Tag

padre

Browsing

La conversación se produjo cuando el nene aún vivía con sus tíos paternos, justo antes de que Magdalena Espósito se quedara con su hijo.

En febrero de 2020, Lucio Dupuy era feliz. En ese tiempo vivía en la casa de sus tíos paternos Maximiliano y Leticia, en el seno de una familia con mucho amor para dar. Hacía ya casi un año que estaba allí, en General Pico, La Pampa; por un acuerdo entre Magdalena Espósito, su madre, y Cristian Dupuy, su padre.

Como ella no tenía dinero para mantenerlo y él vivía en Luján por su trabajo, convinieron que lo mejor para el hijo de ambos era que se quedara con los tíos, según publica Infobae.

Aunque todo marchaba bien, de un momento a otro, Magdalena comenzó a pedir la tenencia de Lucio nuevamente. Quería que su hijo vuelva a vivir con ella a Santa Rosa. Para justificarlo, aseguraba tener trabajo estable, una casa y una novia. Su pareja, justamente, era Abigaíl Páez, quien ahora esta acusada junto a la madre de haber asesinado a Lucio el 26 de noviembre de 2021, cuando el pequeño tenía 5 años.

La mujer reclamaba al pequeño Lucio por vía legal, pero también hablando directamente con Cristian Dupuy. Una de esas conversaciones vía chat quedó registrada y fue expuesta en el juicio oral que terminó en diciembre y que este jueves tendrá su veredicto. A la luz de los hechos, los dichos de Magdalena Espósito en ese intercambio de mensajes resultan hasta cínicos.

“Yo te estoy hablando bien. A Lucio jamás le faltó la cuota alimentaria que yo te daba”, escribió Cristian en la conversación del 25 de febrero de 2020. La mujer le respondió: “Soy la madre, por eso sé muy bien que conmigo va a estar bien. Como cuando lo dejé con ellos (por los tíos), lo dejé porque sabía que iba a estar mejor que conmigo”.

En otra parte de la conversación, la imputada por asesinar a su propio hijo escribió: «Como ya le dije a Leti (la tía de Lucio), yo las cosas las quiero arreglar bien. Si ustedes se ponen en contra, es un tema de ustedes. Yo también estoy re tranquila de que Lucio va a volver conmigo. No tengo más nada que hablar. Suerte”. La charla no finalizó allí.

 Cristian Dupuy dio sus razones y peleó por su hijo, pero lamentablemente eso terminó ante las denuncias falsas que permanentemente hacía Magdalena Espósito y la jueza que homologó un acuerdo, sin hacer ningún tipo de estudio antes de entregarle a Lucio a madr

 “Magui vos firmaste papeles. El día que quieras a Lucio tenés que cumplir con las condiciones. Un trabajo estable, un hogar para Lucio y un montón de cosas más. No te va a ser fácil. Ellos (por los tíos) no te lo van a dar así como si nada. El nene no es un paquete para tenerlo de acá para allá”, escribió Cristian.

La respuesta de Espósito Valenti ahora suena un tanto macabra: “Justamente, (esos requisitos) yo ya los tengo a todos. Por eso, quiero que vuelva conmigo. Y en ningún lugar va a estar mejor que conmigo”. Cristian Dupuy le respondió: “Y, ¿cómo sabes que va a estar mejor? Él ya tiene sus cosas, su pieza, sus amiguitos de jardín. ¿Estás segura de que querés que Lucio pase por todo de nuevo?

 En la conversación no se dice mucho más, aunque el resto de la historia ya se conoce. La jueza Ana Clara Pérez Ballester homologó el 4 de noviembre de 2020, un acuerdo firmado por la madre de Lucio y la tía, Leticia.

Los tíos de Lucio habían sido padres de mellizas recientemente y estaban cansados de que cada vez que Magdalena y su novia Abigaíl visitaban a Lucio lo hacían con la policía por alguna denuncia falsa que realizaban. Por eso, y porque sentían que Lucio sufría ante esta situación, decidieron firmar y darle la tenencia. Creyeron que lo mejor para su sobrino era evitarle esas situaciones tan estresantes.

El acuerdo se firmó el 4 de noviembre de 2020. Exactamente, un año y 22 días antes de que Lucio sea cruelmente asesinado. Por ese delito, su madre y la novia llegaron a juicio presas. Este jueves será el veredicto y la pena en expectativa para el delito que se les endilga -tan extenso como grave- es prisión perpetua.

El papá de Fernando habló a la salida de los tribunales de Dolores y expresó que lamenta la situación atravesada por las familias de los acusados.

Silvino Báez, el padre de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en Villa Gesell en la madrugada del 18 de enero de 2020, dijo que aunque cree que los ocho imputados por el homicidio «nunca van a admitir lo que hicieron», siente «pena por ellos».

«Como padre, siento pena por ellos», señaló Báez a la salida de los tribunales de Dolores, y expresó también que lamenta la situación atravesada por las familias de los acusados.

«Me gustaría escuchar lo que dicen los padres», expresó, de cara a la declaración que al menos siete de ellos brindarán ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 local desde el próximo lunes.

El hombre consideró además que la declaración brindada de manera sorpresiva el último jueves por Luciano Pertossi, primer imputado en romper el silencio, fue «parte de la estrategia» de la defensa.

«Fue medio actuado. Inesperado. Es como que no dijo nada», consideró, y entendió a su vez que «hay una prueba muy contundente contra ellos», por lo que trata de «tener la cabeza fría» y tiene «mucha fe» en que se haga justicia.

El padre del menor fallecido por los golpes de su madre y su pareja, compartió una publicación sobre el juicio que mantiene en vilo al país. Además, recordó a su hijo.

Christian Dupuy, el padre de Lucio- el menor fallecido prodcuto de los golpes que le ocasióno su madre y su pareja- opinó sobre el juicio que mantiene en vilo al país.

A través de su Facebook, compartió una publicación sobre los padres de Fernando Báez Sosa que decía: “Cuando esto es todo lo que te queda de tu hijo…unos asesinos q deben pagar con una condena y cadena perpetua. Justicia por Fernando”. Luego Dupuy, agregó: “Cuánto dolor”.

El recuerdo de su hijo

Dupuy escribió un emotivo posteo, recordando a su pequeño hijo.

“Te extraño, lo he intentado y es inútil, llevo un tiempo tratando de soltarte pero es totalmente inútil intentar olvidar algo que está y siempre estuvo tan dentro de mi”, comienza Dupuy.

Luego, recuerda el día de su nacimiento e «imposible de olvidar» la vez que lo sostuvo por primera vez.

“Imposible olvidar lo desgarrador y doloroso verte en un cajón, cuando la ley de la vida dice que un hijo debe de enterrar a su padre y no así como pasó, un año y 2 meses y sigo sin entender y aún nadie me ah dado explicaciones de porque paso todo esto, una tortura constante vive en mi, recordando esa hermosa risa, y tu vocesita diciéndome papi”, se lamentó el hombre.

Por último, habló sobre el recuerdo de su hermana, que lo tiene constantemente presente.

“Sigue nombrándote no te olvida y nunca lo va a hacer porque tú recuerdo vive en nosotros y con el amor que te tenemos jamás podremos olvidarte. Mi papito, deseo que la vida me pase rápido disfrutando de todo lo que tengo para volverte a ver. Te extraño”, cerró.

Las acusadas

Con respecto al caso de su hijo, la sentencia frente a Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Pérez será conocida el 2 de febrero de 2023.

 La fiscal y la querella pidieron una pena máxima, correspondiente con la cadena perpetua.

Lo señaló Fausto, uno de los padres más activos en la protesta por el presunto abuso sexual de niños que concurren al Jardín N°406 de esta ciudad.

“Nosotros hablamos con los padres que están ahora, no soy quien para juzgar”, sostuvo el manifestante en pleno cruce de las rutas 3 y 26.

Y agregó al aire por Radiocracia que “no estamos divididos, pero somos padres que tomamos diferentes medidas”.

“Si no hay respuesta para el miércoles vamos a recrudecer las medidas seguramente”, advirtió por último.

Fausto Jérez, padre de un niño presuntamente abusado por parte de un docente del Jardín N° 406, se refirió a las medidas tomadas para exigir Justicia por lo ocurrido. “La Justicia tiene que tener más empatía con el dolor que están atravesando los padres y actuar ya. Cuando a un padre le tocan un hijo, muchas veces no piensa en lo que hace”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “por ahí me preguntan si los papás están divididos y la verdad es que no, hoy estamos todos luchando por el mismo objetivo que es obtener Justicia”.

“Si hoy hay una división es dentro de la Justicia que no se pone de acuerdo para poner a este violador preso”, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “yo hable con el grupo de padres que decidieron cortar la Ruta 3 y 26 y yo no soy quien para juzgar las medidas que toma cada papá. Acá la que tiene que moverse es la fiscal”.

“En sí la verdad es que divisiones internas entre los padres no hay. Lo que sí está más que claro es que haremos presión”, indicó.

En este marco, destacó que “los padres le dimos tiempo a la Justicia hasta el día miércoles o jueves si para esa fecha no hay respuestas, las medidas tomadas serán otras”.

“Yo le agradezco a todos los que vinieron a dar la cara. Hoy van a pasar cosas. Si no hay respuestas, todo será más drástico”, expresó.

A su vez, añadió: “Yo no puedo salir a decir que medidas se tomarán, no puedo decir vamos a prender fuego la playa de tanques o no se dejará pasar a nadie en las Rutas”.

“La Justicia tiene que tener más empatía con el dolor que están atravesando los padres y actuar ya. Cuando a un padre le tocan un hijo, muchas veces no piensa en lo que hace. Hay niños que la pasaron peor que otros. Pedimos prisión preventiva para este violador”, concluyó Jérez.

Así lo manifiesta Federico Villalba, un vecino de la localidad de Cholila que ya no sabe qué hacer por su hijo, quien mantiene una adicción a las sustancias desde hace varios años.

Expresó mediante redes sociales su desesperación con respecto a la salud de su hijo y su indignación frente a la atención que ha recibido de los centros de rehabilitación, que a su criterio dejan mucho que desear y los responsabiliza por las constantes recaídas del joven.

Según manifiesta, estos centros les dejan “las puertas abiertas” a los pacientes, lo que significa que el personal de este tipo de instituciones no opone ningún tipo de resistencia si aquellos deciden irse del lugar, lo que provoca que vuelvan a recaer de nuevo en sus adicciones.

Esa es la realidad de Federico, que tiene que verse impotente ante las adicciones de su hijo al no poder hacer nada puesto a que los organismos que se deberían encargar de tratarlo parecen dejarlo a “la buena de dios” y Federico tiene que volver a reingresarlo de nuevo solamente para ver que al poco tiempo,… vuelve a recaer producto de que desde la institución lo dejan irse libremente.

Federico nos cuenta que ha llevado a su hijo al Hospital de Esquel, pero desde allí no pueden ayudarlo puesto a que las funciones del nosocomio no están dirigidas a tratar ese tipo de casos.

Federico Villalba: “(…) yo necesito saber quién va a responder en el caso de que mi hijo termine muerto por estar tomado o drogado, si el estado está ausente con estos problemas. Yo lucho todos los días por la enfermedad de mi hijo; agradezco al equipo médico de Esquel por lo que hacen pero no es un lugar para rehabilitar es solo para desintoxicación, el estado tiene que tener centros para que las personas se rehabiliten y no tengan que delinquir para consumir alcohol o drogas (…)”.

Esta situación vuelve a reflotar un viejo dilema con respecto a Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 que regula todo lo atinente a cualquier padecimiento mental que tenga un ciudadano dentro del territorio de la república, como también asegura el pleno goce de los derechos humanos de los pacientes que sufran esos trastornos.

El problema es que el artículo 41 del Código Civil y Comercial no permite que los centros de rehabilitación retengan compulsivamente a los pacientes dentro de sus predios. De hacerlo, violarían la ley configurando una privación ilegítima de la libertad. Solo procede ante una serie de supuestos extremadamente específicos que en la mayoría de las veces se producen en la realidad y ni aún así las autoridades intervienen, constituyéndose esos requisitos en una mera formalidad burocrática para no aplicar sobre el paciente medidas tan duras como la privación de la libertad.

Hay dos supuestos de la lista que establece en su artículo 41 el Código Civil y Comercial de la Nación para que la sentencia judicial de internación sea válida, que nos parecen interesantes:

  1. “(…) Debe estar fundada en una evaluación de un equipo interdisciplinario (…)”: no pasa nunca, el equipo interdisciplinario es un cuerpo de especialistas perteneciente al estado y designado por el juez interviniente en la causa judicial. El estado no se mueve, los dictámenes muchas veces tardan siglos, los establecimientos judiciales se tapan de expedientes… no pasa nada.
  2. “(…) solo procede ante la existencia de riesgo cierto e inminente de un daño de entidad (daño considerable) para la persona protegida o para terceros (…)”: el requisito hace aguas por todos lados, en primer lugar se deja en evidencia que la propia adicción no se la considera un “riesgo cierto e inminente” de un daño para la propia persona como para terceros para que sea viable internarla; lo cual es ilógico, porque en realidad sí lo es. Para la persona “protegida” en tanto y en cuanto desmantela progresivamente su salud y por ende su vida; para los terceros, porque hay sobrados argumentos que consolidan la existencia de un riesgo de daño, a nadie la gustaría estar cerca de un adicto que en completa libertad pierde todos los recursos para sustentar su vicio. La propia realidad demuestra que muchas veces la desesperación que genera la dependencia los hace capaces de cualquier cosa con el objetivo de satisfacer las necesidades que conlleva la adicción.

Federico Villalba: “(…) estamos desprotegidos de incluso ellos mismos por no tomar consciencia de su peligrosidad al estar en ese estado de alcoholismo o drogados, no comprenden sus actos; si el día de mañana mi hijo aparece muerto y es un borracho más o un drogado mientras los que ocupan los cargo políticos no hacen absolutamente nada por estas personas, tenemos un estado ausente; los profesionales de la salud se encuentran atados de pies y manos. Espero que en algún momento dejen de mentirnos los políticos y hagan cosas por las personas adictas (…)”.

Como consecuencia de las últimas reformas que se produjeron en la Ley Nacional de Salud Mental tampoco resulta válido legalmente que el juez ordene la internación de una persona a petición de persona interesada, es decir a modo de ejemplo, que un familiar decida internar al paciente. Eso solo es viable si un determinado centro médico se niega a recibirlo.

Todo esto, lo único que provoca es que el tratamiento que reciben los pacientes en los centros de rehabilitación sea inútiles, puesto a que les permiten irse del lugar con total libertad.

Si tenemos en cuenta de que estamos hablando de “adictos”, entendiendo el término según la real academia española como “Dependiente del consumo de alguna sustancia o de la práctica de una actividad” sabemos que se trata de una persona que se encuentra incapaz de frenar su repetitiva y autodestructiva conducta en razón de que se encuentra subyugada a la misma.

Ya el término “Dependiente” nos lleva a deducir a que el paciente no va a poder evitar por sus propios medios caer en su adicción, motivo por el cual necesita ayuda de otras personas.

Por lo tanto, permitirles el egreso voluntario del programa de asistencia parece carente de toda lógica, porque convierte al mismo servicio de rehabilitación en parte del circulo vicioso de los adictos (adicción, rehabilitación, egreso voluntario, recaída y de nuevo al principio…).

La necesidad social de que sea modificada es constante y se mantiene a lo largo de los años pero ningún miembro del congreso nacional ha manifestado un compromiso consolidado de cambiar las reglas.

De ninguna manera estamos exigiendo tampoco desde este medio que el adicto sea intervenido como si se tratara de un prisionero que debe purgar condena en razón de delitos perpetrados.

Este artículo busca hacer trascender el pedido de ayuda de Federico por su hijo y plantear la posibilidad de que se reforme la la Ley Nacional de Salud Mental y toda legislación de fondo en lo atinente al tema y que dicha modificación tenga como objetivo mayor celeridad en la toma de decisiones restrictivas para personas con un índice de adicción considerable.

Una buena idea sería también crear una ley especial para las personas adictas, es decir una ley nacional de adicciones que procure sentar las bases de un esquema de trabajo serio en búsqueda de restablecer la salud de los adictos. Interviniendo en esa tarea, especialistas en la materia que pueden decidir el aislamiento preventivo temporal del paciente en base al grado de dependencia que presentan, categorización que por supuesto, debe ser dictaminada utilizando el mayor rigor científico y profesional posible.

Por supuesto que eso no va a suceder, sencillamente porque siempre existe en nuestro país un exceso de rigurosidad con respecto al supuesto “estigma” que pueden sufrir las personas que se encuentren contempladas en ese grupo. Lo cual es una estupidez, porque el “estigma” justamente lo están garantizando los mismos que consideran “estigmatizante” darle herramientas específicas a un adicto, por lo que al mismo tiempo e indirectamente están reconociendo que consideran “estigmatizante” ser adicto.

Las cosas van a cambiar cuando la palabra “estigma” ya no sea utilizada políticamente y se propenda a que las adicciones sean tratadas médica, psicológica y socialmente de la forma más libre y abierta posible. Por supuesto, que lo expuesto tanto en este párrafo como el anterior representan tan solo el pensamiento de quién escribe estas líneas y no debe ser considerado como una imposición de ideas de parte del medio.

El ex Ministro Coordinador de Gabinete -y ex titular de Lotería del Chubut- está siendo juzgado por poseer un patrimonio difícil de justificar con sus ingresos. Los fiscales pidieron que se lo declare culpable junto a otras dos personas que serían partícipes necesarios del delito.

El lunes 5 de septiembre comenzó el juicio contra Carlos Barbato, acusado de enriquecimiento ilícito al igual que su padre, mientras que su esposa y el chofer también están siendo juzgados como partícipes necesarios de ese delito.

Durante el juicio, Barbato mencionó que le pedía plata a su padre y que “alguna se la devolvía, otra no”, al tiempo que le pidió disculpas por “la situación judicial que está atravesando”.

La investigación de Fiscalía puso la mira en la compra de una propiedad por $ 25 millones, vehículos de lujo y un departamento en Puerto Madryn, por parte del ex funcionario provincial.

Este lunes 12, en una nueva jornada del juicio, los fiscales Alex Williams y Omar Rodriguez pidieron que sean considerados autores del delito de enriquecimiento ilícito a Carlos Barbato (hijo) como autor y a Erica Perrone y Adrian Quinteros como interpositas personas.

En tanto al padre del ex gerente de Lotería del Chubut, Carlos Mario Barbato (p), el fiscal Rodriguez pidió la absolución tras escuchar los testimonios vinculados a la compra del departamento en Puerto Madryn.

En la etapa final de testimonios y aporte de pruebas documentales, continuó este viernes el juicio oral y público contra el ex gerente de Lotería del Chubut, Carlos Barbato, acusado de enriquecimiento ilícito al igual que su padre, su esposa y el chofer, que están siendo juzgados como partícipes necesarios de ese delito.

Este viernes por la mañana declararon todos los imputados y el próximo lunes se conocerán los alegatos. La causa por enriquecimiento ilícito, que tiene como principal sospechoso al exgerente de Lotería del Chubut pero que involucra también a sus padres, prevé penas de dos a seis años de prisión.

El principal imputado ejerció su derecho de ser escuchado por los jueces. Dio detalles contables de varias operaciones que realizó cotejando sus afirmaciones con datos que se conocieron en el juicio a través de los testigos. Reconoció haber recibido ayuda económica de su padre porque “fueron innumerables Ias veces que me ayudo, siempre en dólares porque ahorraba con esa vieja escuela”. «Alguna plata le devolví; otra no», reveló el exfuncionario.

En su extensa declaración, Barbato aprovechó la oportunidad para pedirle disculpas por la situación judicial que está atravesando. «Pido disculpas a mi padre por pasar por todo esto», dijo.

Sobre el final, aseguró que «viajaba junto al gobernador al interior, comían en una cabaña y se ahorraba todos los viáticos».

El Tribunal de juicio está integrado por los jueces Karina Breckle, María Tolomei y José Ennis. Los fiscales del caso son Omar Rodriguez y Alex Williams de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública. Los defensores son Fabián Gabalachis (defiende a Barbato patre e hijo y a Perrone) y Omar López, que asiste a Quinteros.

En la audiencia de este viernes declararon ante el Tribunal, todos los imputados. El primero fue Carlos Mario Barbato, luego lo hizo su nuera Erica Perrone y posteriormente el exfuncionario

Los Imputados

Barbato padre dijo no haber elegido “que mi hijo fuera político. A mis cuatro hijos los eduqué de la mejor manera y ahora es muy doloroso ver como a mis 80 años se ensucia mi nombre. Trabajé muchos años de gerente comercial de firmas importantes y siempre tuve mucha capacidad de ahorro»

«Toda mi vida he ayudado a mis hijos. Carlos es mi hijo primogénito y lo amo. Siempre fuimos padres presentes. En este juicio, además, quedó probado que yo tenía dinero suficiente para comprar el departamento”, expresó en alusión a uno de los hechos investigados relacionado con la adquisición de un inmueble en Puerto Madryn.

Por su parte, Erica Perrone expresó que su esposo “siempre viajó mucho y por eso yo con más tiempo siempre hacía los trámites de la compra y venta de vehículos, además de atender a nuestros hijos”.

Antes de la declaración de Carlos Barbato, lo hizo José Mallemacci, de una inmobiliaria de Puerto Madryn, donde se adquirió el departamento que vincula en el presunto ilícito a Barbato padre.

En esta misma línea, declaro Adrián Quinteros, hizo referencia a la compra del Audi y toda la situación en torno a ello. Asimismo, manifestó que era un vehículo difícil de vender. Tras la declaración de Quinteros, el tribunal dispuso dar paso a la convención probatoria.

El lunes próximo, pasadas las 14 horas, se podrán conocer los alegatos finales de ambas partes, luego el veredicto.

En comunicación con Actualidad 2.0 Sergio Crettón padre de José que lleva un mes desaparecido expresó “Yo sigo con esperanza que aparezca con vida mi hijo».

Sergio Crettón está buscando a su hijo que lleva un mes desaparecido, en diálogo con Raúl Figueroa y Verónica Méndez dio detalles del duro momento que está viviendo.

“El principal sospechoso se niega a aceptar que conocía a Sergio y que es la ex pareja de la mujer que actualmente estaba con José” dijo Sergio.

Por otra parte resaltó que se enteró que su hijo estaba haciendo amenazado ”Nos enteramos por amigos de mi hijo que él era amenazado y que temía por su vida. Nunca él nos contó nada sobre su situación sentimental con la mujer que se la relacionaba”.

Respecto a la continuidad de la búsqueda dijo que siguen los rastrillajes en la zona e indicó “Yo sigo con esperanza que aparezca con vida mi hijo”.

Atentos a la suspensión de clases que se viene registrando desde antes del receso invernal en distintas escuelas de Esquel y la zona, tanto de nivel inicial como primario, segundario o terciario, padres y alumnos se movilizaran hoy hasta la Supervisión de Escuelas Región III para entregar un petitorio y realizar una «sentada» de protesta.

En la previa, papás y estudiantes dialogaron con la prensa ayer a fin de realizar la convocatoria, preocupados por el contexto actual del sistema educativo, con pérdidas de gas en varias escuelas que llevó al corte del servicio y otros tipos de problemas edilicios.

Karem Bourdargham, mamá de dos estudiantes de la Escuela 7722, comentó que «venimos reuniéndonos familias autoconvocadas, estamos muy preocupados por la educación de nuestros hijos. Es algo que nos involucra a todos por lo cual invitamos a que se sumen mas papás».

«Los estudiantes están convocando a una marcha y una sentada en Supervisión para este miercoles, a la que nos sumamos como papás, entregaremos una nota de reclamo para que sea enviada al Ministerio de Educación y la misma se presentará en el Concejo Deliberante, Obras Públicas y otras instituciones por la emergencia que presentan numerosos edificios» apuntó

«No Hay Seguridad En Las Aulas»

Advirtió Karem Bourdargham que «la lista de escuelas con problemas es larga, muchas esperan soluciones hace años. Pensamos ir a la justicia, ir hasta lo último para accionar y que se respete el derecho a la educación en condiciones dignas. No puede ser que todo el tiempo se suspendan las clases por cortes de luz, pérdidas de gas u otros problemas».

Gustavo Tunesi señaló que «como papá y como habitante de Esquel veo con mucha preocupación como se repiten los problemas en las escuelas. La Escuela 713 está la mitad en el Centro de Encuentro. Escuchamos a los estudiantes expresarse, la angustia que tienen al querer ir a clases y no poder».

Expresó que «esta claro que hay que movilizarse para que Obras Públicas y Educación actuen con celeridad para que estos problemas se solucionen,, entonces tenemos que estar ahí demandando que se hagan los mantenimientos, las obras o que se firmen los finales de obra en los edificios, que es otro de los problemas. De palabra dicen que ya está, pero no quieren firmar los finales de obra» subrayó.