Roy Barreras, del Partido de la Unidad Nacional, acusó al ministro de Defensa de ocultar a los colombianos que en una operación militar en septiembre pasado “bombardeó a niños”.
La masacre de ocho menores en un bombardeo militar contra disidentes de las FARC en el departamento del Caquetá, en el sudeste de Colombia, ocultada durante dos meses por las autoridades y revelada por un senador causa conmoción en el país y tiene al borde del abismo al ministro de Defensa, Guillermo Botero.
La denuncia la hizo el martes Roy Barreras, senador del Partido de la Unidad Nacional que fue sustento del Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), durante un debate de moción de censura contra Botero, a quien acusó de ocultar a los colombianos que en una operación militar en septiembre pasado«bombardeó a niños».
Tan grave es la acusación que el director ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, pidió al ministro «una respuesta seria a los colombianos sobre esta denuncia».
«La Fiscalía debe iniciar una investigación para determinar si el Ejército lanzó un ataque a pesar de que podía haber previsto que muertes de civiles serían excesivas», dijo Vivanco en Twitter.
En respuesta a las acusaciones, Botero aseguró este miércoles que «todas las operaciones militares están precedidas de una fase de planeamiento denominada ‘Proceso militar de toma de decisiones'».
Esa figura, detalló, se implementó en todas las Fuerzas Militares desde 2008 «por mandato de la política integral de DD.HH. y del Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa», por lo que calificó la denuncia del congresista como «tergiversada» y «especulativa».
El pasado 30 de agosto, el presidente Iván Duque afirmó que en una operación militar a gran escala murieron nueve disidentes de las FARC, entre ellos un cabecilla de esa organización conocido con el alias de «Gildardo Cucho».
A comienzos de septiembre el Ejército elevó a 14 el número de muertos en la operación que se realizó en la vereda (aldea) Candilejas, en el municipio de San Vicente del Caguán.
No obstante, el senador Barreras denunció el martes que el Gobierno había mantenido oculto que siete de los muertos eran menores de edad: Ángela Gaitán, de 12 años; Sandra Vargas, de 16; Diana Medina, de 16; José Rojas, de 15; Jhon Pinzón, de 17; Wílmer Castro, de 17, y Abimiler Morales, de 17.
Este miércoles la Fiscalía subió a ocho la cifra de menores muertos, pero no reveló las identidades, y aseguró que aún hay dos cuerpos más sin identificar.
El senador Antonio Sanguino, del partido Alianza Verde, aseguró a Efe que la situación para el ministro de Defensa solo tiene dos salidas: «La renuncia como debería ser la consecuencia si es responsable (…) o que el Senado de la República estrene la moción de censura, que tendría como consecuencia la separación fulminante de su cargo».
«No hay ninguna justificación para que hubiesen muerto siete menores de edad en esa operación y mucho menos no hay ninguna justificación para que esa información se hubiese ocultado más de dos meses. No solo la conducta del ministro está comprometida por ese hecho sino por un conjunto de equivocaciones», aseveró.
Con Sanguino coincidió el representante a la Cámara Abel David Jaramillo, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), quien dijo a Efe que Botero «sabe que se equivocó» y que las órdenes que impartió el Ministerio «están generando varias situaciones de violación de derechos fundamentales, de derechos humanos».
«Por ende el ministro debe renunciar y si no lo hace de manera directa, la moción de censura se hará efectiva el próximo miércoles», apostilló.
En su vehemente intervención en el Senado, Barreras también manifestó queal país regresaron los «falsos positivos», como se conoce a las ejecuciones de civiles que en las últimas décadas fueron presentados por militares como guerrilleros muertos en combate.
Citó el caso del joven Flower Jair Trompeta, activista de derechos humanos que según sus allegados fue asesinado por el Ejército el pasado 28 de octubre en el Cauca, departamento azotado por una ola de violencia contra los indígenas que en la última semana se cobró la vida de siete de ellos y de otras seis personas.
El Ejército aseguró la semana pasada y el ministro reiteró este miércoles que la muerte de Trompeta fue en desarrollo de un combate y que la Fiscalía lleva la investigación del caso.
«Pregunto ministro si quieren ocultar que Flower Trompeta nunca disparó, que no hubo combate», cuestionó Barreras, quien agregó que «las ‘equivocaciones’ aquí se cuentan en vidas».
Hasta el momento la Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de «falsos positivos»que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.
El senado decidirá el próximo miércoles si los nuevos casos que por su gravedad han conmocionado al país ameritan el voto del censura al ministro, una posibilidad más que probable ya que distintos partidos han manifestado su apoyo a la moción promovida por Barreras, entre ellos Cambio Radical, que en junio pasado salvó a Botero de ser destituido por su mala gestión, informó EFE.
