En la fiscalía de Comodoro, en donde los abogados Gastón Bordier y Cintya Castro denunciaron penalmente al polémico ministro de Seguridad Federico Massoni y a otros funcionarios del gobierno de Mariano Arcioni; no ven descabellado imputar a los hermanos Miguel y Paulino Gómez por el rol funcional que presuntamente tuvieron en todos los delitos que se habrían cometido contra la población de Chubut y el Estado, durante los primeros meses de la cuarentena por el Covid 19.
De hecho estaría casi plenamente probado que ellos fueron el brazo ejecutor de las órdenes que daba Massoni obedeciendo y haciendo obedecer sus resoluciones.
Paulino Gómez, el director de Seguridad de la policía, por ejemplo, es el que en ese polémico audio de Whatsapp que se filtró los primeros días de abril, le pedía a un subordinado suyo de Trelew que mandara a meter “gente en cana” para complacer supuestamente a Massoni.
Por ese audio, hoy Paulino Gómez debería estar procesado, pero en la fiscalía de Rawson tienen todo frenado. Ni siquiera han pedido turno para la audiencia en la que deberían solicitar la apertura de la causa penal.
El mismo Bordier en declaraciones periodísticas realizadas después de denunciarlo a Massoni, el miércoles a la mañana en la fiscalía del doctor Héctor Iturrioz, dijo que si en la plana mayor de la policía del Chubut obedecieron las resoluciones del controvertido ministro cometieron también delito y como tal deberían responder ante la Justicia.
Miguel Gómez, el jefe de Policía, en tanto, tuvo mucho protagonismo en las mentiras que se dijeron con aquella famosa “ventana” por la que dejaron entrar a la provincia 300 vehículos sin ningún control y cuando se relajó la policía en el monitoreo del cumplimiento de la cuarentena, quizás, respondiendo a un capricho de Massoni, enojado por el fallo que respaldó el “habeas corpus colectivo” presentado por las organizaciones de Derechos Humanos, con el que se evitó que se siguieran cometiendo todo tipo de excesos y detenciones ilegales contra los supuestos infractores a la cuarentena.
Así como están las cosas, los Gómez deberían irse buscando algún abogado que los asesore. Como ya lo hizo Massoni el otro día, consultando a un conocido estudio jurídico de Comodoro y a otro de la Capital Federal.
Dicen algunos de sus varios detractores que el polémico funcionario habría buscado asesoramiento para saber cómo podía zafar de las causas penales por las que tendrá que ir seguido a tribunales y que le habrían contestado que eludir la acción de la Justicia iba a ser imposible.