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Se trata del flamante presidente del Banco del Chubut, Javier Augusto Alvaredo. Al hacer el anuncio, el Gobierno se encargó de remarcar “la amplia trayectoria pública y privada” del hombre propuesto por Arcioni para ocupar el cargo, pero nada dijo sobre sus antecedentes de violencia contra dos mujeres mendocinas.

Este lunes, el Gobierno del Chubut comunicó que el licenciado en Economía, Javier Augusto Alvaredo, propuesto por el gobernador Mariano Arcioni, será quien ocupe la presidencia del Banco del Chubut, en reemplazo del renunciante Julio Ramírez.

El flamante funcionario se recibió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en 1988, refiere el anuncio oficial, pero nada dice sobre los antecedentes de violencia que protagonizó Alvaredo en contra dos mujeres policías de Mendoza.

Arcioni puso al frente del Banco un hombre que fue detenido por golpear a dos mujeres

Según infirmó la prensa mendocina el 31 de diciembre de 2018, Javier Augusto Alvaredo, que por aquel entonces tenía 54 años de edad, fue detenido luego de ser sometido a un control vial y agredir a dos mujeres policías en el departamento de Tunuyán.

Circulaba en su auto Chevrolet Spin cuando fue atendido por dos mujeres oficiales que estaban al mando del operativo.

Tras realizarle test, el resultado arrojado fue de 1,70 gramos, por lo que las uniformadas procedieron a realizar el acta vial correspondiente. Las agentes ofrecieron como solución a la pareja que la mujer de Alvaredo manejara el rodado el resto del camino, pero el hombre comenzó a ponerse agresivo, se negó y comenzó a agredir físicamente a las policías.

Alvaredo fue detenido bajo los cargos de resistencia y lesiones a la autoridad. Y el caso pasó a manos de la Oficina Fiscal del departamento de Tunuyán.

La trayectoria de Alvaredo que si informó el Gobierno 

Alvaredo realizó además una Maestría en Políticas Públicas en el Instituto Torcutato Di Tella (1996) y otro en Asuntos Internacionales en la Universidad de Columbia en Nueva York (2000).

En el ámbito público, Alvaredo se desempeñó como Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía de la Nación durante la gestión de Miguel Peirano (2007) y luego acompañó a este prestigioso economista durante su presidencia en el Banco de Inversión y Comercio Exterior como Gerente General (2008 y 2009). Previamente, fue Coordinador del Proyecto de Reforma de Educación Superior en el Ministerio de Educación (1996 y 2997), y fue Director en la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal del Ministerio de Economía de la Nación.

En el ámbito bancario, además de gerente general del BICE, se desempeñó como Subgerente General del Banco de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Rogelio Frigerio, y fue asesor del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la RA. También fue Economista Jefe de la Secretaria de Finanzas de la Nación entre 2000 y 2002.

En el ámbito privado se desempeñó como Econmista Senior en el Instituto para el Desarrollo Industrial de la Unión Industrial Argentina (2997-1999), como asistente de investigación para el área de América Latina en el Banco de Inversión Morgan Stanley Dean Witter (2000) en Nueva York, y dirigió la Consultora MVAS Macroeconomía (2002-2008), para luego fundar la Consultora ACM en 2009, una de las más renombradas de la city proteña.

En el ámbito académico se desempeñó como Profesor Adjunto de Economía en el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, entre 1990 y 1994, y Profesor Adjunto de Macroeconomía en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, durante 1996 y 1997.

El director del Ministerio de Familia en Esquel, Pablo Leuful, fue noticia hoy ya que lo demoraron por violar la cuarentena y la información policial señala que se encontraba conduciendo en estado de ebriedad, pero se negó a hacerse el test de alcoholemia.

Leuful dialogó con Red43 y aseguró que las cosas fueron distintas. Dijo que fue a entregar algo a una familia del barrio Matadero, pero no con motivo de su trabajo sino por motivos personales. Quiso retirarse pero no consiguió hacer arrancar el vehículo y se quedó a cenar en donde se encontraba.

Remarcó que como sabía que se encontraba fuera de horario intentó comunicarse con la policía y no tuvo respuesta. Cuando logró hacer arrancar su Renault 6 para regresar a su domicilio, el auto volvió a fallar y quedó parado en la costanera del Arroyo Esquel. «Si bien estábamos fuera de horario, nos encontrábamos detenidos a la espera y ya habíamos llamado a la policía», precisó.

Narró que «cuando arribaron los efectivos dijeron que llamemos a un taxi, el taxista llegó y también se presentó otro oficial. Me dijo que se acordaba de mi de no se qué problema, que me iban a secuestrar el auto y me iban a llevar». Leuful sostuvo que existieron irregularidades y por eso llevará a la Justicia lo ocurrido.

Indicó que no se hizo el test de alcoholemia porque «no había personal idóneo para manejar el alcoholímetro y no tenían guantes ni nada. Yo les dije que no es así, estaban haciendo todo el procedimiento mal». Sin embargo, contó que fue llevado al HZE: «En el hospital la médica pudo constatar que no estaba en estado de ebriedad».

Negó que personal de la APSV haya intentado hacerle el control de alcoholemia: «Ellos secuestraron el vehículo y en la comisaría me hicieron el acta de lo que había adentro, no estaban manejando el alcoholímetro».

De acuerdo con su versión de los hechos, el efectivo que ordenó secuestrarle el auto «tiene un problema personal» con él. «Me quiso golpear, los mismos compañeros lo pararon», afirmó. También adujo que no lo dejaron denunciar las irregularidades: «Yo quise realizar la denuncia y me dijeron que vaya otro día».

Seguramente de las investigaciones judiciales habrá más claridad sobre lo que pasó  pero algo que no puede negarse y es reconocido por todos,  es el  buen desempeño que han tenido las fuerzas de seguridad y los policías de Chubut  en particular, en el cumplimiento de su trabajo durante esta emergencia.

Por otra parte, Leuful también hizo un descargo público en Facebook:

Uno de los demorados por violar la cuarentena anoche en Esquel es el director del Ministerio de Familia provincial en la ciudad. Se trata de Pablo Leuful, que fue detectado circulando por Costanera y 25 de Mayo en un Renault 6 cerca de las 2 de la mañana.

Leuful iba con un acompañante y no pudieron justificar la causa por la que estaban circulando. Además, los efectivos notaron que se encontraban ebrios. Ambos ocupantes del vehículo fueron trasladados a la Comisaría Primera por la infracción al DNU que impone el aislamiento social preventivo y obligatorio, pero además por infringir la Ley de Tránsito.

El Tribunal de Faltas dispuso el secuestro del rodado y personal de la APSV quiso efectuarle el test de alcoholemia pero se negó.

Además de violar la cuarentena obligatoria y conducir borracho, Leuful trató de mal modo al personal policial y transitaba con la licencia de conducir vencida y sin seguro obligatorio.

Ambos involucrados recuperaron la libertad minutos antes de las 5 de la mañana.

Lo aseguró el ministro de salud de la provincia, Fabián Puratich, en diálogo con Radio Chubut esta mañana.

El funcionario sostuvo que la actividad está concentrada en aeropuertos, puertos y zonas de ingreso de extranjeros, en sintonía con sanidad de frontera.

Las medidas se comenzaron a implementar para evitar los casos de sarampión y se incrementaron ahora con el brote mundial de coronavirus.

En el caso de los muelles de Puerto Madryn por donde desembarcan los turistas que llegan a bordo de los cruceros, Puratich aseguró que los controles se toman antes del descenso y previamente se les hace llenar a los pasajeros una declaración jurada, además de tomarles la temperatura corporal.

En caso de detectarse algún caso directamente no se lo deja bajar, como ocurrió con un caso de meningitis que se reportó hace ya un buen tiempo.

Sobre la enfermedad que tuvo origen en China, Puratich no se mostró muy preocupado por su índice de mortalidad ya que afecta a muy poca población y el índice de riesgo se ubica entre las personas con más de 60 años con algún tipo de enfermedad crónica.

Incluso lo comparó con el brote de hanta virus que se produjo el año pasado en Epuyén, ya que sobre una población de apenas 1800 habitantes se registraron 36 casos, algunos de ellos fatales mientras en China son 80.000 casos de coronavirus sobre una población de 1.500 millones de habitantes.

A propósito del hanta virus, Puratich no dudó en calificar como «un caradura» al ex secretario de salud Adolfo Rubinstein, quien alardeó en la televisión porteña sobre lo que había hecho nación para combatir el brote.

En rigor, Fabián Puratich recordó que el gobierno nacional anterior no hizo nada frente a los casos y apareció a los 40 días de declarado el foco, para sacarse una foto.

Salvo el instituto Malbrán que fue vital para combatir el brote de hantavirus, el resto a nivel nacional «dejó mucho que desear» recordó.

El funcionario provincial dijo que hará todo lo posible para que se cumpla la ley. Aseguró que el sindicato “no tiene más remedio que concurrir a la conciliación” para no ser pasible de sanciones.

En diálogo con LU20 Radio Chubut, el secretario de trabajo de la provincia, Cristian Ayala calificó como “irracional” el paro de 72 horas convocado por la Atech en el inicio del ciclo lectivo 2020”.

En este sentido, el funcionario aclaró que “Cuando se declara una medida de fuerza ilegal es cuando no se asiste a la conciliación y cuando no se abre la comunicación”.

“Estamos tratando de que se acerquen las partes y poder resolver el conflicto. La conciliación obligatoria, enviamos el marco para que las partes se sienten sin ninguna tensión, los citamos para el miércoles a las 8 hs” manifestó Ayala.

Por otro lado, el secretario de Trabajo indicó “Que la entidad sindical desconozca o no cumpla las normas no es responsabilidad de la secretaria de trabajo”.

En cuanto a la posibilidad de que los docentes no asistan a la audiencia de conciliación obligatoria, Ayala manifestó “Si no asisten declararemos la ilegalidad de la medida, independientemente de los descuentos. Si el docente no cumple con su trabajo no se le abona el sueldo, las medidas se tomaran para los sindicatos que no lo cumplan y las sanciones correspondientes para cada docente”.

“Yo haré todo lo que sea necesario para que se cumpla la legislación” sostuvo Ayala quien metió presión a su propia tarea al indicar que “si no es así tendré que dar un paso al costado”.

Jornada de alegatos en juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario y desobediencia judicial contra Buzzi y Di Pierro

A lo largo de toda la mañana del presente jueves se desarrolló en los tribunales penales ordinarios la cuarta jornada, de alegatos, en una causa por desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario que tiene como imputados a los ex intendentes Martín Buzzi y Néstor Di Pierro. El fiscal solicitó se declare a ambos imputados penalmente responsables, al igual que la parte querellante; en tanto que las defensas requirieron la absolución de sus pupilos. Finalmente la jueza Tassello, integrante del tribunal unipersonal, pasó a deliberar y mañana viernes 21 de febrero, a las 12.00 hs., dará a conocer su veredicto.

El fiscal consideró acreditado el hecho que acontece el día 14 de Diciembre del año 2.007 la Sala en lo Civil del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, dictó Sentencia Definitiva en relación a los autos caratulados: “Dos Santos Pires, Idalio c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Ejecución de Sentencia” mediante la cual puso fin a un largo litigio existente entre el allí actor Idalio Dos Santos Pires y la Comuna local en relación al fundo urbano identificado como Lote “e” de la Manzana 65 del Barrio Industrial de Comodoro Rivadavia. En ese sentido el Punto 3° de la parte resolutiva del fallo, rezaba: “insistir en el cumplimiento de la Sentencia Definitiva dada por la misma Cámara, intimando a la demanda Municipalidad de Comodoro Rivadavia a dictar en el término de cinco días desde que quede firme la presente, el acto administrativo que apruebe la cesión de derechos efectuada por el Sr. Delfor Martínez a favor del actor sobre el lote “e” de la manzana 65 del Barrio Industrial de la misma ciudad. Si cumplidos la demanda no lo agrega al juicio, la Cámara aplicará intereses a razón de pesos quinientos ($ 500) por día de retraso y dará intervención a la Justicia Penal competente.”

En cumplimiento de la manda antes mentada, el Ejecutivo Municipal en la persona del por entonces su titular, Intendente Martín Buzzi, dictó las Resoluciones mediante las cuales se aprobó la cesión de derechos llevada a cabo entre los Sres. Martínez y Dos Santos Pires, y resolvió otorgar Título de Propiedad a favor de este último, todo en relación al lote ya referenciado. Sin perjuicio de ello posteriormente el mismo jefe del ejecutivo municipal, Buzzi, resolvió, en claro incumplimiento de la norma individual transcripta al inicio y de sus propias resoluciones; mediante Resolución N°: 2227/08: “Suspender la ejecutoriedad de la Resolución 1108/08”, la que seguidamente fue abrogada mediante Resolución N°: 2457/09, dando muestra cabal de la ilegitimidad manifiesta que evidenciaba esta desde su dictado. Por último y ante múltiples dictámenes de la Asesoría Letrada del Municipio, mediante Resolución N°: 2108/10, el mismo Buzzi resolvió dejar sin efecto la Reserva efectuada mediante Resolución 2068/92, e intimar (al Sr. De Roberto) a desocupar el inmueble, libre de ocupantes (sic) y casas.

A partir de allí ninguna acción positiva han tomado para dar cumplimiento a la Sentencia del Superior Tribunal, ni a la Resolución N°: 1108/08 no obstante estar esta última en plena vigencia; negándose a ejecutar dichos mandatos legales, tanto Buzzi, ni el sucesor de este el intendente, Néstor José Di Pierro, siendo que este último contó con partidas presupuestarias para hacer frente a la obligación en mora durante los ejercicios 2.012 (Ordenanza N°: 10.303/11 Anexo IX $ 4.400.000), 2.013 ($ 2.500.000) y 2.014 (1.500.000); inejecución que ha irrogado ya ingentes perjuicios al erario Municipal, por los que deberán responder en el fuero respectivo.

“El acatamiento de las normas judiciales debe ser en beneficio del interés público, el Estado debe actuar dentro del orden jurídico, las sentencias definitivas se deben cumplir. Su fin último es satisfacer el interés colectivo”, según la sentencia del Ministro del Superior Tribunal de Justicia provincial, al momento, Royer. El entonces asesor letrado, Hugo Juárez, recuerda haber notificado al entonces intendente Buzzi de la resolución judicial y este le encomendó iniciar negociaciones extrajudiciales con el abogado Ferreira de las Casas, la cual no arrojó resultado satisfactorio.

Solicitando el fiscal se declare penalmente responsables del delito de “desobediencia judicial en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público” en calidad de “autores” a Buzzi y Di Pierro. Existió dominio del hecho, por la propia organización que presiden. Son delitos de infracción al deber. Las Ordenanzas son Leyes materiales de cumplimiento general. Respecto de la dosificación de la pena el fiscal pidió para Buzzi la pena de dos años de prisión condicional y para Di Pierro de un año de prisión condicional, más del doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Hay mayor demérito para Buzzi porque es Licenciado en Ciencias políticas y debió conocer el deber de ajustarse a la Ley. Ninguno tiene antecedentes penales computables.

La defensora de Buzzi solicitó el rechazo de ambas conductas imputadas, por atipicidad, lo cual concluye en la absolución. La sentencia debe contener una orden de ejecutar esta sentencia y la sentencia del Superior Tribunal de Justicia no es imperativa, sostuvo la defensora. La sanción que lleve la aplicación de astreintes impide la imposición de un segundo castigo, desplaza la aplicación de desobediencia, aseguró la defensora citando un Fallo.

El defensor de Di Pierro siguió insistiendo que el “hecho estaba prescripto”, porque el Superior Tribunal de Justicia tiene 35 días para resolver y se tomó un año y medio. Es difícil de comprender qué estamos haciendo acá, estamos perdiendo el tiempo, sostuvo el defensor. El ámbito penal es un receptáculo donde va a para lo que nadie puede frenar. El acto de acusar a alguien tiene que ser un acto responsable. Este caso no se malogró, sino que este caso nunca existió, no se pude malograr lo que no existe. Solicitando la absolución de su asistido y que las costas del proceso sean cubiertas por el querellante.

Presidió el acto como tribunal unipersonal Raquel Tassello, jueza penal; por Ministerio Público Fiscal se hizo presente Héctor Iturrioz, fiscal general; en tanto que la querella fue ejercida por José María Ferreira de las Casas. La defensa de Di Pierro fue realizada por Guillermo Iglesias; en tanto que la de Buzzi por Lucía Pettinari, defensor particular y defensora pública respectivamente. Mi cliente dictó las resoluciones que convalidaba el Fallo del Superior Tribunal de Justicia, aprueba la cesión de derechos y otorga el título de propiedad. Solicitando por ello la absolución de Buzzi.

En el control de la Portada detectaron al Subsecretario provincial con seguro vencido. El acta dice que lo dejaron seguir por la intervención de un funcionario municipal.

El Subsecretario de Desarrollo Humano y Familia, Daniel Silva estuvo en Esquel la semana pasada realizando diferentes gestiones en el área de su competencia.

El punto que se cuestiona es que cuando ingresaba a la ciudad en el control de la Portada, el pasado 13 de febrero los inspectores de Tránsito detectaron que circulaba con el seguro vencido desde junio del año 2019.

Sin embargo el funcionario pudo continuar su camino porque, según indica el acta, hubo un pedido preciso del Secretario de Hacienda y Coordinador de Gestión, Matias Taccetta, para que así suceda.

En el documento también se deja constancia que el funcionario provincial se comprometió a presentar la documentación en condiciones al día siguiente en la oficina de tránsito municipal.

Al respecto, en diálogo con Notas de Radio, el Intendente Sergio Ongarato, contó que el funcionario “llamó a la Secretaria de Desarrollo Social que lo esperaba para una reunión por las instituciones a cargo. Como estaba esta demora se llaman entre los secretarios para ver la situación” y justificó: “ninguna falta de comprobante de pago es motivo para retener el vehículo. No entiendo porque aparecen funcionarios mencionados que no eran responsables de las áreas involucradas. Fue porque la ley lo habilita y no porque un funcionario llamó”.

Recalcó que el que tendrá que definir es el Juez de Faltas: “El funcionario me dijo que pagó la multa y actualizó la póliza, pero que había tenido un problema con el auto oficial y salió en el suyo particular”.

Por otro lado, aclaró que “en ningún momento vamos a transgredir una norma municipal porque llama un funcionario. Tuvimos un vehículo secuestrado durante quince días que era de un colega intendente de la costa y actuamos como corresponde”, informó EQSNotas.

A Rodrigo Sbarra iban a designarlo en el Ministerio de Cultura porteño y por el hallazgo del sobre con 10 mil dólares, perdió un cargo en la Ciudad.

El exfuncionario macrista Rodrigo Sbarra había instalado a su gente y esperaba su designación en el gobierno porteño, incluso ya reclamaba despacho y chofer, cuando estalló el escándalo por el sobre con dinero y fue denunciado por lavado.

El ex secretario de Coordinación del Ministerio de la Producción tenía en sus planes desembarcar con un cargo en el Ministerio de Cultura porteño cuando surgió la denuncia por el hallazgo de un sobre con 10 mil dólares en las oficinas que había ocupado en Nación. A partir de allí, no se lo volvió a ver por el ministerio porteño. Los funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta respiraron aliviados: todavía no había sido nombrado como director general. «Denuncia mata cargo», explicaron en el Gobierno de la Ciudad.

Según publica Página 12, Sbarra fue funcionario en el gobierno nacional de Mauricio Macri: llegó de la mano de Francisco «Pancho» Cabrera y siguió luego con Dante Sica en el ex Ministerio de Producción y Trabajo. Se caracterizó siempre por un estilo desenfadado en las redes sociales. De hecho, en su primera Navidad sin un cargo nacional escribió: «Dejás la función pública y la cantidad de mensajes de felicidades tiende a cero. Si esa era la forma, agarraba un cargo a los 20 años la gran puta».

No obstante, el paso por la gestión nacional -y antes por la Ciudad- no lo alejó para siempre del sector público. De hecho, diversas fuentes del gobierno porteño, Sbarra recaló en el último tiempo en el Ministerio de Cultura de la ciudad. Allí colaboró con el ministro de Cultura, Enrique Avogadro, en el armado de un nuevo equipo que se ocupara de la administración de su ministerio, luego de la salida de Sergio Di Fonzo, el funcionario que había manejado las cuentas de Avogadro en los últimos años. De hecho, Sbarra logró que nombraran allí a buena parte de su gente, bajo el mando de un hombre de su confianza: Hernán Coego, que fue su director de Asuntos Jurídicos en el Ministerio de Producción. Actualmente es el director general de Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura porteño.

Sin un cargo en ningún gobierno, el exfuncionario podrá dedicarse a defenderse en la causa en que se lo investiga por presunto lavado de dinero, tras el hallazgo en las oficinas que ocupó de 10 mil dólares. Sbarra dijo públicamente que eso era «una operación» y aseguró que le «plantaron» el sobre. En la causa judicial, el juez Julián Ercolini ordenó levantar el secreto fiscal sobre sus cuentas. Se investiga la compra que hizo de un terreno en el country Nordelta –ni el terreno ni el primer pago de 80 mil dólares figuran en sus declaraciones juradas– y también su evolución patrimonial durante la función pública, en la que pasó de declarar bienes por 1.169.54 pesos a declarar 30.532.773 pesos, entre los que se cuentan un departamento de 185 metros cuadrados en Capital Federal y un auto Mini Cooper de 5 puertas.

Los cambios en el Gabinete anunciados por el Presidente Piñera no conformaron a los manifestantes, que volvieron a salir a las calles.

Las protestas continuaron este martes en Chile, en su jornada número doce de violencia. Al igual que en el día de ayer, una multitud se manifestó en la Plaza Italia y frente al Palacio de La Moneda, en Santiago, para exigir demandas sociales al presidente Sebastián Piñera tras el anuncio de importantes cambios en su Gabinete.

El lunes, el mandatario chileno confirmó la remoción de ocho de sus veinticuatro ministros y presentó a sus reemplazantes, en un acto en el que afirmó que el Gobierno «tiene que cambiar y enfrentar nuevos desafíos en nuevos tiempos».

Sin embargo, la tensión en las calles continúo durante el día de hoy y derivó en nuevos enfrentamientos entre quienes protestaban y las fuerzas de seguridad.

En medio de los disturbios, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile denunció que uno de susobservadores fue herido por siete balinazosdurante una de las manifestaciones en el centro de Santiago, en las cercanías de la Plaza Italia.

A través de Twitter, el organismo, que en los últimos días hizo múltiples denuncias sobre las acciones violentas de las fuerzas de seguridad, informó que el colaborador fue retirado del lugar por sus colegas y trasladado a un centro asistencial.

En tanto, en la Alameda se repitieron las escenas de barricadas, pequeños incendios y corridas.

Ante esta situación, la Policía volvió a poner en marcha un importante operativo de dispersión en el que se usaron camiones hidrates y gases lacrimógenos contra los manifestantes, que respondieron con piedrazos.

Durante la tarde, el flamante ministro del Interior, Gonzalo Blumel, manifestó: «La prioridad es recuperar la paz social, eso es lo que todos los chilenos quieren; la violencia es inaceptabley por eso le quiero pedir a todos los sectores que la rechacemos».

Las declaraciones del funcionario se produjeron luego de una reunión de Gabinete encabezada por Piñera, la primera después de la reorganización anunciada por el mandatario a comienzos de semana.

Hasta ahora, el estallido social en Chile dejó un resultado de 20 muertos, cientos de heridos y 9.203 detenidos, de acuerdo con un balance oficial difundido este martes por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informó TN.

Según explicó la dirigente de ATE, Paola Lamami, hay al menos 13 casos, pero hasta el momento dos mujeres se animaron a denunciar a Daniel Real, subsecretario de Desarrollo Humano y Familia.

Este miércoles a la mañana, dirigentes de ATE acompañaron a dos mujeres a realizar una denuncia contra el subsecretario de Desarrollo Humano y Familia de Chubut, Daniel Real.

Según informó a ADNSUR, Paola Lamami, dirigente de ATE, “la denuncia ya está radicada por acoso sexual contra Daniel Real. Las mujeres plantearon situaciones similares, una es de Rawson y la otra es de Esquel”.

Lamami reiteró que “ante un reclamo laboral, el funcionario pedía a cambio un favor sexual para que la situación de ellas mejoren” y señaló que por este motivo “muchas compañeras están en tratamientos psicológicos”.

 

ADN Sur