Los hechos ocurrieron en el colegio Barrio Ejército de Los Andes, en la localidad sanjuanina de Rawson, donde durante tres jornadas consecutivas, por advertencias de bomba, se obligaron a suspender las clases y activar protocolos de seguridad. Este viernes, la policía confirmó la detención de un joven de 20 años identificado como Axel Muñoz, quien ya tenía antecedentes penales.
La investigación reveló que Muñoz no habría actuado solo. Dos adolescentes también fueron vinculados a los hechos, entre ellos un menor de 17 años que quedó a disposición del Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia. La participación de los jóvenes se confirmó tras una serie de allanamientos realizados en la zona. De acuerdo con LA17.
Durante los procedimientos, los agentes incautaron una docena de teléfonos celulares. El material tecnológico quedó bajo análisis para determinar desde qué dispositivos se originaron las llamadas intimidatorias. La fiscalía señaló que esos elementos serán decisivos para precisar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.
El historial del detenido volvió a encender la polémica. Muñoz había recibido una condena a tres años de prisión en suspenso por lesiones leves, exhibiciones obscenas, abuso sexual simple y desacato a una orden judicial. Esa sentencia se encontraba vigente cuando se produjeron las amenazas.
Desde el Ministerio Público Fiscal se advirtió que estos episodios no solo generan temor en los estudiantes y sus familias, sino que también movilizan recursos considerables. “Cada amenaza activa operativos policiales, evacuaciones y despliegues de brigadas especializadas”, remarcaron fuentes judiciales.
El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, confirmó que se avanzará en la vía civil. “Las denuncias por daños y perjuicios implicarán una cifra mínima de cuatro millones de pesos”, explicó, al tiempo que recordó que si los responsables son menores, las sanciones recaerán sobre los padres o tutores.
La reiteración de hechos en apenas tres días llevó a reforzar medidas de seguridad en el colegio. Docentes y familias coincidieron en que el impacto emocional en los alumnos exige contención y mensajes claros de que la justicia actuará con firmeza.
