Según un sondeo entre economistas, la renegociación que encarará el próximo gobierno deberá tener más de dos años de gracia antes de que se reanuden los pagos.
La certeza de que el desembolso del FMI por US$ 11.000 millones no llegará en los próximos meses deja a los acreedores privados más cerca de tener que aceptar una extensión de los plazos de pago de sus títulos. Según los analistas económicos, la reestructuración de la deuda que llevará adelante el nuevo gobierno implicará un plazo de gracia mayora los dos años que se venían estimando hasta ahora.
El martes el presidente electo, Alberto Fernández, dijo que no le va a pedir al FMI que concrete el desembolso que quedó pendiente del préstamo por US$ 57.000 millones acordado con Mauricio Macri en 2018. Se trata de US$ 11.000 millones previstos para el pago de la deuda. Estas declaraciones fueron leídas por los acreedores como una señal de que propondrá una negociación más dura de lo que se esperaba. Según había trascendido por las declaraciones de los asesores de Fernández se buscaría una reestructuración con un plazo de gracia de dos años. Para los analistas consultados por Clarín ahora ese plazo podría ser mayor.
Desde la consultora Elypsis, Martín Kalos planteó que a partir de los dichos de Alberto queda claro que «lo que se acuerde con los acreedores privados y con el FMI debe ser compatible entre sí. No necesariamente la negociación con los privados será más agresiva».
¿Qué pasará con los próximos vencimientos de deuda sin el desembolso del FMI? «Argentina tiene reservas de dólares disponibles para pagar los vencimientos de los próximos meses», dijo Kalos. Pero advierte que la renegociación «no puede extenderse demasiado. La rapidez con la que se llegue a un acuerdo es clave para evitar eventos crediticios más graves con algún tipo de incumplimiento. Por eso no se puede esperar hasta diciembre, hay que empezar a negociar ahora mismo«.
«Lo que necesita Argentina es un perfil de pagos a futuro que sea cumplible, que contemple mayores plazos de gracia para poder salir de la crisis actual y que implique un esfuerzo para compensar el ‘sacrificio’ que se les va a pedir ahora a los acreedores», apuntó Kalos.
«La de Alberto es una frase que se lanza en un contexto de negociaciones», dijo Eric Ritondale, de Econviews. «Podría implicar la sugerencia de que la intención sería primero negociar con privados y despues con el FMI«. A la vez planteó que «si hay menos financiamiento inicial disponible esto podría mostrar que la postura negociadora con los privados podría ser más dura«.
«Creo que dos años de gracia es poco, lo que hay que buscar es más plazo para generar las condiciones para que vuelva el crédito y al mismo tiempo aumentar la posición de reservas del Central a través de la compra de los dólares del superávit comercial». A esto se suma el tema fiscal. «La capacidad para financiarse con emisión y con impuesto inflacionario es acotada. No hay deuda sostenible sin equilibrio fiscal primarioen algún momento», señaló Ritondale.
¿Cuál es el incentivo para que los acreedores acepten una extensión de plazos? «Hoy los bonos argentinos valen 35 centavos por dólar. Los acreedores van a buscar algún tipo de acuerdo para que valgan 60 ó 70 centavos», explicó Ritondale. «Hay que ver cuál es el instrumento que se ofrece. Con una quita nominal muy alta y sin un plan fiscal no va a ser exitoso el canje. Lo que el nuevo gobierno va a buscar es converger a un superávit primario de 2% en un plazo de dos o tres años».
Para Nery Persichini, de GMA Capital, lo que el presidente electo indica con sus declaraciones «es que tiene voluntad de pagar. Y pide tiempo para cumplir«. Del lado de los acreedores Persichini remarca que lo que más ruido genera es que aún no se haya definido quien será el ministro del área porque de este modo no tienen un interlocutor confiable. Y advirtió que «de parte de Alberto Fernández hay una confianza desmedida en el crecimiento como herramienta para poder pagar la deuda, pero no parece tener tan presente la necesidad de generar ahorro fiscal. Con un diagnóstico correcto Argentina podría solucionar esto como si fuera un problema de liquidez y no de solvencia», informó Clarín.