Argentina tiene el 21% del litio mundial, pero produce solo el 5%, un retraso que se explica por la falta de reglas claras e inversiones estratégicas.
Un reciente informe presentado en Buenos Aires encendió las alarmas: Argentina cuenta con el 21% de las reservas globales de litio, pero apenas produce el 5,2%. La brecha evidencia los obstáculos que enfrenta el país para aprovechar uno de los recursos más codiciados en la transición energética.
El estudio, titulado “Litio en Argentina: Cómo atraer buenas inversiones para un mejor futuro”, fue elaborado por Fundación Libertad (FL), la consultora Invecq y el Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE). Basado en entrevistas a empresarios y funcionarios en Catamarca, Salta y Jujuy, el relevamiento identificó vacíos regulatorios, fragmentación provincial y deficiencias en los controles como trabas que desalientan inversiones de calidad.
El documento se presentó en agosto de 2025, durante la Conferencia sobre Minerales Estratégicos e Inversiones de Calidad en el Cono Sur, donde especialistas debatieron cómo proteger a la región de proyectos “perjudiciales”.
Argentina en el Triángulo del Litio
El país integra junto a Bolivia y Chile el llamado “Triángulo del Litio”, que concentra entre el 56% y el 68% de los recursos mundiales. Según la U.S. Geological Survey 2024, existen 559 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE). De ellas, Bolivia posee el 22%, Argentina el 21% y Chile el 10,5%.
A pesar de esa riqueza, la producción no acompaña. Australia lidera con el 47% del mercado, seguida por Chile (24%) y China (17%). Argentina queda cuarta, con solo cuatro proyectos en etapa de comercialización y cinco en construcción, a pesar de contar con medio centenar de iniciativas en desarrollo.
La demanda global de litio se disparó en los últimos años, principalmente por la fabricación de baterías de iones de litio para autos eléctricos y dispositivos electrónicos. En 2022, el 83% del litio producido se destinó a baterías, siendo la electromovilidad el 65% de la demanda.
Actualmente, unas 40 empresas —entre nacionales y extranjeras— operan en el país. De ellas, solo ocho son argentinas y únicamente una es estatal: YPF. Entre los proyectos destacados se encuentran Centenario-Ratones (Eramet, Francia) con una inversión de 595 millones de dólares, Cauchari-Olaroz (741 millones de dólares) y Fénix, adquirido por Río Tinto, que proyecta alcanzar 60.000 toneladas anuales de LCE para 2030.
El problema de la “zona gris” regulatoria
El estudio advierte que la principal limitación es la falta de una ley específica para el litio. Actualmente se rige por normas generales como el Código de Minería y la Ley de Inversiones Mineras.
“La posición general siempre ha sido que la minería necesita grandes inversiones, por lo que no se la debe obstaculizar con regulaciones excesivas”, afirmó Miguel Mitre, presidente de Ligreen S.A., que opera en el Salar de Jama, Jujuy.
El informe señala que esta indefinición crea incertidumbre y desincentiva proyectos a largo plazo. Además, la administración recae en las provincias, generando un mosaico de normas dispares. En Jujuy, por ejemplo, la Ley N.º 5.789 obliga a que la estatal JEMSE tenga al menos el 8,5% de los proyectos, mientras que otras jurisdicciones no imponen requisitos similares.
Otro punto crítico es el régimen de precios de transferencia. La Dirección General de Aduanas fijó en 2024 un valor de referencia de 11,35 dólares por kilo, frente a los 53 dólares de 2022, lo que abrió la puerta a subfacturación. Incluso existen causas judiciales, como la de Livent, por presunta subdeclaración de exportaciones, según informó El Observador.
Capital “constructivo” versus “corrosivo”
El documento distingue entre dos tipos de inversión. El capital “corrosivo” prioriza la rentabilidad inmediata, sin atender al impacto ambiental ni al beneficio local, recurriendo a maniobras impositivas y limitándose a la extracción.
En cambio, el capital “constructivo” promueve estándares ambientales y sociales rigurosos, operaciones transparentes y desarrollo de proveedores locales, asegurando beneficios duraderos tanto para el Estado como para la comunidad.
Recomendaciones para revertir la situación
El informe propone siete medidas centrales:
- Modernizar el régimen fiscal y aduanero con un esquema específico de precios de transferencia.
- Reforzar la Mesa del Litio como articulador entre Nación y provincias.
- Establecer una banda de participación estatal entre 5% y 10% en los proyectos.
- Avanzar en la adhesión plena a la Iniciativa de Transparencia en Industrias Extractivas (EITI).
- Publicar contratos y licencias vinculadas a recursos públicos.
- Crear una estrategia para atraer capital con estándares tecnológicos exigentes.
- Financiar infraestructura mediante alianzas público-privadas.
El documento concluye que el sector crece de manera acelerada, pero su sostenibilidad aún está en juego. Según los especialistas, el verdadero despegue de Argentina en el mercado mundial de litio dependerá de la capacidad para implementar estas reformas.
El desafío argentino frente al litio mundial
Argentina enfrenta una paradoja: mientras concentra el 21% de las reservas globales de litio, solo produce el 5% por falta de reglas claras, coordinación y políticas de largo plazo. Resolver esta brecha será clave para que el país se convierta en un actor central de la transición energética.