El panorama de los derechos humanos en la nación persa alcanza niveles críticos
Según un informe de la ONU, el gobierno de Irán ha intensificado la represión interna desde el inicio de la guerra hace dos meses, utilizando la justicia penal como una herramienta de castigo contra la disidencia. Con procesos acelerados y denuncias de tortura, el número de ejecuciones y detenciones arbitrarias no para de crecer.
Un régimen de ejecuciones bajo cargos de seguridad nacional
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, reveló cifras alarmantes: al menos 21 personas han sido ejecutadas en las últimas semanas. El desglose del informe detalla que nueve de estas muertes están vinculadas a las protestas de enero de 2026, diez a la supuesta pertenencia a grupos opositores y dos por cargos de espionaje.
Bajo la ambigua figura de «delitos contra la seguridad nacional», el Estado iraní procesa a ciudadanos —incluidos menores de edad— sin garantizarles el derecho a una defensa legal de su elección. Türk denunció que las condenas suelen basarse en confesiones obtenidas bajo coacción y tortura, muchas de las cuales son incluso televisadas para generar temor en la población.
Más de 4.000 arrestos y la persecución a minorías
Desde el pasado 28 de febrero, se estima que más de 4.000 personas han sido encarceladas. La represión tiene un blanco específico: las minorías étnicas y religiosas, como los kurdos, baluchis, bahá’ís y zoroastrianos, quienes enfrentan los mayores riesgos de ser condenados a muerte en juicios sumarios.
A esta situación se suma el drama de la Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi. La activista permanece recluida en condiciones extremas junto a delincuentes violentos, y su estado de salud es crítico tras haber sufrido un infarto en prisión. La comunidad internacional sigue con preocupación su evolución ante la negativa del régimen de brindarle asistencia médica adecuada.
Apagón informativo y confiscación de bienes
La estrategia de represión también se traslada al plano económico y digital. Irán cumple 61 días con el acceso a internet interrumpido, lo que representa uno de los bloqueos comunicacionales más largos de la historia moderna. Este apagón no solo silencia voces independientes, sino que agrava la crisis humanitaria al impedir el acceso a información vital.
Asimismo, el gobierno ha iniciado una confiscación masiva de bienes contra 675 ciudadanos, entre ellos 400 residentes en el exterior. Actores, periodistas y atletas son calificados como «traidores a la patria», sufriendo el embargo de sus propiedades como castigo por su postura crítica o su presunta colaboración con grupos hostiles en el marco del conflicto bélico.