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El insólito episodio ocurrió en los últimos días, los familiares recibieron la citación de la justicia que llamaba a declarar a la propia víctima.

La Justicia citó a la mujer que murió tras caer en el hueco del ascensor de Tribunales en la ciudad de Esquel. El hecho generó sorpresa e indignación en la comunidad. En septiembre habrá una audiencia y la Justicia citó a la víctima fatal.

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Se trata de María Antieco, quien  murió en agosto de 2018 tras caer por el hueco de un ascensor en los tribunales de Esquel. Su hijo Néstor lamentó la situación y dijo que “es una forma de reírse de la causa y la desgracia le tocó a mí mamá de perder la vida”.

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En el documento, la Justicia esquelense se notifica y cita para el próximo miércoles 9 de septiembre a María, para participar de una audiencia de apertura formal de investigación. En la nota se aclara que se la convoca por ser “la víctima del hecho investigado”. Además, se aclara que “puede concurrir o no a la misma”, recomendando presentarse media hora antes con DNI.

La justicia investiga  la muerte de la mujer de 60 años, ocurrida en agosto de 2018, cuando cayó por el hueco de un ascensor en los Tribunales de Esquel, mismo Tribunal que ahora la convoca a la audiencia. La notificación enviada este martes a la casa donde vivía la mujer y su hijo, quien lleva adelante la acción judicial.

Néstor señaló que “la gente que está trabajando ahí mínimo tiene 5º o 6º año de la secundaria y un error así, tan garrafal, es muy difícil que lleguen a tener”. Y dijo – a Radio 3 – que “la gente que trabaja allí sabe de qué se trata la causa, cómo es y quién es la persona que perdió la vida en ese momento”.

El hombre remarcó que desde Fiscalía “me mandaron una disculpa”, pero aseguró que “lo tomo como a propósito, no hay otra forma de tratar las cosas. Es como que no tienen en cuenta el dolor que le tocó vivir a la familia”, informó ADN SUR.

La Policía y la Justicia de Santiago del Estero investigan un supuesto abuso sexual que habría sufrido una joven estudiante de 20 años, la que habría concurrido a un domicilio para realizar un trabajo de peluquería, pero mientras esperaba a su clienta, el esposo quien fuese el docente de ésta, se habría propasado con ella y la habría manoseado en sus partes íntimas. Pese a los pedidos de disculpas del matrimonio, la damnificada decidió denunciar el hecho.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes policiales y judiciales, el hecho se registró en la ciudad de Ojo de Agua, hace poco más de una semana, pero recién se conoció en las últimas horas.

Según confiaron las fuentes, la damnificada relató a los uniformados que acudió a la vivienda del acusado, quien además sería profesor suyo en un establecimiento educativo, ya que ella debía realizarle un trabajo de peluquería a la esposa del docente.

Al llegar, el acusado la hizo ingresar, le dijo que su esposa no se hallaba, que la esperara. Sin embargo, en un momento la habría abordado y comenzó a tocar sus partes íntimas. La joven trató de quitárselo de encima y en esos momentos llegó la mujer.

El denunciado salió del inmueble, y ella le contó a la mujer lo sucedido, para luego retirarse a su casa.

Horas más tarde, la mujer y el docente se presentaron en el domicilio de la joven, pidiéndole disculpas, argumentando que se trató de “un impulso”.

La Fiscalía interviniente ya habría ordenado una batería de medidas para tratar de establecer cómo sucedieron los hechos.

Fuente: El Liberal

Este domingo, trabajadores docentes se movilizaron en el ingreso de la ciudad, precisamente en el monumento al Carrero Patagónico, para exigir justicia por el crimen de su compañero Marcos Ivanoff, a un mes de su fallecimiento.

Tras este acto, los docentes se acercaron a las inmediaciones del Ministerio Público Fiscal, donde pegaron en los postes imágenes de Ivanoff pidiendo por el esclarecimiento del crimen. Asimismo, llaman a la solidaridad de las personas que tengan datos o hayan visto algo que pueda ayudar en el juicio.

El pasado viernes 3 de Julio, el docente recibió al menos dos disparos a bordo de su vehículo en el Máximo Abásolo, y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde falleció al día siguiente.

La fiscal Cecilia Codina, que interviene en el asesinato del docente y dirigente gremial, Marcos Ivanoof, informó que continúa la investigación para esclarecer el hecho. Se trata del segundo homicidio ocurrido en Comodoro en lo que va del año.

«Hemos peritado el auto y su ropa íntegramente», señaló la fiscal en diálogo con ADNSUR. Y agregó que «además se realizaron cuatro allanamientos con resultados negativos. Hoy contamos con ciertas pericias científicas que se están realizando, pero no tenemos más elementos que eso».

En este marco aclaró que «se sigue trabajando desde la Brigada de Investigaciones en conjunto con Fiscalía. Todavía no tenemos más elementos para terminar de reconstruir cómo ocurrió el hecho. Yo entiendo que el móvil fue un robo. Además hubo cuatro disparos en el lugar por los impactos que recibió el vehículo».

Finalmente la fiscal pidió la colaboración de la comunidad: «A todo aquel que haya visto o escuchado algo, que por favor concurra a la Fiscalía o a la Brigada de Investigaciones para que puedan colaborar con el esclarecimiento de la causa».

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Publicado por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Domingo, 2 de agosto de 2020

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que «es una discusión falsa la cantidad de miembros que podría tener la Corte Suprema de Justicia» en la reforma judicial impulsada esta semana y lamentó que los medios y un sector de la oposición creen «ideas e imágenes que no son ciertas».

También sostuvo que la oposición, «en particular los que fueron funcionarios del gobierno de Cambiemos, deberían estar muy agradecidos de la reforma, porque les garantiza que nosotros no vamos a hacer con ellos lo que ellos hicieron con los funcionarios de Cristina Kirchner» al marcar su distancia respecto de «la doctrina (del camarista Martín) Irurzun», vinculada a las prisiones preventivas indiscriminadas.

El jueves pasado, el proyecto de ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal ingresó a la cámara del Senado de la Nación, tras ser anunciado el día anterior por el Presidente en Casa de Gobierno.

La iniciativa es una de las promesas de la campaña electoral del año pasado, confirmada por el mandatario durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso nacional el pasado 1° de marzo, previo a la pandemia de coronavirus.

En la presentación del jueves último, el Presidente Fernández manifestó el objetivo principal de la reforma: «Nunca más a la justicia utilizada para saldar discusiones políticas» y deseó que ese poder del Estado esté «en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión».

La iniciativa del Gobierno nacional se completa con la integración de un consejo consultivo integrado por 11 juristas de diferente pensamiento que debatirán, a pedido del jefe de Estado, diferentes aspectos que hacen al funcionamiento de la Justicia a nivel de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Juicio por Jurados.

De ese debate surgiría un proyecto de «recomendación» que sería «no vinculante» y que luego sería enviado al Congreso para su debate en ambas cámaras.

Desde la presentación de ambas iniciativas, una ya en el Congreso y la otra por empezar a discutirse en el consejo consultivo, la oposición y algunos medios insistieron en afirmar que la vocación de los cambios que impulsaba el Poder Ejcutivo estaba vinculado a modificar el número de integrantes de la Corte, algo que también fue desmentido por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, en un reportaje a C5N.

En este contexto, Fernández, volvió a aclarar hoy en El Destape Radio, que «el número de miembros no es la cuestión, eso una discusión falsa», y recordó que en campaña él mismo consideró que «no se necesitan más de cinco miembros» en el Alto Tribunal.

«Esa (el número de la Corte) es la cuestión que imponen», sostuvo el mandatario en referencia a cómo es presentada la información.

Según Fernández, «hay muchas cosas que se tienen que revisar de la Corte» y «la comisión -creada por DNU- tiene que decir cómo es el funcionamiento de la Corte, pero lo de la cantidad de miembros es una discusión falsa».

Asimismo, defendió la integración del consejo consultivo integrado por 11 miembros para que lo asesoren en el proyecto de reforma judicial y mostró la «heterogeneidad» y solidez de sus integrantes, en oposición también a las críticas vertidas desde los medios sobre los diversos especialistas.

«Los diarios clásicos y sus respectivos canales de televisión, cuando se conocieron los miembros dijeron ‘un zaffaronista ingresa a la comisión´ en referencia a (Raúl Gustavo) Ferreyra, un casi discípulo de Germán Bidart Campos, que era un hombre liberal. Después, le hacen un reportaje en La Nación al supuesto zaffaronista y él les responde que con cinco miembros la Corte puede seguir funcionando tranquilamente», ejemplificó.

También dijo que «en la comisión hay otro gran constitucionalista que hasta donde sé, es radical, uno de los más tenaces cuestionadores de la Ley de Medios, (Andrés) Gil Domínguez, y sin embargo, yo no leí en ningún lado que alguien que pensaba como (Héctor) Magnetto está en la comisión. Y resulta que cuando le hacen un reportaje, Domínguez dice que la Corte tiene que tener nueve miembros», analizó.

«Yo cuento esto para advertirle a la gente como van construyendo ideas, imágenes que no son ciertas» dijo en referencia a los medios «tradicionales».

Por otra parte, consideró que «la oposición, los exfuncionarios de Cambiemos fundamentalmente, deberían estar muy agradecidos con la reforma porque si tienen que enfrentar procesos penales no les va a pasar lo que les pasó a los funcionarios de Cristina Kirchner, porque no estamos con la doctrina Irurzun y no queremos que eso prospere», agregó por las prisiones preventivas.

«Así que los del anterior gobierno son los principales beneficiados con esta reforma y me comprometo públicamente a no hacer con ellos lo que ellos hicieron. El resto, es mentira», remarcó el Presidente.

Del mismo modo, ejemplificó con las críticas a «(Carlos) Beraldi (en la comisión)», quien «en el 2003, cuando llegamos al Gobierno (con Néstor Kirchner) quisimos hacer esta misma reforma y lo llamamos también para hacerla, y nadie lo cuestionó. Ahora lo cuestionan porque es abogado ‘de'», analizó el mandatario en referencia al letrado de la vicepresidenta.

Y disparó: «Mis modos se chocan con la hipocresía, pero me cuesta ser un hipócrita porque no lo soy».

En el mismo sentido, sostuvo que «hay dos tipos de oposición, una con la que se logra mayor nivel de entendimiento para hacer esfuerzos en pos del bienestar de la gente, y después están los que están en Twitter y ahí, son los que arman cacerolazos, los que le hicieron creer a la gente que Vicentin era un acto de expropiación».

«Esos son los que frustran el bienestar de la Argentina y yo espero que eso en algún momento pase, pero no tengo mucha esperanza de que ocurra», lamentó Fernández, tras finalizar con que «sería bueno que reflexionen sobre el país que dejaron».

El presidente Alberto Fernández destacó que propone «organizar mejor la justicia federal» y que «el poder decisorio no se concentre en poco magistrados» porque eso fue lo que llevó a que ese fuero «se politizara», que «los procesos no se desarrollaran con eficacia» y se «manipularan los tiempos en función del clima político imperante», al presentar el proyecto de reforma judicial en Casa Rosada.

Fernández resaltó la necesidad de una reforma judicial para que «nunca más» exista «una política que judicializa los disensos», y aseguró que sin un sistema de justicia «independiente del poder político, no hay república y democracia».

La iniciativa propone unificar y duplicar los juzgados federales y designar un consejo de notables para que asesore al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema.

El Presidente presentó el proyecto de Reforma Judicial en Casa de Gobierno.

El mandatario aseguró que «la defensa del derecho reclama como indispensable que el sistema se adecué a la norma» y que «el Poder Judicial deba estar en manos dignas, no permeables a ninguna presión».

Al presentar el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo, el Presidente repasó las intromisiones de la política en la Justicia a lo largo de la historia argentina.

En ese marco, aseguró que durante el gobierno de Mauricio Macri la Administración Federal de Inteligencia “quedó en un manto de sospecha” por intervenir en causas judiciales” y el principio de incocencia en juicio se vulneró”.

Ningún país avanza "sin un adecuado servicio de justicia", afirmó Alberto Fernández.

En otro punto de su discurso, el jefe de Estado aseguró que los miembros del Consejo Consultivo que asesorarán sobre la reforma judicial “tendrán plena libertad” para formular las propuestas que «la sociedad demanda”.

Durante el acto en la Casa Rosada, añadió que “ningún” país avanza “sin un adecuado servicio de justicia”.

El presidente Alberto Fernández presenta este miércoles el proyecto de ley de Reforma de la Justicia, que unificará y duplicará los juzgados federales y designará un consejo de asesores para elaborar propuestas respecto al funcionamiento del sistema y fundamentalmente de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura.

«La Justicia es uno de los tres poderes de nuestra República y como tal tiene potestades singulares. Por eso la Constitución establece que llegado el caso puede disponer de nuestros bienes y hasta de nuestras libertades. Semejante poder debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión», planteó.

Seguido, Alberto Fernández advirtió que «con el correr de los años hemos visto cómo el influjo del poder político y también de otros poderes fue operando sobre la decisión de algunos jueces».

«Los cuatro años que precedieron mi asunción como Presidente estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un estado de derecho», cuestionó en referencia al gobierno de Mauricio Macri.

El Jefe de Estado asegura que «lo único que lo impulsa a reclamar un cambio es fortalecer el estado de derecho» para «hacer la República que todos declaman pero que algunos humillaron».

«Digamos nunca más a una Justicia utilizada para saldar discusiones políticas y que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno», reclamó y reiteró que su propuesta es la de tener una «justicia independiente».

El Presidente consideró que «es hora de poner en el debate público la cuestión judicial para que podamos lograr tener un mejor estado de derecho» y reiteró: «Lo que estamos proponiendo no es otra cosa que consolidar una Justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia».

Este es el primer acto que el Jefe de Estado encabeza en la Casa Rosada luego de suspender sus visitas al interior frente a los saltos en los casos de coronavirus. Escoltado por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, Alberto Fernández explica los objetivos centrales de una propuesta que incluyó en sus promesas de campaña y que defendió el pasado 1 de marzo, al inaugurar las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación.

El Presidente también presentará formalmente a sus elegidos para integrar el consejo de juristas que tendrá 90 días para elaborar propuestas tendientes a promover reformas en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo de la Magistratura (organismo encargado de seleccionar, controlar y eventualmente sancionar a los jueces) y en otros aspectos de la justicia tales como la puesta en marcha de los juicios por jurado.

Los elegidos son Carlos Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.

La presencia de letrados como Beraldi, abogado de Cristina Kirchner en varias de las causas por presuntos hechos de corrupción durante sus gobiernos, y Arslanian, quien representa a ex funcionarios kirchnerista, incentivó cuestionamientos de la oposición, donde los referentes de la coalición Juntos por el Cambio ya anticiparon que rechazarán cualquier intento por ampliar el número de integrantes de la Corte.

Respecto a la reforma que el Presidente enviará, se presume esta semana, al Congreso, el objetivo es aplicar cambios en el fuero federal, fusionando los doce juzgados criminales con los once de penal económico y duplicando su número para dinamizar esta área judicial que se ocupa de los delitos complejos como narcotráfico, trata y corrupción, entre otros.

Sobre el diseño de la propuesta estuvo trabajando el propio Fernández junto a la ministra Losardo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Pese al aumento de la delincuencia en el conurbano durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus y el envío de fuerzas federales, el Gobierno aseguró que no hay «una ola desmedida de inseguridad». El secretario de Seguridad Eduardo Villalba consideró que se «empezaron a visibilizar algunos delitos».

La mano derecha de la ministra Frederic indicó que les preocupa «estar a la altura para que los delitos no pasen a mayores» y que la inseguridad «no creció 40%, sino que aumentó respecto a los primeros dos meses de la cuarentena» implementada en marzo. Las fuerzas se enviaron a las zonas más calientes del conurbano como Quilmes, Virrey del Pino, La Matanza, Almirante Brown, Moreno, Esteban Echeverría, Florencio Varela y Lomas de Zamora.

Señaló que todavía no tienen estadísticas de los delitos pero que no se está ante «una ola desmedida de inseguridad». Explicó que se empezaron a «visibilizar algunos delitos», y que quieren «estar a la altura para que no pase a mayores».

El funcionario detalló en diálogo con Radio Mitre que el acuerdo para enviar fuerzas federales al conurbano se hizo con el gobernador Axel Kicillof y las cuestiones operativas con el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, que mantiene fuertes cruces con Frederic.

Aunque negó que haya habido fuertes cruces verbales en el último encuentro entre Berni y Frederic. Dijo que eso «no es verdad» y que fue una reunión «donde hubo cambios de palabras que se tradujeron en acciones».

En los últimos días hubo dos casos de jubilados que mataron a delincuentes que entraron a robar a sus casas, en Quilmes y en Mar del Plata. Villalba evitó pronunciarse «a favor o en contra» de estos asesinatos y que será la Justicia la que decidirá «si está bien o no» cómo actuaron los jubilados.

También habló sobre las polémicas declaraciones del intendente de José C. Paz Mario Ishii, que mientras discutía con un empleado municipal de Salud afirmó: «Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias». Villalba dijo que si Ishii «dijo eso es algo grave que tiene que investigar la justicia».

Consultado sobre la excarcelación de presos que integran la población de riesgo de coronavirus, ante el riesgo de contagio en las cárceles, aclaró que el ministerio de Seguridad «no soltó a nadie, porque no tiene facultades para eso». Planteó que «hay otra cosa que no está en discusión y que debería estarlo» que es «una discusión seria sobre qué se hace sobre el Sistema Penitenciario Federal».

El conflicto con el Concejo Deliberante se dirime en la justicia. Mientras tanto el intendente Pol Huisman desconoce su suspensión. Declaró asueto y nunca se fue del municipio.

En contacto con NOTAS DE RADIO el intendente de El Hoyo se refirió al escándalo por los permisos apócrifos entre El Hoyo y El Bolsón que derivó en la suspensión del cargo del Ejecutivo y del concejal Flak.

El intendente afirmó que está esperando “si el presidente (del Concejo) viene, con algún instrumento que acredite con algún poder. Desconocemos este acto (la suspensión) desde el primer momento y lo recurrimos hasta la justicia”.

Luego recordó que el municipio es querellante en la causa de los permisos. “El Concejo entiende insólitamente que nuestra denuncia penal entorpece, para nosotros es paralelo y creemos que es lo correcto porque la justicia tiene los elementos para aclarar esta situación. Luego de esto el Concejo convoca a sesión secreta donde suspenden al concejal y después a mí”.

“Nosotros queremos que la justicia deje en suspenso esta medida del Concejo y seguimos trabajando para la revocatoria del mandato de concejales. Para eso hay un procedimiento legal. Se hace un plebiscito por sí o por no. Si gana el sí por el 50% se revocan todos los mandatos del Concejo Deliberante. Va a ser muy difícil gobernar con este concejo”.

Más adelante, Huisman se refirió al conflicto inmobiliario que señalaron medios nacionales en relación al intendente anterior: “nosotros atando cabos creemos que tiene que ver con un proyecto que inicialmente se trató con el concejal Salamín en relación a una plataforma de regularizar las tierras (…) pero él después se termina aliando con personas del anterior gobierno contradiciendo totalmente lo que se había hablado. La semana pasada justamente constituimos la primera cooperativa de desarrollo local para desarrollar temas de planificación territorial donde convocamos a comunidades de pueblos originarios, asociación de productores, cooperativas, y una serie de instituciones. Creemos es el detonante de todo esto al ver que se les acababan sus históricos negociados. La tierra no está regularizada en esta zona, capaz cambian un par de hectáreas por una camioneta y después la venden en millones. Así estamos hace más de 30 años, vinimos a cambiar esta historia”.

La situación de Rolando Huisman será definida por Superior Tribunal de Justicia de Chubut. El suspendido intendente de El Hoyo presentó una medida cautelar luego de que el gobernador Mariano Arcioni descartara la intervención del municipio, que requería tratamiento legislativo. Este lunes, César Salamín -a quien Huisman denunció por «haber sido cooptado»- debería asumir por cuarenta días, pero el intendente electo aseguró que sigue «trabajando» en su despacho. Huisman denunció «un plan destituyente» y «un negocio inmobiliario feroz relacionado con el ex intendente Mario Breide».

«Presentamos una medida cautelar ante el Supremo Tribunal de Justicia, que esperamos se expida a más tardar mañana (por hoy, lunes 20 de julio)», afirmó

Huisman ayer, quien agregó que «Sigo siendo el intendente de El Hoyo, trabajando en mi despacho con gente de mi gabinete. Una de todas las irregularidades que cometió la comisión investigadora que votó mi destitución fue no notificarme la decisión».

Huisman destacó el apoyo «del ministro Wado De Pedro, de los tres senadores nacionales de la provincia y casi todos los diputados nacionales e intendentes de Chubut y de la región».

Quedan por dilucidar las razones por las que los concejales César Salamín

El presidente del Concejo y aliado de Huisman y Fanny Ávalos (del Frente de Todos) decidieron respaldar esta situación a la oposición local en la suspensión de Huisman.

«Negocio inmobiliario feroz»

El intendente Huisman -que resiste legal y personalmente esta situación de suspensión determinada por el Concejo Deliberante- aseguró que «acá hay un negocio inmobiliario feroz relacionado al ex intendente anterior, Mario Breide, un jefe comunal que respondía al gobernador Das Neves» y que «La conspiración en mi contra estaba en marcha desde hace dos meses y aprovecharon el malestar por la pandemia para hacer esto. Básicamente me hicieron una cama».

El argumento del oficialismo que respalda a Huisman apunta a que la creación de la primera cooperativa de desarrollo local «pone en jaque el gran negocio inmobiliario local; con tierras de un valor fiscal irrisorio que pueden adquirirse por cien mil dólares por hectárea y que, fraccionadas, puede ser vendidas por un millón de dólares la porción».

Dos inmobiliarias

Según Ámbito, en El Hoyo «funcionan dos inmobiliarias: una a cargo de Manuel Silva y otra de Mario Breide. Un ex asesor legal local y un ex intendente. Con este movimiento político se les termina un negocio millonario. Por primera vez, esta situación ha llevado al desafío de intereses históricos que también se dan en otras zonas de Chubut. En ese marco, el presidente del Concejo Deliberante -César Salamín-terminó siendo cooptado por el poder real».

«El gobernador me llamó y me comunicó su decisión de intervenir el Municipio, pero finalmente no se formalizó porque no fue necesario. Lo que sí presentamos fue una medida cautelar ante el Supremo Tribunal de Justicia, que esperamos se expida a más tardar mañana», detalló Huisman, referente de Nuevo Encuentro, uno de los partidos que conformó el Frente de Todos con el que en diciembre ganó la intendencia con el 53% de los votos.

Según dijo a Télam, con la sesión especial en la que cinco ediles votaron primero la suspensión del concejal oficialista Gustavo Flak y luego la de Huisman es que «habría un plan destituyente» en su contra.

Los certificados

«Hubo un tema cuando detectamos certificados de circulación truchos emitidos en el área de Acción Social. Esto comenzó hace dos meses, se hizo una comisión investigadora y en un momento un exempleado del área confesó que los había hecho», detalló el Intendente.

«En ese momento Flak les dice que hay que hacer la denuncia penal pero los concejales se niegan, les explica que de no hacerlo se estaría incurriendo en un delito. Ante la negativa de los concejales me advierte lo que sucede y yo hago la denuncia penal», contó.

La comisión dice «que mi denuncia penal entorpece el trabajo de la comisión y ese es el argumento que usa para destituirme en una sesión plagada de irregularidades que ya denunciamos», remarcó.

Revocatoria de mandatos para concejales

Un sector de la ciudadanía comenzó a juntar firmas para pedir la «revocatoria de mandatos», posibilidad que brinda la Constitución de Chubut, y el Ejecutivo municipal busca una «salida política» ante esta situación. Para que la revocatoria se concrete deberían contar con el aval del 25% del padrón de la localidad. Dn caso de obtener ese respaldo se les revocaría el mandato a los concejales cuestionados -quienes votaron la destitución de Huisman- y se llamaría a una nueva elección.

Las «disculpas» de Salamín

El cuestionado presidente del Concejo pidió «disculpas» por no haberlo dejado ingresar a los medios a la sesión en la que fueron suspendidos Huisman y Flak. Su argumento fue que la prohibición fue para «evitar la aglomeración de gente en medio de la pandemia.» «Igual se abrieron las cortinas, y además el Concejo tiene una página donde se transmitió en Facebook en vivo la sesión así que no era secreta», sostuvo.

Salamín tuvo tiempo para confrontar con el gobernador Arcioni, afirmando que «realmente me preocupa muchísimo lo que ha dicho el gobernador a través de su cuenta de Twitter desconociendo total y absolutamente la Constitución de la provincia».

…“Notificamos en su momento al titular de la Unidad Regional Comisario Mayor Fernando Mora, pero no cumplió”…

En declaraciones públicas, el Jefe de Policía, Miguel Gómez, aseveró que se le informó con antelación al Crio. Fernando Mora de que estaban incurriendo en irregularidades en el manejo de fondos públicos en la Seccional 4ta. de Puerto Madryn. Situación que lo dejó expuesto ya que no denunció en tiempo y forma la presunta comisión delictual que estaba ocurriendo. Esto infringe claramente el Decreto 1162/2000 ya que la obligación de denunciar es un deber que nuestro Código Procesal Penal le exige a todo funcionario.

Si el Jefe de Policía tenía conocimiento de que se estaban cometiendo ilegalidades en el manejo de los fondos públicos y no actuó en consecuencia, cometió una omisión que debe ser investigada y juzgada. Estos hechos se suman a los que ya tiene en su haber el, por ahora, Jefe de la Policía. Sospechosamente, al Jefe de la Unidad Regional Puerto Madryn, lo desplazó del cargo, algo que no ocurrió por ejemplo con uno de sus “entrenados”, el Crio. Lucas Cocha quién fuera suspendido por malversación de adicionales, hechos cometidos en Comodoro Rivadavia y aun así fue nombrado Jefe de la Comisaría Rawson, dónde le pidieron que se tomase 20 días de vacaciones para cumplir con la suspensión y así luego regresar a la mencionada dependencia.