Como se sabe, Arcioni envió a la Legislatura para su aprobación el proyecto de autarquía presupuestaria de los Poderes Judicial y Legislativo, aduciendo que de esa manera facilitaría la «autonomía» y la «independencia» de ambos poderes del Estado.
Mañana lunes el ministro de Economía Oscar Antonena debía responder en teleconferencia las preguntas de los legisladores sobre el proyecto en cuestión y revelar los números reales de la crisis financiera de Chubut. Sin embargo, logró una postergación y recién dará respuestas el próximo martes 26 de mayo.
Un análisis minucioso efectuado por El Extremo Sur del proyecto de autarquía permite concluir que tal como está planteado apunta a la transferencia de la crisis económica y financiera a ambos poderes. De alguna manera intenta privatizar a los otros dos poderes del Estado, obligándolos a conseguir los fondos necesarios para su funcionamiento y el pago de los sueldos a través del endeudamiento en el mercado financiero.
El proyecto del gobierno de Arcioni no se conforma solamente con traspasar la crisis económica a los otros poderes, sino que además los insta a aplicar un ajuste de los gastos en cada uno de esos dos poderes para adecuar sus funcionamientos.
Puede inferirse que el objetivo de Arcioni se centra en encorsetar al Poder Judicial para que el mismo quede atado de pies y manos en su accionar, posibilitando un gobierno donde todo el poder recaiga sobre el Ejecutivo y limite el desenvolvimiento de los otros dos poderes del Estado chubutense.
Críticas desde la Justicia
El gobernador Arcioni argumentó que con la autarquía «Chubut ha dado un paso importantísimo que se venía reclamando desde hace muchísimos años». Luego pidió llamativamente a los miembros del Poder Judicial que no abran el debate en los medios de comunicación porque «la discusión se debe dar en el lugar que corresponde, con los diputados en la sesión, donde se escucharán las propuestas, los debates y sugerencias de cada uno de los legisladores».
«Hemos presentado los dos proyectos, tanto para el Poder Judicial como para el Legislativo y reitero, es un paso importantísimo para la Provincia el poder lograr la autonomía para cada uno de los poderes del Estado», señaló el primer mandatario provincial sobre el proyecto que mañana tenía que defender ante los legisladores el ministro Antonena. Por ahora eso no sucederá.
Las críticas y rechazos desde el Poder Judicial se desencadenaron apenas se supo de la propuesta gubernamental. Tanto el Superior Tribunal de Justicia como la Asociación de Magistrados y el sindicato de empleados judiciales cuestionaron el proyecto de Arcioni.
El presidente del Superior Tribunal, Mario Vivas, fue quien lanzó los cuestionamientos más contundentes al proyecto de Arcioni. A través de una carta remarcó que «No se trata de un proyecto de Autarquía Financiera, sino del diseño para el desmantelamiento de un Poder del Estado, una rama completa del sistema constitucional de gobierno. Además, está defectuosamente diseñado, tanto desde el punto de vista técnico como desde el operativo y el político».
Apuntando a los déficits técnicos, Vivas señaló que «vale señalar que el concepto de rentas generales es extremadamente vago, cuando sabido es que la base de recursos debe contener definiciones claras y precisas. Ello, sin dejar de lado que dichos recursos llegan exhaustos por compromisos previos».
Luego enfatizó que «Se pretende hacer ver, engañosamente, que se beneficiará al Poder Judicial otorgándole el manejo de un porcentaje determinado del Presupuesto, pero la medida carece de sustento fáctico, porque los fondos presupuestarios son inciertos y sobre los mismos tampoco hay una rendición pública precisa».
Seguramente por eso el presidente del STJ puso el acento en que «con este proyecto lo que busca el gobernador es sacarse de encima la responsabilidad del pago salarial del personal del Poder Judicial».
Los ejes de la presunta «autarquía»
A priori el concepto de autarquía e independencia financiera de los poderes Judicial y Legislativo podría ser conceptualmente correcto en condiciones normales para no depender de los vaivenes del Ejecutivo. Sin embargo, está claro que no existen condiciones «normales» en una provincia desquiciada por la deuda y la falta de conducción política como Chubut. Con la crisis crónica imperante desde 2018 la propuesta se convierte en inviable.
Por un lado, buscaría transferirles a los otros dos poderes del Estado la responsabilidad de administrar la crisis en sus aristas políticas y financieras, en una provincia que tiene dos meses de atrasos salarial y no cubre los gastos de funcionamiento de los distintos estamentos estatales.
Por el otro, se desliga de la responsabilidad de hacer funcionar los otros dos poderes y pone en mano de ellos la decisión de ejecutar los presupuestos y cómo conseguir los fondos para su desempeño.
Uno de los aspectos más preocupantes del proyecto es la transferencia de responsabilidades esenciales del Estado. Podría afirmarse que de alguna manera «privatiza» -mediante el traspaso a estamentos del Estado con una capacidad de recaudación prácticamente nula- el desempeño del Poder Legislativo y Judicial. Por si fuera poco, fragmenta y rompe la cohesión del Estado sobre la base de la autarquía y la posibilidad de administración de recursos.
Buscando paralelismos de estos cambios, podrían equipararse a la transferencia de los servicios públicos de Salud y Educación del Estado Nacional a las Provincias, claro que sin aporte de recursos ni capacidad objetiva de recaudación.
Más todavía, el proyecto de Arcioni abre con vistas al futuro una fuerte incertidumbre respecto del funcionamiento de ambos poderes del Estado, ya que los dejaría librados a las variables del mercado -como la recaudación por regalías petroleras-, el endeudamiento y la obtención de rentabilidades extraordinarias sobre las operaciones financieras.
El proyecto faculta a los poderes Judicial y Legislativo a la emisión de endeudamiento bajo la garantía de sus propios ingresos, con la finalidad de concretar obras de infraestructura y utilizarlos para gastos de capital. Además les otorga la facultad de obtener una «renta» en base a las «operaciones financieras» que se puedan efectuar.
El articulado elaborado por el Poder Ejecutivo contiene dos puntos alarmantes que implican una extrema gravedad, ya que el endeudamiento se formula como lógica de ampliación de ingresos, la intervención en los mercados financieros para hacerse de recursos extraordinarios y habilita la posibilidad de que cada uno de los otros dos poderes puedan «modificar» o «readecuar» su planta de personal.
Esto último llevaría a la reducción o readecuación de la planta de personal de ambos poderes, incluyendo la posibilidad de reformular los escalafones y categorías para reducir los gastos en personal.
¿Cuánto se quiere repartir?
El proyecto de autarquía en sus implicaciones financieras estipula la distribución del 7,46% de los ingresos corrientes de la provincia para el Poder Judicial y el 2,30% del mismo rubro para el Poder Legislativo.
Inclusive disminuye levemente el porcentaje de los ingresos corrientes para el Poder Judicial (de los 7,64 puntos porcentuales actuales decrece a los 7,46 propuestos) y en paralelo eleva mínimamente el del Poder Legislativo (pasando de 2,06 puntos porcentuales a los 2,30).
Analizando lo acontecido con los proyectos de presupuesto elaborados por el Poder Ejecutivo, se observa que en 2018 al Poder Judicial le correspondió el 8,38% de los ingresos corrientes y al Legislativo el 1,80%.
En 2019, al Poder Judicial le correspondió 6,09% y al Legislativo 1,77%. Para este 2020 el presupuesto presentado estipuló que 7,64% de los ingresos corrientes fueran destinados al Poder Judicial y 2,06% para el Poder Legislativo.
Si bien no está especificado el volumen de los fondos a distribuir de las rentas generales, el proyecto menciona claramente que no estarán incluidos para el reparto presupuestario entre ambos poderes «aquellos recursos que tengan afectación específica fijada por ley y los remanentes financieros».
En ese caso es posible interpretar que en la actualidad quedarían fuera de los ingresos corrientes a distribuir los fondos destinados por el Estado provincial al pago de los salarios del personal de la Salud, que cobra junto al primer rango producto de la Emergencia Sanitaria recientemente transformada en ley.
Entre los fondos que no serían distribuidos deberían incluirse los destinados al pago de las amortizaciones e intereses de la duda en dólares, ya que la emisión de los mismos fue aprobada por leyes provinciales e incluyen la «cesión» de las regalías hidrocarburíferas para la cancelación de los vencimientos.
Estas consideraciones complican el cálculo del monto total de ingresos corrientes de la provincia a distribuir y cuáles quedarían disponibles para ser repartidos en los porcentajes establecidos por el proyecto.
El articulado no menciona ni específica cuáles son las leyes que bloquearían ingresos corrientes para ser distribuidos: por lo que no es posible establecer el monto certero y deja a los poderes afectados en un clima de incertidumbre.
Recorte de fondos para la Justicia
Cuando se analizan los presupuestos de los últimos tres años, se observan oscilaciones relativamente importantes en los fondos destinados al Poder Judicial. Se hace evidente una merma significativa en 2019 y una leve recuperación en 2020, pero ni siquiera se logró equiparar los porcentajes de 2018. Esas mismas bajas y subas se reflejaron en los sectores de la Salud y la Educación pública.
Para este año 2020 el Poder Ejecutivo proyectó un presupuesto para el Poder Judicial de 7.704 millones de pesos y para el Poder Legislativo lo estableció en 2.072 millones de pesos.
Eso significó un incremento de 103% para la Justicia respecto de lo presupuestado en 2019 y de 88% en el caso de la Legislatura. Vale tener en cuenta que respecto de 2018 en 2019 la variación había sido del 31% de aumento para el Poder Judicial y del 78% en el caso del Legislativo.
Si se aplicaran los porcentajes establecidos por el proyecto de autarquía, siempre y cuando se mantuviesen los valores de ingresos corrientes presupuestados para 2020, la pérdida de presupuesto para el Poder Judicial ascendería a los 182 millones de pesos anuales (15 millones de pesos mensuales). Para el Poder Legislativo se produciría un aumento de 247 millones de pesos (20,5 millones de pesos mensuales).
Por estas consideraciones y otras surgidas como cuestionamientos explícitos desde la oposición, habría que pensar que el proyecto de autarquía de Arcioni tendrá serias dificultades para su aprobación en la Legislatura, más allá de haber pasado para su análisis a comisión.
El propio vicegobernador y presidente de la Legislatura, Ricardo Sastre, enfatizó que «hay momentos para plantear la autarquía. Nosotros hemos leído el proyecto y hoy sería muy difícil de cumplir desde el Legislativo y del Judicial porque los fondos no están».
