Recomendados por algunos amigos llegaron a mis manos dos artículos. Uno de CEPAL, con el titulo de este articulo, y el otro una publicación del actual ministro de economía de la Nación – Martín Guzmán – en Project Syndicate, una columna de opinión en la que analizó la situación de la deuda y los efectos de la pandemia en la economía global.
Guzmán, termina el articulo, en mi traducción, “Tal como están las cosas, la pandemia probablemente dejará a varios otros países con una deuda en dificultades que deberá resolverse para asegurar una recuperación económica. Pero muchos de estos países carecerán de la capacidad del gobierno argentino para garantizar la igualdad de condiciones para las negociaciones. En el contexto habitual de poder asimétrico, estos gobiernos enfrentarán demandas irrazonables de los acreedores. Tendrán que mantenerse firmes para defender los intereses de las personas a las que representan. Para darles una oportunidad de luchar, debemos instituir un marco internacional para mitigar los desequilibrios de poder económico que tan a menudo dejan a los países endeudados en peor situación.”
En ese párrafo son varios los mensajes a considerar y su correlación en la situación provincial. Al menos dos en los que es necesario centrar la atención:
Por un lado, las deudas agobian a los países y los dejan sin oportunidad para recuperarse económicamente y decimos, también a las provincias las dejan sin posibilidad de recuperación; la asimetría del poder hace que aparezcan demandas irracionales y los negociadores dejan de defender los intereses que representan, y decimos, las provincias admiten exigencias que no podrán cumplir porque pierden el eje de lo que defienden. Y por el otro y tal vez más importante, se debe instituir un marco internacional que mitigue los desequilibrios del poder económico y nosotros consideramos que en las provincias, el poder económico se ha apropiado de sectores políticos, a través de los financiamientos de campañas (no declarados) que se constituyen en verdaderos condicionantes para la acción publica, y en algunos casos, casi extorsivos en virtud del poder que han concentrado en la explotación de los recursos naturales y sus cadenas de valor, constituyéndose en los verdaderos decisores de las políticas en función de sus intereses particulares y no del interés colectivo.
Y como muestra de esta realidad, en los mismos días que se publicaban ambos artículos y casi simultáneamente, se informaba que le pagaron a los bonistas que aceptaron la reestructuración de Chubut, un generoso “premio” equivalente a 50 puntos sobre el saldo de deuda que implica una suma que supera los U$S 3 millones. En ese marco de hechos, la recomendación de Guzmán y la sentencia de CEPAL aparecen con claridad y adquieren, una vez más, contundente realidad.
En el caso de nuestra provincia, el poder asimétrico en las negociaciones, agravada por las deficiencias en el proceso de negociación, determinaron demandas irrazonables de los acreedores, falta de firmeza en la defensa de los intereses de las personas que se representaban y consecuentemente un resultado que generará dificultades para resolver la indispensable recuperación económica que permita mitigar los desequilibrios, que como pasa en el mundo, se traducen en desigualdad y restricciones al desarrollo.
El texto citado, “La ineficiencia de la desigualdad”, describe con mucha crudeza, que la situación que se vive hoy, mas allá de la pandemia, demuestra la incapacidad de los gobiernos, las empresas y la dirigencia en su casi totalidad, para entender que mientras persista una distribución inequitativa de los ingresos y la riqueza, mientras ese 1 % de la población mundial concentre lo que le falta para subsistir a casi un 50 % de la población, resultará imposible superar el problema mas acuciante de la población que es la pobreza y el hambre enmarcadas en la impotencia que generan vergonzantes diferencias de oportunidades y de libertad.
Y que esa incapacidad para garantizar condiciones mínimas de vida, también se exterioriza en la desigualdad presente, en las acciones discriminatorias del acceso a las políticas sociales que compensen los efectos de esos procesos, que persista la desigualdad en el acceso al conocimiento, a la imposibilidad de adquirir habilidades y destrezas para emprender proyectos de vida sostenibles, a las dificultades en el acceso a los servicios básicos que son derechos humanos, a restringir la democracia y la participación activa de actores y actrices en el poder y a un sinnúmero de desigualdades que hay que eliminar, como requisitos indispensables para mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades y la felicidad de quienes las integramos.
Esa descripción puede adaptarse a nuestro país, pero muy especialmente a nuestra provincia.
Durante los últimos cuatro años pre-pandemia tanto a nivel nacional como provincial aparecieron claros indicadores de cómo se desmantelaron las coberturas y atenciones que permitían compensar las desigualdades -medicamentos para adultos mayores, suspensión de la jubilación de amas de casa, etc.– o, como paso en Chubut, instrumentaron supuestos compromisos a sabiendas que no lo cumplirían, ejecutando los ajustes a partir de imposiciones cotidianas, como por ejemplo; comprometer paritarias incumplibles, postergar por mas de dos meses el pago de salarios, el incumplimiento de la obligación legal del pago de aguinaldos, suspensión de paritarias por más de un año con inflación superior al 30%, servicios públicos básicos inaccesibles para los sectores vulnerables a partir de eliminar las tarifas sociales, incumplimiento del pago a proveedores del Estado especialmente a las pymes locales, el incumplimientos de los días de clase que establece la Ley de Educación, la ausencia de propuestas para el acompañamiento de los sectores productivos, y podríamos seguir enumerando.
En la provincia el impacto no fue solo económico, sino que vemos un claro aumento de la anomia social, pérdida de confianza ciudadana en sus gobernantes, con una degradación de la acción publica por incumplimiento de los contratos sociales, privilegiando sectores económicos concentrados, abandonando las gestiones que pudieran modificar esa realidad. Y tristemente, la ciudadanía no hace distinción, mide con la misma vara a la totalidad de los responsables institucionales. Los partidos políticos postergan sus elecciones o recortan la participación a un grupo reducido que garantice el statu quo, y la democracia, en niveles mínimos de calidad, por no resultar más catastróficos aunque no menos realistas.
¿Y entonces nos preguntamos? ¿Qué le preocupa a la ciudadanía de Chubut hoy? ¿Qué transformaciones está reclamando la ciudadanía para poder salir de la crisis profunda en la que estamos inmersos? Quienes son las y los dirigentes que cuentan con la confianza de la ciudadanía para llevar adelante ese proceso? ¿Hay conciencia en la dirigencia que las brechas de desigualdad que caracteriza a Chubut generan una ineficiencia que impide salir de la crisis? ¿Son consientes que no hay crecimiento de las actividades mas importantes en los últimos cinco años? ¿Cómo generar una acción política sólida que induzca a los sectores privilegiados a comprender que se requiere un proceso de redistribución de la renta provincial?
Hoy el gobierno de Chubut invita a participar a algunas instituciones o referentes de mesas de trabajo para conocer o evacuar las dudas de un proyecto de Ley que regularía y/o desarrollaría la minería en la provincia, y entonces, a las preguntas del párrafo anterior le agrego algunas otras. ¿Qué entiende el gobierno por un proceso participativo? ¿ se puede acotar la participación solo a los sectores que están de acuerdo con el gobierno? ¿Cómo se construye el consenso si solo le pregunto su opinión a los que van a contestar lo que el gobierno quiere escuchar o versiones edulcoradas de la misma? ¿La discusión no debiera ser por todos los recursos naturales disponibles en nuestra provincia? ¿Bajo qué modelo de ordenamiento territorial, de desarrollo, político e institucional, se conforman estas mesas?
Son muchos los interrogantes, y nadie individualmente puede tener todas las respuestas.
Obtener las respuestas representativas del conjunto chubutense, sería un camino en el marco de una construcción colectiva, que consensue el diseño y la instrumentación de políticas públicas que permitan iniciar el proceso de una recuperación transformadora basada en un conjunto de acciones que coadyuven al crecimiento de nuestro producto bruto geográfico aumentando el valor agregado en el territorio, que ese incremento permita mitigar la desigualdad, a partir de un conjunto de programas masivos de inclusión social y todo esa actuación se ejecute en el marco de un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible.
Es el principio para lograr en Chubut una recuperación transformadora.
Por: Gabrile Dufour
Fuente: Mil Patagonias