazo la intervención podría levantarse o profundizarse.

Según publicó LetraP, en la resolución figuran algunos ejemplos de información dudosa que la jueza destacó. Por ejemplo, que Correo Argentino SA afirmó que Sideco Americana le brindaba servicios “presumiblemente recibidos como una “gracia”, pues ninguna contraprestación había sido expuesta como “deuda” en los informes mensuales de la sindicatura controladora, hoy vendría a representar un endeudamiento de US$ 1.144.260 (según afirmación de la concursada), más los otros “gastos legales”. Es decir que habría una deuda de $64 millones a favor de la empresa Sideco Americana.

Hay un contrato que comenzó en 2012 entre Correo Argentino y Sideco Americana, donde la primera le pagaba alquiler a su propio dueño (ambas eran de la familia Macri). El precio pactado eran US$ 18.000 mensuales. Para el momento que firmó ese contrato, Correo Argentino SA tenía 3 empleados, no tenía actividad y no podía producir ganancias. Este fue uno de los tantos gastos que la fiscal Gabriela Boquin identificó como parte del vaciamiento de Correo Argentino, que desviaba fondos hacia empresas del grupo Macri mientras no pagaba su deuda con el Estado.

La causa penal

La fiscal Gabriela Boquín había denunciado en 2017 a Correo Argentino SA, hoy una empresa sin actividad, que cedió fondos a Socma y Sideco y contrató consultoras y estudios allegados a funcionarios. El objetivo: hacer cerrar las cuentas de la empresa en detrimento de sus acreedores reales (como el Estado), además de beneficiar con pagos millonarios a los estudios de Pablo Tonelli (diputado PRO), Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico de Macri), Jaime Kleidermacher (abogado de los Macri) y Jaime Cibilis Robirosa (ex presidente de la empresa).

Correo Argentino SA tiene una millonaria deuda con el Estado (originada principalmente por el incumplimiento del canon que la empresa tenía que pagar durante los 6 años que mantuvo la concesión del servicio). La fiscal Boquín denunció que el Gobierno de Macri quiso firmar un acuerdo para eludir el pago de al menos $4.000 millones, pero el mismo no se realizó luego de que la denuncia tomara estado público.

La causa se encuentra hoy bastante paralizada. Hace apenas unos días el juez Ariel Lijo fue denunciado por presunto “encubrimiento” por su demora en resolver la situación de los imputados en la causa Correo Argentino. Como respuesta, el juez ordenó el lunes 9/9 la realización de un “informe técnico contable” en la causa penal por la deuda de Correo Argentino, para establecer si la quita millonaria a la empresa, que era de la familia de Mauricio Macri, fue “abusiva” como sostuvo la fiscal Gabriela Boquin, y si se cometió delito en perjuicio del Estado.

Causa a la CSJN

Además, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial remitió el expediente de la causa a la Corte Suprema de Justicia. En este caso, se trata de la causa comercial (que va en paralelo a la penal).

El expediente fue elevado a la Corte Suprema de Justicia tras admitir el pedido del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, quien reclama más tiempo para definir si el Estado debe aceptar o rechazar la propuesta que presentó el Grupo Socma para cerrar el concurso, dadas sus potenciales “graves consecuencias”.

“No puede obviarse”, indicó Saravia Frías al pedir que intervenga la Corte, “que este concurso preventivo ostenta características muy particulares. Los montos en juego y la complejidad de su evaluación, el tiempo transcurrido, la existencia de reclamos recíprocos, la cantidad de partes involucradas y, especialmente, la existencia de diversas causas penales en las que se investiga la conducta de funcionarios públicos intervinientes”

“Habida cuenta de que la decisión atacada es recurrida por el Estado nacional invocando estar en juego principios esenciales de orden social -cuyas consecuencias podrían proyectarse sobre instituciones básicas del sistema republicano de gobierno-, júzgase que, ante la duda y el carácter del recurrente, pudiendo entenderse que están en juego la defensa del interés de la sociedad nacional como un todo, corresponde eventualmente acceder favorablemente a lo pretendido”, resolvieron los camaristas María Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini

La CSJN debe evaluar si se trata de un expediente “de marcada excepcionalidad” o si lo devuelve al fuero en lo Comercial. Si finalmente la Corte resuelve rechazar el planteo, el expediente volverá al fuero Comercial para que continúe el proceso judicial que comenzó en 2001. Esta decisión podría ser tomada recién después de las elecciones de octubre.

La decisión de la Cámara implicó una nueva postergación para definir si el Estado nacional acepta o rechaza la propuesta de acuerdo que la empresa de la familia Macri presentó hace más de 31 meses.

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Cigudosa será investigada por presunto fraude al Estado

El juez Fabio Monti abrió la investigación contra la exministro de Educación y diputada electa, Graciela Cigudosa, y otras siete personas por el delito de defraudación al Ministerio.

Los otros acusados por el fiscal Omar Rodríguez son el exsubsecretario de Educación, Raúl Care; Gustavo Huichián; Daniel Richard Schmidt (titular de Lada Construcciones y Ramida); Daniel Benjamin Gel (Gefer y Calypso Revestimientos); Félix Currumil, empleado de Schmidt; Jorge Santucho y Roxana Pereyra.

Los defensores Emilio Galende, Miguel Moyano, Javier Cervellera y Matías Cimadevilla no se opusieron a la apertura, a la declaración de caso complejo y a las calificaciones legales.

La versión fiscal es que licitaban obras de mantenimiento y reparación por montos mínimos que no pasaban por los organismos de control; luego las empresas participantes simulaban una falsa competencia con montos que superaban los costos del mercado.

Con esos sobreprecios cobraban el 50 % del monto total de los trabajos como anticipo. La maniobra implicó un perjuicio al Estado por casi $ 9 millones e incluyó presuntos sobreprecios y licitaciones simuladas para repartirse el dinero.

A Cigudosa, Hueichián y Care les imputaron defraudación por administración infiel y al resto, partícipes necesarios. Según la acusación, “acordaron armar un aparente concurso de precios a fin de quedarse de manera ilícita con las obras de refacción y mantenimientos de establecimientos educativos de Rawson y Playa Unión”. Las escuelas fueron las número 4, 20, 47, 167, 178, 185, 190, 306, 401, 441, 459, 504, 525, 552, 509, 650, 702, 729, 752, 776, 795, 202, 404, 7705.

Según la hipótesis fiscal, en febrero de este año Cigudosa emitió una resolución que asignó $ 7.404.079 a las regiones III, IV y VI, partidas extraordinarias para el mantenimiento de los establecimientos. Firmó una segunda resolución que asignó una partida de $ 1.844.595,33 con el mismo fin a la Región II de Puerto Madryn.

Para esa fecha, detalla la acusación, “Santucho había recorrido la mayoría de las escuelas efectuando un ficticio relevamiento de sus necesidades, toda vez que ya estaba predeterminado las tareas a realizar”. En su mayoría eran cambio de tubos fluorescentes, de cerraduras, limpiezas de caloramas, reposición de tapas de inodoro, reposición de vidrios rotos, etcétera. «No se correspondían con las verdaderas necesidades de los establecimientos”.

“En este concierto delictivo, cada uno realizó distintos aportes para consumar la maniobra. Los falsos proveedores firmaron las memorias descriptivas, y cotizaciones a fin de darle apariencia de competencia a una puja inexistente de precios, para dar visos de legalidad en miras a obtener un lucro indebido. Para hacer más difícil el descubrimiento de la maniobra, y darle apariencia de sana competencia, utilizaron varias empresas, y personas con estrechos vínculos como parte del plan”. Schmidt usó sus dos empresas, Lada y Ramida; Gel hizo lo mismo con Gefer y Calypso, Santucho hizo lo propio con Roxana Pereyra, (pareja de su hijo), sumando a Corrumil, empleado de Lada y Ramida.

“Usaron en la puja de precios a personas que no tuvieron ni conocimiento, ni participación, como el caso del maestro mayor de obras, Manuel García, quien no reconoció su firma en las cotizaciones ni fue invitado al evento”.

Para que la defraudación fuera rentable “fijaron elevados sobreprecios en los distintos rubros en comparación con los del mercado, ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado”.

El fiscal Rodríguez aclaró que se les imputa “actos infieles tendientes a lograr un lucro indebido como era quedarse con las refacciones”.

En principio se los acusa por 24 hechos en Rawson. Pero “como este procedimiento fue llevado adelante en Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn, esta modalidad de hacerlo a través de resoluciones, estamos investigando qué pasó en esas ciudades”.

Es una causa compleja porque tiene vinculaciones en otras ciudades. “Llevará un trabajo de investigación más profundo donde habrá que ir y hacer un relevamiento”, afirmó Rodríguez. “Usan partidas escolares cuando en realidad esas partidas eran para otra cosa. Las partidas escolares son para bajar fondos a los directores para que hagan compras, pero compra y elige el director. En este caso lo hacían aparecer como que eran estas partidas pero los directores nunca participaron de esta selección de proveedores”.

Según el fiscal, “es un concurso armado, pergeñado en la parte privada por Schmidt, hacen creer que todos compiten de forma transparente, todos cobran los cheques y se los endosan a Schmidt. En realidad era una maniobra para aparentar el concurso de precios”.

En la audiencia se sumó otra acusación contra Schmidt por entorpecimiento a la investigación. El día del allanamiento en su empresa Ramida en Rawson, el 26 de abril, “tomó un documento de vital importancia, lo llevó al baño, lo rompió y lo arrojó al sanitario. El documento fue encontrado en parte en el inodoro y la otra parte en la cámara séptica”. Fue detenido y cumplió un mes de prisión efectiva. No descartan más imputaciones.

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Aprende a bloquear las llamadas publicitarias en el celular

Suele ocurrir con frecuencia que nuestro celular suene y en la pantalla del mismo aparezca un número que no tenemos agregado en nuestra agenda de contactos.

Muchas veces, la característica de ese teléfono suele ser de otras provincias diferentes a la que nos encontramos. Y en algunas ocasiones, el teléfono indica que se trata de un “fraude“.

Las probabilidades de que ese llamado sea para ofrecernos publicidad son muy altas. Aunque ahora existen algunas aplicaciones que bloquean las llamadas.

Estas funcionan como redes sociales en donde miles de usuarios comparten alertas o sospechas entre la comunidad de usuarios. Se almacena una base de datos colaborativa y servirá para alertar a futuras víctimas.

Una vez que la aplicación detecta un número de veces que se repite, existe la posibilidad de programar el software para que directamente corte sin hacer sonar el aparato, así lo informó ADNSur.

¿Cómo se llaman las aplicaciones?

– Hiya: a través de un sistema de tipificación, reconoce los números y anticipa si se trata de una encuesta, una venta o un fraude. También se puede armar una lista negra.

– True Caller: cuenta con cien millones de descargas aunque tiene un permiso que genera ciertas dudas entre sus usuarios, y es el acceso a la lista de contactos.

– Whoscall: se pueden bloquear lo números no deseados, al igual que mensajes de texto. Según la empresa encargada de su desarrollo, a diario se filtran unos 20 millones de llamadas.

– Drupe: líder en innovación. También incorpora una grabadora de llamadas.

– Eyecon: utilizando las redes sociales como base, asocia perfiles y números para vestir aquellas siluetas anónimas que llegan al teléfono.

– CallApp: para identificar de quién se trata. Muestra el nombre, la foto, el cumpleaños, la información de las redes sociales, el email y otros detalles de la persona que llama.

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Otra causa para Correa y «Tato» Ramón: los investigan por fraude en obras de los puertos

En la causa hay un tercer implicado, Carlos Legal, por contrataciones efectuadas en el año 2014 con la Unidad Ejecutora Provincial Portuaria.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, integrantes de la “Unidad especial de investigación de delitos contra la administración pública”, iniciaron una nueva causa penal por presuntos hechos de corrupción.

La nueva causa penal surgió de la pericia informática donde se descubrieron conversaciones entre Correa y Ramón por el cobro de obras realizadas con la Unidad Ejecutora Provincial Portuaria.

“En soportes informáticos se encontró profusa documentación relacionada con obras que fueron adjudicada para llevar adelante trabajos tanto en el Puerto Rawson como así también el Puerto de Camarones”, indicaron los fiscales, aunque también se podría ampliar.

“Son documentos que luego aparecen firmados por el director de Puertos, Carlos Legal. Lo que llama la atención a esta altura que documentos de dichos expedientes también se encontraron en la computadora de Ramón”, explicaron.

“Nuevamente estaríamos en presencia de un armado fraudulento de expedientes para quedarse con distintas obras llevadas a cabo en los puertos”. Y agregan: “En principio se desprende que Juan Carlos Ramón armaba los distintos presupuestos, resoluciones adjudicando las obras, las actas de recepción de obras, etc., y luego se las llevaba a Carlos Legal, quien habría firmado los documentos aludidos, para el armado de los distintos expedientes dándole apariencia de legal competencia”, cerraron.

La causa judicial se investigará bajo las figuras delictuales de “defraudación en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes del funcionario público”.

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Imputarán a la diputada electa Graciela Cigudosa por presunto fraude en la refacción de escuelas

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams ayer presentaron un escrito para realizar la apertura formal de investigación a exfuncionarios del Ministerio de Educación y empresarios por 22 hechos de fraude a la administración pública en la refacción de escuelas.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, miembros de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, presentaron este martes al mediodía el pedido de apertura de investigación contra la exministra de Educación y ahora diputada electa por Chubut Al Frente, Graciela Cigudosa; el exsecretario de Coordinación Operativa, Raúl “Corcho” Care; su entonces secretario privado, Gustavo Hueichan; Daniel Schmid -titular de Lada Construcciones y Ramida SRL-, quien había sido detenido a fines de abril por intentar entorpecer la investigación con destrucción de pruebas; Daniel Gel -responsable de Gefer SRL y Calypso Revestimientos-; Félix Currumil, Jorge Santucho y Roxana Pereyra.

Todos ellos son investigados por, presuntamente, direccionar los concursos de precios de las obras de refacción y mantenimientos de los distintos establecimientos educativos de Rawson y Playa Unión.

“Acordaron armar un aparente concurso de precios a fin de quedarse con las obras de refacción y mantenimientos de los distintos establecimientos educativos de Rawson y Playa Unión” sostienen los fiscales que hicieron la presentación en la Oficina Judicial de Rawson, que ahora deberá fijar fecha de audiencia.

La calificación legal adoptada en el caso es “administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, 22 hechos en la modalidad de delito continuado”.

Los investigadores sostienen que “todo el ardid tenía como objetivo la obtención de un lucro indebido” y para ello hubo un “plan para evitar ser detectados en el accionar por los distintos órganos de control” y que “los instrumentos administrativos firmados por la exministro permitieron abrir el camino para la configuración de la maniobra ilícita”.

La partida presupuestaria para la refacción de estas escuelas era superior a los tres millones de pesos.

PRESUNTAS IRREGULARIDADES

El 29 de marzo, los diputados del PJ-FpV, Blas Meza Evans y Alejandra Marcilla, formalizaron una denuncia penal ante el procurador general, Jorge Miquelarena, para que se investiguen presuntas irregularidades en contratación de empresas en la reparación de escuelas.

Antes del 10 de marzo, el diputado Eduardo Conde había realizado una clara descripción de presuntas irregularidades en la contratación de empresas para la reparación de escuelas, incluso el diputado Alfredo Di Filippo, había planteado la existencia de “coimas” en las contrataciones.

El 9 de abril se había requerido documentación en el Ministerio de Educación relacionado con la causa y el 26 de abril se allanaron las empresas y viviendas de algunos de los que ahora serán imputados en estas maniobras fraudulentas.

A todo esto, en las elecciones del 9 de junio, Graciela Cigudosa fue electa diputada provincial en la boleta de Chubut al Frente que posibilitó la reelección de Arcioni.

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Estenssoro: «El fraude por YPF es mayor que los Cuadernos»

La ex senadora de la Nación dijo a Cadena 3 que la denuncia del Gobierno nacional ante la Justicia de EE.UU. por la venta de la compañía argentina se tendría que haber usado «desde el día uno».

La ex senadora de la Nacion, María Eugenia Estenssoro, consideró que llega demasiado tarde la denuncia del Gobierno ante la Justicia de Estados Unidos por la «fraudulenta» venta del 25% de las acciones de la petrolera YPF -en el marco del juicio iniciado por un fondo buitre que pretende cobrar u$s 3.000 millones por la «expropiación» de la principal compañía argentina- .

En diálogo con Cadena 3, la ex legisladora señaló que «esta carta se tendría que haber usado hace tres años» por el procurador de la Nación y los abogados de YPF para que «haya una investigación fuerte que dispare las alarmas en Estados Unidos y se dieran cuenta de que no se trata de una estatización de acciones -que es lo que reclaman las empresas Petersen-, sino que son empresas fantasmas creadas por el grupo Eskenazi para quedarse con la mayor petrolera del país sin poner plata».

«Es un fraude escandaloso que sigue impune en Argentina y todo demuestra que vamos a tener que pagar 3 mil millones de dólares a un grupo empresario que tendría que estar en la cárcel», lamentó.

Según explicó Estenssoro, «se trató de una maniobra fraudulenta para que los amigos y testaferros (de los Kirchner) compraran YPF».

«Este fraude es mucho mayor que el de los Cuadernos», remarcó.

«En el año 2008, el Gobierno de Cristina Kirchner refrendó un acuerdo entre Repsol -que era accionista de casi el 100% de YPF- y el grupo Petersen de la familia Eskenazi, dueños del banco de Santa Cruz. Néstor Kirchner ideó esta maniobra para reestatizar YPF y que Eskenazi comprara el 25% sin poner plata», recordó.

«El tema es que los Eskenazi adquirieron el 25% de YPF con 3.500 millones de dólares, cuya mitad se lo prestó Repsol y un consorcio de bancos internacionales. Acordaron que iban a retirar el 90% de las ganancias de la empresa y de años anteriores», agregó.

Y recapituló: «Fue una maniobra fraudulenta porque no Enrique y Sebastián Eskenazi no tenían ninguna experiencia en petróleo ni dinero, y así fue como compraron YPF».

Estenssoro, señaló que cuando Cristina Fernández decide estatizar YPF, Axel Kicillof va al Senado y «hablando de manera soberbia dice que no íbamos a pagar ni un peso por YPF y que los españoles nos iban a indemnizar a nosotros y no fue así».

«Las empresas Petersen entran en quiebra en España y este fondo inglés (Burford) compra la quiebra para litigar en Estados Unidos contra YPF y el Estado argentino y el Gobierno de 2016 en adelante tiene que hacerse cargo de esta nueva deuda», contextualizó.

«Ahora las empresas Petersen en la quiebra piden 3 mil millones de dólares adicionales por su parte y hasta ahora Argentina dijo que el juicio debería hacerse en Argentina y no en Nueva York donde cotizan las acciones de YPF, pero la Justicia americana en tres instancias dijo que no que la jurisdicción es esa», manifestó.

En este marco consideró que la nueva denuncia del Gobierno nacional que sostiene que el grupo Eskenazi adquirió de manera fraudulenta YPF «llega tarde porque debería haberse hecho desde el día uno».

«El Gobierno argentino se tendría que haber presentado como un querellante muy activo en la causa donde este fraude se denunció desde 2008, que están dormidas en el juzgado de Ariel Lijo», evaluó.

«En los tribunales acá no pasa nada y el Gobierno no hizo nada significativo como se hizo en las denuncias de fraude en la obra pública, por eso es demasiado tarde», cuestionó.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray y Adrián Simioni

Cadena3

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