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La Defensa Pública, la Comisión de Lucha Contra la Impunidad y Por la Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la última en sumarse con un tercer habeas corpus, lograron derogar las normas provinciales que consideraron abusivas.

«Estas normas derivaron en detenciones ilegales a ciudadanos que realizaban actividades habilitadas por el decreto 297/2020; apremios ilegales por parte de agentes de la policía al momento de las detenciones; secuestros de vehículos que estaban habilitados para circular; amenazas, hostigamientos, y propagación de covid-19 a raíz de las detenciones ilegales», resumió la secretaría que conduce Horacio Pietragalla en el escrito al que accedió Página 12.

Sin embargo, una fuente oficial explicó que esto no es respuesta suficiente al habeas corpus presentado, ni tampoco debería impedir que declaren los testigos, víctimas de estos abusos, presentados por las autoridades nacionales y la Comisión contra la Impunidad.

Por la tarde, luego de un cuarto intermedio fue el propio ministro de Seguridad, Federico Massoni, quien planteó que su DNU vuelva abstracto el habeas corpus, a lo cual la defensa pública se opuso así como la Comisión, en la voz de Mariela Flores Torres, concejala de Trelew.

«El ministro nunca nos recibió», dijo Torres en la audiencia, a lo que Massoni negó haber recibido un pedido de reunión.

Los representantes de la Nación aclararon que no pidieron un DNU de flexibilización de la cuarentena sino el fin de los abusos, e insistieron que el mismo no responde todas las violaciones a los derechos humanos planteadas en el habeas corpus.

Cuando llegó el momento de las resoluciones, la jueza no declaró abstracto el habeas corpus hasta tanto entre en vigencia el decreto provincial promulgado hoy. Para la magistrada, el decreto resultó respuesta suficiente para los cuestionamientos que hicieron no sólo la secretaría de Derechos Humanos de la Nación sino también el defensor oficial Omar López, que había presentado un habeas corpus en el mismo sentido.

Pietragalla y el director nacional de políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski​, con el patrocinio letrado de Eduardo Hualpa, promovieron la acción de habeas corpus preventivo y colectivo «en favor de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Chubut, por los graves hechos que se vienen denunciando a partir de la aplicación del Decreto N°297/2020 por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia, avaladas expresa o tácitamente por las autoridades políticas».

En su pedido a la Justicia, los funcionarios nacionales indicaron que recibieron «denuncias acerca de resoluciones del Ministerio de Seguridad de la provincia, que resultan más restrictivas de la libertad ambulatoria que el decreto nacional 297/2020, sirviendo las mismas como supuesta justificación para detener gente». A su criterio, estas conductas «resultan una clara evidencia de la constante amenaza que sufren todos los ciudadanos de la provincia de Chubut, de ser ilegalmente detenidos por las fuerzas de seguridad».

Antes de la resolución de la jueza se expresaron las partes. «Acá se trata de cambiar las prácticas sistemáticas policiales en todas las ciudades, si cambian solo la normativa no sirve, detener a personas luego de las 20 horas a media cuadra de su casa, o porque iban con un chiquito de dos años, entonces eran dos, como pasó este fin de semana, sin un compromiso expreso, así no rigen las garantías constitucionales», señaló el defensor López.

?⚖️ || La concejala Manuela Flores de #Trelew, infoma sobre lo decidido por la Jueza Dra. Moreno, en la audiencia por las tres Hábeas Corpus contra #FedericoMassoni#CholilaOnline #Chubut

Publicado por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Lunes, 20 de abril de 2020

El ministro de Seguridad del Chubut aseguró “hoy tenemos 3826 demorados en toda la provincia y 684 vehículos secuestrados”, y en ese contexto, indicó que hay dos causas con apertura de investigación, una Puerto Madryn y otra en Playa Unión.

El ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, informó este lunes, durante la conferencia de prensa del Comité de Crisis Provincial, que “hasta el día de hoy tenemos 3826 demorados en toda la provincia y 684 vehículos secuestrados, y tengo conocimiento de 5 denuncias por abuso de autoridad”.

En ese marco, el titular de la cartera de seguridad señaló que “tres fueron dejadas sin efecto por Fiscalía. Una en Madryn, que denuncian violencia contra dos femeninas, y la otra en Playa Unión, donde un efectivo policial le propinó un tiro en la vía pública a un perro. Además, una denuncia que me comprende y fue realizada por el bloque de diputados provinciales de la oposición”.

Garantías

Además, Massoni indicó que “invitamos a Defensa Pública y Derechos Humanos para que nos acompañen las 24 horas en los lugares donde se hacen las demoras o detenciones, con el fin de que sean garantes y custodios de que se está cumpliendo con todo lo que establece la normativa y todos los respetos hacia las personas”.

“Por una cuestión de seguridad, y en concordancia con Defensa Pública, se estableció no hacer demoras en comisarías”, y explicó que “entonces, en las distintas localidades se buscó un lugar espacioso para llevar a los demorados por día, para que pueda realizarse la imputación del delito de forma correcta, cumpliendo con los protocolos sanitarios y de seguridad”.

La Resolución recoge los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y formula una serie de recomendaciones para abordar un enfoque humanitario al Covid-19.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó una resolución en la que recomienda a los estados miembro la atención y contención de la pandemia de coronavirus dentro del respeto pleno de los derechos humanos.

La Resolución de la CIDH, un órgano dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) , recoge los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y formula una serie de recomendaciones para abordar un enfoque humanitario al Covid-19, explica una nota en la página web del organismo.

«Entendemos que el Covid-19 se presenta de manera distinta en cada país y observamos que las respuestas también han sido diferentes», agrega el comunicado y sugiere que «en cualquier caso (…) las acciones estatales deben estar centradas en las personas».

Desde el estallido de la pandemia, 1.715.143 personas se han infectado de coronavirus de las cuales 104.800 han muerto y 389.374 se han recuperado, de acuerdo a los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins, señaló Télam.

La Subsecretaria de Derechos Humanos, Carla Sánchez Galindo, participó en la 32a Reunión Plenaria del Consejo Federal de Derechos Humanos en representación de la provincia de Chubut.

El encuentro tuvo lugar los días 5 y 6 de marzo del corriente año, en el Archivo Nacional de la Memoria (ex ESMA) en Ciudad Autónoma  Buenos Aires y contó  con la presencia de todos altos funcionarios de derechos humanos de todo el país y del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.

La apertura del Consejo estuvo a cargo del Secretario  Horacio Pietragalla, quien estuvo acompañado por el Secretario Ejecutivo del CFDH, Agustín Di Toffino, y la Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida. Allí, el secretario resaltó la necesidad de llevar a cabo una gestión profundamente federal donde la igualdad de derechos sea para todos y todas.

En este sentido, la Subsecretaria señaló que “el principal objetivo de estos encuentros es delinear políticas públicas con perspectiva de  Derechos Humanos y género. Tuvimos la posibilidad de realizar un intercambio con los representantes de cada una de las  provincias y tomamos conocimiento de cuáles serán los ejes de gestión en esta materia”.

“Tuvimos la posibilidad de presentar las líneas de trabajo que venimos realizando en la Subsecretaría,  con los ejes temáticos de: 1) Acceso Universal a Derechos, 2) Inclusión, No discriminación e Igualdad, 3) Memoria, Verdad, Justicia y Políticas Reparatorias, 4) Seguridad Ciudadana y no violencia”.

En este marco también se firmó una Carta de Intención de Colaboración y Asistencia entre la Comisión de Nacional por el Derecho a la Identidad (Co.Na.Di) entre Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la construcción de herramientas que favorezcan y promuevan  la colaboración para la promoción y protección del derecho a la identidad.

“Asimismo, propusimos para federalizar el Consejo realizar una Plenaria en nuestra provincia en el marco de las Actividades del 22 de Agosto por la Masacre de Trelew”, indicó Sánchez Galindo, quien remarcó el valor del espacio de trabajo para articular políticas públicas entre Nación y las provincias.

“Por último, los primeros días de noviembre recibiremos la visita del Equipo de Conservación de la Dirección ]Nacional de Sitios de Memoria para avanzar en una nueva señalización en la Comisaría 1° del Regimiento de Infantería 8°de la Brigada de Infantería IX en la ciudad de Comodoro Rivadavia”, concluyó.

En la oportunidad la realizadora Malena Villarino presentará su Ópera Prima “De cerca nadie es normal”, un documental acerca de la experiencia de la Colonia psiquiátrica de Oliveros -Santa Fe-, cuya terapia se basa en el concepto de desmanicomialización.

Este martes 10 de diciembre en el Centro Cultural por la Memoria de Trelew se llevará a cabo la Jornada: Derechos Humanos y Salud Mental: las lógicas manicomiales hoy. Organizada por la Universidad del Chubut, el Colegio de Psicólogos de Chubut y la Subsecretaría de Derechos Humanos.

La misma está destinada tanto a estudiantes, equipos de salud, familiares y usuarios de los servicios de salud mental, como también a la comunidad en general.

Es de destacar que en el marco de esta jornada, a las 18 horas tendrá lugar un espacio de Cine Debate donde se proyectará el documental “De cerca Nadie es Normal”, de la realizadora Malena Villarino, quien estará presentando y coordinando la actividad.

Se trata de su Ópera Prima estrenada hace un mes, producto de más de 10 años de investigación.

Un documental que cuestiona el concepto de normalidad y locura

La directora Malena Villarino estudió cine con especialización Documental en la Carrera de Cine de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, donde nació la idea: “El proyecto arrancó en el año 2005, a raíz del III Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos que tuvo lugar en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Allí tomamos contacto con la gente de la Colonia Oliveros, un hospital de salud mental en la provincia de Santa Fe, ya que en ese marco se daba también un encuentro de enfermeros y al mismo tiempo habían ido algunos pacientes que presentaban los productos que generaban con la cooperativa”.

“Ahí conocimos la experiencia. El espacio estaba tomado por sus trabajadores y nos pareció muy interesante filmar un documental, dentro del marco de la carrera de cine de la Universidad de la Madres”, recordó.

El film aborda un tema tan controvertido como necesario, como lo es la locura y sus métodos terapéuticos. Busca trascender el “ensayo científico”, para abordar al hombre y sus problemáticas, buscando ofrecer un nuevo punto de vista sobre la sociedad actual.

Lo hicieron un grupo de senadores la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acusan a las fuerza de seguridad reprimir de manera desmedida.

Congresistas colombianos y diversas ONG pidieron este domingo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigue la «grave situación» de los derechos humanos. durante las protestas que desde el jueves se realizan contra las políticas del presidente Iván Duque.

El senador de izquierda Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo (PDA), y Antonio Sanguino, del partido Alianza Verde, informaron al organismo «sobre la grave situación de derechos humanos que se presenta en el marco de las movilizaciones del paro nacional».

«En el día de hoy hemos enviado un comunicado al secretario ejecutivo de la CIDH y a varios relatores de derechos humanos de esa misma instancia interamericana con el propósito de informar oficialmente sobre la serie de hechos que se vienen presentando con relación a las grandes movilizaciones que se están dando en Colombia», afirmó Cepeda a periodistas.

En el documento, firmado también por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, se señala que la protesta «ha dejado heridos de especial gravedad y un significativo número de personas detenidas arbitrariamente».

El jueves pasado decenas de miles de colombianos coparon las calles del país por primera vez para expresar su rechazo a las políticas sociales y económicas del Gobierno, jornada que terminó con brotes de violencia y un espontáneo cacerolazo que se extendió por toda la capital y otras ciudades.

Esa jornada se repitió este viernes y se convirtió en el preludio de una ola de violencia que se desató en el sur de la capital, donde encapuchados se enfrentaron con la Policía, mientras que el sábado un ambiente festivo con música, baile, velatones y antorchas se apoderó de varias ciudades.

De igual forma, los congresistas y las ONG pidieron que «cese la intervención» del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (ESMAD) y que se inste al Estado colombiano a «garantizar el derecho a la protesta» en todo el país.

Lo anterior debido a que en la tarde del sábado en una manifestación en el centro de Bogotá, Dylan Cruz, de 18 años, fue herido de gravedad en la cabeza al ser alcanzado por una bomba aturdidora disparada por el ESMAD, por lo que fue ingresado en el Hospital San Ignacio, donde se encuentra estable y en cuidados intensivos.

«Esperamos que la Comisión Interamericana reaccione y observe detalladamente lo que está ocurriendo en Colombia para que garantice los derechos humanos a través de una comunicación con el Gobierno colombiano», concluyó Cepeda.

Sin dictaduras militares como las del pasado en países del Cono Sur, aunque con un conflicto armado de medio siglo y la embestida del narcotráfico, las marchas multitudinarias no han sido regla en Colombia. Y mucho menos lo ha sido que se mantengan por días con miles en las calles, como ha sucedido desde el 21 de noviembre (21N).

La del jueves agrupó a cientos de miles. Según el gobierno, fueron más de 250.000 personas. Los promotores afirman que fueron más de un millón, cifra que solo tiene un antecedente reciente: la marcha contra la exguerrilla FARC en 2008 que reunió a millones.

Tampoco han sido típicos los cacerolazos, una forma de manifestar indignación ideado por la derecha en Chile para reclamar al gobierno del socialista Salvador Allende hace más de cuatro décadas, y que se ha repetido en Argentina, y replicado en Venezuela contra Nicolás Maduro.

Desde el jueves se ha convertido en la forma predilecta y espontánea para reclamar al ejecutivo conservador de Colombia, donde no ocurrían cacerolazos masivos desde mediados de 1990, durante la presidencia de Ernesto Samper, cuestionada por el ingreso de dinero del narcotráfico en la campaña que lo llevó al poder.

Los participantes y las razones de la marcha son tan variados como una baraja de naipes. Las centrales obreras la convocaron desde octubre en reclamo de iniciativas oficiales para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de pensiones, que el gobierno niega.

Desde entonces se sumaron universitarios que exigen más recursos para la educación pública, que aqueja falta de financiamiento, y el cumplimiento de acuerdos pactados con Duque el año pasado.

También los indígenas, que piden protección tras el asesinato de 126 aborígenes desde que Duque llegó al poder en agosto de 2018, según cifras de la Organización Nacional Indígena de Colombia. La mayoría han muerto en zonas con narcocultivos, que son disputadas por grupos armados tras el desarme de la exguerrilla FARC.

A ellos se han sumado los partidos de oposición, incluido el de las FARC, que condenan el asesinato de 170 combatientes que firmaron la paz, así como ambientalistas y artistas, informó Clarín.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, admitió que se cometieron violaciones a los derechos humanos durante la represión de las protestas y el estallido social que dejó al menos 23 muertos y miles de heridos y detenidos en su país.

«Hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos. Nuestro gobierno hará todos los esfuerzos para que exista justicia y no impunidad», dijo en una declaración pública anoche en La Moneda, sede del Gobierno chileno.

El jefe del Estado aseguró que su Gobierno está comprometido con los derechos humanos, la verdad y la justicia y confirmó que se están investigando estos casos, realtó Télam.

«Están siendo investigados por sumarios administrativos de nuestras Fuerzas Armadas o de orden, o por la Fiscalía. Que sigan siendo investigados para que, en función del mérito de la causa, puedan ser conocidos y juzgados por nuestros tribunales de justicia», advirtió.

Hoy se cumple un mes desde el inicio de las protestas sociales en Chile, que comenzaron con una rebelión estudiantil contra el aumento de los boletos del subterráneo y siguieron con multitudinarias manifestaciones en demanda de igualdad en la distribución de recursos y múltiples actos de violencia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó para mañana a una audiencia de alegatos,antes de que dictamine sobre la responsabilidad del Estado argentino por «falta de prevención del atentado, el desvío y encubrimiento de la investigación, la denegación de justicia y la falta de verdad».

La CIDH convocó a la audiencia -en la que estarán presentes representantes del Estado- a partir de un pedido de Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Se trata de la audiencia de alegatos, último paso antes de que la Comisión dicte el informe de admisibilidad y fondo y declare la «responsabilidad internacional del Estado argentino por la falta de prevención del atentado, el desvío y encubrimiento de la investigación, la denegación de justicia y la falta de verdad», informó el CELS en un comunicado.

Luego de esto, el caso deberá pasar a ser tratado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hace 20 años, en 1999, los familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA nucleados en Memoria Activa denunciaron la responsabilidad de la Argentina por la falta de respuesta y por las irregularidades manifiestas para encubrir el atentado que ya eran públicas.

El pedido de Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales responde también al «incumplimiento» del Estado de los compromisos asumidos en 2005, con el decreto 812/05.

Mediante ese decreto, con fecha 12 de julio de 2005, se aprobó el Acta suscripta el 4 de marzo de ese mismo año en la CIDH, por medio de la que el PEN reconoció la responsabilidad internacional del Estado y se propuso una serie de medidas para garantizar la investigación del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994. Informó Diario el Télam

La misma está enmarcada dentro de la capacitación «Formador de Formadores» brindada por ONU SIDA, en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo y ICW Argentina el pasado mes de julio en Puerto Madryn.

Personal que cumple funciones en la Subsecretaría de Derechos Humanos del Chubut, a cargo de Carla Sánchez Galindo, se capacitó en “Derechos Humanos, Diversidad y Género en contacto con VIH”.

La misma está enmarcada en la capacitación «Formador de Formadores» brindada por ONU SIDA, en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo y ICW Argentina realizada el pasado mes de julio.

Al respecto, Sánchez Galindo señaló que “en esta capacitación adquirimos el compromiso de ser nuevos formadores, tanto en lo personal como en lo institucional, por lo que se fue planificando con la participación activa de Gachy Awad, conocida referente por los derechos de las personas con VIH y referente en Chubut de la ONG ICW Argentina entendiendo que como agentes del estado tenemos la responsabilidad de tener todas las herramientas que garanticen el uso plenos de los Derechos”.

“Fueron dos intensos encuentros de capacitación principalmente en Derechos Humanos, teniendo en cuenta la Diversidad que existe en nuestra sociedad, y enfocándonos en analizar la situación del HIV, considerando que 39 millones de personas en el mundo tienen el virus y 2 millones anualmente la contraen, a las cuales se les vulneran los derechos diariamente”, indicó la funcionaria.

Agregó que “son jornadas que nos sirven para de deconstruirnos y principalmente para entender que somos agentes de cambio para poder, desde los distintos espacios que participamos, ser garantes de los derechos humanos y comprender que tenemos es responsabilidad como ciudadanos”.

Finalmente, manifestó que “esperamos que esta capacitación sea un inicio de muchas de las que tenemos planificadas en conjunto con otros Ministerios, especialmente con Salud la implementación tanto de la capacitación, como de los mecanismos necesarios para promover y garantizar los derechos humanos y la diversidad en relación al VIH”.