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La Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut denunció persecución, allanamientos y detenciones arbitrarias tras las protestas anti megaminería. El juez responsable de la cacería fue Monti, de Rawson.

«El gobierno de Mariano Arcioni elige el camino de la criminalización de la protesta social y la represión para justificar la apertura de la megaminería: allanaron la casa de una de las impulsoras de la Iniciativa Popular», denunciaron.

Agregaron que «luego de las multitudinarias movilizaciones de transcendencia internacional el gobierno se lanzó a la caza de integrantes de asambleas y manifestantes por los incidentes en inmediaciones de la casa de gobierno».

«Previamente los medios hegemónicos de prensa demonizaron al histórico movimiento del No a la Mina calificándolo de “ecoterrorista”. Las detenciones con grupos de fuerzas especiales comandadas por el Ministro Massoni no tienen justificación alguna».

Agregaron que toso esto «Es parte de un circo peligroso y criminalizador para habilitar una actividad que no cuenta con licencia social en ningún punto del territorio provincial», concluyeron. Se informó además que tras los allanamientos hubo detenidos, que fueron identificados y luego liberados.

Seis familias denunciaron irregularidades durante los allanamientos realizados de forma simultánea el pasado lunes 19 de octubre. Tres de ellos manifestaron que irrumpieron de manera equivocada en sus domicilios, ya que las personas buscadas ya no residían allí hace mucho tiempo o directamente nunca lo hicieron.

El Área de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa de Chubut intervino ante las múltiples denuncias de vecinos que sufrieron la violenta irrupción de la policía en sus hogares, en el marco de los 22 allanamientos realizados en forma simultánea en Comodoro, encabezados por el ministro de Seguridad Federico Massoni.

En esa ocasión, “el Ministerio de Seguridad de la provincia viralizó un video donde se mostraba cómo realizaban los allanamientos en los distintos domicilios, y se podía observar claramente la imagen de un niño/a menor de edad atemorizado”, describió Luciana Risso a El Comodorense Radio.

La abogada adjunta de la Defensa Penal del Área de Violencia Institucional expuso que “en razón de eso es que se le solicitó al Ministerio Público Fiscal que informe cuáles eran esos 22 domicilios a fin de poder tomar contacto con esas familias y poder conocer cómo se habían desarrollado esos procedimientos, si habían sido conforme a lo que está estipulado en la norma procesal de nuestra provincia o no”.

“Tomamos contacto con 6 personas que manifestaron distintas irregularidades. Tres casos específicos manifestaron que irrumpieron en su domicilio de manera equivocada”

En este sentido, “tomamos contacto con 6 personas que manifestaron distintas irregularidades, desde la irrupción violenta en horas de la madrugada en sus hogares, con roturas en su propiedad privadas”.

Lo más sobresaliente fue que “tres casos específicos manifestaron que irrumpieron en su domicilio de manera equivocada. El allanamiento en ese lugar sí estaba autorizado pero estaban buscando a otras personas que no vivían ahí, o vivían cerca, o hace años que ya no residían ahí. Hasta el día de la fecha elaboramos dos denuncias de estos allanamientos incorrectos”.

Los damnificados relataron que en los procedimientos fue muy difícil la comunicación con el personal policial, por lo que pasaron minutos sin saber el porqué de la irrupción violenta en sus hogares.

Para la abogada del Área de Violencia Institucional, “si estás buscando un arma no es necesario que rompas los barrotes, las rejas, las puertas, las ventanas, los placares, las puertas de los placares o que amarres a la persona que reside ahí y mucho menos si hay menores de edad”, criticó al respecto de las procedimientos llevados a cabo por Massoni.

Ante esto, “el código procesal es claro cuando dice que en todos los casos en que se realicen allanamientos hay que respetar la dignidad de las personas y la propiedad de esas personas, y que la injerencia debe ser la menor posible”, finalizó.

Fuente: El Comodorense

De acuerdo a los allanamientos realizados recientemente se han producido diferentes denuncias sobre las irregularidades de los procedimientos policiales cometidos en la Provincia del Chubut.

Al respecto, la jueza penal Mariel Suarez, explicó que la función del ministro de Seguridad, Federico Massoni es “diseñar políticas de seguridad, pero no tiene una función policial”.

“Me preocupa la propaganda de la función pública, el show de combatir el delito. Se puede perseguir el delito decentemente, respetando derechos”, dijo.

Sobre lo sucedido, remarcó que “quien está encargado de la seguridad de la Provincia está dando a la sociedad un mensaje peligroso”.

Insistió durante su entrevista con La Cien Punto Uno que “esto tiene que evaluarse con los límites de la ética. En la Justicia no hacemos propaganda de nuestro trabajo. Somos transparentes en la información porque es una obligación, pero no para festejar cuantas condenas tenemos”.

También, aclaró que “los ministros tienen una obligación de transparencia en su función, pero no está relacionado con publicitar su trabajo. Tiene que ver con ser transparente en cuanto a las píticas o contratos por ejemplo”.

Finalmente, la jueza penal Suarez enfatizó que “no quiero entrar en una discusión con el ministro de Seguridad, Federico Massoni porque no me interesa. Me preocupa el desconocimiento del derecho, podría hacer que se plantee la nulidad de un allanamiento. Debemos dar las garantías constitucionales”.

Fuente La Cien Punto Uno

El ministro de Seguridad, Federico Massoni, se refirió a un allanamiento que se realizó en una vivienda por equivocación.

Un vecino relató cómo efectivos policiales armados ingresaron a su vivienda rompiendo la puerta y el portón. Armados y a los gritos, desataron el pánico de los habitantes de la casa, entre los que se hallaba su hija de 8 años. A pesar de su explicación, le dieron vuelta todo y denuncia que nadie se hace cargo por el error.

La persona que buscaban vivió hace dos años en el lugar allanado, personal policial generó destrozos en el lugar.

Sobre el tema el ministro, en dialogo con El Comodorense Radio manifestó “nos pusimos a disposición y nos haremos cargo de todo el gasto de lo que se ha generado por la irrupción que se provocó”

“Se va a reparar todo en forma integra, yo ya he solicitado el numero de teléfono de la persona damnificada para ponerme en contacto y a disposición”

Aclaró que se quiere llevar todo a la normalidad o a la mejor forma en que estaba su vivienda antes de que se diera el allanamiento.

“No debemos perder el objetivo final de todo esto, no es que yo ingrese a un domicilio o no, sino que terminemos con el delito, y que aquellos que delinquen los llevemos ante un juez”, dijo Massoni.

Agregó “en muchos casos me hicieron responsable de este error pero no soy responsable más cuando soy el que tiene que ir y supervisar el trabajo de la policía, hay una contradicción fuerte”.

“Yo estuve afuera supervisando todo”, dijo el ministro en consonancia a las declaraciones de una magistrada que fue la que firmo las ordenes, en donde ella de manera indirecta quiso dar un mensaje “yo lo tome como algo personal, que me quiso dar un mensaje a mi, en un párrafo estableció que prohibía, bajo pena nulidad el ingreso de cualquier civil dentro de los lugares donde se iban a realizar allanamientos”.

Fuente: El comodorense

Los videos del Ministerio de Seguridad de Chubut, siguen sembrando criticas por allanamientos. Esta vez, fue el Ministerio de la Defensa Pública quien indicó en sus redes sociales que intervendrá en el tema a través del área de Violencia Institucional.

Si fuiste víctima de un hecho de Violencia Institucional en Comodoro Rivadavia, podés comunicarte al 2974009624 del Ministerio de la Defensa Pública para recibir asesoramiento.

Las apariciones mediáticas del Ministro de Seguridad encabezando diversos procedimientos y allanamientos levantó la critica de sectores de la justicia. hace unos días atrás quien se pronunció fue la Jueza Penal Mariel Suárez, quien consideró que no es necesaria la promoción y videos de los allanamientos que lleva adelante el Ministerio de Seguridad. Bajo este argumento la magistrada impidió al ministro ingresar a viviendas allanadas. Un hecho institucional que busca ponerle freno a un ministro que busca ganar protagonismo en la agenda publicada cada semana.

Uno nuevo capítulo de esta historia, se abrió en la jornada del último viernes luego de que la Defensa Pública decidió intervenir en el tema. Cabe recordar que la polémica comenzó, al publicitarse mediante las cuentas en redes sociales del Ministerio de Seguridad un vídeo sobre un allanamiento que muestra momentos en que irrumpen en una habitación en la que se observa a una menor aterrorizada por la situación. El video musicalizado y editado para su promoción deja en evidencia como huye de la escena (y trata de resguardarse).

En detalle se pudo observar a una niña en las imágenes, como así también, una desproporcionada utilización de la fuerza en el ejercicio de los allanamientos ordenados.

COMUNICADO DEFENSA PÚBLICA

Al respecto la Defensa Pública de Chubut emitió un comunicado en sus redes sociales:

“A raíz de los 22 allanamientos que se realizaron en forma simultánea en Comodoro Rivadavia (19/10/20) y por las imágenes emitidas por las redes sociales, el Ministerio de la Defensa Pública tomó intervención a través del área de Violencia Institucional.

Desde la Defensa Pública se requirió la información de los domicilios allanados al Ministerio Publico Fiscal para poder tomar contacto con las personas que se encontraban en los allanamientos.

También se tomó contacto con otro vecino damnificado, quien manifestó que lo golpearon en la espalda, le rompieron la puerta de ingreso a su domicilio y otras del interior, y cuando preguntaron su nombre constataron que buscaban a otra persona.

Por las lesiones ocasionadas, el damnificado tuvo que dirigirse al Hospital zonal para hacerse chequeos y se le indicó la realización de una placa y una resonancia magnética.

El área de Violencia Institucional de la Defensoría entrevistó y recepcionó la denuncia al vecino damnificado. Dicha información se presentó por mail a la Fiscalía local. Fue acompañada por evidencias probatorias que respaldaban el testimonio recabado.

Fuente: Mil Patagonias

A raíz de los 22 allanamientos que se realizaron en forma simultánea en Comodoro Rivadavia el pasado 19 de octubre del año en curso, y habiéndose difundido imágenes por las redes sociales, el Ministerio de la Defensa Pública tomó intervención a través del área de Violencia Institucional.

Tomando en consideración la participación activa que ha tenido el ministro Federico Massoni en diversos allanamientos realizados desde que está al frente del Ministerio de Seguridad, no se descarta que sea parte de la investigación, si bien se conoce que por orden de la jueza interviniente, en el caso de los 22 allanamientos no podía tomar intervención alguna en los procedimientos.

Investigación

Desde el organismo judicial advierten que “en detalle se pudo observar a una niña en las imágenes, como así también, una desproporcionada utilización de la fuerza en el ejercicio de los allanamientos ordenados”.

Ante esa circunstancia, desde la Defensa Pública, “se requirió la información de los domicilios allanados al Ministerio Publico Fiscal para poder tomar contacto con las personas que se encontraban en los allanamientos”, indicaron.

Asimismo, “se tomó contacto con otro vecino damnificado, quien manifestó que lo golpearon en la espalda, le rompieron la puerta de ingreso a su domicilio y otras del interior, y cuando preguntaron su nombre constataron que buscaban a otra persona. Por las lesiones ocasionadas, el damnificado tuvo que dirigirse al Hospital zonal para hacerse chequeos y se le indicó la realización de una placa y una resonancia magnética”, afirman desde la Defensa Pública de Chubut.

El área de Violencia Institucional de la Defensoría, “entrevistó y recepcionó la denuncia al vecino damnificado”, y la información se presentó por correo electrónico, “a la Fiscalía local. Fue acompañada por evidencias probatorias que respaldaban el testimonio recabado”.

Ante los hechos conocidos, se recuerda a la ciudadanía que “si fuiste víctima de un hecho de Violencia Institucional en Comodoro Rivadavia, podés comunicarte al Teléfono 297 4009624 del Ministerio de la Defensa Pública para recibir asesoramiento”.

Fuente: El Diario

La jueza Mariel Suárez autorizó los 22 allanamientos efectuados este lunes en Comodoro Rivadavia y efectuó un expreso pedido para que ninguna persona que no tenga función policial, ingrese a las viviendas bajo pena de nulidad. Molesto, el ministro supervisó todo desde la vereda.

El ministro de seguridad de Chubut, estaba acostumbrado -al menos hasta hoy en esta ciudad- a ingresar a cualquier lugar (público o privado) donde toma intervención la policía. Incluso participó en procedimientos de detenciones, cuando esa no es la función de un funcionario político.

Esta vez, el ministro que suele compartir en redes sus entrenamientos con las fuerzas especiales de la Policía del Chubut, tuvo que mirar desde afuera los allanamientos que se realizaron durante las primeras horas de este lunes en el marco de enfrentamientos armados entre bandas antagónicas del barrio Abásolo.

La jueza Suárez, quien autorizó los pedidos fiscales, informó al jefe de la División Policial de Investigaciones (DPI) que quedaba “expresamente prohibido que cualquier persona que NO TENGA FUNCIÓN POLICIAL ingrese a los domicilios BAJO PENA DE NULIDAD (art. 18 y 19 C.N.) lleve adelante el allanamiento y registro domiciliario” de los inmuebles en cuestión.

El ministro tiene su propio equipo de difusión institucional como funcionario provincial y desde temprano publicó imágenes en la red social Twitter, donde llamativamente estaba en la vereda de un inmueble, mientras actuaba el personal policial.

De alguna manera, con esa notificación le marcaron legalmente el terreno al ministro de seguridad porque “no es parte del Ministerio Público Fiscal, ni tampoco tiene estado policial”, apuntaron las fuentes consultadas.

Quienes participaron de los operativos dijeron haberlo visto más que molesto por la contención a la que lo obligó la decisión judicial que debe garantizar “el cumplimiento de todos los recaudos legales y que no se violenten infundadamente las garantías previstas en las Constituciones Nacional y Provincial”, según explica el parte de prensa de la Fiscalía.

Fueron 112 allanamientos en varias provincias. La banda de pedófilos producía y vendía material sexual de menores. La red incluía 35 países. Había más de 200 números de teléfono de Argentina y la pista inicial fue una página web de Berazategui. La investigación duró varios meses.

En la madrugada de ayer se produjeron nuevos allanamientos en el marco de la investigación y desarticulación de una red de pedofilia con alcance nacional e internacional. Hubo 112 allanamientos que fueron llevados a cabo por la Policía Federal Argentina y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

La enorme cantidad de elementos secuestrados por ambas fuerzas fueron obtenidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Corrientes, Formosa, Misiones, Chaco, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Salta, Catamarca, Santiago del Estero y Jujuy. Entre estas provincias, los operativos cubrieron 72 objetivos, algunos de los cuales han quedado bajo reserva del juzgado a cargo debido a razones procesales.

El operativo policial entre la PFA y la PBA denominado “Corona Web” fue realizado durante 48 horas de intenso despliegue territorial y tras una profunda investigación de varios meses encabezado por la división “Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia”.

Ambas fuerzas lograron desarticular una red internacional que producía y comercializaba pornografía infantil.

Este operativo se produjo en el marco de la profundización y profesionalización de los trabajos para desmembrar organizaciones relacionadas con el delito complejo, tal como ha ordenado a las fuerzas federales la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic y como se ha avanzado en el trabajo conjunto entre fuerzas federales y jurisdiccionales. Además, tal como ha manifestado la titular de la cartera en cada Consejo de Seguridad Interior, es en trabajo articulado entre Nación y Provincias, así como en una fuerte vinculación con el trabajo del Poder Judicial que se puede lograr enfrentar al crimen organizado y desestructurar su capacidad delictiva.

La PFA y la PBA realizaron una enorme cantidad de allanamientos en varios lugares del país. Fueron llevados a cabo tras investigaciones que comenzaron meses atrás a través del análisis de una página de Internet –cuyo origen estaba en Berazategui, provincia de Buenos Aires-, donde las y los trabajadores de las fuerzas de seguridad lograron determinar su continuidad de grupos de WhatsApp, compuestos por participantes de 35 diferentes países, entre ellos, Estados Unidos de Norteamérica, México, Perú, Colombia, España y Argentina.

En dichos grupos, las y los participantes compartían mensajes y archivos de pornografía, contenidos para adultos e intercambio de contenidos gráficos relacionados con el abuso sexual de menores de edad a través de imágenes y videos.

Fue así que la División de Delitos Tecnológicos de PFA y la Dirección Criminología y Victimología de la PBA pudieron reconocer a diez grupos de éstos. A partir de ello iniciaron el rastreo a través de las empresas de telecomunicaciones, de la consulta de bases de datos institucionales, de los aportes del Registro Nacional de las Personas y de una importante actividad de detección de los perfiles de usuarios en fuentes abiertas.

A raíz de ello, las y los investigadores de ambas fuerzas comprobaron la existencia de más de 200 números telefónicos pertenecientes a usuarios radicados en Argentina. Por este motivo, la UFI N° 1 Descentralizada Berazategui, Departamento Judicial de Quilmes, a cargo del Dr. Ernesto Ichazo, Secretaria del doctor Rafael García ordenó realizar más de 112 allanamientos en las provincias enumeradas al inicio de este informe y que incrementa los informados por esta cartera de Seguridad de la Nación durante el día de ayer.

Como resultado de los procedimientos, se identificó a una parte importante de los 212 números telefónicos partícipes de los grupos de producción, circulación y consumo de pornografía infantil que, además de motivar los allanamientos, quedaron supeditadas a la causa.

En ese marco, se secuestraron gran cantidad de notebooks, cámaras fotográficas digitales, discos rígidos, pendrives, tablets, netbooks, tarjetas de memoria y teléfonos celulares, además de material pornográfico infantil producido por los involucrados.

Las investigaciones fueron realizadas en conjunto entre las divisiones de la PFA mencionadas, las Agencias Regionales, el Departamento INTERPOL y la policía de la Provincia de Buenos Aires. Resta ahora aguardar cómo seguirá la investigación.

Personal de la Brigada de Investigaciones allanó tres domicilios en donde recuperó elementos robados el 5 de agosto en una vivienda del barrio San Isidro Labrador.

Los comandados por los comisarios Andrés García y Pablo Lobos realizaron un detallado informe con imágenes de cámaras de seguridad privada y tras recibir entrevistas de testigos lograron identificar a los sospechosos del robo.

De esa manera, este miércoles la funcionaria de Fiscalía, Belén de la Canal, solicitó tres órdenes de allanamiento que fueron liberadas por el juez de turno en Federicci al 1600, 10 de Noviembre y San Francisco de Asís y en San Francisco de Asís al 1500.

Como resultado de las diligencias, según informaron las fuentes policiales, se secuestraron varios cartuchos de bala de diferentes calibres, una consola Play Station 3 con sus respectivos controles y el vehículo que se habría utilizado para cometer un robo: una Pick Up Chevrolet S-10.

El vehículo fue trasladado al corralón policial ubicado en Km 4, quedando a disposición de la Justicia. Las diligencias contaron con la colaboración también de la Guardia de Infantería, informó El Comodorense.

Fue por una causa en particular y tuvieron que pedir ampliación para secuestrar elementos vinculados a otros robos.

Este jueves por la mañana, la División Policial de Investigaciones de Esquel llevó a cabo tres diligencias de allanamiento y registro domiciliario en la localidad de Trevelin por un robo ocurrido entre el 11 y 12 de julio.

La particularidad del procedimiento fue que, en uno de los domicilios, se tuvo que pedir una ampliación porque se encontraron elementos denunciados como robados pero de otras causas.

En el primer allanamiento, un domicilio del barrio Malvinas Argentina se secuestraron cartuchos a bala y fue ahí donde se advirtieron los otros materiales, que también fueron incautados: un cargador de batería color roko marca Toyaki modelo TK-CB50 y una motosierra marca Echo sc-600 color naranja.

Las diligencias fueron autorizadas por el juez penal Dr. Jorge Criado; mientras que la ampliación la autorizó el juez de turno Dr. Ricardo Rolón.

En los procedimientos se contó con la colaboración de la División de Asuntos Rurales a cargo del Subcomisario José Miñan; personal de la Comisaría de Trevelin y Comisaría Seccional 1° de Esquel, señaló Red 43.

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