La espectacularidad de los procedimientos judiciales y las investigaciones penales en marcha, tanto a nivel nacional con los “cuadernos de la corrupción” como provincial, con detención de empresarios y ex funcionarios, parecen responder a patrones comunes, cualquiera sea el ámbito y el signo político involucrado.
El vínculo entre el poder político y económico aflora con intercambio de burdos bolsos con millones de dólares o complejos negocios más difíciles de explicar y de probar por su trama de sofisticación, pero igualmente turbios.
Sin embargo, resulta llamativo también por qué en algunos casos hay avances rápidos y en otros los expedientes duermen durante años hasta ser cubiertos por el olvido. Una de esas “bellas durmientes” parece ser la causa “Ingentis” en Chubut.
Lo llamativo en relación a este caso es que la investigación penal, en manos del fiscal Báez, no ha avanzado hacia ningún tipo de definición, pese a contar con una pericia contable elaborada por una integrante del cuerpo de peritos de la Procuración General de la provincia, en la que surgen elementos que bien podrían fundar la citación a declarar a ex funcionarios y empresarios participantes.
Dicha pericia, finalizada en diciembre del año 2014, arroja elementos que dan cuenta de que pudo haber maniobras de vaciamiento de la empresa, cuya participación le ha costado al Estado provincial una suma todavía no precisada de pérdidas, pero que puede resultar no inferior a los 30 millones de dólares, sin considerar que todavía está pendiente de pago un monto superior a los 6 millones de dólares por parte de Petrominera a favor de Pampa Holding, que le inició juicio por no haber terminado de comprarle el 24% de acciones que estaba en su poder y de las que la firma conducida por Marcelo Mindlin decidió despojarse en el año 2010.
Mal negocio estatal con beneficios privados
El propósito del proyecto era construir un parque de generación eléctrica de 400 Mw en Dolavon, lo que en poco tiempo quedó totalmente descartado. Posteriormente se sumó, a través de la creación de “Ingentis S.A”, la participación de Pampa Energía, compañía que hoy mantiene el litigio y que podría plantear la quiebra de Petrominera en caso de que no se le abone la cifra estimada en algo más de 6 millones de dólares.
Sin embargo, es interesante detenerse a observar algunos detalles de la pericia contable realizada en el 2014, en el marco de una denuncia penal formulada por la Fiscalía de Estado en 2012, por presunta defraudación al Estado:
“Hay situaciones que a mi entender profesional, teniendo en cuenta la situación de la empresa, pueden considerarse como indicios de vaciamiento”, advirtió la perito contable en el trabajo entregado hace más de 4 años, pero que al parecer no llamó la atención de los fiscales del caso.
La descripción de maniobras que realiza en forma posterior a la anterior afirmación es de un alto nivel de complejidad, pero queda en evidencia la falta de documentación de todo el proceso, en el que se describen pagos de varios millones de dólares sin claridad de los contratos y en el tipo de servicio brindado para efectuar dichas transacciones, considerando que el proyecto nunca llegó a ponerse en marcha.
La pericia
“Es también llamativo –sostiene la pericia- que el socio privado en diciembre de 2007 le presta plata a la Sociedad a una tasa en dólares del 18% aproximadamente (recuérdese que no estaba identificada la tasa de interés), que compensa cuando le reclaman el aporte pendiente de integración. Y en junio de 2011, cuando se da la situación inversa (es decir, toma plata de la sociedad para financiarse) el crédito es a una tasa del 4% anual en dólares”.
La descripción de acciones incluye además decisiones de ampliar el aporte de capital en el año 2008 ,que la provincia cumple en su carácter de socio minoritario, pero que los socios privados demoran y activan préstamos a la sociedad, beneficiándose con el cobro de altos intereses.
Asimismo, la pericia describe una serie de maniobras de ventas de caños usados por parte de Emgasud a precios que luego se verificó que eran superiores a los de mercado, entre otras maniobras que además incluyen la compra de dos turbinas, una de las cuales sigue en Estados Unidos y la segunda se quedó en manos de Pampa Energía.
¿Hay interés en investigar?
Esta columna dialogó con integrantes del Poder Judicial y se mostraron extrañados por el alcance de la pericia y el escaso resultado que registra la investigación penal.
No está claro si podría caber reproche penal a los empresarios involucrados, pero hay muchas dudas respecto de si los funcionarios que tuvieron participación extremaron los deberes de cuidado para gestionar fondos y bienes del Estado. Parece pura retórica, sobre todo cuando el mismo Estado cuyos recursos se dilapidan (¿o se embolsan a favor de bolsillos particulares?) en aventuras delirantes, es el que luego debe apelar a campañas solidarias para garantizar los mínimos aspectos de funcionamiento en servicios esenciales de salud, educación o justicia.
¿Hay elementos para indagar? ¿O para archivar, dando garantías de que solamente se trató de un “mal negocio” y no hubo ilícito alguno en la operación? Cuando en 2010 se ordena el ingreso de Petrominera a la sociedad, ¿ya estaba claro que el proyecto era inviable y se decidió avanzar de todos modos, pese al perjuicio que ello traería a la empresa estatal?
La peor respuesta a estos interrogantes sigue siendo la desidia y el contraste entre el énfasis puesto en algunos hechos y el desinterés en otros, igualmente graves por el tipo de perjuicio que encierran para el Estado. Por ahora, en lugar de quemar gas para generar electricidad, lo único que vaporizaron las turbinas son los millones de dólares que le sacaron a la provincia.