El sistema ferroviario argentino enfrenta ajustes y sospechas de preprivatización.
En medio de cierres de ramales, suspensión de servicios y fallas operativas en distintos puntos del país, un informe de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral alertó sobre una presunta estrategia de “preprivatización” del sistema ferroviario nacional.
Según el trabajo, el Gobierno sostiene una doble política: ajuste estructural y reducción de personal, mientras destina recursos para mantener operativas las líneas y volverlas atractivas para futuros interesados. La información se extrajo de C5N.
Una política ferroviaria dividida entre el ajuste y la inversión
De acuerdo con el estudio “Trenes Argentinos hoy: entre el ajuste y la puesta a punto para la privatización”, la administración de Javier Milei mantiene como objetivo declarado la privatización de todas las empresas ferroviarias públicas, en continuidad con procesos iniciados décadas atrás.
Esa hoja de ruta, indican los especialistas, no se limita a la reducción de costos. La declaración de la Emergencia Ferroviaria mediante el DNU 525/24 permitió habilitar partidas específicas y acelerar contrataciones destinadas a evitar un colapso operativo. Esta dinámica, sostienen, responde a una lógica que busca preservar valor para potenciales inversores privados.
Emergencia Ferroviaria y reasignación de recursos
Tras el choque en Palermo del 10 de mayo de 2024 —que dejó más de 90 heridos— se justificó una inversión pública cercana a $1,29 billones para sostener los servicios y realizar reparaciones urgentes. Al comparar la reducción presupuestaria del primer semestre de 2024-2025, el conglomerado ferroviario tuvo una caída real de apenas -1,85%, frente a un recorte del 83% en el resto de las empresas estatales.
Para 2025, el sector pasó a absorber tres de cada cinco pesos destinados a empresas públicas, lo que permitió continuar obras puntuales, especialmente en el AMBA, aunque sin una planificación nacional integral.
Suspensiones, caída de pasajeros y recorte de personal
En paralelo al sostenimiento económico, se profundizó la reducción estructural del sistema. Más de una docena de servicios interurbanos fueron suspendidos, afectando conexiones con destinos como Mendoza, Tucumán y Bahía Blanca, lo que derivó en una baja del 23% de pasajeros de larga distancia durante el primer semestre de 2025.
Los trenes metropolitanos tampoco quedaron al margen: la merma fue del 7%, en un contexto de incidentes recurrentes, descarrilamientos y mayor presión sobre la flota.
La reducción de personal llegó al 15% del total del sector entre 2023 y septiembre de 2025. La Operadora Ferroviaria (SOFSE) explicó la mayor parte de ese recorte, con la salida acelerada de trabajadores con décadas de experiencia y técnicos jóvenes que no encuentran posibilidades de desarrollo. Este ajuste implicó una baja del 31,9% en los gastos corrientes respecto de 2023.
Inversiones focalizadas y avance privatizador
El esquema de inversiones de emergencia se concentra en el AMBA, apuntando a mejorar seguridad y operación. El informe describe esta intervención como una “puesta a punto preprivatizadora”, donde conviven la suspensión de servicios, la reducción de salarios reales y el achicamiento de la planta con mejoras puntuales que valorizan los activos públicos.
La iniciativa privatizadora más avanzada es la correspondiente a Belgrano Cargas y Logística (BCyL), empresa que atraviesa zonas de alto valor estratégico y ha recibido cuantiosas inversiones estatales. Grandes jugadores del agro y la minería ya demostraron interés en quedarse con su operación.
Un futuro ferroviario sin definición nacional
Para la Fundación, la Emergencia Ferroviaria cumple un doble rol: garantizar los servicios mínimos indispensables y mantener los ingresos necesarios para conservar la infraestructura, a la vez que se la vuelve “comprable”. Sin embargo, advierten que invertir en partes aisladas del sistema, sin una política ferroviaria nacional y sostenible, representa un riesgo de fragmentación.
El trabajo concluye que el escenario actual podría desembocar en una nueva “desarticulación” del mapa ferroviario, similar a la que vivió el país durante los años ’90, con efectos profundos sobre el transporte regional, la conectividad y la estructura productiva.