Es ley el proyecto que presentó la diputada del PJ-FpV, Estela Hernández para que el Ministerio de Salud, a través de las juntas que designe, sea el único que certifique la existencia de la discapacidad, naturaleza y su causa, teniendo en cuenta las directivas de la Organización Mundial de la Salud. Se incluye la discapacidad originada en enfermedades viscerales, crónicas incurables, “el certificado constituirá acreditación suficiente a los efectos de la ley”, sostuvo la legisladora.
La ley sostiene que las personas con discapacidad que estén directa o indirectamente vinculadas a la Obra Social Seros, deberán indefectiblemente participar a través del Instituto de Seguridad Social y Seguros en la emisión del certificado de existencia de la discapacidad que se trate.
La diputada consideró que la obra social Seros no puede ser parte de la junta evaluadora, “condición que se torna violatoria no solo de los derechos personalísimos de los afiliados, sino también en desmedro de las demás obras sociales, institutos y prepagas que prestan servicios en la provincia, vulnerando los principios de igualdad y equidad entre las mismas”.
Consideró que de seguir así, era un gasto innecesario a los afiliados de la obra social SEROS y al Estado, “además, las normas deben estar en armonía con la legislación Internacional y Nacional y SEROS no representa ninguna autoridad competente y menos de aplicación para ser evaluadora de los mencionados certificados”.
Indicó que SEROS al ser una prestadora, no puede ser el organismo que decida a quien corresponde darle el certificado y al mismo tiempo ser el que deba dar la cobertura a dichas afecciones, “se torna sumamente irrazonable e injusto para la persona con discapacidad afiliada a SEROS, porque obviamente existe una relación desigual de poder, en perjuicio del afiliado de SEROS”