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Familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, agrupados en la querella que representa el abogado Luis Tagliapietra, negaron hoy haber reclamado al Estado una indemnización de 44 millones de dólares, al salir al cruce de una publicación periodística.

«Nosotros, que nucleamos once familias y no hemos realizado pedido alguno de índole económica, solo luchamos y exigimos verdad y justicia. No abonamos este tipo de reclamos y menos aún en este momento decisivo en distintos ámbitos», señaló este grupo de familiares a través de un comunicado.

En ese sentido, el grupo patrocinado por Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, oficial a bordo del sumergible siniestrado en noviembre de 2017, aseguró que se supeditan «a lo que la justicia determine oportunamente, independientemente de la propuesta que el poder ejecutivo realice por fuerza de ley».

“Por último, queremos decir que este tipo de manifestaciones es de una enorme irresponsabilidad en virtud de la situación de inseguridad que vive nuestro país. Noticias de este tipo pueden inferir que poseemos dinero que no tenemos ni tendremos, porque apelamos a la responsabilidad de las partes para que, quien considere hacer un reclamo de este tipo, lo realice por las vías correspondientes y la reserva correspondiente», subrayó el grupo de familiares en esta comunicación.

La misiva lleva la firma de Jorge Lucio Suarez Maria Rosa Belcastro Rumi Esther Rojas Luis Antonio Niz Claudio Rodríguez Ramos Vero Lazarte Miguel Toconas Luisa Alfaro Rodríguez Andrea Mereles Isabel Vilca Daniela Mariana Leiva Gustavo Leiva Martin Rodriguez Poly Celeste Alfaro Esther Alfaro Jesica Paola Medina Rafael Medina Marisa Tomaba y Luis Tagliapietra.

El Consejo General de Guerra que investiga la responsabilidad de ocho oficiales de la Armada Argentina en el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, recibió esta semana el alegato de apertura, escuchó a las defensas de los imputados e inició la etapa de producción de pruebas de la parte acusatoria con la declaración de peritos.

Las actuaciones del Consejo General de Guerra comenzaron el 25 de noviembre pasado en el Edificio Libertador para investigar la responsabilidad militar en el siniestro del submarino, en el que murieron sus 44 tripulantes.

En la audiencia del lunes, el Oficial Auditor Instructor, comodoro Ricardo Méndez, realizó su alegato de apertura «pronunciándose en orden respecto de los presuntos infractores», informó en un comunicado el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En esa oportunidad, también hicieron uso de la palabra las defensas de las partes, quienes alegaron en relación a los hechos imputados, mientras que en la audiencia del miércoles se inició la etapa de producción de pruebas de la parte acusatoria con la declaración de peritos.

El Consejo investiga la responsabilidad del exjefe de la fuerza Marcelo Srur y los contralmirantes Luis López Mazzeo y Eduardo Malchiodi y el capitán de navío Carlos Ferraro, todos pasados a retiro.

También son investigados Claudio Villamide, Héctor Alonso, Hugo Correa y Jorge Sullia, todos ellos en actividad.

Además, se sigue una causa judicial por el hundimiento en la que instruye la jueza federal de Caleta Oliva Marta Yáñez, cuya competencia en el caso fue ratificada por un fallo de Casación.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó en noviembre pasado determinar la eventual responsabilidad penal del expresidente Mauricio Macri, del exministro de Defensa Oscar Aguad y del exjefe de la Armada Marcelo Srur en el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 17 de noviembre de 2017, tal como habían reclamado los familiares de los 44 tripulantes, informaron fuentes judiciales.

En tanto la jueza María Eugenia Capuchetti investigan las posibles irregularidades ocurridas en el trámite de la contratación directa 4/2018 a través del sistema Comopr.ar mediante la cual se sugirió la pre-adjudicación de Igeotest Geosciences SL para la búsqueda del submarino que había desaparecido.

Familiares de los tripulantes del ARA San Juan piden que el 15 de noviembre sea declarado feriado nacional “para hacer honor a los 44 héroes”. La petición.

“El 15 de noviembre en este momento de mi vida representa orgullo y quiero que sea un día representativo a nivel nacional”, aseguró Anabella Aguirre, la viuda del cabo principal Enrique Damián Castillo, en diálogo con Info Región.

Compartió que “la iniciativa está desde siempre latente” y si bien hay un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados, buscan “acelerar los pasos” para que este próximo aniversario de la tragedia ya sea decretado feriado nacional. Ese es el objetivo de la petición que circula en redes.

Muy consciente de que “hay que aprender a vivir con el dolor”, Anabllea considera que un día para recordarlos sería “un mimo y un abrazo” para quienes perdieron un ser querido en el submarino. “Yo perdí al amor de mi vida en ese submarino”, insistió.

En la misma línea, Itatí Leguizamon, viuda del sonarista del ARA San Juan Germán Suárez, explicó que la iniciativa surge para “que los recuerden y que estén presentes en la memoria de la sociedad”. “Que los reconozcan va a ser algo gratificante dentro de lo malo, me va a hacer sentir mejor que los recuerden”, consideró.

“Todavía no me recupero, no estoy bien, sigo como puedo. No pude reconstruirme totalmente después de esa fecha”, expresó a Info Región la mujer, que comparte el dolor. “Aunque parezca que un marido vale menos que un familiar sanguíneo, a mi me arruinó la vida”, sentenció.

“A pesar de sentir la soledad del olvido, vivimos para resguardar su memoria”, señalan los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Piden que no los olviden y con ese objetivo, esperan que el 15 de noviembre sea declarado feriado. Para ello, pusieron en circulación una petición en Change.org.

El 15 de noviembre de 2017 el submarino ARA San Juan se contactó por última vez con tierra. Navegaba hacia Mar del Plata y se encontraba a la altura de la ciudad de Puerto Madryn, a unos 432 kilómetros de la costa. Tras meses de no saber nada, los restos fueron hallados a 907 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros del Golfo San Jorge, a la altura de Comodoro Rivadavia.

Juan José Rivera, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rada Tilly, aseguró que se reforzarán los controles en toda la localidad durante el fin de semana. Y explicó que si bien se rehabilitó la libre circulación el domingo, sin restricción de terminación de DNI, las reuniones sociales y familiares continúan prohibidas.

“No están permitidos los eventos sociales donde la gente pueda reunirse en domicilios, sobre esto se hará mucho control porque ya hemos visto que después de los hechos importantes como día del padre o del amigo, han habido repunte de casos de coronavirus”, lamentó el funcionario.

Asimismo, aclaró que ante la posibilidad concreta de que esto suceda, se realizarán controles sobre reuniones sociales “pedimos que sean respetuosos con esto, seremos estrictos porque en las últimas semanas la veleidad de contagio se ha desacelerado y esto tiene que ver con las medidas de restricción y la conciencia ciudadana”, indicó.

Rivera afirmó que “no vamos a dejar que esto se tire por la borda. Habrá controles en plazas y playas entendemos que el fin de semana estará muy lindo, los controles también serán en los espacios en los que no se pueden permanecer”, manifestó.

En Argentina, miles de familias no pueden acompañar a los pacientes de covid-19 durante la etapa final de su vida. A Fernanda Mariotti no le permitieron ingresar a la sala de terapia intensiva y solo pudo despedirse cuando sacaron a su mamá en un cajón. Por el contrario, Augusto Bressenio pudo acompañar a su madre y tomarla de las manos gracias a un protocolo especial que han implementado algunos hospitales.

No morir en soledad, la lucha de los familiares de pacientes con covid-19

En Argentina, miles de familias no pueden acompañar a los pacientes de covid-19 durante la etapa final de su vida. A Fernanda Mariotti no le permitieron ingresar a la sala de terapia intensiva y solo pudo despedirse cuando sacaron a su mamá en un cajón. Por el contrario, Augusto Bressenio pudo acompañar a su madre y tomarla de las manos gracias a un protocolo especial que han implementado algunos hospitales.

La “frontera caliente” del paralelo 42°, sobre la ruta nacional 40, fue el escenario elegido esta tarde por policías retirados de Lago Puelo y El Hoyo –junto a las familias de otros en actividad-, para expresar su reclamo ante el gobierno provincial por salarios atrasados.

La manifestación llegó hasta el lugar para interrumpir durante algunos minutos el tránsito entre Chubut y Río Negro, haciendo sonar los bombos y mostrando sus pancartas con consignas como “con o sin Covid, necesitamos comer” o “Arcioni, se te pasaron los días. Pagá los sueldos”.

Entre los voceros, Hugo Avilés recordó que “el Estado nos adeuda junio, julio y agosto, además del medio aguinaldo que se debió haber pagado hace casi dos meses”. Sumó además “todos los retroactivos y las promesas incumplidas de aumentos por parte del gobierno, que no se han hecho efectivos”.

Recordó que “los policías activos viven de su sueldo, no tienen otra entrada. Con dos o tres meses sin cobrar, la situación ya no da para más. A esta altura, la gran mayoría ni siquiera tiene combustible para ir a trabajar. Lo mismo nos ocurre a los jubilados, que tampoco llegamos a fin de mes. Esta movilización es para mostrar a la sociedad que no solamente está mal el resto de empleados estatales, sino también la policía”.

A su lado, José Arias valoró “la repercusión de los sueldos del Estado en las economías de los pueblos, ya que la mayoría compra en la despensa de su barrio. Nos sentimos acompañados por la comunidad en este reclamo, que es la única forma de visibilizar nuestra realidad ya que no podemos movernos hasta Rawson”, concluyó.

Previamente, al mediodía hubo una caravana por las calles de El Hoyo protagonizada por los empleados estatales nucleados en ATE y Atech, también exigiendo por los sueldos atrasados.

 

?✊?? EMPLEADOS ESTATALES MANIFIESTAN EN EL LÍMITE CON RÍO NEGROLos trabajadores de distintas instituciones de la…

Publicado por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Martes, 8 de septiembre de 2020

 

Impulsan nuevo protocolo para que familiares puedan despedirse de enfermos terminales.El protocolo es impulsado por una red de cuidados que depende del Conicet y que pretende resguardar la salud de los pacientes, sus parientes y el personal sanitario.

En el reporte matutino del Ministerio de Salud se informó sobre un protocolo para que parientes puedan despedirse de enfermos terminales, informa Radio Mitre.

La Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el final de la vida, que depende del Conicet, tiene como objetivo impulsar un protocolo que permita a familiares despedirse de enfermos terminales por coronavirus. Así lo anunció este domingo una de sus miembros en el reporte del Ministerio de Salud de la Nación.

“Desde la Red lo que queremos es desarrollar protocolos para que el acompañamiento humanizado sea posible y las despedidas y los rituales funerarios tengan un lugar”, aseguró Graciela Jacob, médica paliativista.

Jacob explicó que “por cada persona que muere el impacto (que produce) está calculado en seis personas más entre su familia y su entorno afectivo”. De esa manera, agregó “si ustedes multiplican por seis los números que tenemos a diario sabremos que tenemos un problema de salud pública”.

En este contexto, la doctora aseguró que se está trabajando en un protocolo que permita las despedidas de familiares en el contexto de las medidas sanitarias por coronavirus.

“Los pacientes tienen derechos a tomar decisiones, a estar acompañados y a expresar sus voluntades, y en esta pandemia hay cierta condición entre los derechos y lo que el sistema tiene que ofrecer en función del aislamiento”, indicó.

“Por eso, entendemos que tenemos que desarrollar protocolos que puedan cuidar a todos, al personal de salud, a los pacientes, y que puedan cuidar a los familiares que se puedan acercar para despedirse”, señaló Jacob integrante de la Red que depende del Conicet.

Al referirse a las muertes ocurridas en el contexto del aislamiento, Jacob aseguró: “En estos días hemos escuchado historias muy desgarradoras, historias en las cuales alguien no se pudo despedir, historias donde madres ancianas quedaron aisladas, donde familiares no se pudieron despedir de sus seres queridos y algunas veces ni siquiera pudieron ver el cuerpo de su familiar fallecido”.

“Estas muertes en aislamiento, en soledad, casi desaparecidas del entorno familiar son muertes que se cursan con muchísimo sufrimiento para la familia y es un impacto para la sociedad”, indicó.

El Gobierno confirmó este sábado que el Estado les pagará un subsidio de 15 mil pesos a los familiares de personas que hayan fallecido como consecuencia del coronavirus y que se encontraran dentro de los “sectores más vulnerables de la sociedad”, como quienes en vida recibieron una Asignación Universal por Hijo o por Embarazo, fueron empleadas domésticas, monotributistas o estaban desocupadas al momento del deceso, entre otros factores. La medida fue anunciada a través del Decreto 655/2020, publicado hoy en el Boletín Oficial.

Se trata de un antiguo beneficio que está vigente desde 2006 y que hasta el momento cubría, por ejemplo, la muerte de beneficiarios del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y veteranos de la Guerra de Malvinas, entre otros, pero que ahora incluye también a las víctimas fatales de COVID-19.

Así lo indica el artículo 6 del documento firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en el que se especificaron las circunstancias que se deben dar para recibir esta ayuda.

En este sentido, el Estado pagará el denominado “Subsidio de Contención Familiar”  si la persona fallecida se encontraba desocupada, se desempeñaba en la economía informal o estaba inscripta en las categorías “A” y “B” del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente.

También corresponde si el paciente era “un trabajador declarado en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, era titular de una Asignación Universal por Hijo o por Embarazo, o eran los niños, las niñas, los o las adolescentes y/o personas mayores de edad con discapacidad que generaban la misma”.

La suma de 15 mil pesos que el Estado pagará “se abonará al o a la cónyuge o conviviente” de la víctima “o al padre o a la madre o alguna de sus madres o alguno de sus padres, o al hijo o a la hija del o de la causante, siempre que el o la solicitante denunciare el fallecimiento y acreditare haber sufragado los gastos del sepelio con la presentación de la factura extendida a su nombre por la empresa funeraria que realizó el servicio”.

Por otra parte, el Decreto aclaró que este subsidio seguirá vigente para los familiares de personas que hayan muerto, independientemente de si fue como consecuencia del coronavirus o no, y que en vida estuvieron dentro del Régimen Nacional de Previsión o hayan sido beneficiarios de las Cajas Provinciales de Previsión transferidas al ámbito Nacional, excepto las correspondientes a Policías y Servicios Penitenciarios; del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA); de las Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur; de la Pensión Universal para Adulto Mayor; de Prestaciones No Contributivas transferidas a la ANSES.

También se incluye a aquellos fallecidos que estuvieran a cargo de la persona que cumpla con alguna de estas condiciones mencionadas, así como también a otros afiliados y otras afiliadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados.

Entre los considerandos, el Gobierno señaló que los allegados de quienes murieron a causa del coronavirus “atraviesan sus pérdidas con la imposibilidad de acompañarse debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Por esta razón, las autoridades nacionales señalaron que “con el objetivo de acompañar y cuidar a los sectores más vulnerables y necesitados de la sociedad, corresponde incluir en el pago del Subsidio de Contención Familiar a los familiares de aquellas personas que hubieran fallecido a causa del COVID-19″ y que cumplieran con las condiciones ya mencionadas.

 

El Gobierno de Chubut publicará en las próximas horas un nuevo decreto, en el que establecerá las restricciones y flexibilizaciones que estarán vigentes en la provincia, en el marco de la cuarentena.

En conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, el ministro de Salud, Fabián Puratich, brindó un detalle de las actividades que se habilitarán a partir del nuevo decreto.

Confirmó que seguirán suspendidos los encuentros familiares en toda la provincia, tal como dispuso el domingo último un decreto el Gobierno Nacional.

«Quedaron restringidas, hasta ahora Nación puso fecha mediados de agosto, pero nosotros iremos evaluando cómo se va dando la situación», puntualizó.

Fabián Puratich, confirmó que ante la vigencia de un decreto nacional que prohíbe los encuentros sociales en todo el país, multarán a quienes incumplan el decreto y serán los vecinos quienes podrán denunciarlo ante las autoridades.

Este domingo, el Gobierno Nacional oficializó a través de un decreto, la extensión de la cuarentena dispuesta por la pandemia de coronavirus hasta el 16 de agosto inclusive. Allí se confirmó que las reuniones sociales y familiares quedan prohibidas en toda la Argentina. El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, confirmó que en la provincia se aplicarán multas económicas en caso de no cumplir con la medida.

“Desde el Ministerio hemos insistido mucho que no se podían habilitar los encuentros, ahora va a estar la posibilidad de que se multarán a los vecinos si se viola la ley”, afirmó, y aclaró que hoy lo que pasa dentro de las casas es responsabilidad individual “los vecinos serán los encargados de denunciar para tratar de evitar que se realicen estos encuentros, que en algunos casos son grandes”, dijo.

Puratich indicó que Chubut fue la primera provincia que demostró que según lo que contaron los pacientes, como se habían contagiado, con estadísticas, donde el principal foco de contagio fueron las reuniones familiares. “Se lleva a este extremo de sacar un decreto para prohibirlos, pero ya debería ser una cuestión de conciencia”, lamentó.

Respecto de la puesta en marcha de la prohibición de los encuentros sociales y familiares, no brindó detalles acerca de los montos de las multas económicas, pero señaló que hay que hablar con los intendentes de todas las localidades, para la aplicación, “pueden ser los preventores quienes lo controlen, usar gente común y no que sea la policía”, manifestó.

Por último se refirió – en FM Cadena Tiempo – a la falta de conciencia sobre las medidas preventivas, “ a veces e pierde el eje que es una enfermedad que muchas personas transcurren como una gripe, y en otras tiene consecuencias graves”.

Mantuvieron una reunión para abordar distintas temáticas relacionadas al sector. Buscan regularizar títulos de propiedad de personas con familiares con discapacidad.

El director de Discapacidad de la Municipalidad, José Behotats y el coordinador de Asuntos Municipales, José Salpu, se reunieron recientemente para abordar distintas temáticas relacionadas al sector, como la regulación de títulos de propiedad de personas con familiares con discapacidad.

“El encuentro sirvió para avanzar en una agenda en común de trabajo en cuestiones de índole institucional y para mejorar la dinámica de gestión administrativa”, explicó Salpu luego de la reunión.

El funcionario municipal indicó que, en este y otros casos, la función del área que dirige es facilitar la coordinación entre distintas áreas del municipio para ofrecer a los vecinos de la ciudad la solución más rápida y efectiva posible a sus demandas.

También se trabaja en relación sociedades civiles, entidades deportivas, sociales, comedores, merenderos y fundaciones contribuyendo en el fortalecimiento de cada institución de la ciudad.