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El Juez Martín Alesi, a través de su cuenta en Facebook habló sobre la «crisis económica, social, institucional y política que vivimos en la provincia, exige una respuesta extraordinaria frente a la incapacidad del gobernador y los legisladores para encontrar una solución»

«Y esa respuesta no es otra que la intervención federal»

«La historia constitucional de nuestro país, en las últimas décadas, demuestra que los gobiernos de Carlos Menem (1991, Tucumán) y Fernando de la Rúa (1999, Corrientes), dispusieron intervenciones federales ante situaciones de crisis económica y mala administración de sus autoridades» manifestó.

Por ejemplo, en el decreto de intervención a Tucumán, se consideró que “en momentos en que la Nación Argentina, está avocada a un esfuerzo fundamental para resolver el problema que genera la grave situación económica, el Poder Ejecutivo de Tucumán no obstante todos los aportes de emergencia que le ha prestado el Gobierno Nacional, no ha concretado los ajustes mínimos necesarios para mejorar la situación financiera de la provincia, ni ha establecido la necesaria prioridad en el manejo de los recursos provocando un clima de desorden, falta de autoridad pública y anarquía en la utilización del gasto público…”

Y enfatizó «Nótese la enorme similitud entre la situación de Tucumán en 1991, que originó su intervención, y la actual crisis que padecemos en Chubut».

El intendente de Rawson, Damián Biss, recibió a un grupo de vecinos afincados en la Chacra 49 -sobre ruta 7-, quienes le solicitaron su intervención para agilizar el trámite de la mensura. Destrabar el inconveniente les permitirá gestionar la llegada de los servicios.

La subsecretaria de Planificación y Desarrollo Urbano, Cecilia Austin, brindó detalles del encuentro donde “nos contaron que no pueden comenzar los trámites para la obtención de los servicios por inconvenientes con la mensura”.

La funcionaria municipal explicó que “los vecinos solicitaron esta reunión para pedirle al intendente su intervención por los problemas en la obtención de la mensura”.

En la Chacra 49 están asentados más de diez vecinos que “tienen la posibilidad de hacerse cargo de los servicios, pero necesitan la mensura aprobada. Por ello, solo solicitaron que el intendente interceda para que el trámite salga rápido”.

Según lo que la funcionaria pudo recabar “el agrimensor que les hizo el proyecto de mensura tiene unas observaciones y que debe modificar”, explicó, al agregar que “había un problema legal que ya estaría solucionado, así que una vez que el agrimensor realice esas modificaciones entendemos que se va a destrabar”.

Austin señaló que “la chacra está subdividida, las mensuras del otro sector están bien y aprobadas en Catastro de provincia, y en ese caso los vecinos nos solicitaron intervención para que llegue la red de gas y ya estamos también ocupándonos de ese tema”.

La comisión bicameral validó el DNU que derogó la intervención de Vicentin. La comisión bicameral de Trámite Legislativo, que preside el diputado nacional Marcos Cleri (Frente de Todos), avanzó hoy en el proceso de ratificación de la derogación del decreto que en junio último había dispuesto la intervención de la cerealera Vicentin y validó el nuevo DNU que deja sin efecto la medida.

Al iniciar la reunión, Cleri defendió la validez del decreto 636 del Poder Ejecutivo, que deroga el que había dispuesto la intervención, y sostuvo que, con aquella medida, «se buscaba la continuidad de la empresa para salvaguardar los derechos de los acreedores».

«Se buscó poder llevar tranquilidad y certeza» a quienes Vicentin les adeuda compromisos de pagos, insistió Cleri.

De todos modos, el diputado del Frente de Todos por Santa Fe precisó que la oposición tendrá tiempo hasta mañana para presentar dictámenes de minoría, ya que si bien avalaron la derogación del DNU, criticaron los fundamentos incluidos en la medida.

Tras detallar el irregular manejo de la empresa por parte de sus directivos, Cleri precisó que la cerealera «tiene 27 mil trabajadores, 2700 acreedores y una deuda total de 1.500 millones de dolares» y recordó que desde que se dispuso la intervención «hubo muchas medidas de obstrucción por parte de accionistas y del juez».

En ese sentido, el legislador destacó la decisión del Poder Ejecutivo de dejar sin efecto la intervención «y seguir avanzando en las causas para recuperar las acreencias del Poder Ejecutivo».

«Hay juicios en la justicia federal y provincial de Reconquista sobre las garantías inmobiliarias que el grupo Vicentín tenía y que el Estado está tratando de recuperar», graficó Cleri.

Desde Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli dijo que si bien ese bloque opositor está «de acuerdo con la validez» del decreto 636, sostuvo que el presidente Alberto Fenández «debería tener presente, con todos los problemas del país, que el fin no justifica los medios».

«Admitiendo que hayan sido nobles los objetivos que el Presidente persiguió, el método elegido fue una gran equivocación y una gran ilegalidad, porque el fin no justifica los medios», aseveró el diputado nacional del PRO.

Para Tonelli, «el presidente hizo bien en derogar el decreto, pero no con los fundamentos adecuados» y cuestionó que el mandatario «se haya referido a la obstrucción de la justicia» por considerar que «el juez sólo hizo ejercer la competencia que la ley de quiebras le atribuye».

Más adelante, se produjo un contrapunto entre Tonelli y Cleri, en el cual intervino la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti, quien pidió terminar con ese debate y planteó que «no se trataba de una charla personal», tras lo cual el diputado del PRO recomendó a la senadora mendocina que guardara silencio.

«Que se calle», pidió Tonelli y luego se negó a pedirle disculpas a Fernández Sagasti cuando se le reclamó que se retractara en su actitud.

El legislador de Juntos por el Cambio remarcó que «no pediría disculpas a nadie».

En ese contexto, diputados de la oposición cuestionaron el funcionamiento de la comisión y criticaron que se haya convocado a la reunión sin las 48 horas hábiles de anticipación reglamentarias, aunque coincidieron con que era atinada la derogación del DNU de intervención de Vicentin.

El radical Luis Petri cuestionó a Cleri «por haber opinado sobre el tema» y sostuvo que «desde la presidencia, usted debe ordenar el debate».

«Está en todo su derecho a opinar, pero ceda la presidencia al vicepresidente porque genera un clima enrarecido respecto del funcionamiento de la comisión. Usted tiene que ser ecuánime», expresó.

Cleri aclaró que expuso su opinión sobre Vicentín por ser oriundo de la provincia de Santa Fe y con el fin de «aportar datos importantes» sobre la situación de la empresa.

Al finalizar la reunión, Fernández Sagasti -quien participó en junio pasado del anuncio de la intervención y expropiación de la cereralera- puso de relieve que «el único fin que tenia el Estado para disponer la intervención era asegurar las fuentes de trabajo y evitar el despojo de productores que entregaron sus granos y fueron totalmente estafados».

Tras sostener que la intervención de Vicentin fue «absolutamente constitucional y republicana», coincidió con el Presidente en sostener que hubo una «actitud obstruccionista» por parte de la Justicia de Santa Fe y marcó el «escandaloso proceso de vaciamiento de la empresa que se produjo durante este mes y medio, con ayuda política de la oposición».

A través de su cuenta de Twitter, Fernández anunció el vienes pasado que dejaba sin efecto el DNU 522/2020 ante las imposibilidades de que el Estado pudiera «conocer cuál es el pasivo real de la compañía» por las resoluciones del juez que interviene en el concurso, Fabián Lorenzini, quien había decidido mantener a los antiguos directores de la compañía.

 

La comisión Bicameral de Trámite Legislativo, con el apoyo del oficialismo y la oposición, avalaron en las últimas horas el decreto de derogación de la intervención de la empresa Vicentin, medida que había dispuesto el Gobierno nacional pero luego retrotrajo debido a la presión pública que ejercieron la oposición y parte de la sociedad.

Durante su intervención, el presidente de la bicameral, Marcos Cleri, planteó que «con la intervención lo que se buscó fue poder llevar tranquilidad, certeza a los acreedores de la empresa que está concursada y que está en cesación de pagos desde el 4 de diciembre de 2019».

Al tomar la palabra, el diputado macrista Pablo Tonelli discutió los fundamentos del dictamen del oficialismo, y presentó las razones por las cuales Juntos por el Cambio firmaría un dictamen propio en minoría.

«No cabe la menor duda de que el DNU 522 fue definitivamente ilegal, inconstitucional, un avasallamiento y una clara violación de la división de poderes. Lo mejor que podía hacer es derogarlo, hizo bien en derogarlo. Ahora, lamento que al derogarlo no lo haya hecho con los fundamentos correctos y adecuados», sostuvo.

A su turno, Fernández Sagasti aseguró que la medida fue constitucional y legal, basada en la Ley 21.499 de expropiaciones. «El único fin que tenía el Estado Nacional fue el de asegurar las fuentes de trabajo y evitar el despojo a productores», argumentó.

Aunque días atrás el Presidente Alberto Fernández había ratificado su postura respecto a la intervención de la agroexportadora Vicentin, este viernes sobre las 18:20 publicó en su cuenta de Twitter la derogación de dicho decreto. Argumenta que el juez interviniente no permitió el acceso a la información sobre los pasivos de la empresa, y que en esas condiciones no se puede avanzar con la expropiación. Por esto, ordenó que se inicien todas las acciones legales que permitan al Estado recuperar los créditos reclamados en el concurso preventivo de la empresa. En este sentido, cabe recordar que es el Estado Nacional el principal acreedor de la fina.

«Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días», escribió Fernández en la publicación que acompaña el proyecto.

En el mismo hilo, el presidente indica que «el juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía».

«Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019», continuó.

Así, sostuvo que «el Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo».

«Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo», sostuvo, y remarcó que «pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído».

«La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial. En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores», remarcó el presidente.

«He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado», finaliza el hilo publicado por Fernández en Twitter.

El presidente había anunciado el pasado 8 de junio la intervención y expropiación de la empresa Vicentin.

En esa oportunidad, el mandatario nacional nombró como interventor a Gabriel Delgado y había anunciado que enviaría al Congreso un proyecto de ley de expropiación de la firma. La empresa tiene una deuda de $100.000 millones, y el Estado Nacional es su principal acreedor

El diputado provincial Manuel Pagliaroni, se refirió a la suspensión de Rolando “Pol” Huisman, por parte del Concejo Deliberante, acusado de “filtrar información” sobre la investigación por la entrega de permisos “truchos” de circulación durante la pandemia de Coronavirus. “El planteo de intervención de Mariano Arcioni no tiene ni pie ni cabeza”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “no somos los diputados quienes debamos resolver esto”.

“El planteo de intervención de Mariano Arcioni no tiene ni pie ni cabeza”, concluyó finalmente Pagliaroni, señaló El Comodorense,

Huisman el primer mandatario del Hoyo afirmó que “Sigo siendo el intendente de El Hoyo en ejercicio”este domingo respecto al anuncio que hizo el Gobernador. Confirmó que se presentó un recurso ante la Justicia, que no fue notificado de la decisión del concejo por lo que “sigo siendo el intendente” y que vecinos juntan firmas para pedir la “revocatoria de mandato” de cinco concejales.

Lo manifestó este domingo el intendente suspendido por el Concejo deliberante de El Hoyo, Pol Huisman, respecto a la serie de hechos sucedidos en la localidad y en la Provincia desde el pasado viernes, recuerda Télam.

Huisman remarcó respecto a la suspensión que votó el concejo que está en uso de sus funciones y volvió a denunciar que hay “un plan destituyente”.

“Sigo siendo el Intendente de El Hoyo, trabajando en mi despacho con gente de mi gabinete”, sentenció Husiman al remarcar que “una de todas las irregularidades que cometió la Comisión Investigadora que votó mi destitución fue no notificarme la decisión”.

Es por ello que “sigo cumpliendo con mi mandato constitucional”, agregando que se encuentra analizando “cómo se sigue después de este quiebre, porque la realidad es que tenemos que seguir gestionando con este Concejo Deliberante”.

El Legislativo de la localidad había votado el pasado viernes en sesión especial la suspensión del Intendente por 40 días, además de un concejal del oficialismo local, en el contexto de la investigación por la emisión de “permisos truchos” de circulación.

A partir de ello, hubo diferentes manifestaciones en rechazo a lo resuelto y en defensa del Intendente. En este sentido, durante el mediodía del sábado el propio gobernador Mariano Arcioni anunció su decisión de intervenir el Municipio cordillerano.

Sobre este punto, el intendente Huisman sostuvo que dicha medida “no se formalizó” ya que “el Gobernador me llamó y me comunicó su decisión, pero finalmente no se formalizó porque no fue necesario”.

Agregó en tanto que “sí presentamos fue una medida cautelar ante el Supremo Tribunal de Justicia, que esperamos se expida a más tardar mañana (lunes)”, respecto a su situación como titular del Ejecutivo de El Hoyo.

Respecto a la investigación que realiza el Concejo pero también el Ministerio Publico Fiscal respecto a la emisión de permisos de circulación “truchos” en el área de Acción Social del Municipio, Huisman repasó que “comenzó hace dos meses, se hizo una comisión y en un momento un exempleado del área confesó que los había hecho”.

Ante esto, el concejal también suspendido Gustavo Flak “les dice que hay que hacer la denuncia penal pero los concejales se niegan, les explica que de no hacerlo se estaría incurriendo en un delito”.

“Ante la negativa de los concejales me advierte lo que sucede y yo hago la denuncia penal”, explicó, decisión que a consideración de la Comisión “entorpece el trabajo de la misma y ese es el argumento que usa para destituirme en una sesión plagada de irregularidades que ya denunciamos”.

A todo esto, también confirmó que hay ediles y vecinos de la ciudad de la Comarca Andina que comenzaron a reunir firmas para pedir la “revocatoria de mandatos”, de los cinco concejales que votaron la suspensión le viernes pasado. Dicha revocatoria debe contar con el aval del 25% del padrón de la localidad.

Es por ello que Huisman aseguró que el Municipio busca una “salida política” para esta situación ya que si se consigue ese número se les revoca el mandato a los ediles cuestionados y se debe llamar a votación.

“Estamos tratando de encontrar una manera de encauzar esto políticamente, teniendo en cuenta que vamos a tener que seguir gestionando por los siguientes 3 años con este Concejo y que fueron parte de los nuestros los que se prestaron a esta maniobra”, lamentó.

“Estamos llamando a la cordura”, insistió al respecto.

Finalmente, Huisman detalló que además del gobernador “se comunicó conmigo el Ministro de Interior, Eduardo De Pedro; los 3 senadores nacionales de la Provincia y casi todos los diputados nacionales e intendentes de Chubut y de la región”.

Alberto Fernández subrayó que los directivos de la compañía «plantearon que YPF se haga cargo, pero no les gusta la palabra ‘expropiación'».

El presidente Alberto Fernández dijo que la intervención en Vicentin busca «rescatar una empresa camino al precipicio y que no está en condiciones de seguir sola», y subrayó que los directivos de la compañía «plantearon que YPF se haga cargo, pero no les gusta la palabra ‘expropiación'».

En torno a la reunión que el pasado jueves mantuvo en la residencia de Olivos con el CEO del Grupo Vicentin, Sergio Nardelli, el Presidente explicó que la alternativa es que YPF compre acciones, pero hay un impedimento».

«No hablamos de una empresa próspera en la que el Estado hace una inversión. Si compramos el 60% de las acciones, no le puedo explicar a la gente que hicimos eso con todos los planteos de supuestas irregularidades que hay en Vicentin», apuntó el jefe de Estado en declaraciones a radio AM 680 de Rosario.

Sobre el encuentro con Nardelli, Fernández agregó que recibió a la delegación de Vicentin «con toda la vocación de encontrar una solución al problema, porque la palabra ‘expropiación’ surge de que hay que aplicar una ley que se llama ‘ley de expropiación’, pero en verdad lo que estamos haciendo es rescatando a una empresa que esta en crisis, porque va camino al precipicio»

En ese sentido, evaluó que Vicentin «no está en condiciones de seguir sola. Lo que estamos hablando es de tratar de seguir una lógica que ellos mismos (los directivos de la firma) plantean».

No hablamos de una empresa próspera en la que el Estado hace una inversión. Si compramos el 60% de las acciones, no le puedo explicar a la gente que hicimos eso con todos los planteos de supuestas irregularidades que hay en Vicentin”

El mandatario añadió que «el único camino que tenemos es la ley de expropiación, que no es llevarse la empresa sin pagar nada, sino tomarla y pagar las deudas que el Estado termina asumiendo».

«Desde que soy Presidente que los santafesinos me hablan del problema de Vicentin y de los muchos productores que dejó colgados sin poder pagarles, de los créditos desmesurados que tomó del Banco Nación, que no se pueden pagar», mencionó.

Fernández contó que el caso de la empresa «es un tema que venimos estudiado hace mucho tiempo y la situación se agrava porque nadie pone un centavo en Vicentin, y los productores dejaron de confiar en la empresa».

«Hay solo siete cerealeras en Argentina y cuatro son extranjeras; la exportación de cereales en el país representa 15% de los ingresos públicos», apuntó el Presidente, quien consideró que el rescate «permitiría, como país, tener una empresa testigo como hizo YPF en el mundo hidrocarburífero».

Por último, el jefe de Estado destacó que, «en un mundo donde el tema alimentario en la pandemia se vuelve central, es importante contar con una empresa testigo en ese mercado».

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, defendió hoy la decisión del Gobierno nacional de intervenir la firma agroexportadora Vicentin y consideró que su posterior expropiación permitirá asumir un rol de «empresa testigo con mirada estatal vinculada con el desarrollo».

Por su parte, el grupo de instituciones internacionales que conforman el Comité Ad hoc de Acreedores Privados Internacionales expresó «su firme disposición a entablar un diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales» para discutir la regularización de la deuda de Vicentin, estimada en alrededor de US$500 millones.

Kulfas -en declaraciones radiales- sostuvo que los problemas de Vicentín se presentaron en diciembre cuando entró en cesación de pagos tanto con los proveedores de granos, como con sus acreedores financieros, de los cuales a nivel nacional, el principal es el Banco Nación por un monto estimado en $18.000 millones.

“En el caso de Vicentin, hablamos de una empresa en cesación de pagos desde diciembre. Estamos hablando de 3.000 productores perjudicados”, manifestó Kulfas y afirmó que “toda la plata que Vicentin tomó y no devolvió es la que podría haber tenido otra empresa y eso es plata que no se le pudo prestar a las pymes».

Respecto al concepto de empresa testigo, el funcionario explicó que la misma contará con «una mirada estatal vinculada al desarrollo, que nos permita tener más estabilidad en el mercado de granos y en el cambiario».

La decisión del Gobierno nacional de intervenir la empresa agroexportadora fue formalizada con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado durante la víspera por el presidente Alberto Fernádez.

La norma estableció una intervención por 60 días de la empresa.

Asimismo, el Ejecutivo planteó que ante la actual situación del grupo empresario «se encuentran en riesgo no sólo los 2.195 puestos de trabajo de la industria aceitera sino también cerca de 1.000 empleos de la empresa algodonera, 376 de la industria vitivinícola del grupo inversor y 2.057 de la planta frigorífica».

«Ante la gravedad de la situación planteada, y conjuntamente con el dictado de la presente medida, el Gobierno ha dispuesto la remisión al Congreso de un proyecto de ley que propicia la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación a la sociedad Vicentín», en el cual «se propondrá la creación del Fondo Fiduciario Agro Argentina, cuyo fiduciante y beneficiario se propone que sea el Estado nacional, y el fiduciario YPF».

Dicho proyecto de Ley, el cual trascendió hoy, prevé que tras establecer el precio de los bienes a expropiar, se pagará con la deuda que Vicentin mantiene con el Banco Nación y la AFIP y habilitará al Ministerio de Economía a «contraer, en el mercado local o internacional, empréstitos y/o a emitir títulos de deuda pública y/o monedas complementarias a fin de abonar los saldos correspondientes al proceso expropiatorio».

También indica que la totalidad de los trabajadores de Vicentin pasarán a formar parte de la planta de empleados de YPF.

La reacción de los acreedores

Por otro lado, un grupo de acreedores externos de la empresa expresó hoy «su firme disposición a entablar un diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales» para discutir la regularización de la deuda de Vicentin, y consideró que ello «contribuirá a aliviar la situación financiera general de la compañía».

Este grupo de instituciones internacionales que conforman el Comité Ad hoc de Acreedores Privados Internacionales, entre las cuales se encuentra el Rabobank y la Corporación Financiera Internacional, remarcó que su objetivo es «negociar conjuntamente la recuperación de los más de US$ 500 millones en préstamos otorgados a Vicentin para promover el desarrollo del sector agroexportador argentino».

En total, la deuda de Vicentin asciende a US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos y otros US$ 350 millones con empresas del sector agrícola.

El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, por un monto superior a los $18.000 millones, seguido por el Provincia, con $ 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $ 5 millones.

El presidente Alberto Fernández anunció este lunes la intervención y expropiación de la empresa Vicentin, una de las principales agroexportadoras del país.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció en que la empresa Vicentín «será declarada de utilidad pública» al explicar que la firma agropecuaria será intervenida y que elevará un proyecto de ley al Congreo para expropiarla.

En una conferencia de prensa, el Presidente confirmó que «los trabajadores de Vicentín continuarán en sus puestos de trabajo» y «que los 2600 productores que operan con la entidad seguirán trabajando con ella». Lo acompañaron en el atril el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y la senadora, Anabel Fernández Sagasti.

Vicentín estará bajo la órbita de YPF Agro, unificando la operación de las compañías que estará a cargo de Gabriel Delgado, economista del INTA. El objetivo del Gobierno es “rescatar” a la empresa con el objetivo de hacer frente al pago de deudas a productores de interior, renegociar con los bancos acreedores y asegurar la paz social y estabilidad laboral con gremios.

Vicentín solicitó en febrero pasado la apertura de su concurso preventivo de acreedores. En total, según medios judiciales, la deuda de la compañía asciende a u$s1.350 millones, de los cuales unos 1.000 millones corresponderían a préstamos de los bancos y el resto a empresas del sector agrícola.

El Banco de la Nación es uno de los principales acreedores. Con el cambio de gestión a comienzos del año, Las nuevas autoridades de la entidad oficial iniciaron un sumario administrativo luego de detectar que durante la gestión de Cambiemos el Banco Nación le otorgó préstamos a Vicentín por $18.700 millones.