Los birmanos volvieron a protestar el jueves en las calles del país pese al miedo y la sangrienta represión, que ha dejado al menos 54 personas muertas, según la ONU, que pidió a las fuerzas del orden que deje de «asesinar» a los manifestantes.

Naciones Unidas alzó el tono e instó a la junta militar, que llegó al poder tras derrocar el 1 de febrero al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, a dejar de “asesinar” a los manifestantes prodemocracia.

“Estoy consternada también por los ataques registrados contra el personal médico de los servicios de emergencia y las ambulancias que intentan socorrer a las personas heridas”, declaró la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.

Las protestas continúan en el país. En Rangún, la capital económica, se formaron pequeños grupos. “Estamos unidos”, corearon los manifestantes, protegidos detrás de barricadas construidas con viejos neumáticos, ladrillos, sacos de arena, bambú y alambre de púas.

No lejos de allí, los comerciantes trataban de vender rápidamente su mercancía. “Es peligroso permanecer aquí. La policía y el ejército disparan también en las calles. Más vale regresar a casa y volver a salir de noche”, contó a la AFP un vendedor de comida.

Algunas protestas fueron dispersadas con gas lacrimógeno y se escucharon disparos, según un medio local.

Los transeúntes caminaban sobre carteles del jefe de la junta Min Aung Hlaing, pegados en el suelo, un ardid para molestar a las fuerzas del orden que no osarán hacer lo mismo.

El ejército parece más determinado que nunca a apagar los vientos de revuelta que soplan en el país desde el golpe de Estado del 1 de febrero.

“Todo va a ir bien”
El miércoles, las fuerzas de seguridad dispararon munición real en varias ciudades para dispersar las manifestaciones prodemocracia. La imágenes difundidas en las redes sociales muestran a manifestantes cubiertos de sangre y heridos de bala en la cabeza.

Al menos 38 personas perdieron la vida, según la emisaria de la ONU para Birmania, la suiza Christine Schraner Burgener.

“Ayer fue un día horrible (…) Es muy triste constatar que el ejército birmano no ha cambiado” después de 60 años, dijo a la AFP la activista Thinzar Shunlei Yi, quien continuará protestando en San Chaung, un barrio de Rangún.

Al menos 54 civiles fueron abatidos desde el golpe, según la ONU. Entre las víctimas, cuatro menores, uno de ellos un adolescente de 14 años, según la oenegé Save the Children.

Por su parte, el ejército asegura que un policía murió.

“El recurso a la fuerza letal (…) muestra lo poco que temen las fuerzas de seguridad que las responsabilicen de sus actos”, subrayó Richard Weir, de Human Rights Watch (HRW).

Los birmanos siguen enterrando a sus muertos.

Una muchedumbre se congregó el jueves en Mandalay, segunda ciudad del país, para los funerales de una joven de 19 años, muerta la víspera. “No habrá perdón para vosotros hasta el fin del mundo”, coreó la muchedumbre, reunida en torno al féretro cubierto de flores.

Ma Kyay Sin se convirtió en un símbolo en el país. En una foto tomada poco antes de que un disparo acabara con su vida se la puede ver con una camiseta con un mensaje que se volvió viral en las redes sociales: “Todo va a ir bien”.

El partido de Aung San Suu Kyi anunció que pondrá las banderas a media asta en respeto a los muertos.

Condena internacional
La violencia del miércoles volvió a suscitar la condena internacional y Washington instó a China a “ejercer su influencia” con los generales.

Pekín y Moscú, aliados tradicionales del ejército birmano en Naciones Unidas, no han condenado el golpe, al considerar que la crisis es un “asunto interno” del país.

El Reino Unido solicitó una nueva reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el viernes.

La represión también tiene lugar en el terreno judicial.

Aung San Suu Kyi, que sigue detenida en un lugar secreto por el ejército, está acusada de cuatro delitos, entre ellos, “incitación a los disturbios públicos”. El expresidente Win Myint está acusado, por su parte, de violar la Constitución.

Seis periodistas birmanos están acusados de “propagar el miedo entre la población, difundir informaciones falsas (…) o incitar a los empleados del gobierno a la desobediencia”. Se exponen a tres años de cárcel.

Más de 1.700 personas han sido detenidas desde el 1 de febrero, según la ONU.

Los militares ya reprimieron con sangre las últimas revueltas populares de 1988 y 2007.

El ejército, que refuta los resultados de las elecciones de noviembre que ganó por mayoría aplastante el partido de Aung San Suu Kyi, ha prometido una nueva elección, sin ofrecer fechas.