Las audiencias que se llevan a cabo en la Oficina Judicial de Rawson en el juicio oral y público por la causa “Revelación” se han convertido en extensas debido las largas exposiciones de las partes en la etapa de los alegatos.
La complejidad de los hechos investigados, la gran cantidad de pruebas exhibidas, los numerosos testigos que desfilaron, la cantidad de imputados y la variedad de imputaciones, hace que en estos días los jueces que integran el Tribunal intenten acelerar el proceso. Pero se encuentren enfrente con pedidos de más prórroga de tiempo por parte de algunos defensores que necesitan analizar con mayor profundidad la línea argumental a exhibir como conclusión final de sus posturas.
Esto hizo que cerca de las 20.30 del miércoles pasado, al intentar organizar las próximas jornadas, los jueces coincidieran en no dar más prórroga a algunos defensores y confeccionaran un listado con el orden de las exposiciones. “No aceptaremos más dilaciones”, indicaron. Fue tras los alegatos de los abogados Fabián Gabalachis (defensor de Diego Correa y Pablo Oca) y de Carlos Villada (defensor de Alejandro Pagani).
Citaron además a todas las partes a continuar a las 14.30 del jueves santo. A su turno y tal como lo ha venido argumentando en los últimos debates en los que le ha tocada participar en causas contra la administración pública, el abogado Gabalachis cuestionó una vez más la gura penal de la asociación ilícita.
Luego el defensor de Alejandro Pagani, entre otros conceptos cuestionó la investigación respectos de la lo que a su criterio son deficiencias en cuanto a la descripción de los hechos.
“Los fiscales hablan de cheques y de empresas, pero nada dicen en referencia a las obras ejecutadas y los lugares donde se hicieron”, ejemplificó. Destacó que su cliente no tenía injerencias en los pagos y que las pruebas en su contra “son forzadas y mero maquillaje”.
En las primeras horas de la tarde de este jueves fue el turno del experimentado abogado de Trelew Emilio Galende. Deende a Víctor Cisterna, considerado como una de las cabezas de la presunta asociación ilícita cuando ocupaba su cargo de Ministro de Economía de la Provincia.
Concierto
Calicó a la investigación como “un concierto de indicios incomprobables” preguntándose si su cliente, “puede enriquecerse ilícitamente con un sobresueldo de 30.000 pesos”.
A lo igual que sus antecesores, Galende pidió también la absolución para su cliente.
Luego fue el turno de Jorge Rubiolo, defensor de Martín Bortagaray. Dijo que se cliente “no formó parte de una asociación ilícita”. Citó dichos de varios testigos que a su entender benefician a su cliente, entre ellos aquellos que daban cuenta de que Bortagaray cumplía órdenes y que esta conducta “no alcanza para ser parte de una asociación ilícita” ya que ese tipo penal “reúne muchas más condiciones”. Dijo que tampoco fue parte de los cinco casos de “cohechos” que le imputan al ex funcionario. Cuestionó también a los fiscales por no haber investigado a otros funcionarios que figuran en la lista de renombrada Lista de Luters cobrando sobresueldos.
