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La oposición amplió la denuncia y sumó cuatro casos de irregularidades con la Boleta Única Electrónica. Nueve son en escuelas de la capital neuquina y uno en San Martín de los Andes.

La apoderada de la alianza Unidad Ciudadana – Frente Neuquino, María Belén de los Santos, realizó dos denuncias al Juzgado Electoral de la provincia para notificar problemas con el sistema de votación.

Acusaron que en algunas situaciones “las maquinas imprimían listas no elegidas por los votantes en la pantalla”. Además agregaron que al verificar los votos “las maquinas leían lo que se encontraba impreso en la boleta” y en otros casos las maquinas no mostraban todas las listas.

Las dos denuncias describen irregularidades en las escuelas 56, 232, 323, 195, 296, CPEM 46, EPET 7 y en la comisión vecinal Nueva Esperanza de Neuquén Capital. En San Martin de los Andes fue en la Escuela 134.

El ministro de Gobierno Juan Pablo Prezzoli, aseguró esta mañana que en la Justicia Electoral de Neuquén no se habían realizado denuncias de ningún tipo y que la transparencia del proceso electoral está garantizada por la participación de diversos organismos y organizaciones civiles nacionales e internacionales que fueron acreditadas para fiscalizar y observar.

Las aclaraciones surgieron a partir de una conferencia de prensa que se desarrolló este mediodía donde la alianza “Unidad Ciudadana-Frente Neuquino” realizó una presentación en la justicia electoral afirmando que se registraron irregularidades con el sistema de boleta única electrónica. Aseguraron que en escuelas tanto del interior como de la capital, hubo casos en los que los electores votaron por Ramón Rioseco pero en el papel se imprimía la opción de Omar Gutiérrez.

Hoy a la mañana el gobierno provincial salió a desmentir la situación y aseguró que los comicios se están desarrollando con total normalidad.

La apoderada de la fuerza, Belén De Los Santos, explicó que ella misma fue testigo de una de estas situaciones en la escuela en la que se encontraba votando. La abogada fue la responsable de realizar la presentación, a la espera de que se regularicen los hechos que denuncian. Además, solicitaron a los votantes que controlen su boleta antes de ingresarla en la urna.

Al ser consultado por el tema, Prezzoli respondió que “tuvimos información pero no se registro una sola denuncia, no han habido ningún cuestionamiento. En todos los comicios se producen algunas situaciones donde alguna autoridad de mesa puede demorarse mas o menos, o alguna fuerza política presenta distintas miradas respecto de comos se desarrolla”, dijo y agregó que “lo más importante es que estamos llevando adelante elecciones con transparencia, con claridad y libertad. acá nadie puede pretender coartar la libertad de los neuquinos o la autonomía para poder concurrir con absoluta libertad a las urnas”

 

Fuente: Río Negro

Indicaron que se tomaron medidas para la elección siga de manera normal, pero de existir las anomalías planteadas se verificará durante el escrutinio definitivo, que arrancará el lunes por la noche.

El titular de la Junta Electoral Provincial, Germán Busamia, sostuvo que la denuncia realizada por Unidad Ciudadana-Frente Neuquino se resolverá en el marco del escrutinio definitivo, el que daría inicio el lunes a última hora en la Ciudad Judicial.

En declaraciones a LU5, Busamia comentó que «la presentación es un anoticiamiento por el mal funcionamiento de dos máquinas y situaciones puntuales de electorales”. Y agregó que en la nota “se nos pedía que se subsanen estas circunstancias y que la elección siga de forma normal».

En tal sentido, desde la Justicia Electoral indicaron que se tomó medidas urgentes -como la posibilidad de entregar una segunda boleta en el caso que la emisión no coincidiera con la elección del votante-, al tiempo que reclamaron informes en las mesas en cuestión, tanto a las autoridades de mesa como a los técnicos de la empresa proveedora de las máquinas.

Si hubiese algo que resolver, se definirá en el escrutinio definitivo», recalcó Busamia.

Más temprano, referentes kirchneristas indicaron que «recibimos información de distintos votantes de diferentes rincones de la provincia que la la maquina no funcionó como correspondía y el voto no era el que ellos intentaban emitir».

Y agregaron: «Nuestra propia apoderada pudo comprobar eso. Es que tras elegir una determinada lista, la maquina terminó imprimiendo otra».

Según los capacitadores para el uso de la máquina para votar, consultados por LMN, las principales dudas aparecían en la intención del corte de boleta, ya que la máquina permitía elegir partidos distintos para gobernador, diputados y consejeros escolares.

LMNeuquén

Unidad Ciudadana – Frente Neuquino denunció las situaciones registradas con varias de las máquinas.

Integrantes de Unidad Ciudadana – Frente Neuquino denunciaron irregularidades en las máquinas de votación que se están constatando en distintos lugares de la provincia, en conferencia de prensa a las 12.30 en el hotel Tower. La denuncia la llevaron ante la Justicia Electoral de la Provincia de Neuquén e indicaron que los fallos detectados siempre son a favor del oficialismo, el Movimiento Popular Neuquino.

“Recibimos información de distintos votantes de diferentes rincones de la provincia que la la maquina no funcionó como correspondía y el voto no era el que ellos intentaban emitir”, comentó uno de los apoderados Sergio Fernández Novoa. “Nuestra propia apoderada pudo comprobar eso. Es que tras elegir una determinada lista, la maquina terminó imprimiendo otra”, explicó.

“De esta forma, pedimos a los votantes que comprueben que su voto sea correcto e informen a las autoridades correspondiente que la maquina no está funcionando como corresponde. Esa máquina deberá ser sometida a un peritaje y se tendría que cambiar o arreglar para que emita el voto que se desea”, continuó.

Belén De los Santos, otra de las apoderadas del partido de Ramón Rioseco agregó que dichas máquinas no sólo emitían un voto incorrecto, sino que también emitían votos en blanco. ” Creemos que como fue tan rápido todo esto, estamos a tiempo de corregir alguna cosas. Todo esto ya se lo comunicamos a la Justicia Electoral, que son irregularidades que cuando nos mostraron el sistema no iban a pasar”.

De Los Santos explicó que ella misma fue testigo de una de estas situaciones en la escuela en la que se encontraba votando. La abogada fue la responsable de realizar la presentación, a la espera de que se regularicen los hechos que denuncian. Además, solicitaron a los votantes que controlen su boleta antes de ingresarla en la urna.

Esta mañana, se conoció el testimonio de un ciudadano que aseguraba que votó por un candidato, pero la máquina le imprimió la de otro. Cuando presentó la queja, le impugnaron el voto. Por ese motivo, pidió a la gente que chequee bien que es lo que sale de la máquina.

Las sospechas sobre la implementación de la Boleta Única Electrónica no son novedad. Desde su utilización, en diferentes puntos del país, se sospecha sobre la utilización del software y las posibilidades de fraguar los datos.

El Comodorense

Fiscalía presentó la acusación en la investigación que imputa al exdirector de Ceremonial de la Provincia, Oscar “Chito” Alarcón.

Lo acusan de cobrar indebidamente $ 711.448,37 (haberes de $ 703.149,17 más asignaciones familiares de $ 8.299,20), conforme liquidación efectuada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, cuantificando la magnitud económica del perjuicio.

El pedido de apertura de juicio será analizado por la defensa y discutido en la audiencia preliminar.

Los hechos fueron calificados como fraude en perjuicio de la administración pública agravado por tratarse de un empleado público, con incumplimiento de deberes de funcionario público. La investigación fue supervisada por Fernanda Révori. No participará del eventual juicio ya que próximamente jurará como juez.

Según el parte de prensa, en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2015 y el 28 de febrero de 2018, en la Municipalidad de Trevelin, en circunstancias en que Alarcón, empleado municipal, quien se hallaba adscripto a Legislatura, a través del Decreto Provincial Nº11/2015, es nombrado para desempeñar un cargo de Director General de Protocolo y Ceremonial de la Provincia a partir del 10 de diciembre de 2015, omitiendo informarlo en el mencionado municipio en el que se desempeñaba como empleado público integrante de planta permanente, en pleno conocimiento del deber de denunciar que le impone la normativa vigente por la Constitución Provincial y la Ley de Ética de la Función Pública).

“Este ardid le posibilitó la doble percepción de haberes en perjuicio patrimonial de la Municipalidad, desde la fecha de su nombramiento hasta el día 28 de febrero de 2018, fecha en que lo informó y solicitó licencia política para continuar el desempeño del cargo provincia. Para la fiscal, con esta omisión, incumplió además los deberes legales derivados del cargo”.

La defensa deberá contestar la acusación pública y ofrecer prueba. La Oficina Judicial fijará fecha de audiencia.

Se trata de una causa que investiga una malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades de todo el país llevaran adelante tratamientos de residuos. Tres ex jefes de Gabinete kirchneristas ya estaban procesados.

Casi un centenar de intendentes de todo el país quedaron procesados hoy en una causa que investiga una malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades llevaran adelante tratamientos de residuos sólidos urbanos, es decir, la basura que se genera en cada casa.

En la causa ya estaban procesados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, así como otros tres ex secretarios de Ambiente durante el kirchnerismo.

Ahora, el juez Claudio Bonadio resolvió procesar a 92 intendentes de distintas comunas. Entre ellos están Francisco «Barba» Gutiérrez y Francisco «Paco» Durañona.

El magistrado federal también dictó el sobreseimiento de otros tres y la falta de mérito de uno. Los procesados fueron embargados por 3 millones de pesos.

«Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, aproximadamente de una suma aproximada de $604.529.670,00. Maniobra que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales anteriormente procesadas por este Tribunal, y cuyas conductas fueron valoradas ­respecto de la mayoría­ de igual manera por la Alzada», sostuvo la resolución a la que accedió Infobae.

El gobierno de Cristina Kirchner implementó programas de tratamiento de basura, vía Jefatura de Gabinete. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras nunca se hicieron. El fiscal Carlos Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).

Se cree que, en realidad, esos recursos se aprovecharon para «disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales», según escribió la Cámara Federal en noviembre pasado.

En diciembre de 2017, Bonadio había firmado los procesamientos de Fernández y Capitanich, y le dictó la falta de mérito a Abal Medina. Pero Rivolo apeló y la Cámara le dio la razón. También quedaron procesados ex secretarios de Medio Ambiente como Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; y Andrés Meiszner, ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete.

La maniobra

Paralelamente, Bonadio citó a indagataria a un centenar de intendentes que habían aplicado esos programas. Es que los fondos eran girados directamente desde las arcas del tesoro nacional al municipio que llevara adelante tales medidas a favor del Medio Ambiente, a partir de un convenio y luego de que la administración local presentara un proyecto ajustado a cada programa. Luego, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación aprobaba el informe y luego se realizaba la transferencia de fondos.

La auditoría que dio origen a la causa del Ministerio de Medio Ambiente demostró que no existió «un mapa crítico que permitiera disponer de información fundada sobre las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas en la gestión de residuos». Y que tanto la ciudad de Buenos Aires como municipios de Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego pidieron fondos pero no le enviaron nada. «En cambio, solo cuatro jurisdicciones, Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja, obtuvieron el 79% de los fondos, circunstancia que se agravó porque tres de ellas generaban un pequeño porcentaje de residuos a nivel nacional».

Los nombres

Esta es la lista de los intendentes que quedaron procesados: Claudia Panzardi, Mateo Daniel Capitanich, Gustavo Karasiuk, Ángel Ernesto González, Francisco Winnik, Alfredo Pastor, Gustavo Steven, Carlos Andion, Hugo Sager, Walter Corra, Alicia Leiva, Eladio Aguirre, Elba Lescano, Jorge Batalla, Aldo Leiva, María Susana Simonofsky, Gerado Cipolini, Jorge Rodríguez, Oscar Nievas, José Carbajal, Carlos Palacios, Pedro Bodnarczuk, Lorenzo Heffner, Héctor Vega, Carlos Ibáñez, Pedro Maidana, Antonio José Rodas, Estela Mitore, Diógenes Requena, Rosario Belkys Avalos, Alfredo Zamora, Raúl Cantín, José Córdoba, Teodoro Camino, José Bodlovic, Horacio Mazu, Rafel Williams, Pablo Salazar, Gustavo Racca, Roberto Dehesa, Monica Stumpo, José Freyre, Héctor Godoy, José López, Juan Carlos Bacalini, Gullermo Cornaglia, Fernando Almada, Cesar Dip, Juan Orellana, Julio Castro, Rodolfo Cappellini, Luis Erro, Juan Carlos Kloss, Rubén Vázquez, José Luis Dume, Luis Stanicia, Alberto Escudero, Juan Manuel Pereyra, Eduardo Galantini, Ernesto Domínguez, Hermes Bordon y Federico Neis.

El juez incluyó también a Juan Ramón Barrionuevo, José Inza, Pablo Zurro, Alberto Conocchiari, María Gianini de Lafleur, Ricardo Casi, Walter Torchio, Gastón Arias, Néstor Álvarez, Diana Arguello, Héctor Olivera, Oscar Ostoich, Jorge Eijo, Martín Caso, Gustavo Walker, Gustavo Trankels, Marcos Luis Fernández, Francisco Iribarren, Enrique Tkacik, Marta Médici, Curetti Ricardo y Alfredo Fisher.

Por último, la nómina de procesados agregó a José Medina, Marcelo Skansi, Carlos Racciatti, Juan Carlos Bartoletti, Gusatavo Cocconi, Francisco Echarren, Francisco Durañona y Vedia y Francisco Gutiérrez.

Los sobreseimientos fueron para Omar Goye, Nancy Sand Giorasi y Carlos Espinola, mientras que recibió la falta de mérito Ricardo Moccero.

 

INFOBAE

La defensa de la ex presidente Cristina Kirchner pidió la postergación del inicio del juicio oral y público –previsto para fin de mes– por las presuntas irregularidades en la concesión de obra pública al empresario detenido Lázaro Báez.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la ex mandataria y actual senadora solicitó que el proceso no comience hasta tanto esté completa la instrucción suplementaria del juicio. Puntualmente un peritaje contable que está realizando el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema.

El juicio tiene fecha de inicio el próximo 26 de febrero y ahora el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Tassara, debe decidir si comienza o lo posterga. Para eso, las fuentes adelantaron que le pedirá al Cuerpo de Contadores que informe en qué plazo tiene previsto terminar el trabajo.

Las fuentes adelantaron que si la respuesta es que los contadores entregan el resultado en un corto plazo, el juicio comienza en la fecha prevista. Pero que si el plazo es más extenso se postergará. «El resultado del peritaje es muy importante para la valoración que hagan las defensas y los acusaciones. Y por lo tanto no pueden tenerlo en la mitad del juicio o cuando esté por terminar», le explicó a este medio una fuente que trabaja en el caso.

Además, el tribunal le pedirá al juicio del juicio, Diego Luciani, y a las querellas del proceso opinión sobre el pedido de postergación.

El peritaje es sobre algunas de las obras que están en discusión. Lo que el trabajo busca determinar, entre otras cosas, es si hubo sobreprecios. Cuando el tribunal dispuso el peritaje había obtenido el compromiso del Cuerpo

La presentación del abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, fue el viernes a la tarde. Se sumó a la de otras defensas que hicieron distintos tipos de planteos.

El de la obra pública es el primer juicio oral que debe enfrentar la ex mandataria. Será junto a otras 15 personas. Además de Báez, están acusada la cúpula del Ministerio de Planificación Federal: Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner –primo del ex presidente Néstor Kirchner y preso en esta causa–, Abal Fatala y Nestor Periotti.

En el caso se juzgará si durante la gestión kirchnerista el Grupo Austral, de Báez, recibió de manera irregular 52 contratos de obra pública para la provincia de Santa Cruz por 46 mil millones de pesos.

El juez federal Julián Ercolini procesó y envió a juicio oral a Cristina Kirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública.

«Me encuentro en condiciones de afirmar que estamos frente a un acontecimiento de gravedad institucional sin precedentes dados los pormenores que componen la maniobra que se le achaca, toda vez que durante los años en los que perduró su mandato, permitió mediante su inacción que las diversas irregularidades que lograron ser desentrañadas y que compusieron una trama criminal de una complejidad inusitada, acaecieran», sostuvo el magistrado sobre la ex mandataria cuando la procesó en diciembre de 2016.

Ercolini consideró que la ex presidente utilizó cinco medios para asignarle de manera directa obra pública a Báez: leyes de presupuestos nacionales, decretos de Necesidad y Urgencia, decisiones Administrativas de los Jefes de Gabinete, la implementación del manejo discrecional de los fondos del fideicomiso constituido por el decreto 976/01, y las reasignaciones de partidas presupuestarias para el Ministro de Planificación Federal y la Dirección de Vialdiad Nacional.

«Puede decirse que en cada uno de aquellos procederes, se advierte una intervención por parte de la ex presidente, que a la luz del estudio integral y objetivo de los elementos de cargo reunidos, no son simples decisiones políticas, sino que son determinaciones con miras a lograr el ilícito cometido», consideró el magistrado y concluyó: «Se puede concluir suficientemente que Fernández ejerció un rol preponderante para que la maniobra fuese llevada a cabo».

Este es el primer juicio oral a Cristina Kirchner. Pero tiene otros. También está en etapa de tribunal oral por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, dólar futuro y Los Sauces. En breve, también será enviada por el caso Hotesur. Pero a diferencia de la obra pública estos expedientes no tienen fecha de inicio.

Infobae

En la investigación por la causa de Lotería que averigua las responsabilidades penales en torno de auto contrataciones o contrataciones directas por servicios en el que el Estado pagó unos dos millones de pesos, el juez de garantías Marcelo Nieto Di Biase le dio más tiempos a los fiscales para llevar adelante las pesquisas, en una audiencia realizada hasta la media tarde de este lunes, que además sumo tres nuevos imputados.

Se trata del ex gerente general de ese organismo, Federico Verdeau, Diego Luters de la Unidad Gobernador durante la tercera gestión Mario Das Neves al frente de la provincia y a Emanuel Salinas, considerado un “prestanombres” o testaferro al momento de la presentación de las facturas para el cobro de las mismas. Los servicios los realizaban a o la empresa Sono Eventos o Cepat, de propiedad de quien está considerado el jefe de la asociación ilícita que se investiga. Se trata de Diego Correa que ya fue imputado por los casi 140 pagos presuntamente ilegales que se hicieron entre el año 2016 y abril del año pasado.

Con distintos grados de responsabilidad, ahora la imputación alcanza a siete integrantes de lo que consideran los fiscales es una banda organizada, con jerarquías y roles bien diferenciados y una estructura vertical a los fines de cometer los ilícitos. A los nuevos imputados Verdeau, Luters y Salinas, se suman también David Dahhur (ex gerente de relaciones institucionales del IAS y se cree el verdadero propietario de Sono Eventos) Diego Correa (jefe de la asociación ilícita y ex secretario privado de Das Neves), Martín Villegas (primo de Dahhur y considerado también un testaferro) y Oscar Alarcón (ex jefe de ceremonial de la Gobernación del Chubut).

En la audiencia de apertura de investigación en donde estaba incluido Verdeau, su abogado defensor Emilio Galende se opuso a que se le inicie el proceso en su contra, pero el juez Nieto Di Biase hizo suyo los argumentos de los fiscales generales Alejandro Franco y Héctor Iturrioz y rechazó la postura de la defensa.

Los defensores de Salinas y Luters, los abogados Miguel Moyano y Lisandro Benitez respectivamente, no se opusieron a que sus representados sean investigados con las medidas restrictivas impuestas por el juez Nieto Di Biase.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y abarca a quienes quedaron involucrados en la causa que se abrió en la previa de la frustrada final de la Copa Libertadores en el Monumental

El gobierno nacional suspendió el ingreso a los estadios de fútbol de 284 personas que son investigadas por la reventa de entradas para la frustrada final de la Copa Libertadores que se iba a disputar en el estadio de River.

El Ministerio de Seguridad publicó la nómina completa en el Boletín Oficial. Sus nombres surgen de la investigación judicial que se abrió luego del allanamiento a uno de los líderes de la barra «millonaria», Héctor «Caverna» Godoy, donde se hallaron tickets para el partido ante Boca y dinero en efectivo.

La resolución establece «la restricción de concurrencia administrativa a todo espectáculo futbolístico por tiempo indeterminado» y está fundada en que el accionar «de estos individuos es profusa y temeraria, sin ningún reparo a la obediencia de la ley y de la seguridad pública».

«Se considera tal hecho como gravísimo, en punto a mantener la prevención y la seguridad que debe reinar en un espectáculo de asistencia masiva», precisó la disposición 1/2019 de la cartera que conduce Patricia Bullrich.

En los argumentos de la iniciativa, también se hace hincapié en los incidentes que se produjeron en la previa del partido de fútbol que debía jugarse el 25 de noviembre en Núñez y fue suspendido por el ataque al micro del xeneize. Además de la agresión a los jugadores, durante esa jornada hubo peleas, saqueos a comercios, robos de entradas y daños generalizados a viviendas y automóviles de la zona.

Por estos incidentes, el partido de fútbol se pospuso en una primera instancia para el domingo 26. Finalmente, la Conmebol determinó que no estaban dadas las condiciones para jugarlo en Argentina y decidió llevar la gran final a Madrid, donde el equipo de Marcelo Gallardo se quedó con la Copa y no se produjeron incidentes en las adyacencias del estadio Santiago Bernabéu.

La jornada de violencia en los alrededores del Monumental también provocó consecuencias políticas: el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, echó a Martín Ocampo, el ministro de Justicia y Seguridad que estaba a cargo del operativo. A la par, el gobierno nacional le dio impulso a una nueva ley contra las barras. El proyecto fue aprobado en general en la Cámara de Diputados en la última sesión de 2018, pero su tratamiento en particular se postergó para este año. Luego deberá ser analizado por la Cámara de Senadores.

Desde 2017, la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos dispuso la prohibición de ingreso a los estadios de personas con antecedentes violentos en espectáculos deportivos. En la nómina se encuentran los líderes de la barra de Boca, Los Andes, Independiente, y Racing, entre otros. Se restringió incluso el acceso a las canchas del presidente de Almirante Brown, vinculado a «La 12».

Infobae