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El fiscal federal Franco Picardi imputó al expresidente Mauricio Macri como supuesto responsable del armado de un «plan sistemático» de espionaje ilegal durante su gobierno que habría tenido entre las víctimas a personas en las que tenía interés personal como su principal opositora, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, y su hermana Florencia Macri.

Lo hizo al requerir elevación a juicio oral y público del caso en el que se investiga el supuesto espionaje ilegal desplegado en 2018 sobre el domicilio de la actual vicepresidenta y el Instituto Patria, por el que están procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, exjefes de Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos.

El fiscal le presentó un dictamen de más de 200 páginas al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el que sostuvo que a su criterio está concluida la investigación sobre la participación de Arribas, Majdalani y otras dos personas de la AFI en los hechos investigados, por lo que postuló su elevación a juicio y a la vez pidió avanzar con la investigación de la posible responsabilidad de Macri, entre otros.

«Las maniobras reveladas en este caso no han sido excepcionales ni aisladas; antes bien, integran un conjunto de muchas otras causas criminales -varias de las cuales se encuentran radicadas ante el Juzgado a su cargo por razones de conexidad- cuyos objetos se ciñen a la investigación de acciones de inteligencia desplegadas por agentes de la AFI entre 2016 y 2019», sostuvo el fiscal en su escrito.

Picardi agregó que existe una sospecha de que las máximas autoridades de la AFI intervinieron en ambos casos en la planificación, en la coordinación y en la ejecución de tareas de espionaje. Según agregó, todas tareas prohibidas por ley 25.520.

«Dichas circunstancias imponen profundizar las investigaciones desarrolladas hasta aquí en la dirección apuntada, mediante el análisis global y apropiado de las múltiples intervenciones judiciales existentes por hechos de las mismas características, reconducibles a la misma gestión de la AFI», sostuvo el fiscal antes de reclamar que se extrajeran testimonios para evaluar la posible participación de otras personas.

En una presentación aparte, en la que se refirió específicamente a esta pretendida «extracción de testimonios», el fiscal aseguró que en razón de la multiplicidad de causas abiertas por casos de supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos «se impone indagar sobre el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados Arribas y Majdalani, el entonces Presidente de la Nación ingeniero Mauricio Macri».

También requirió indagar sobre el rol de las «personas que detentaban responsabilidades públicas y que actuaban al directo servicio del nombrado y podrían haber fungido como vínculo o enlace para la transmisión de órdenes y de informaciones ligadas a actividades de inteligencia ilegal». En ese contexto, señaló casos de supuesto espionaje en los que el expresidente podría tener personal interés como aquellos que tuvieron por víctima a su entonces principal opositora, la senadora Fernández de Kirchner; o los que tuvieron como espiados a su hermana Florencia Macri y su pareja Salvatore Pice o al periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon.

 

Así lo aseguró el padre del joven desaparecido en El Maitén, Daniel Crettón.

El padre del joven desaparecido en El Maitén, Daniel Crettón, habló sobre la investigación por la desaparición de su hijo, José Crettón, y señaló que “hasta el momento hay dos detenidos por el caso de la desaparición. El segundo detenido sería cómplice”.

“Si la caratula del caso está hecha de tal manera, es porque la fiscal tiene pruebas pero todavía no tenemos el cuerpo, es algo extraño que lo puedan ocultar tan bien. La investigación sigue, pero no han podido dar con nada”, destacó.

Con respecto al accionar policial, Crettón afirmó en diálogo con LU 20 que “en principio, cuando llegamos a la localidad, todos tenían versiones diferentes. Aseguran que dos días antes, vieron un vehículo policial en la casa. Varias cosas faltan salir a la luz”.

¿Qué quiere dar a entender Carlos Díaz Mayer con esta afirmación? ¿A quién o a quiénes pretende proteger? ¿Sabe que todas las fuerzas especiales (como el GEOP) deben seguir ineludiblemente un protocolo de actuación, con el que se busca preservar siempre la vida humana y que en el caso de Alejandro “Tino” John –a todas luces—no se lo respetó?

El fiscal que investiga el homicidio del hombre asesinado el año pasado en su casa del paraje Las Golondrinas en un confuso y presumiblemente irregular procedimiento del GEOP de Rawson, dijo en polémicas declaraciones a un medio afín al Ministerio Publico que “no tiene pruebas de que el sargento haya actuado bajo órdenes de un superior y por eso no hay más involucrados” en el crimen. ¿Esto qué significaría Díaz Meyer? ¿Que el empleado policial decidió ´por si solo´ matar a John?

En las últimas horas este portal de noticias habló con especialistas en la materia y todos los consultados coincidieron en que el operativo de la comarca andina, que le costó la vida a uno de sus pobladores “estuvo muy mal hecho” y que no se puede soslayar la “responsabilidad funcional” que les cabría a los jefes del policía que disparó, por más que –como dice Díaz Meyer– nadie le haya dado la orden de hacerlo.

Tino John no tenía a nadie de rehén y si ponía en riesgo la vida o la integridad física de alguno de sus vecinos deberían haberlos evacuado y llevar adelante el operativo buscando desarmarlo para trasladarlo posteriormente al hospital, indicaron los especialistas; uno de ellos capacitado en Buenos Aires como negociador y que intervino en varias tomas de rehenes que terminaron con exitosos resultados: sin ningún muerto y con detenidos.

El fiscal Díaz Meyer –quien nunca atendió a la viuda de John y que mantiene aún en secreto las diligencias que se han hecho (o no) en la investigación del crimen, se quejó en un reportaje que le dio al Grupo Jornada al pasquín del millonario sindicalista Héctor González, de que lo cuestionaban por haber demorado un año en pedir la apertura de la investigación contra el policía del GEOP que mató a Tino John y ahí también admitió que estaba “investigando si el accionar policial fue el correcto”, indicando asimismo (polémicamente) que “por ahora no tengo pruebas de que el sargento haya actuado bajo órdenes de un superior y por eso no hay más involucrados”.

Si esto efectivamente es así, Díaz Meyer estaría admitiendo que ´no hubo protocolo de actuación´ y lo peor, que por esa razón nunca se buscó evitar la muerte de John: un paciente psiquiátrico que ya había protagonizado hechos similares en años anteriores, en los que –una vez– fue desarmado por un enfermero del hospital de Las Golondrinas. 

Hay mucha desconfianza de la investigación que hará la fiscalía, de parte de la viuda y los hijos del productor asesinado. Uno de ellos, Donato, llegó a decir hace unos que “lo que van a hacer es para cubrirse ellos”, refiriéndose a las autoridades que estuvieron involucradas en el caso y por lo que dijo el fiscal en las últimas horas parece que muy errado no estaría en su pensamiento.

En este marco, aún no se sabe cuándo se haría la audiencia en donde se pediría la apertura de la investigación penal por el crimen   Alejandro “Tino” John, a quien mataron el 27 de mayo del año pasado en su propio domicilio del paraje “Las Golondrinas” en la comarca andina de Chubut.

¿Fue un hecho de gatillo fácil? ¿Hay cómplices o encubridores? ¿Por qué se tardó tanto en abrir la causa penal?  Son las dudas que hay entre los familiares de la víctima y también la ciudadanía.

A estas preguntas, por ahora sin respuesta, se deberían agregar: ¿Por qué la investigación no la lleva adelante un organismo federal teniendo en cuenta que hay muchas sospechas del accionar del Ministerio Publico Fiscal y que el principal involucrado, el supuesto asesino, es un policía de la provincia? ¿Qué pasó con la evidencia que se habría perdido; como filmaciones y fotografías? ¿Es cierto que se alteró la escena del crimen?

Con todas estas dudas y la sugestiva reacción tardía del fiscal del caso que tardó un año en pedir la apertura de la investigación contra el policía asesino (y ahora con las polémicas declaraciones que hizo Díaz Meyer) ¿se hará justicia por el crimen de Tino John?

Luego de más de un año de reclamos a los organismos provinciales, el fiscal Carlos Diaz Mayer ordenó abrir la investigación por el asesinato del vecino de la comarca Martin Alejandro «Tino» John, a manos de un grupo GEOP que lo abatió en su vivienda el 27 de mayo de 2021, según publicó El Extremo Sur. El procedimiento, plagado de irregularidades, se vio demorado por un interés de «manipular» y «ocultar» ciertos aspectos de la causa, según denuncia la familia. Ahora, se espera que el policía Luis Américo Moggiano sea juzgado por homicidio agravado. La pareja de John, Claudia Costa, permanece firme en su lucha por la justicia y exige que sean debidamente procesados todos los implicados en la cadena de responsabilidades.

El pasado miércoles, el defensor público Marcos Ponce adelantó que en el pedido de apertura imputarán a Luis Américo Moggiano, a quien podría caberle una cadena perpetua, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal. En diálogo con El Extremo Sur, Costa define a Moggiano como «el alma oscura» que disparó a su pareja, pero reconoce que hay una «larga cadena de responsabilidad, acciones y omisiones que llevaron a que acaben con la vida de Tino, y no pueden dejarse de lado».

Consultada por su primera impresión al recibir la noticia, dijo que fue de «sorpresa y logro», al igual que cierto alivio, ya que la apertura de investigación era uno de los reclamos centrales que Claudia y la familia sostuvieron desde el día uno.

Subrayó la «exagerada demora» presente en el caso y sostuvo que ésta confirma sus sospechas: «Esta demora habla mucho. Me da la razón. ¿Tanto tardaron para imputar a uno solo? ¿Por qué tuvo que pasar más de un año?». Destacó que, pese a los intentos de manipulación de la escena (probados por el perito de parte Enrique Prueger), hay evidencias preservadas que serían utilizadas en el proceso venidero para esclarecer los hechos.

«Es lo que pienso, si no, no puede demorar un año y tres meses una apertura de investigación. Sus propias acciones hablan de ellos mismos. La prueba es su accionar, si no hay nada que ocultar, nada entrelazado política, judicial y policialmente esto tendría que haber salido enseguida», enfatizó Costa.

«Me da tranquilidad, me preocupaba que no abrieran la investigación. De todas formas, yo iba a seguir luchando», expresó, y agregó: «En medio del dolor y la vida destrozada, sigo viendo el camino, siempre institucionalmente. Nadie puede decir, en el futuro, que no se enteró. Después de la cadena de errores y omisiones del 27 de mayo, se suman muchas otras de gente que miró para otro lado, la lista es cada vez más grande».

Aunque la imputación es un avance, no se siente conforme: «No sólo deben tomar responsabilidad los efectivos del GEOP sino todos los que ordenaron el allanamiento. Lo pedí desde el primer día, Me sentí totalmente subestimada. Para mi, todos los implicados deben estar imputados, en la responsabilidad que le quepa a cada uno».

La mujer recuerda y ratifica lo que dijo durante su discurso en el acto del Día contra la Violencia Institucional, en Buenos Aires: «Yo vivo en un gueto que se llama Chubut, donde gran parte del poder político, policial y judicial está entrelazado.»

La palabra de los hijos

Apenas se hizo pública la noticia de la apertura de investigación, los tres hijos de John se expresaron vía redes sociales, repudiando el accionar de los poderes policiales, judiciales y políticos.

«El 23 de agosto del corriente, el fiscal Carlos Diaz Mayer pidió la apertura de investigación. La misma tendrá lugar el 13 de septiembre. Sin embargo, vemos que en tal pedido, el fiscal da por sentado muchas cosas. Como por ejemplo, que nuestro padre era alcohólico, lo cual es una ferrea mentira y desconocemos en que se basa para tal acusación», escribieron Donato, Martín y Dana: «Son hechos que no hacen más que seguir ensuciando la memoria de nuestro padre.

Los hijos apuntaron nuevamente contra la negligencia de los funcionarios judiciales, quienes estaban obligados a contar con los recursos necesarios para tranquilizar el estado nervioso de John, en lugar de «neutralizarlo» bajo el argumento ya desterrado de que se trataba de un hombre «extremadamente peligroso».

«Desde el primer momento hemos pedido que se lo aparte de la causa», dijeron sobre Díaz Mayer», y agregaron: «Lo unico que ha demostrado el señor fiscal es ser un soberbio incompetente».

«Sabemos que esta misma gente ha resuelto casos en meses. Esto no se va a resolver tan rápido, pero que no digan que no hay pruebas o que el operativo fue un éxito. No fue un éxito: se perdió una vida», pedía Donato tres meses atrás, en diálogo con este medio: «Ellos prometieron investigar, dijeron que estaba todo mal hecho. Queremos una respuesta, no solamente nosotros sino toda la comunidad».

Bloqueo mediático y la indiferencia de los funcionarios

«Me dolió mucho escuchar a Díaz Mayer decir que iban a pedir una tercera pericia para ‘desempatar’. Me resonó y vi la cara de Tino. Ahí se ve la seriedad con que toman esto, la indiferencia. Quieren hacerme creer que la justicia es lenta, es desprolija. Para mi no se trabaja desprolijamente, es a propósito», comentó la pareja de John.

Al igual que en entrevistas anteriores, Costa habló del bloqueo mediático: «Quisiera saber, también, qué pasó con la cobertura mediática nacional. En televisión nacional me hicieron una sola entrevista. Estuvieron a metros de la casa donde asesinaron a Tino y nadie habló de él. Vinieron todos los canales a cubrir lo de los incendios, el incendio del Club Piltriquitrón, el tema del Lof Quemquemtrew. Eso, para mi, es otra prueba: ¿qué es lo que están tapando?», se cuestiona.

Durante los meses posteriores al asesinato de Tino John, el entonces Ministro de Seguridad Federico Massoni fue duramente criticado por la falta de protocolos de Salud Mental de los efectivos. Pese a la promesa de mejorar la capacitación de las Fuerzas, Massoni dejó su cargo con denuncias severas de violaciones a los Derechos Humanos, y el área no registró mejoras ni avances.

«El protocolo existe, la Ley de Salud Mental existe», subrayó Costa, «pero no se cumplen». Cree que sería poco probable que hoy se diera una situación similar a la de su pareja, no por el cumplimiento efectivo de protocolos si no por el antecedente de John: «No sé si hoy pasaría lo mismo, tristemente por lo de Tino. Quisiera pensar que no, sería grotesco.

Otro reclamo central que no fue cumplido es el pedido de apartar a quienes participaron el operativo, en tanto una fuerza ajena al Ministerio Público Fiscal investigara el caso. De lo contrario, señalan los familiares, «es la Policía investigándose a sí misma».

«Yo quiero pensar que, después de la performance que han tenido, de alguna forma u otra van a tener que demostrar lo que han parecido hasta ahora. Yo sigo adelante. Creo en la justicia, creo que se va a hacer lo que corresponda. No creo que haya que acostumbrarse a la falta de justicia. Justicia sería que Tino regrese. Cómo no va a pasar, estoy dedicada a esto, como forma de honrarlo y defenderlo», concluye Costa.

A un año y tres meses de la muerte del Tino John en Lago Puelo, sus hijos emitieron un comunicado pidiendo justicia.

Al cumplirse un año y tres meses de la muerte de Tino John en Lago Puelo, sus hijos emitieron un comunicado expresando que desde la Justicia se dan por sentado cosas que «ensucian el nombre» de su padre.

En el comunicado que se dio a conocer a través del Facebook «Justicia por tino John» , sostuvieron que «el fiscal da por sentado muchas cosas, como, por ejemplo, que nuestro padre era alcohólico, lo cual es una férrea mentira y desconocemos en que se basa para tal acusación».

Y continúa indicando que «el día del asesinato de nuestro padre el señor fiscal declara en los medios locales que hubo negociaciones con mi padre. Sin embargo, los testigos declaran que no hubo ningún tipo de negociación (incluso lo dice hasta el mismo mediador), todo esto consta en la causa».

«Todos estos elementos y muchos más, nos dan la pauta de que el fiscal Díaz Mayer no ha leído nada de la causa. Y que no está a la altura de las circunstancias para ocupar el cargo que ostenta», afirman en el texto.

Aseverando que: «Es por esta razón que desde el primer momento hemos pedido que se lo aparte de la causa. Lo único que ha demostrado el señor fiscal es ser un soberbio incompetente».

«También queremos hacer público que a pesar de haber transcurrido 1 año y 3 meses, el Ministerio Publico Fiscal nos sigue negando la información de la causa, a pesar de los reiterados pedidos que hemos realizado», concluye el comunicado.

El fiscal Anticorrupción de Chubut, Diego Carmona, se refirió a la situación de los empleados del sector de Sanidad de la Provincia. “Las horas guardias no se pueden usar como un plus del sueldo y tampoco puede superarse la cantidad de horas que establece el Convenio Colectivo de Trabajo”, aseveró.

En este sentido, señaló -en diálogo con Radio de Camioneros– que “estuve reunido con los trabajadores del Sindicato de la Salud quienes me expresaron unas cuestiones relacionadas a las horas guardia en la sección de Pediatría”.

“Este acercamiento a las organizaciones de la sociedad civil me permite tener otra mirada a nivel local y poder dilucidar si la investigación que inicio en Trelew merece ser replicada en otros puntos de la Provincia”, dijo

Asimismo, aclaró que “envié un pedido de informes al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia”

“Las horas guardias no se pueden usar como un plus del sueldo y tampoco puede superarse la cantidad de horas que establece el Convenio Colectivo de Trabajo”, indicó.

Finalmente, Carmona concluyó que “voy a investigar si hay un sector de empleados públicos que está cobrando por un servicio que no está prestando”.

El hijo de «Tino» John se mostró descreído del súbito interés del fiscal Carlos Díaz Mayer por pedir recién un año después la elevación a juicio del asesinato ocurrido en Las Golondrinas por parte de efectivos del GEOP que dependían de Federico Massoni.

Donato John se refirió a la apertura de investigación formal que realizará la justicia respecto al asesinato de su padre, Alejandro “Tino” John, ocurrido en mayo del año pasado en el paraje Las Golondrinas y donde se imputará a un efectivo policial.

Donato lamentó que haya pasado más de un año para realizar la apertura ya que “argumentos había de sobra; tardaron un montón de tiempo en abrir la investigación, juntando información”, y ahora “la balanza está de un solo lado, para cubrirse ellos”.

Resaltó que “los que lo mataron a Tino no fue solo el que disparó sino todo el conjunto político; los que nos tiene que defender; a los que aportamos para que cobren sus sueldos… hicieron todo apresurado y mal”.

Según publica Radio 3, Donato John sostuvo que “durante, antes y después, todo fue mal hecho. La Justicia ya está, ya lo mataron; la Justicia debió estar antes para que una persona esté con vida. Le dieron el poder de juez a un policía para que ejecute a una persona, pero para que esté donde estaba tenía una orden de alguien para que entren como entraron”.

Recordó que “los que mataron a Tino fueron todos, desde los que dieron la orden de entrar, el jefe policial, el jefe del operativo y todos, hasta el fiscal; todos metieron la pata y no se quieren hacer cargo”.

Fue en este contexto que comenzó a enumerar varias cuestiones que consideró irregulares o llamativas, como que por ejemplo “las cámaras (que portan los efectivos policiales) tendrían que haber estado funcionando y no filmaron nada”.

Además, “la Policía investigó a la misma Policía; no fue otra fuerza y el mismo día que estuvo el fiscal no se presentó ante nosotros; no tomó él las riendas de la cagada que hicieron”.

Resaltó que “entraron los del GEOP antes de tener la orden que era para secuestrar armas y en la misma orden decía que (Tino) estaba bajo un brote psiquiátrico; esto consta en la orden y ni siquiera se identificaron: llegaron con la peor”.

Por eso, “montaron una escena para justiciar que Tino les tiró y ellos salgan limpitos”, añadiendo que “la propia fiscal Monje nunca subió a ver, estuvo abajo. Yo mismo vi cómo modificaron la escena y la fiscal me dijo que ‘es parte de la investigación’, pero eso no consta en ningún informe”.

Ahora “dicen que es alcohólico pero el análisis de sangre que le hicieron dice que no tenía alcohol”, cuestionó.

Fue por ello que consideró que “Justicia no, ya está. Debería haber sido si mandaban ambulancia y un psiquiatra antes porque sabían a qué iban (…) Justicia ya no hay. Se quiere resolver pero no lo van a traer con vida de nuevo”.

Con un fuerte descargo, la vicepresidenta de la Nación salió al cruce con Diego Luciani, tras el pedido de condena de 12 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida en el juicio por la causa Vialidad.

En breve, Cristina Kirchner cuestionará en la etapa de alegatos, la incorporación de pruebas de otros casos que no habían sido discutidos con anterioridad, según publica TN.

En relación al cruce con Diego Luciani, la respuesta de la vicepresidenta de la Nación tendrá un fuerte condimento político y buscará desacreditar los chats del exsecretario de Obras Públicas, José López.

La fiscalía, en este sentido, utilizó las conversaciones como prueba en el proceso. El titular del Senado planteará que existe una persecución judicial y política en su contra.

No son pocos los que sostienen que el fiscal Omar Rodríguez debería dar un paso al costado y dejar que otro acusador instruya la denuncia penal que hace unos días le hicieron a Massoni, porque Rodríguez pudo haber incurrido en un “solapado” adelantamiento de opinión, cuando todavía ni había leído la denuncia y salió por una radio de Trelew quitándole peso. Afirmando, entre otras cosas, que iba a verificar si no se trataba “de un caso que ya se planteó en su momento por parte de diputados de distintos bloques, que quedó en la nada”.

En esa entrevista, en la que el medio con el que habló el funcionario consideró que “le había bajado el precio” a la presentación realizada por el sargento Luis Suárez, del Consejo de Bienestar Policial de Chubut; Rodríguez también dijo, sin haber leído la denuncia, que la misma tenía que ver “con un convenio que se firmó con la cámara de grabadores de autopartes de vehículos y motos, lo cual fue interpretado como una especie de «privatización» en la que el ex ministro Federico Massoni se habría excedido en las atribuciones de su cargo”. Casi anticipando cuál sería su dictamen al respecto.

A Massoni no solo le atribuyen haber perjudicado al Estado chubutense con supuestos negociados para hacerle ganar millonarias sumas de dinero a empresarios conocidos de él con las Plantas Verificadoras de Automotores, que desde siempre fueron administradas desde la Policía, sino que también le endilgan haber distraído en otras cuestiones determinados recursos (como móviles policiales, por ejemplo), que deberían estar disponibles para el servicio de seguridad ciudadana: “función principal de la fuerza policial”, se destaca en la presentación realizada por el sargento Suárez, que en las últimas horas ha sido ampliada por el abogado Eduardo Conde, quien denunció también al gobernador Mariano Arcioni interpretando que tiene responsabilidad en lo que hizo Massoni.

En este marco, el fiscal que debería revisar la denuncia y valorar si tiene peso o no como para instar el inicio de una causa judicial, sin leerla, ya salió a quitarle entidad y a minimizarla en declaraciones periodísticas, repitiendo casi lo mismo que dijo Massoni también públicamente sobre la cuestión; que él ya había sido investigado por ese tema y que incluso se había vindicado ante la Justicia.

Esta, si se quiere, polémica aparición pública del fiscal de la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública de Trelew, Omar Rodríguez; hablando casi “a favor” de un eventual imputado, debería ser una causa suficiente como para pedir su apartamiento y que la denuncia la reciba otro acusador que no esté sospechado como él de ser parcial o de no tener objetividad.

Pero si se solicitara el apartamiento de “El Toto” Rodríguez como dicen que lo llama el propio Massoni: ¿quién debería analizar si ese pedido de recusación es justo o no? El mismo que lo puso al frente de la Unidad Especial Anticorrupción: Jorge Miquelarena, el procurador General, su vez jefe y hasta dicen amigo de Rodríguez y factor fundamental de que Massoni hoy tenga un centenar de denuncias cajoneadas.

¿Cuál crees entonces que puede ser el destino de la presentación del sargento Suarez, y de la ampliación que hizo hace poco el abogado Conde agregándolo en la denuncia al gobernador Mariano Arcioni?

La Asociación Argentina de Fiscales manifiesta su preocupación por las manifestaciones expresadas en medios periodísticos y redes sociales tendientes a descalificar la actuación profesional de la Fiscal Florencia Gómez con motivo del proceso instruido por el incendio intencional de la legislatura provincial en el año 2019.

Afirmar falsedades como «…Este fallo condena al compañero Santiago Goodman en una causa ‘armada’ , con ‘espionaje ilegal…»1 o comunicar a la población que las medidas de fuerza tomadas por el gremio Ctera obedecen a la «criminalización de la protesta social» constituyen presiones indebidas tendientes a manipular la opinión pública, desacreditar a la justicia, y a doblegar e incidir sobre un pronunciamiento judicial que fue tramitado dentro de las reglas del debido proceso y con el respeto de las garantías judiciales.

Es preciso destacar que el objeto del proceso seguido al Sr. Goodman no tiene nada que ver con la legitimidad del reclamo, a punto que esta Asociación también ha reclamado en esos tiempos por el incumplimiento de las remuneraciones a miembros del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut, pero por vías legítimas.

La situación es particularmente grave porque además la Magistrada fue víctima de «escraches» con amenazas implícitas y veladas, y conforme nos relatara, no es la primera vez que «..estamos solos y expuestos constantemente a que nos agredan, e insulten..»

Es oportuno también señalar que la situación de los Fiscales en la Provincia de Chubut, por diversas causas entre las que se cuenta un erróneo diseño y distribución de los recursos del sistema judicial, vienen provocando la imposibilidad de cubrir los cargos vacantes, o de que sus integrantes prefieran migrar a la función jurisdiccional (Jueces) llegándose a verificar situaciones de sobrecarga de trabajo, o que deban realizar diligencias enfrentando complicaciones que afectan las «condiciones razonables de servicio».

Y en ese contexto, la manipulación de la opinión pública, direccionada malintencionadamente provoca un grave daño a un Ministerio Público Fiscal que ya venía desde antes necesitando de la atención y dedicación suficiente de los otros poderes del estado provincial.

La realización de medidas de fuerza como los paros docentes, con la consecuente suspensión de las clases, cuando son acompañados por explicaciones «tendenciosas y parciales» a los alumnos («se lo condenó por haber participado de una protesta social») -como nos han referido varias.